El presidente Hugo Chávez va a asumir poderes ilimitados para acabar de construir, ahora ya sin rodeos ni tapujos, una patria socialista, en la que serán próximamente nacionalizadas todas las empresas estratégicas que están en manos privadas.
El presidente, que mañana iniciará un nuevo período de gobierno de seis años, usó hoy la toma de posesión de su nuevo equipo ministerial para escenificar, en el emblemático Teatro Teresa Carreño, de Caracas, la nueva etapa revolucionaria.
Da la sensación de que en este nuevo período de definiciones la figura del libertador Simón Bolívar, a quien el gobernante decía tener como fuente de inspiración, ha dado paso a la del propio Chávez, a juzgar por el telón de fondo que presidió la juramentación de los que el mandatario llamó «ministros del poder popular» y a quienes encomendó «la construcción de la vía venezolana al socialismo» con el objetivo de alcanzar «la suprema felicidad social para la nación venezolana».
Chávez usó por vez primera en sus ocho años de gobierno el principal teatro venezolano, donde no se celebraban eventos políticos desde que en febrero de 1989 asumió allí la jefatura del Estado Carlos Andrés Pérez, en una pomposa ceremonia que está registrada en la historia nacional como «la coronación» y que marcó el principio del trágico fin del mandatario: su destitución, en 1993, para ser juzgado por presunta corrupción, con la nación sumida en una severísima crisis política, económica e institucional tras un motín popular y dos intentonas golpistas, todo con un elevado coste humano. De esa situación caótica, precisamente, emergió la figura Chávez como autor de un proyecto revolucionario, que pretende expresamente acabar con «el viejo estado burgués».
Chávez había preferido hasta esta ocasión en Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede de la presidencia. En lugar de un retrato del libertador, el telón de fondo del escenario era una fotografía gigantesca del propio Chávez.
El gobernante informó de que ha pedido al parlamento que apruebe la llamada Ley Habilitante, que consiste básicamente en la delegación de poderes para que el Gobierno legisle por decreto. Chávez no necesita esa ley pues la Asamblea Nacional venezolana es monocromáticamente «chavista» porque la oposición no participó en las últimas elecciones legislativas.
La disposición de la militancia «chavista» es de obediencia ciega, como quedó expresada en el mismo Teatro Teresa Carreño, en una pancarta donde, muy a la usanza cubana, rezaba: «Comandante mande, que nosotros obedecemos».
En su discurso Chávez anunció que para llevar Venezuela al socialismo va a nacionalizar los servicios que resulten esenciales. Habló de la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la diminuta parte del sector petrolero que hay en manos privadas extranjeras.
En Venezuela, los sectores del petróleo y el hierro fueron nacionalizados por Carlos Andrés Pérez, en 1975, durante su primer gobierno. En el segundo mandato, este mismo personaje —que se había convertido al neoliberalismo en boga— propició la privatización de la empresa nacional de telecomunicaciones CANTV, la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y Viasa, la aerolínea de bandera nacional que Iberia compró y cerró luego por el agobio de las pérdidas.
«Estamos en un momento existencial de la vida venezolana (…) Nosotros vamos al socialismo y nada ni nadie podrá evitarlo (…) Vamos rumbo a la República Socialista de Venezuela (…) La nación deben recuperar la propiedad de los medios estratégicos de soberanía, seguridad y defensa», enfatizó Chávez. Parece así que Venezuela perderá su denominación oficial de República Bolivariana para convertirse en República Socialista.
La principal empresa afectada por la expropiación será la CANTV, una empresa con 3,5 millones de clientes en telefonía fija y 6,5 millones en móvil celular, y que está en manos de la corporación internacional Versión (28.5%), la española Telefónica (6.9%), sus trabajadores (11.7%) y un par de inversionistas privados nacionales.
También tiene planteado Chávez promover una reforma constitucional. Uno de sus objetivos principales de la reforma de la Constitución vigente, que Chávez propicio, es que el Banco Central de Venezuela pierda su autonomía, con lo que, entre otras cosas, el Gobierno podrá disponer sin complicaciones de la reservas nacionales, que actualmente asciende a 37.000 millones de dólares. Chávez pretende ya 7.000 millones para financiar su proyecto revolucionario.
En el estratégico sector petrolero, del que Venezuela depende fundamentalmente, el Estado asumirá «el control y el dominio de los procesos de mejoramiento de los crudos pesados de la Faja del Orinoco». Chávez no dio más detalles. En esa faja petrolífera trabajan en asociación con el Estado venezolano, British Petroleum, Exxon Mobil, ChevronTexaco, ConocoPhillips, la francesa Total y la noruega Statoil.
Francisco R. Figueroa
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