Diálogo imposible con canallas

Con el atentado en el edificio de aparcamiento de la T-4 del Aeropuerto de Barajas, la organización terrorista ETA ha destrozado la posibilidad de alcanzar una solución negociada con el gobierno de España y ha vuelto a mostrar su verdadero rostro canalla.

Tras el atentado, que ha podido causar la muerte a dos ecuatorianos, aparte de herir a 20 personas, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, eludió decir si quedaba roto el proceso de negociación iniciado después de que la ETA anunciara, hace nueve meses, que entraba en alto el fuego permanente.

Ese diálogo lo llevaba a cabo el gobierno de Madrid con el respaldo del Parlamento. Zapatero había previsto que el proceso de negociación iba a ser «largo, duro y difícil». Hubo al menos dos reuniones directas del Gobierno y ETA. En la víspera del atentado Zapatero se había mostrado muy optimista y esperanzado para 2007.

Tras el atentado, a las tres preguntas directas que le hicieron al gobernante otros tantos periodistas sobre si el proceso quedaba roto, Zapatero repitió cada vez que había ordenado «suspender el diálogo» con la banda terrorista.

Sin embargo, hoy son muy pocos quienes parecen dispuestos a apostar en España por la continuidad de esas negociaciones. El proceso no es que haya quedado roto; ha sido destrozado por los explosivos detonados por los terroristas de ETA y se ha evaporado con la densa columna de humo que durante muchas horas manó del edificio aeroportuario destruido.

Quizás Zapatero haya evitado admitir públicamente la ruptura con la idea de no dar argumentos a ETA para justificar futuras acciones violentas con argucias como que fue el Gobierno quién dio por concluido el proceso de negociación.

A lo mejor el buen estado de ánimo que mostró el gobernante español en la víspera y la cautela del día del atentado, estén determinados por las señales que recibe del sector etarra con el que ha tratado —los «blandos», la viaja guardia que encabeza «Josu Ternera» (José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea)— y no de la facción «dura», belicosa y joven que lidera «Txeroki» (Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina), la que al explosionar el coche bomba de Barajas haya querido también decirle a los moderados un «hasta aquí hemos llegado». De ser así, puede haber en puertas un nuevo cisma en ETA.

Todos los gobiernos —centristas, socialistas y derechistas— que ha tenido España en los treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura franquista han negociado con ETA en busca de una solución a un problema tremendamente enrevesado.

Siempre se acabó en un fiasco, pero nunca un fracaso resultó tan estrepitoso como éste.

En las ocasiones anteriores el partido en el gobierno tenía el respaldo de la oposición en ese empeño. Por ejemplo, los socialistas tuvieron el apoyo de la derecha en 1989 y la derecha el de los socialistas en 1998. Por eso, los fracasos no tuvieron costos electorales ni fueron usados en su momento por unos u otros como arma política arrojadiza.

En esta ocasión, Zapatero ha tenido desde el principio la beligerancia del conservador Partido Popular, su entorno mediático y social, y su líder, Mariano Rajoy.

Tras el fracaso de las negociaciones que en 1998 llevó a cabo el gobierno conservador, que dirigía José María Aznar, el Partido Popular adoptó una posición de dureza sobre la organización terrorista a la que, según decía, sólo cabía derrotar y que claudicara de la lucha armada. Desde que Zapatero anunció que iba a hablar con ETA, la derecha le ha tenido sometido a fuego graneado.

Parece claro que en cuanto acaben los fastos navideños, tras la festividad de los Reyes del 6 de enero, el Partido Popular pasará a la carga. Ya se escucha el crujido de las navajas sobre las piedras de afilar.

En cuando a le negociación en sí, parecía de entrada una quimera. Pero también una apuesta muy querida por España. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles la apoyó.

El Gobierno de España parece tener muy poco que ofrecer en una mesa de negociaciones sobre los dos temas esenciales para ETA, que son la soberanía vasca y el territorio nacional vasco, lo que constituye un nudo gordiano imposible de cortar.

El País Vasco tiene ya un sistema de autogobierno extraordinariamente amplio. ¿Hasta dónde más se podría ir sin romper España? ETA pretende imponer un estado independiente en una porción territorial que comprende el País Vasco y Navarra, además de un trozo del sur de Francia. Se trata de algo imposible, desde el punto de vista del Gobierno, pero también del de la Corona, el Parlamento, la Constitución y el Pueblo español.

Son susceptibles de negociar fácilmente –y esto lo saben ambas partes— todos lo demás aspectos, desde cambios en la política penitenciaria y en las leyes sobre partidos políticos, que permitan la legalización de fuerzas del entorno de ETA, hoy consideradas terroristas, hasta la reinserción de los etarras en los sistemas de previsión social, sanidad y laboral, entre otros. Todo esto esté posiblemente puede que ya esté hasta cuantificado económicamente.

Hoy, y tras este atentado aún peor, parece muy distante la posibilidad de que la ETA —cuyas entrañas son violentas— opte por dejar las armas para luchar por sus ideas en paz y en democracia.

Francisco R. Figueroa
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Chávez liquida una televisora (Parte II)

Los voceros oficiales venezolanos han hecho hoy esfuerzos denodados para justificar la legitimidad de la decisión anunciada ayer por el presidente Hugo Chávez que significará la salida del aire, el 27 de mayo próximo, de Radio Caracas Televisión (RCTV), uno de los dos canales más importantes del país.

La decisión anunciada por Chávez significa lisa y llanamente, según esos mismos voceros, que el Gobierno, en ejercicio de sus prerrogativas, no va a renovar la licencia de uso de frencuencia que en 1987 le fue otorgada por 20 años a RCTV, un canal que transmite regularmente desde 1953 y es propiedad del grupo «1BC» (familia Phelps), cuyas cabezas más visibles son los cuñados Marcel Granier y Peter Bottome.

El vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel; el ministro de Información, William Lara, y el Canciller, Nicolás Maduro, han sumado declaraciones para quitarle hierro a la gravedad de la decisión de Chávez. Han asegurado que la medida no representa la expropiación de la empresa, su cierre ni tampoco la revocación de una licencia, sino simplemente que la concesión estatal de frecuencia de 1987 no será renovada y punto.

Han afirmado que tampoco representa una persecución política o retaliciación por ser RCTV un medio reconocidamente antichavista, «golpista, destabiliabilizador y subversivo», según afirma el chavismo.

A juzgar por lo que ha dicho el ministro Lara, el próximo objetivo de la revolución chavista puede ser el canal «Globovisión», la combativa emisora de noticicias que encabeza Alberto Federico Ravel y que lleva emitiendo en Caracas desde 1995.

Granier, presidente de RCTV, llamó «ilegal e inconstitucional» la medida contra su empresa, alegó que tinene licencia hasta el 2020, aseguró que defenderá sus derechos ante las instancias nacionales e internacionales necesarias y afirmó que, pese a lo que afirman los voceros del chavismo, su emisora tiene un talante «democrático y pluralista».

En nombre de la Iglesia católica en Venezuela, el arzobispo Roberto Lückert, declaró que Chávez había hecho ayer el anuncio sobre el futuro de RCTV de manera «terriblemente agresiva» y «muy violenta», en una ceremonia en la principal instalación castrense de Venezuela, el Fuerte Tiuma de Caracas.

«Parecía que (Chávez) estaba como muy guapetón, apoyado por los militares, alardeando de su poder militar y sobre todo con el uniforme militar para meter miedo», agregó Lückert.

«Estamos frente a una decisión que tiene en juego derechos a la libertad de información y expresión plurales, anunciada en medio de una encendida arenga de un acto castrense en la Academia Militar, con un mandatario vestido de militar, y nos preguntamos si es una muestra del presidente que tendremos de manera constante a partir del 10 de enero, fecha de inicio del nuevo periodo constitucional», indicó por su parte Juan Carlos Caldera en nombre del opositor partido Primero Justicia.

«El gobierno busca monopolizar la información en nuestro paí» y «Chávez y su gobierno le tienen terror a la prensa libre», sostuvo Luis Ignacio Planas, Secretario General Nacional del partido socialcristiano COPEI.

El director del diario «El Nacional», Miguel Henrique Otero, considera que la decisión del gobierno de no renovar la concesión de RCTV es prácticamente una medida de expropiación para los medios de comunicación en general. Este periódico es el medio escrito más odiado por el chavismo, que le llama «El Nazional» y su director uno de los empresarios de la prensa venezolana más acosado.

Francisco R. Figueroa
29/12/2006
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Chávez liquida una TV opositora

El presidente Hugo Chávez ha pasado hoy por las armas, en el Fuerte Tiuma de Caracas, a la emisora de televisión privada pionera en Venezuela, en cumplimiento de las múltiples amenazas que ha hecho de acabar con los medios desafectos a su «revolución bolivariana y socialista».

Radio Caracas Televisión (RCTV), una emisora comercial cincuentenaria que transmite desde el 15 de noviembre de 1953 y es uno de los dos emblemas del sector en Venezuela, no tendrá renovada en marzo próximo la concesión del Estado para utilizar su frecuencia de transmisión.

Lo aseguró Chávez ante su principal platea: los militares, y embalado como parece estar ahora en acabar de construir su revolución.

Tras haber ganado nuevamente unas elecciones —el pasado 3 de diciembre y con el 62 % de los votos— Chávez se siente con fuerza suficiente para adoptar una medida por la que seguramente le van a caer encima asociaciones nacionales e internacionales de periodistas y de dueños de medios, la mayoría de la opinión pública del mundo libre que cree en valores esenciales como son las libertades de prensa y de empresa, y seguramente también abundantes gobiernos.

El líder venezolano ha recordado hoy mismo, a renglón seguido, poniendo por testigos a los miembros de las cuatro ramas de las fuerzas armadas venezolanas, a los que ha rebautizado en el mismo acto, que su revolución, iniciada en 1999 cuando alcanzó el poder, ha entrado en la fase culminante.

Chávez afirmó que el día de su última elección nació «una nueva era» y marcó «el punto de partida» para «un nueva ofensiva, un nuevo impulso» en la revolución.

El anuncio de cierre virtual de Radio Caracas Televisión —o de que esa estación de televisión no continuará en manos desafectas como las de sus actuales dueños, encabezados por Marcel Granier— ha sido hecho durante la fiesta castrense de fin de año en Fuerte Tiuna, en la que se ha puesto de relieve el ideleble compromiso civil y militar con la revolución chavista.

Chávez, que vestía de uniforme militar, con boina roja, clamó con su vehemencia habitual: «No habrá nueva concesión para ese canal golpista que se llama Radio Caracas Televisión» (…) «Se acabó y se acabó» (…) «Ya está redactada la medida, así que vayan preparando» (…) «No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República».

Todo apunta a que la «revolución bolivariana» tiene la intención de acabar en esta su nueva etapa de definiciones, mediante la misma medida administrativa, con los medios de radio y televisión que Chávez considera envueltos en alegadas actividades subversivas contra su gobierno.

La más señalada por el chavismo, junto a RCTV, es «Globovisión», que dirige Alberto Federico Ravel. «Venevisión», empresa de los Cisneros, que en 1998 condescendió con Chávez ante su imparable llegada al poder y en los acontecimientos del 2002 se sumó decididamente a la oposición, da la sensación de estar ahora en un cuarto intermedio.

Desde que llegó el poder, Chávez ha mantenido unas relaciones muy turbulentas y tormentosas con los medios privados de comunicación —estas emisoras de televisión y también los diarios «El Nacional» y «El Universal»— , especialmente a raíz del golpe de 2002 que le tuvo 47 horas fuera del poder y la severa crisis política y económica en la que luego se debatió el país. Los mediosa sumieron el papel de oposición en un país donde las fuerzas políticas contrarias a Chávez habían quedado diezmadas y dispersas.

Radio Caracas Televisión es el canal comercial pionero en Venezuela. Fue pionera en todo: las transmisiones en directo, las telenovelas, los programas de variedades, los informativos regulares, el videotape, el sonido estereofónico y hasta el color. Programas suyos, especialmente las telenovelas, se han trasmitido en más de 60 países y en 20 idiomas distintos. De los estudios de RCTV en Quinta Crespo, en Caracas, han salido obras como «Cristal», «Topacio» y «Leonela». En ese mundo alcanzaron notoriedad internacional actores como Grecia Colmenares, Jeanette Rodríguez, Carlos Mata, José Luis Rodríguez, Maricarmen Regueiro, Ana Karina Manco, Ruddy Rodríguez y Coraima Torres.

La semana pasada, la organización internacional Reporteros sin Fronteras se manifestó preocupa ante la posibilidad de que Chávez no renovar la licencia a RCTV, lo que sería «un atentado al pluralismo editorial».

En Venezuela se han levantado voces denunciando «la tentación de Hugo Chávez de controlar los medios de comunicación en el país». Por ejemplo, el profesor universitario, veterano periodista y ex dirigente gremial Manuel Isidro Molina, asegura que el gobierno de Chávez «aspira a controlar el máximo posible de medios» dentro de su «concepción ideológica y política monopartidista, excluyente y reductora de la pluralidad política y cultural».

Al régimen de Chávez, agrega Molina, le incomodan las críticas «sobre un proceso plagado de inconsecuencias, fracasos y corruptelas». El «credo chavista» se puede observar, explica, en la estatal Venezolana de Televisión y los canales Vive, ANT (del Congreso), Telesur, la Radio Nacional de Venezuela y otras emisoras oficialistas.

Todos esos medios afines a la revolución chavista «han sido reducidas a cajas de propaganda gubernamental grotesca y obscena». «Nunca en Venezuela se había instrumentado tal grado de abuso de poder comunicacional y jamás con argumentos tan cínicos», afirma Molina.

Francisco R. Figueroa
28/12/2006
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Cuba contra Oscar Arias, y viceversa

El régimen cubano ha saltado hoy con renovado brío a la garganta del Premio Nobel de la Paz y presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien con declaraciones cada vez más aceradas, erre que erre, pide la democracia en Cuba y desnuda de argumentos a La Habana.

La comparación que hizo Arias del enfermo lider cubano, Fidel Castro, con el recien fallecido dictador chileno, Augusto Pinochet, parece haber sacado de sus casillas a La Habana.

El gobierno cubano ha mostrado también su irritación porque Arias repatió leña a los mejores amigos de La Habana en América Latina, cuando afirmó que en el continente hay una «manada de irresponsables, demagogos y charlatanes que juegan con las aspiraciones de la gente».

Arias no citó expresamente nombres, pero La Habana parece por su reacción que les puso a todos cara. El gobierno de los hermanos Castro se muestra vivificado con el surgimiento de lo que llama «nuevos liderazgos progresistas» en América Latina.

El rosario de improperios que aparecen en un comunicado contra el mandatario costarricense, divulgado hoy, muestra el tamaño del enfado del régimen cubano. La nota oficial descalifica a Arias, entre otras cosas, como «servil papagayo del imperialismo yanki», «testaferro de Washington», «personaje vanidoso, mediocre y enfermo de protagonismo», «ególatra», «payaso oportunista», «vulgar mercenario» y «político de baja catadura». Le acusa hasta de haber hecho trampas en el proceso político y las elecciones que resultaron en su reelección, en febrero último.

Arias quizás sea hoy el gobernante de América Latina que más habla, y más alto, a favor de que en Cuba haya un cambio de régimen para llegar a la democracia y en contra de la «sucesión monárquica» de Raúl Castro por su hermano Fidel.

El mandatario costarricense y Premio Nobel de la Paz en 1987 no tiene pelos en la lengua ni se pierde en circunloquios. «No hay diferencias entre Castro y Pinochet», ha afirmado y explicó su porqué: «Fidel Castro empezó con el paredón matando a le gente que se le oponía. No hay ninguna diferencia [entre ambos]. El signo ideológico es diferente, pero ambos fueron brutales, salvajes y sangrientos», Y remachó: «El pueblo cubano no se merece la tiranía de 50 años» y «la libertad se ha alcanzado en todo el continente con excepción de Cuba».

«Cuba no es una democracia “diferente”, ni ha seguido un camino propio, escogido por el pueblo cubano», replica Arias a la alegación del castrismo sobre el «derecho irrenunciable del pueblo cubano a la autodeterminación de su organización política, social y económica». «Cuba —procloama Arias— es lisa y llanamente una dictadura».

Ambas partes se han dicho lo suficiente como para que hacer trizas unas relaciones diplomáticas, si no fuera porque La Habaja y San José rompieron las mismas en 1961, es decir, en los albores del castrismo.

Hacem unos meses Oscar Arias hizo campaña a favor del levantamiento del embargo económico que desde hace 44 años Estados Unidos mantiene sobre Cuba y para la devolución al gobierno de La Habana de la base de Guantánamo, a cambio de que haya señales claras de apertura a la democracia en la isla.

Estados Unidos había dicho en agosto eso mismo, reiterando una oferta que el presidente George W. Bush había hecho en 2002, cuando aseguró que «si los cubanos estaban listos para (...) crear un mecanismo y un camino hacia las elecciones, entonces, en consulta con el Congreso trataremos de hallar los medios de levantar el embargo».

La oferta fue, obviamente, rechazada sin contemplaciones por La Habana, que ve en el llamado «Plan Bush» para Cuba la trampa de una «agresión militar» y un «plan de anexión de Estados Unidos contra Cuba», en el que Arias, a jucio de La Habana, se ha entregado a la «deleznable tarea» de actuar como «testaferro de Washington».

Francisco R. Figueroa
27/12/2006
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Médico español refuta a la CIA

El médico español José Luis García Sabrido acaba de hacer un rápido viaje a La Habana, expresamente para examinar a Fidel Castro, y su dictamen contradice de lleno la afirmación de hace unos días del máximo responsable del sistema de espionaje estadounidense, John Negroponte, sobre que el octogenario líder cubano estaba cercano a morir.

El dictamen que ha dado hoy a conocer en Madrid el doctor García Sabrido, a su retorno de La Habana, haciendo primero la salvedad de que hablaba «dentro de la confidencialidad» que el caso requiere, es que Fidel Castro no padece «una enfermedad maligna» y «puede recuperarse completamente», teniendo en cuenta el límite que impone su avanzada edad.

Castro «no tiene cáncer, sino un problema en el sistema digestivo (…) un proceso benigno que ha tenido complicaciones». «Se está recuperando paulatinamente de una gravísima intervención quirúrgica» [a la que fue sometido hace cinco meses en La Habana]. «Su condición es estable» y «en este momento no estamos considerando otra operación». Además, «la actividad intelectual de Castro es excelente, fantástica» y «quiere volver a trabajar cada día, pero los médicos recomiendan prudencia».

Eso fue lo que, en síntesis, dijo el cirujano, especialista en el aparato digestivo, hoy en Madrid, en una rueda de prensa. García Sabrido explicó que fue a Cuba «a título exclusivamente personal», aunque con permiso de sus superiores. El galeno, de 59 años, es el jefe del servicio de Cirugía del Gregorio Marañón, uno de los mayores hospitales de la capital española y perteneciente a la red sanitaria del Estado. Según fuentes oficiales españoles, el Gobierno de Cuba solicitó sus servicios, pagó los gastos y puso a disposición un avión del médico.

La relación con Cuba del cirujano español viene de lejos. Él mismo califica esa relación de «muy profunda». Ha recordado la estrecha relación que mantiene con autoridades médicas y académicas de Cuba, así como con «la familia Castro», lo que, según explicó, «me permite acceder con facilidad» a la «amistad» y el «reconocimiento» del líder cubano. Se definió como «viejo conocido» de los integrantes del equipo médico que atiende a Fidel Castro, a los que calificó de «excelentes profesionales». El cirujano español es también profesor titular de la Universidad Complutenses de Madrid, ha participado en diversos congresos médicos en La Habana, el último en noviembre pasado, y desarrolla una intensa actividad intelectual.

El dictamen del especialista español echa por tierra la versión que hace algunos días dio John Negroponte, jefe de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, quien aseguró que Fidel Castro padecía de un cáncer terminal y moriría en cuestión de meses. «Todo lo que vemos nos indica que no será mucho tiempo... meses y no años», afirmó Negroponte en unas declaraciones que puso en su boca el diario «Washington Post». Negroponte, en su condición de director nacional de inteligencia, coordina la CIA y todos los demás servicios secretos que tiene Estados Unidos.

Por otro lado, la víspera de la declaración del cirujano español, la revista colombiana «Semana» informó de que al escritor Cubano García Márquez, considerado uno de los amigos más constantes, cercanos y asiduos de Fidel Castro, no se le había permitido ver al anciano dirigente durante el mes que el Premio Nobel de Literatura acaba de pasar en La Habana.

Cuando en medio de las fiestas de Navidad se supo por un periódico de Barcelona que García Sabrido había viajado a La Habana a ver a Fidel Castro saltaron las alarmas. Poco más o menos se publicó que la tan mentada medicina cubana era inapaz de salvar de la muerte a Castro y que el cirujano español había sido convocado a la isla «in extremis». De haber estado Castro dando las últimas boqueadas sin duda que el asunto no hubiera trascendido. El viaje del médico madrileño ha sido publicitado con todas las intenciones del caso.

Colateralmente ha servido para que los dirigentes del derechista Partido Popular que gobierna la comunidad autónoma de Madrid, de la que depende el Hospital Gregorio Marañón y, por ende, el doctor García Sabrido, arremetieran contra la medicina en la isla, el régimen comunista y el «dictador» cubano.

Francisco R. Figueroa
27/12/2006
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Paí Lugo aspira a la presidencia

El obispo paraguayo Fernando Armindo Lugo Méndez, que ha dedicado media vida a la causa de los pobres, le ha devuelto la sotana al Vaticano para meterse de lleno en la carrera electoral para las presidenciales de mayo de 2008, a las que parte como favorito en las encuestas sobre intención de voto.

Lugo, en cuyo país está constitucionalmente prohibido que los curas aspiren a cargos electivos, ha renunciado al sacerdocio en una carta al Vaticano, vía la Nunciatura en Asunción, y sin esperar respuesta hoy se mostró ya públicamente como candidato. No se descarta que el papa Benedicto XVI le imponga un castigo.

El obispo ha emprendido una tarea titánica pues trata de desalojar del gobierno a un partido —el Colorado— que ya llevaba cuatro años en el poder cuando él nació en 1951 y que durante estos 60 años ha dominado ininterrumpidamente la política paraguaya, tanto en dictadura como en democracia. Fue el partido del fallecido general Alfredo Stroessner, cuya dictadura se extendió de 1954 a 1989, y es el partido de todos los presidentes que se sucedieron en el cargo en estos últimos 17 años en democracia, incluido al actual, Nicanor Duarte Fruto, a quien se la atribuye la intención de querer modificar la Constitución nacional para introducir la hoy proscrita reelección presidencial.

El «paí» (sacerdote, en guaraní) Lugo ya era una piedra en el zapato del papa. Con su carta renunciando al sacerdocio se ha convertido en un problema semejante o mayor del que fueron los curas de la Teología de la Liberación a los que el fallecido papa Juan Pablo II combatió con ardor hasta destruirlos. De hecho, Lugo ha sido situado por especialistas en posiciones sociales y políticas inspiradas o derivados de la Teología de la Liberación.

Aunque afirma que no pertenece a la derecha ni a la izquierda porque «en Paraguay sólo hay quienes robaron y quienes fueron víctimas del robo», Lugo se comporta como un cura de izquierdas y es bastante popular. Una reciente encuesta le daba un porcentaje de aceptación electoral superior a la del jefe del Estado.

Se ha mostrado como ferviente defensor de los pobres y frecuentemente zarandea sin miramientos a lo que llama «el estado burgués». Algunos lo han calificado de agitador de masas; otros le han acusado de soliviantar a los campesinos sin tierra; incluso se ha intentado vincularle al sector radical armado que secuestro y asesinó, en 2005, a una hija del ex presidente. Raúl Cubas. «Oportunista», «mesiánico», «cura loco», «cura zurdo»… son algunos de los epítetos que le han dedicado sus adversarios.

El Vaticano, que no da puntada sin hilo, ya había actuado contra Lugo cuando en enero de 2005, sin dar explicaciones públicas, parece que lo fulminó como obispo de San Pedro, el territorio más pobre del Paraguay y su tierra natal. El Anuario Pontificio afirma, sin embargo, que Lugo renunció. Un caso poco frecuente de ser así pues Lugo ni está enfermo ni es un anciano. Quedó como obispo emérito. Juan Pablo II había nombrado a Lugo obispo de San Pedro en abril de 1994. Hay quien asegura que ese fue uno de los goles que le colaron al papa polaco.

La posición oficial del Vaticano es que «la Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible», según una encíclica de Benedicto XVI. La Iglesia católica en Paraguay se ha levado las manos en el asunto y ha dicho que «la autoridad competente es la Santa Sede». Es decir, lo que diga el papa.

Lo que Lugo predica no parece adecuado a los gustos de Roma. Hay tramos de su discurso que suenan a «chavismo» iniciático, como cuando defiende la necesidad de «devolver al pueblo toda la soberanía y todo el poder» o cuando proclama que «el cambio en la conciencia ciudadana ha comenzado y es como una avalancha que no podrá ser detenida ni por las fuerzas del mal».

Pero Lugo niega tener relación con el líder venezolano, Hugo Chávez. Reconoce, sí, haber estado en Caracas este año para «conocer un poco el proceso venezolano que me parece interesante y diferente».

Y reconoce también que el nuevo escenario en América Latina «con partidos de izquierda y modelos de socialismo del siglo XXI va ensayando nuevas formas de gobernabilidad y de dar respuesta a los grandes desafíos de la región. Eso es algo muy estimulante».

«Pido al pueblo que ejerza con coraje su condición de soberano y que se sume, sin temor, a esta gran cruzada para limpiar a la República de la maleza perversa que la condenó a esta lamentable situación de abandono», dice. «Tenemos que poner punto final y definitivo a esta larga historia de exclusión», agrega.

Líder de la flamante organización de izquierda «Tekojoja», que significa «Igualdad» en guaraní. «Tekojoja» parece un partido a la medida de Lugo, para luchar por el poder. «Mi base (política) es la ciudadanía pobre, la gran mayoría descontenta», afirma él.

Lugo es, además, el promotor de la Concertación Nacional, una coalición conformada en agosto pasado por los cinco partidos de la oposición parlamentaria a Duarte Frutos. También es el propulsor de la organización Resistencia Ciudadana, que agrupa tanto a los principales partidos políticos de la oposición como a las cinco centrales sindicales y a más de un centenar de asociaciones civiles de Paraguay.

Francisco R. Figueroa
25/12/2006
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Chile sin tutela militar

Chile ha debido esperar 16 años a que muera Augusto Pinochet para que madure una largísimo transición política, con los militares plegados finalmente al poder civil y la tradicional Democracia Cristiana reconociendo que anduvo en contubernio con el golpe de Estado de 1973.

Desde que Pinochet tuvo que devolver, contra su voluntad, el poder a los civiles en 1990 —curiosamente se lo traspasó al veterano caudillo democristiano Patricio Aylwin, quien ahora se muestra indignado porque le han recordado que, junto a otros correligionarios, favoreció la llegada de la dictadura—, la cuestión militar en Chile había permanecido dolorosamente abierta. Formalmente el gobierno estaba en manos civiles, pero de una u otra manera el espadón militar pendía aún sobre la cabeza de todos, sin que nadie osara colocar definitivamente en su sitio a los uniformados.

Casualmente, la muerte del antiguo tirano, a los 91 años, desencadenó algunos acontecimientos que han permitido medir públicamente y en profundidad el compromiso de las fuerzas armadas chilenas con la democracia, ahora que Pinochet no es más que un puñado de cenizas esperando a que alguien se olvide de cerrar una ventana en la finca familiar de Los Boldos para que se las lleve el viento.

Fueron los alaridos nostálgicos del flamante jefe de la guarnición de Santiago, general Ricardo Hargreaves, y del capitán Augusto Pinochet Molina, nieto del ex dictador, los que sirvieron para constatar el apego de la cúpula castrense al gobierno democrático chileno a través de la respuesta que dio del general Óscar Izurieta, comandante en jefe del Ejército.

Hargreaves y Pinochet nieto fueron destituidos de manera fulminante por haber elogiado al difunto, justificado el sangriento golpe de Estado que capitaneó en 1973 y reivindicado su figura, manchada por el exterminio y la tortura de varias decenas de miles de demócratas chilenos, y la rapiña. En definitiva, elogiaron a uno de los regimenes más oprobiosos que se han dado en América Latina.

El general Izurieta tuvo claro el deber desde que escuchó vociferar a favor de su abuelo al joven Pinochet en el patio Apatacal, de la Escuela Militar, en Santiago, en las honras militares que recibió el ex dictador en su condición de antiguo jefe del Ejército. Igualmente cuando supo de las declaraciones en parecidos términos que había hecho el general Hargreaves.

Para nada importó que este general fuera la séptima jerarquía en importancia del Ejército chileno y aquel a quien todos llaman Augusto III, el nietísimo. Izurieta destituyó a ambos. Se reveló así como un militar institucionalista, honrado, disciplinado, apegado a las leyes y obediente de una línea jerárquica que acaba precisamente en la presidenta del país, Michelle Bachelet, una víctima de Pinochet.

El lunes último, la cúpula del Ejército chileno analizó la situación creada por la muerte de Pinochet y la destitución de ambos militares y pasó página. Posiblemente, ese gesto haya equivalido a cerrar definitivamente un capítulo horrible de la historia nacional que se inició con el golpe de 1973 y no pudo acabar en 1990, cuando Pinochet devolvió a regañadientes el poder a los civiles, tras perder un plebiscito que creía ganado, ni en 1998 cuando finalmente el viejo sátrapa dejó la jefatura suprema del Ejército; y ni siquiera en 2000, cuando tuvo la fortuna de librarse en España de un particular juicio de Nuremberg.

Cuando Pinochet volvió a Santiago, en marzo del 2000, al cabo de 503 días de arresto domiciliario en Inglaterra, por una controvertida y politizada decisión relacionada con su alegada frágil salud, después de que hubiera sido aprobada su extradición a España por la más alta instancia judicial británica, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos por su gobierno dictatorial, entonces estaba a punto de asumir el poder en Chile el primer gobierno socialista desde Salvador Allende. Y los socialistas habían manifestado claramente su voluntad de «cerrar la transición».

En ausencia de Pinochet, las elecciones habían sido ganadas por Ricardo Lagos, del mismo Partido Socialista del difunto Allende. Chile levaba diez años gobernado por sendos presidentes democristianos, primero Aylwin (1990-94) y después Eduardo Frei hijo (1994-2000). El socialista Lagos (2000-2006) iba a asumir cuando se cumplirían veintiséis años y medio del derrocamiento con sangre, fuego y saña del gobierno de la Unidad Popular de Allende. El clima no era entonces de revancha, ni nadie quería poner en riesgo el proceso democrático, aunque todo el mundo era consciente de que la cuestión militar seguía abierta.

Pinochet estaba sin mando efectivo desde marzo de 1998, cuando traspasó la jefatura del Ejército. Pero su ascendencia sobre los militares parecía seguir siendo enorme y nadie hasta entonces había querido meter mano decididamente al asunto.

Pero una cosa habían sido los presidentes Aylwin y su sucesor, Frei Ruiz-Tagle, que pertenecían al viejo partido democristiano, propiciador y consentidor del golpe de 1973, y otra los socialistas, que la dictadura había perseguido, exiliado, torturado, asesinado y desaparecido. Pinochet sabía bien qué quería decir Ricardo Lagos cuando en vísperas de su investidura como presidente hablaba de que Chile tenía que mostrar al mundo la casa arreglada.

A la espera de que el anciano general expirara, la presidencia de Lagos dio paso a la de la también socialista Michelle Bachelet, en el poder desde marzo último. Es hija de un general de aviación que colaboró con el gobierno de Allende, y que fue torturado y asesinado en 1974 bajo el régimen pinochetista. Tanto Bachelet, como su ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, también hija de un uniformado, han manejado como cautela y dignidad la situación interna. Y da la sensación de que han sabido ver el momento histórico.

Unos días después de que la familia cremara el cadáver de Pinochet para evitar un ensañamiento con sus restos, Bachelet pronunció unas declaraciones que parecen poner definitivamente las cosas en su lugar en Chile.

«Hay una razón de fondo que es muy fuerte, que a veces no se entiende bien, y es que las fuerzas armadas están para protegernos a todos los chilenos, de amenazas externas principalmente, y lo que necesitamos es que podamos confiar en las fuerzas armadas a las que les entregamos las armas. Ese es un acto de confianza muy profundo», dijo.

Y agregó: «Las fuerzas armadas tienen que dar garantías todos los días de que nunca van a tener, por posiciones políticas, el interés o la tentación de utilizar esas armas contra nuestros propios ciudadanos».

Por su lado, el viejo Partido Demócrata Cristiano hizo circular un documento interno en el que, en tono de mea culpa, manifestó: «Jamás se debe buscar apoyo político en los militares. Ellos son por definición actores que deben mantenerse al margen del conflicto político, ideológico y partidista. Cuando las fuerzas armadas dejan de ser controladas por el poder civil, la democracia se acaba». Según dicho documento, la intervención en 1973 de los militares en la vida política chilena «fue la culminación de un proceso de desquiciamiento nacional».

Por lo menos Patricio Aylwin se mostró públicmente indignado. La prensa de Santiago consigna que la divulgación de esa declaración, causó «un inesperado remezón» en la Democracia Cristiana. El documento enjuicia el gobierno de Pinochet y hace una severa autocrítica al papel del partido en la quiebra de la democracia que fue el golpe de 1973.

Isabel Allende Bussi, diputada e hija de Salvador Allende, a quien la muerte de Pinochet le sorprendió en Madrid, ha hecho declaraciones «entendiendo» que el Ejército haya rendido honores a Pinochet muerto, como su jefe que fue. Pero, agregó, «ojalá sea el último trago amargo que el actual mando de la institución tenga que seguir pasando. Porque ya está bueno que se desprendan de la imagen de Pinochet y que comprendan que para ser la institución respetada por todos tienen que verdaderamente cumplir los compromisos del Estado de Derecho y la democracia».

Francisco R. Figueroa
21/12/2006
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Negociando con Mister Danger

Caracas y Washington se han tanteado la semana última con vistas a mejorar sus alicaídas y deterioradísimas relaciones políticas.

Los dos países andaban a la greña desde hace ocho años, especialmente tras el golpe de Estado que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en 2002 y la crisis que siguió, sobre todo la huelga en el sector petrolero de consecuencias catastróficas.

El anuncio de la disposición de ambos gobiernos a buscar un entendimiento se ha producido a dos semanas de la reelección para seis años más en el poder de Chávez, con el 62 por ciento de los votos, en unos comicios sin mácula, según los observadores internacionales que los vigilaron.

Además, ocurre cuando crece la influencia de Chávez en el hemisferio, aumenta su papel como benefactor de países y el líder venezolano parece desbocada en su encendida retórica contra Estados Unidos y su presidente, George Bush, al que ha llamado de todo, hasta «borracho», «genocida» y «diablo», la última vez en septiembre desde la tribuna de oradores de la Asamblea General de la ONU.

Pero el líder bolivariano provoca e irrita también a Estados Unidos en otras partes del mundo, con sus políticas y sus afectos hacia países que Washington sitúa en el «eje del mal», como Siria, Irán y Corea del Norte. También con Rusia y China, nación cada día más pujante en América Latina.

Petróleo y armas; relaciones energéticas cada vez más estrechas; oposición cerrada al unilateralismo de Washington y sus «guerras preventivas»; fomento de las posiciones anti-Israel y pro-Palestinas; apoyo a los movimientos populares y a los antiglobalización; oxígeno a la revolución castrista; apoyo y dinero a las izquierdas... Nunca antes en América Latina había habido un actor tan activo contrario a los intereses mundiales de Estados Unidos.

Se suma también la incertidumbre en Cuba, con la muerte rondando, al parecer, a Fidel Castro, lo que ha abierto la esperanza de un cambio político en un país sumergido desde hace 48 años en una dictadura comunista. Podría ocurrir que Estados Unidos no quiera que Venezuela se convierta en un problema permanente, como lo ha sido Cuba durante la Era de Castro, es decir, desde 1959.

Por si fuera poco, el publicitado «inicio del deshielo» entre Washington y Caracas coincide con nuevas victorias de las fuerzas de izquierda en América Latina, una región que había dejado de ser prioritaria para Estados Unidos desde los ataques terroristas en Nueva York y Washington de 2000.

Si en 1999 —descontado Fidel Castro— Chávez era la voz latinoamericana que clamaba en el desierto contra Estados Unidos, hoy hay un coro en el mal llamado «corral trasero».

Políticos socialdemócrata, socialista o populista —estos y otros bajo el paraguas izquierdista— se han afianzado o han ganado el poder en el último lustro y especialmente en el último año. En Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva, 2002), Argentina (Néstor Kirchner, 2003), Uruguay (Tabaré Vázquez, 2004), Bolivia (Evo Morales, 2005), Chile (Michelle Bachelet, 2006), Costa Rica (Oscar Arias, 2006), Perú (Alan García, 2006), Rafael Ecuador (Correo, 2006) y Nicaragua (Daniel Ortega, 2006).

Lo ocurrido, también este año, en México, es decir, a las puertas de casa, con Andrés Manuel López Obrador a unas décimas de la victoria, y los incidentes de Oaxaca, posiblemente haya aumentado para Washington la percepción de amenaza.

Aunque no todos esos políticos actúan con la misma beligerancia que Chávez —que ha sido una auténtica «bestia negra» para Washington— se percibe que ese avance en América Latina de las izquierdas contraría en todo o parte a los intereses de Estados Unidos, cuyo gobierno no ha tenido ninguna iniciativa de alianza importante con sus vecinos del sur desde que el presidente Bill Clinton propuso, en 1994, en una cumbre de gobernantes en Miami, el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA), hoy virtualmente muerto.

La posición beligerante y amenazante de Venezuela —o Cuba— contrasta con la pugna soterrada y obstruccionista de Brasil en cuestiones comerciales; la amigable de Perú y Chile, la neutra de Costa Rica, y la aún desconocida del ecuatoriano Rafael Ecuador, pendiente de asumir el poder, así como la del nicaragüense Daniel Ortega, un cadáver político de la Guerra Fría, aliado del castrismo, que ha resucitado de la mano de la derecha.

Ha habido dos reuniones entre representantes venezolanos y estadounidenses. La más significativa de ellas juntó en Caracas al Canciller venezolano, Ricardo Maduro, con el embajador estadounidense, William Brownfield.

Después, Venezuela adelantó sus condiciones: que Estados Unidos ponga fin a la «guerra política» contra el gobierno de Hugo Chávez. Según Caracas, la mano de Washington estuvo tras el golpe del 2002 y la huelga en la estatal petrolera PDVSA. También culpa a Washington de haber financiado «fuerzas políticas no democráticas». Además, Venezuela ha exteriorizado «su desconfianza» sobre las intenciones norteamericanas. «Tenemos suficientes razones para desconfiar del gobierno de Estados Unidos, pero también tenemos la madurez para sentaros a dialogar de manera respetuosa y con la verdad», expresó Maduro

«Que Estados Unidos no respalde a los grupos de oposición, que no mlos financia, que se distancien de cualquier tentativa de erosionar la legitimidad democrática del gobierno que preside Hugo Chávez, que cese la guerra política contra Venezuela y su presidente y que acaben los intentos de revertir el proceso de cambios emprendidos por los venezolanos», piden los portavoces oficiales del gobierno de Caracas.

Según expertos, se trata de que «Estados Unidos acepte los nuevos liderazgos de cambio en el continente [americano] y se establezca un nuevo marco de relaciones en base a la igualdad y al respeto», lo que parece complicado de entrada.

Por lo pronto, las últimas declaraciones de funcionarios de alto nivel de Estados Unidos parecen alentadoras porque reconocen que «Venezuela no es una amenaza para la región y que la reelección del presidente Hugo Chávez es positiva». Punto para Chávez.

«El gobierno de Estados Unidos tiene interés en resolver algunas de las diferencias entre los dos países y en hacer progresos durante el año que viene», declaró el embajador en Caracas.

«Es el momento de subsanar las confrontaciones entre Venezuela y Estados Unidos con un diálogo responsable sobre intereses comunes», dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon.

Desde que el pasado 3 de diciembre Chávez logró la reelección, de Washington han llegado frases más amables que reconocen la victoria democrática lograda por el líder venezolano.

Especialistas en asuntos latinoamericanos consideran que posiblemente gobernantes amigos, como el brasileño Lula, la chilena Bachelet y, quizás también, el colombiano, Álvaro Uribe, han aconsejado a Chávez que suavice el tono y empiece a dialogar.

Dos días después de ser reelegido, Chávez manifestó disposición «a dialogar» con Washington en un plano de «respeto e igualdad». Aplaudió que altos funcionarios estadounidenses hayan hablado de buscar vías para mejorar las relaciones con Caracas, pero expresó sus dudas respecto a la «sinceridad» de esas intenciones.

En Venezuela, según un sondeo reciente, el 71% de la población es partidaria de mejorar las relaciones con EEUU. Sin dos de cada tres venezolanos votaron por Chávez en las elecciones celebradas hace poco más de dos semanas, un sector del «chavismo» se pronuncia en ese sentido.

Por otro lado, las relaciones comerciales de Estados Unidos y Venezuela son normales, muy activas, y van en aumento, con prácticamente libre acceso a los mercados aunque no haya entre ambos paises un tratado en ese sentido.

Las relaciones comerciales marchaban con el viento en la popa. Los 40.000 millones de dólares de intercambios de 2005 serán 50.000 millones en 2006. Venezuela suministra 1,5 millones de barriles diarios de crudo a Estados Unidos y mantiene casi 14.000 surtidores en 47 estados donde se vende al año 25.000 millones de litros de carburantes, a través de Citgo, empresa filial de PDVSA con sede en Houston. Con un patrimonio superior a los 7.000 millones de dólares, Citgo es una de las cinco empresas petroleras más importantes en Estados Unidos. Es la tercera en cuanto a capacidad de refino, la cuarta en elaboración de lubricantes y el quinto comercializador de gasolina.

Francisco R. Figueroa
18/12/2006
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El gendarme Hugo Chávez

Ha bastado la insinuación de una posible ayuda militar de Hugo Chávez a Evo Morales, debido a la supuesta amenaza secesionista en Bolivia, para que se dispararan las alarmas.

El líder venezolano aseguró en Cochabamba, donde asistía el pasado fin de semana a una cumbre de presidentes suramericanos, que su país «no se quedará de brazos cruzados» si se intenta derrocar a Morales.

Chávez hizo esa afirmación en el contexto de las acciones hostiles que enfrenta Morales en cuatro departamentos de Bolivia. Según el presidente de Venezuela, esas acciones son consecuencia de «planes imperialistas de la Casa Blanca».

Días más tarde, el embajador de Chávez en La Paz, Julio Montes, afirmó que Venezuela «considerará» el envío de tropas a Bolivia, si Morales las pidiera en el marco de un acuerdo militar firmado recientemente por ambas naciones suramericanas.

Portavoces de la cada vez más aguerrida oposición a Morales calificaron de «amenaza» las declaraciones del embajador y han solicitado su expulsión. Aseguran que el acuerdo permite a Venezuela el envío de tropas en caso de conflicto interno en Bolivia. A la vez, resaltaron la presencia en Bolivia de «múltiples asesores» venezolanos, en muchas áreas del Gobierno.

El artículo cuatro del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Bolivia y Venezuela en materia de Defensa ha sido calificado de «inquietante». Señala que «las Fuerzas Armadas de ambos países intervendrán en el control de armamento y desarme, planes de defensa y gestión presupuestaria, apoyo a la paz interna, búsqueda y rescate, organización de las FFAA, gestión de crisis, sistema de información, estandarización e interoperatividad», recordó un importante diario boliviano.

«La estandarización y la interoperatividad» entre los militares de ambos países teóricamente implica que las fuerzas armadas bolivianas adopten el modelo venezolano de organización castrense.

Un portavoz oficialista boliviano garantizó que dicho acuerdo militar, firmado en mayo con Venezuela, «no contempla en ningún momento el ingreso de tropas extranjeras» y «se limita al intercambio académico y la financiación de instalaciones sólo en dos zonas» del país, en alusión a que incluye la construcción de dos cuarteles militares en la frontera con Brasil, con un costo total de 47 millones de dólares.

Diversos dirigentes políticos bolivianos, en medio de la crisis, han hecho profesión de fe pacifista y algún que otro alto jefe militar ha explicado que las fuerzas armadas nacionales se bastan y sobran.

Según Javier Zabaleta, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y miembro del partido de Morales, las declaraciones de Chávez y de su embajador Montes «lo único que hacen es echarle leña al fuego y son inoportunas» ya que «reavivan un clima de confrontación que por ahora se encuentra únicamente en el ámbito político».

Evo Morales ha llamado a las fuerzas armadas para defender la unidad territorial de la patria, después de que cuatro departamentos – Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando —, dominados por sus rivales de derecha, amenazaron con declarar una gobierno autónomo respecto al central de La Paz. Hay una lucha muy enconada por el control de la Asamblea Constituyente que redactará la nueva Constitución boliviana.

Morales afirmó que la unidad de la patria boliviana es intocable. «La patria no se toca. La patria es de todos los bolivianos y es responsabilidad de las fuerzas armadas mantener su estabilidad e integridad», dijo.

El ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que los levantiscos opositores de Santa Cruz, Beni, Tarika y Pando representan a una «derecha suicida, que apuesta a la balcanización del país, al colocar sus intereses patrimoniales por encima del país y la nación, y no les interesa la patria».

«Aunque se me acuse de intromisión no me importa (...) Si el imperio norteamericano esta detrás de estas jugadas inducidas por la oligarquía y arremetieran a Evo, Venezuela apoyará a Evo», afirmó Chávez en Cochabamba.

«Es importante la estabilidad de Bolivia. Miren qué casualidad por dónde ataca el imperialismo con la extrema derecha a aquellos países donde hay más potencial energético. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere el gas de Bolivia para Estados Unidos. Estados Unidos quiere el petróleo y gas de Venezuela para ellos, para el imperialismo y nosotros decimos “no”», había clamado Chávez en Montevideo, unos días antes.

Francisco R. Figueroa
13/12/2006
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«Fidel: se murió Pinochet»

[una ficción antillana]

Domingo 10 de diciembre por la tarde. El vicepresidente del Consejo de Estado, Carlos Lage, entra a la habitación más secreta de Cuba. Lage es uno los pocos jerifaltes del régimen con acceso al agonizante líder supremo. Los otros tenían asueto dominical. Iba a cumplirse cuatro meses y medio desde la operación y todo el mundo andaba un poco harto.

— Comandante, vengo a decirte…

Un «¡Chsss!» enérgico emitido por la aeromoza venezolana de guardia cortó en secó a Lage y lo dejó parado en la puerta de aquel cuarto.

Fidel Castro levantó sin energía la mano derecha en un gesto indolente de «vade retro». La izquierda la tenía inmóvil, pegada a la sábana blanca y taladrada por el víal por donde le inyectaban vida.

El comandante fulminó a Lage con una mirada. Tenía los ojos vidriosos. Lage pensó que sería de tanto mirar la gigantesca pantalla de plasma en la que las aeromozas mandadas por Hugo Chávez le ponían películas, que se recibían en la valija de la embajada ante la ONU.

Lage no quería creer que al comandante se le hubiesen puesto los ojos de los muertos. Cada día el caguairán se parece más y más a la imagen que él tenia del hidalgo Alonso Quijano, el de la triste figura. Pero eso ya lo había advertido Chávez, cuando estuvo a verle en La Habana en septiembre último: «Está igualito a Don Quijote, pero sin locura. Ya no es Don Quijote de la Mancha, sino Don Quijote de La Habana. Ha nacido Don Quijote de La Habana».

Lage se pasó una mano por la calvicie y se dispuso a salir del cuarto. Antes se dio tiempo para echarle una buena ojeada a la aeromoza. Chávez había mandado tres, rubias de pelo, claras de piel y ojos, y con un par de buenas piernas, como le gustan las mujeres al viejo caballo cubano. Vio sobre una mesita, junto a un pinta uñas, unas tenacitas de manicura y una cajita de rímel que estaban encima de la revista «Playboy» que tanto le gusta a Fidel, el estuche del DVD de «007 Casino Royale». El comandante estaba sin duda disfrutando con la última hazaña de James Bond.

Lage tuvo que esperar más de una hora larga en la antesala a que acabara la película y la aeromoza bolivariana le franqueara el paso al santuario.

— ¿Cuál era tu asunto, Lagecito?

— Informarte, comandante, de que Pinochet se ha muerto.

— Ah, era eso. ¿Y qué edad tenía?

— Noventa y uno.

— Bueno, yo aún ni he cumplido los ochenta, de modo que en el peor de los casos, Lagecito, me faltarían doce. El problema será para entonces Raúl. Tu ya sabes, compañero, a Raúl no se le puede dejar solo. Ya ha visto la de huevadas que ha dicho en estos pocos días.

Los lentes de Lage se habían empañado, posiblemente por el contraste entre el calor de afuera y el aire acondicionado en aquella secreta habitación. Miró al caguairán, que a su vez no quitaba sus ojo vidriosos del cuerpo de la aeromoza venezolana.

Era verdad, el caballo no había cumplido todavía los ochenta. Oskar, el niñito de «El tambor de hojalata» había decidido no crecer, pero no dejaba de cumplir sus años, pensó Lage. Sin embargo, Fidel había decidido estirar los setentinueve como si fueran de chicle. El 13 de agosto pasado, día de su nacimiento, decidió dejar el cumpleaños para el 2 de diciembre, con la idea de hacerlo coincidir con el cincuentenario del yate «Granma». Mientras, dijo, iría recuperando la salud. Pero cuando llegó el día del «Granma», se quedó en la habitación secreta, viendo películas con las azafatas venezolanas. De modo que aún tenía pendiente ese cumpleaños. Setentinueve, nomás.

— ¿Y dónde se nos murió el hombre?

— En su cama, comandante, en una cama de hospital como esa en la que tú estás —respondió el vicepresidente

— Entérate bien, Lagecito: James Bond nunca, oígalo bien, ¡nunca muere! —respondió el comandante y volvió sus ojos vidriosos hacia las piernas de la aeromoza.

— Anda Monneypeny —dijo el caguairán a aquella suculenta venezolana—, pon «De Rusia con amor», por los buenos viejos tiempos. Y adiós, Legecito. Se me cuide.

Francisco R. Figueroa
12/12/2006
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Pinochet muere impune

[Vinculado con "Al infierno los dictadores" del pasado miércoles, día 6 de diciembre de 2006]

El capitán general Augusto Pinochet ha fallecido hoy, a los 91 años de edad, en la cama, en un hospital de Santiago. Durante esos últimos ocho años el ex dictador chileno, considerado uno de los peores autócrata que recuerda América Latina, ha podido burlar a la justicia, pero no, como otras veces antes, a la muerte.

Los médicos le habían dado con un pie en el sepulcro cuando llegó el domingo pasado al Hospital Militar de Santiago con una crisis severa cardiaca y pulmonar. Tres días después dijeron que se había recuperado. Sin embargo, la vieja dama estaba solo afilando su guadaña.

Finalmente este hombre, uno de lo más significativos exponentes del militarismo más reprobable durante el siglo XX en América Latina, feneció este domingo, a primera hora de la tarde, el mismo día del cumpleaños de su esposa, Lucía Hiriart y, paradójicamente, en el dia internacional de los derechos humanos.

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue, entre otras cosas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas de 1973 a 1998, Presidente de la Junta Miliar de Gobierno desde el golpe de Estado encabezado por él mismo, Jefe Supremo de la Nación, Presidente de la República y Dictador entre 1974 y 1990, Capitán General, Caballero del Altiplano, Benemérito de Chile, Quinto Dan de kárate y Senador Vitalicio.

Parecía que se enternizaría en el poder, pero en 1988 sometió su continuidad como jefe del Estado a una consulta popular y la perdió. Los chilenos se habían ganado a pulso el retorno a la democracia, que habían perdido en 1973 en un baño de sangre.

Tras diez años como intocable entre los intocables y de pavoneo con sus conmilitones, en 1998 comenzó para él un calvario judicial que le mantuvo 17 meses bajo arresto en Londres, por orden del juez español Baltasar Garzón.

Estaba acusado de genocidio y terrorismo concretados con asesinatos, conspiraciones, secuestros, torturas y desapariciones cometidos a partir de la toma al asalto del poder el 11 de septiembre de 1973 mediante cruento golpe de Estado.

Garzón también le responsabilizaba haber creado y dirigido con otros líderes militares y civiles de varias naciones del Cono Sur la llamada Operación Cóndor, una trama criminal para eliminar opositores.

El sumario de Garzón incluía a tres mil ciento setenta y ocho personas cuyas muertes constaban o la dictadura les había hecho desaparecer para siempre. En la lista estaban desde el fallecido presidente socialista Salvador Allende a curas, parlamentarios, alcaldes, concejales, intendentes, delegados de gobierno, funcionarios, militares, carabineros, guardaespaldas, asesores del gobierno, intelectuales, artistas, estudiantes, militantes de los partidos, profesionales de todo tipo, sindicalistas...

Además de los más de tres mil muertos y desaparecidos, también contaban los por lo menos treinta mil torturados, así como casi un millón de chilenos que se vieron forzados al exilio.

La justicia chilena le ha acusado de todas los crímenes de lesa humanidad cometidas durante su régimen y también de corrupción y enriquecimiento ilícito mediante lo que amasó una suculenta fortuna. En suma, había unas 400 querellas contra el ex dictador en el momento de su muerte. Entre todos, sin duda que consiguieron amargarle la vejez al antiguo autócrata chileno, pero no condenarlo ni muchos menos que fuera a la cárcel.

Gordo, abotargado, diabético, asmático, artrítico, con problemas de riñón y próstata, supuestamente también con demencia senil, acorrolado, vituperado y execrado por sus paisanos, habiéndose negado a pedir perdón virtualmente hasta el último suspiro y con personas como las que él más odió y combatió gobernando felizmente Chile, Pinochet se ha ido hoy al otro mundo, derechito al infierno como en 1971 dijo un diario chileno que se había ido al morir el pérfido dictador haitiano François Duvalir, llamado "Papa Doc".

Finalmente no se ha cumplido la profecía de aquel monje que le dijo a Pinochet que viviría más de cien años.

Sin embargo, se ha cumplido lo que en marzo del 2000, cuando Pinochet fue autorizado a retornar a Chile, escribió el entonces ministro británico del Interior, Jack Straw, en la carta de catorce folios que remitió a todas las partes implicadas en aquella histórica batalla legal: «Él no será probablemente juzgado en ninguna parte del mundo». La historia le juzgó y lo condenó en vida.

Francisco R. Figueroa
10/12/2006
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Zapatero confía en Chávez

Madrid ha dado por superado el escándalo por los seis etarras a los que Venezuela se disponía a beneficiar y ha manifestado su confianza en el Gobierno de Hugo Chávez.

La Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y el «número dos» de la Cancillería española, Bernardino León, hicieron declaraciones de confianza hacia la palabra empeñada por Caracas tras estallar el caso de los seis etarras que iban a recibir jugosas indemnizaciones —dos de ellos— o la naturalización como venezolanos —los otros cuatro— para, presumiblemente, evitar una eventual extradición a España, donde en conjunto cometieron no menos de 40 asesinatos en atentados terroristas.

El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, y el embajador en Madrid, general Arévalo Méndez, han dado garantías públicas al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre la anulación total de esos acuerdos, que han provocado indignación y repulsa unánime en España.

Según afirmaron Maduro y Méndez, ha sido desautorizada y destituida la funcionaria de la Cancillería venezolana que celebró el acuerdo con los abogados de los etarras, llamada María Auxiliadora Monagas, quien, según ha asegurado uno de ellos, «actuó con el consentimiento de los altos funcionarios» de su ministerio. El acuerdo apenas estaba apenas pendiente de publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela para ser ejecutado.

En una entrevista publicada este viernes en el diario madrileño «El País», Bernardino León se manifestó «convencido» de que Caracas «no seguirá adelante» con dichos acuerdos.

El caso «ha quedado suficiente y convenientemente aclarado», había dicho el jueves Fernández de la Vega durante una rueda de prensa.

El acuerdo para indemnizar a los dos etarras deportados a España fue alcanzado en junio pasado y había sido homologado hace un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que fue sometido el caso.

Según uno de los abogados de los etarras, el acuerdo fue alcanzado de manera «amistosa» y «nunca fue un secreto». Su objetivo era indemnizar a los dos etarras por “daños y perjuicios» derivados de su deportación alegadamente «ilegal y arbitraria».

Tres abogados, actuando en nombre de los etarras, llevaron ante la CIDH, en el 2003, el caso de Sebastián Echániz y Víctor Galarza, ambos condenados a España por actividades terroristas y huidos a Venezuela cuando se encontraban en libertad provisional. Según las alegaciones, en el proceso de expulsión, llevado a cabo en el 2002, se cometió un cúmulo de violaciones legales. En marzo pasado la CIDH se declaró competente y admitió el caso.

Después las partes llegaron a un acuerdo de indemnización de 132.000 euros a Galarza, que está hoy en libertad con su pena cumplida, y de 193.000 a Echániz, que sigue preso, cumpliendo sentencias que acumuladas superan los 185 años. La policía había culpado a Echániz de 17 asesinatos.

De otro lado, hubo un segundo acuerdo para que se naturalizaran como venezolanos otros cuatro etarras, de modo que pudieran eludir una extradición, ya que la ley venezolana impide la entrega de los nacionales a terceros países.

Así, iban a ser venezolanos Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Ángel Aldana, Lorenzo Ayestarán y Jesús Ricardo Urteaga. La Justicia española está revisando las causas contra los cuatro, que están implicados por la policía en no menos de 23 homicidios.

Bernardino León, en su entrevista, aseguró que lo resuelto con Caracas «ilustra mejor que ningún otro aspecto lo acertado de la política exterior española». Explicó también que el Gobierno de Chávez ha actuado prontamente desautorizando el acuerdo.

«El Gobierno de Venezuela quiere tener una buena relación con España y sabe que ese convenio hubiese afectado a esa relación», agregó León, quien aprovechó para cargar contra el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición española.

«Los que vociferan, como el PP, a favor de la confrontación han podido ver el resultado de la política contraria, la que practica el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, Venezuela no seguirá adelante con ese convenio», dijo.

Los portavoces del Partido Popular recurren constantemente a Hugo Chávez, el cubano Fidel Castro y el boliviano Evo Morales como arietes en su enconado, furioso e incesante acoso al gobierno socialista que preside Rodríguez Zapatero.

Francisco R. Figueroa
8/12/2006
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Los guiños de Raúl Castro

Desde que se puso al timón de Cuba, a fines de julio pasado, a raíz de la gravísima enfermedad de su hermano Fidel, el general Raúl Castro parece haber hecho varios guiños sobre sus intenciones como nuevo hombre fuerte en la isla.

El último puede haber sido la liberación, este miércoles, de Héctor Palacios Ruiz, condenado en abril de 2003 a 25 años de prisión, y la posibilidad de que sigan otras excarcelaciones.

Palacios forma parte del llamado «Grupo de los 75», un conjunto de opositores al régimen de Fidel Castro que en juicios sumarios fueron culpados de «conspirar con el gobierno de Estados Unidos» contra Cuba, de «socavar los principios de la revolución» castrista y de ser «mercenarios» de Washington.

Palacios, de 63 años, fue dejado en libertad en consideración a su muy quebrantada salud, con severos problemas cardiacos y respiratorios que le tenían en riesgo de morir en la cárcel.

El disidente rechaza que su liberación indique que en Cuba haya comenzado una transición. Para él, los cambios políticos llegarán cuando Raúl Castro ejerza plenamente el poder. Ahora lo desempeña de manera transitoria, a la espera de la evolución de la enfermedad de su hermano, sobre cuyo verdadero estado pocos están al tanto.

En el hipotético caso de que Fidel Castro derrotará por ahora a la muerte, sin duda que no volvería a ejercer el poder como antes de que cayera enfermo. A ese respecto, Mariela Castro, que como hija de Raúl y sobrina de Fidel no es una opinión cualquiera, tiene la impresión de que su tío volverá a la actividad pero «de otra manera, como el líder sabio de 80 años que ahora se va a dejar cuidar», según declaró a un periodista extranjero hace una semana.

Palacios no cree que aún haya «voluntad política» para una excarcelación masiva de presos políticos en Cuba, que organismos de derechos humanos cifran en unos 300. Sí considera que el momento actual en su país es «muy interesante» y «decisivo».

«Nunca he visto tan cerca el horizonte como ahora, a pesar de que todo está muy turbio y que parece que viene una gran tempestad. Eso pasará», declaró a Palacios tras su liberación.

Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se ha manifestado con cautela. Considera la liberación de Palacios «un hecho aislado» que pone sobe el tapete la situación de otros 300 presos políticos que hay en Cuba, en condiciones que él califica de «infrahumanas».

Sánchez sostuvo que es «incesante» la «represión de baja intensidad» en Cuba, con detenciones de corta duración, entre otras violaciones a los derechos de las personas.

Pero Sánchez cree que Raúl Castro se propone disminuir la cantidad de presos políticos.

Durante las últimas semanas otros cinco disidentes cubanos fueron puestos en libertad, aunque sin la relevancia política que tiene Palacios. Del «Grupo de los 75», dieciséis ya han sido liberados, casi todos por razones de salud.

El sábado pasado, Raúl Castro, en otro de sus guiños, ofreció un diálogo a Estados Unidos «en condiciones de igualdad y mutuo respeto». Era algo sobre lo que había hablado cuando no se habían complicado ni tres semanas desde que sustituyó a su hermano.

En un discurso durante las celebraciones del 50 aniversario del inicio de la revolución, con el desembarco en 1956 del mítico yate «Granma», Raúl Castro manifestó «nuestra disposición de resolver en la mesa de negociaciones el prolongado diferendo entre Estados Unidos y Cuba», pero no de manera incondicional.

Washington, agregó, debe acepte «nuestra condición de país que no tolera sombras a su independencia y sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, no injerencia y respeto mutuo».

Raúl Castro hizo esta propuesta antes de un desfile militar multitudinario en La Habana, en un discurso en el que antepuso las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que él controla férreamente, al Partido Comunista.

Para Washington, la transición ha comenzado en Cuba, según afirmó este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Tony Show.

Estados Unidos carece, según explicó el vocero, de nueva información sobre el estado de salud de Fidel Castro, pero aseguró que, por su ausencia, asume que debe padecer una seria enfermedad, al haber faltado a los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la revolución que durante una semana se sucedieron en Cuba.

Snow afirmó que Estados Unidos tiene bastante claro que «hay algún tipo de transición en proceso en Cuba» y precisó que no se tratará de una transición de un régimen dictatorial a otro. «Cuba tiene el derecho a definir su futuro -manifestó Show-, el derecho a emitir su voto y dirigir su futuro».

La primera señal la dio Raúl Castro en una entrevista publicada por el diario “Granma” a mediados de agosto pasado, cuando dijo: «Siempre hemos estado dispuestos a normalizar las relaciones con Estados Unidos en un plano de igualdad».

Esa frase fue interpretada como un claro mensaje a Washington y al mundo sobre el cariz de su gobierno porque la normalización de relaciones tiene que pasar, como se desprende de la declaración que hizo el miércoles el portavoz estadounidense, por la democratización la isla.

Francisco R. Figueroa
7/12/2006
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Al infierno con los dictadores

Cuando en 1971 murió el dictador haitiano François Duvalier un periódico chileno publicó la noticia bajo un llamativo titular: «Derechito al infierno se fue Papa Doc». Tenía 64 años.

Después de Papa Doc parece que la existencia de los grandes dictadores latinoamericanos se ha prolongado mucho más de lo que duró Duvalier, aunque todos han penado en vida, quizás con la única excepción del cubano Fidel Castro, que desde la operación de estómago a la que fue sometido en julio pasado agoniza en La Habana en una nube de algodón, en medio del secretismo.

El paraguayo Alfredo Stroessner murió de un choque séptico en agosto pasado con casi 94 años de edad. Estaba exiliado en Brasilia, donde consumió su senectud durante 17 años de forma triste y opaca, él que durante 35 años había sido señor de horca y cuchillo, semental de la patria por antonomasia y cabeza de un régimen tan corrupto como oprobioso.

Con excepción de Castro, Stroessner es el dictador que más tiempo gobernó en el siglo XX un país latinoamericano. Accedió al poder en 1954 tras un golpe de Estado. En 1989 su consuegro, el ya fallecido general Andrés Rodríguez, se alzó contra él e hizo válida la máxima de que «el que a hierro mata, a hierro muere»

El general argentino Jorge Videla, de 81 años, consume su vejez en la más absoluta oscuridad, en arresto domiciliario en Buenos Aires desde 1998, acusado de crímenes de lesa humanidad por todas las infinitas tropelías que cometía la dictadura militar argentina, de la que fue la cabeza entre 1976 y 1981.

Detenido en 1984 y condenado a cadena perpetua en 1985, fue indultado en 1990 por Carlos Menem, el patilludo caudillo peronista y riojano. Ese indulto fue anulado en septiembre pasado por la justicia argentina, poniendo las cosas en su sitio.

El general de caballería João Figueiredo, el último de los militares que se turnaron en el gobierno de Brasil de 1964 hasta 1985, penó en el ejercicio de la presidencia.

Su aborrecimiento con los civiles y su desagrado con el poder fueron notables y quedaron claro en dos frases célebres: «Prefiero el olor de los caballos al del pueblo» y «lo que realmente me gusta es la toque de corneta y el cuartel».

Sufrió como presidente de Brasil, hasta el punto de que pronto se enfermó del corazón. Un día de marzo de 1985 se fue dando un sonoro portazo al grito de «¡Olvídenme!». Murió en 1999, a los 81 años.

El único consuelo del general Figueiredo parece que fueron los desahogos periódicos, en bañador, con el fotógrafo Orlando Brito, a quien un día se encontró por casualidad en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, y acabó convertido en el depositario de todas sus amarguras.

El chileno Augusto Pinochet ha estado por última vez cara a cara con la muerte este domingo pasado. Apegado como es a las supersticiones, quizás se aferra a la vida por el vaticinio que le hizo un monje de que vivirá más de cien años.

Pinochet, que había tomado por asalto el poder en 1973 con mucha saña, entró en un infierno personal en 1988, cuando creyó que la nación chilena refrendaría en un plebiscito su ansía de eternizarse en la presidencia. Pero el 55 % votó en su contra.

En 1990 devolvió el poder a los civiles para colocarse en una posición intocable, por encima del bien y del mal, hasta que en octubre 1998 fue arrestado, por orden del juez español Baltasar Garzón, en una clínica de Londres, donde convalecía de una operación de hernia.

Para este general todopoderoso, autoritario, orgulloso, engreído, altanero y soberbio, ese fue un calvario que duró hasta que, por alegadas razones de salud, sobre las que pesan muchas dudas, el gobierno británico le permitió regresar finalmente a Chile en marzo del 2000.

En silla de ruedas, Pinochet era la viva imagen del dolor y la aflicción. Pero apenas arribó a Santiago, echó pie a tierra con tanto vigor que el mundo se impresionó. Un corresponsal inglés narró la escena como si de un milagro bíblico se tratara.

Con 91 años de edad, Pinochet parece haber sido ahora objeto de otra supuesta maravilla de la naturaleza

El domingo pasado llegó al Hospital Militar de Santiago con una aguda crisis cardiaca, con el corazón infartado y un edema pulmonar. Los médicos no daban un céntimo por su vida. Incluso se le dio la extremaunción.

Pero el martes, Pinochet se levantó y anduvo, como Lázaro de su tumba, igual que cuando en marzo del 2000 llegó a la capital chilena procedente de Inglaterra.

Partidarios del ex dictador han hablado de «milagro» y su hija Lucia de que en la recuperación hubo «una razón divina». Hay quien ha calificado a Pinochet de “soldado de Dios».

El propio Pinochet le confesó al cardenal Francisco Javier Errázuriz que la mano de Dios ha estado detrás de su recuperación.

«Dios aún no me quiere llevar», afirmó Pinochet. Después comulgó y rezó con su confesor, el cura católico Iván Wells.

Si existiera un Dios, a imagen y semejanza del que creen los píos católicos chilenos partidarios de Pinochet, parece poco probable que acepte en su reino al autor de una dictadura que causó más de tres mil muertes, que secuestró, torturó, confinó y exilió con saña y que causó una infinidad de sufrimiento y de dolor en Chile. Igual que en Paraguay Stroessner, en argentina Videla y sus conmilitones y en Brasil los generales que se sublevaron en 1964 contra un gobierno elegido por voto popular.

Wells, el confesor, ha contado que un monje le vaticinó a Pinochet que viviría «más de cien años». Pinochet posiblemente se lo creyera.

El antiguo dictador chileno es muy supersticioso y siempre ha presumido de su habilidad para librarse de la muerte, que le atenazó la garganta por lo menos seis veces a lo largo de su vida, algunas en accidentes, otras por atentados y esta última por enfermedad. Incluso siendo un niño de siete años se libró, contras las leyes de la naturaleza, de que le cortaran una pierna.

Muchas personas en Chile han hablado de una nueva «burla» de Pinochet, usando su alegada precaria salud como pretexto para driblar el cerco judicial al que está sometido desde 1998. Había una orden de detención contra él cuando le sobrevino el infarto. Los médicos que lo han atendido han afirmado que ellos no se habrían prestado a una farsa.

Definitivamente el infierno de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte parece ser cosa de este mundo.
Francisco R. Figueroa
6/12/2006

Chávez indemnizará a etarras

El Gobierno Hugo Chávez va a repartir casi 330.000 euros en indemnizaciones a dos etarras, en «compensación» por haber entregado a ambos, en el 2002, a la Justicia española.

La indemnización será de 193.000 euros en el caso de Sebastián Echániz Alcorta, apodado «Sebas», y de 132.000 euros para Juan Víctor Galarza Mendiola.

Esta es la principal consecuencia de una «solución amistosa» alcanzada por los etarras y el Estado venezolano, derivada de una demanda que éstos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ese mismo acuerdo, la esposa de «Sebas» recibirá una pensión de 750 euros mensuales, libres de impuestos, durante el tiempo que él esté en la cárcel, donde cumple una condena a 35 años, dictada por la Audiencia Nacional española en 2004, junto con una indemnización de más de 300.000 euros a los deudos de una de sus víctimas.

La demanda por la expulsión Echániz y Galarza fue planteada a la CIDH, un organismo autónomo de la OEA, por abogados españoles y venezolanos de los etarras, que alegaron una «deportación ilegítima» por parte del Gobierno de Hugo Chávez.

Arguyeron los abogados que las deportaciones «se realizaron sin las debidas garantías configurándose violaciones a varias disposiciones» relacionadas con garantías individuales y procedimentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En marzo pasado, la Comisión se declaró «competente» en ambos casos y los admitió a trámite.

Venezuela adujo que las órdenes de expulsión de los dos etarras fueron impartidas bajo la presunción de que ambos «se encontraban ilegalmente en Venezuela y que sus presencias podían perturbar el orden público interior y comprometer las relaciones internacionales de Venezuela». Pero finalmente Chávez se avino al acuerdo.

La relación de cordialidad entre los etarras y la Revolución Bolivariana que lidera desde 1999 Hugo Chávez es conocida y notoria. En los días previos a la expulsión de Venezuela de Echániz y Galarza, Chávez había hecho profesión de fe antiterrorista en la ONU. Necesitaba dar una señal en ese sentido.

Ese mismo año, el líder bolivariano había sido desalojado temporalmente del poder por un movimiento cívico-militar y tenía necesidad de presentar ante el mundo como golpistas y terroristas a quienes desencadenaron aquella sangrienta asonada.

En ese contexto, la deportación de los etarras —cuando la organización armada vasca había sido descalificada como «terrorista» con una unanimidad mundial sin precedentes— fue interpretada como una reafirmación del compromiso antiterroristaque Chávez había asumido internacionalmente en la ONU y un síntoma de las buenas relaciones que tenía con el gobierno español, que entonces presidía el conservador José María Aznar.

Venezuela ha sido uno de los más conocidos refugios latinoamericanos para los etarras y un virtual santuario para muchos de ellos. Una veintena había llegado a Venezuela, entre 1984 y 1990, procedentes de Argelia, Francia y Panamá, por acuerdos entre los gobiernos.

La extradición de algunos de ellos fue solicitada años después por la Justicia española, activada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero ninguna fue concedida por Venezuela, con el argumento de que no era admisible cambiar las reglas del juego mediante las cuales había recibido a los etarras.

Una cantidad imprecisa de miembros de ETA llegaron a Venezuela por otras vías y se beneficiaron de un virtual «status quo», tanto durante el gobierno de Chávez como el de su antecesor, el democristiano Rafael Caldera, un personaje muy influenciado por el conservadorismo nacionalista clerical vasco.

Entre ellos estaban Echániz y Galarza, ambos prófugos de la Justicia española, de la que huyeron aprovechando sendas libertades condicionales. Nadie más que ellos fue entregado nuna por Venezuela a España.

Básicamente el acuerdo entre Venezuela y los etarras consiste en las indemnizaciones. Las partes mantienen aún sigilo sobre esa «solución amistosa», que debe ser publicada próximamente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se ha establecido un plazo para el pago de las indemnizaciones que vence el 31 de enero próximo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce el acuerdo por lo menos desde principios de noviembre pasado.

Echániz, de 62 años y en la ETA desde 1980, es un histórico de «Comando Vizcaya», Se le atribuye participación en 17 asesinatos, entre 1981 y 1983. Huido a Francia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, fue condenado, en el 2004, a 35 años de prisión. Es probable que en algún momento de suvida, sobre 1999, Echániz usara un pasaporte venezolano – se desconoce si falso o auténtico — con el nombre de Rafael Camilo Castellón Ruiz.

Fuentes periodísticas internacionales han vinculado a Echániz con el gobierno de Caracas a través de Vladimir Villegas Poljak, actual embajador de Venezuela en México y antes en Brasil, y de Tarek Williams Saab, llamado por Chávez de «poeta de la Revolución Bolivariana», quien ha sido destacado parlamentario y activista del «chavismo».

En el caso actuaron un abogado vasco — Joseba Agudo Manzisidor — y dos venezolanos: Marino Alvarado y José Ramón Ortuondo. Fuentes españolas han vinculado a Ortuondo con Goidezer Odriozola, una periodista descendiente de nacionalistas vascos, casada con el etarra José Arturo Cubillas Fontán, y que desempeña un puesto importante en el Ejecutivo de Caracas.

Concretamente Odriozola es la directora del Despacho del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Adán Chávez, hermano mayor del gobernante venezolano y hasta hace poco su embajador en La Habana.

Por su parte, Cubillas, de 48 años, naturalizado venezolano, vive refugiado en ese país suramericano desde 1989 y tiene con la justicia española tres causas pendientes por otros tantos homicidios cometidos entre 1984 y 1985, como miembro de ETA.

En el 2005 Cubillas fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura de Venezuela. Los portavoces oficiales del Gobierno de Caracas ha quitado hierro a la presencia en cargos oficiales de Cubillas y de Odriozola.

En Venezuela, Echániz trabajo en un restaurante de la localidad costera de Chichiriviche, a unos 320 kilómetros de Caracas, tras su llegada a Venezuela en 1995, procedente de Cuba. Había huido de España cuando se encontraba en libertad condicional.

Echániz vivió en Nicaragua desde 1986, bajo el paraguas protector del régimen sandinista de los hermanos Ortega, como otros muchos etarras huidos, hasta que fue deportado en 1993, con otros dos correligionarios, tras la explosión de un arsenal clandestino. Las autoridades nicaragüenses reconocieron que los etarras se dedicaban allí a «actividades terroristas» y que «planeaban secuestros de personalidades latinoamericanas».

Galarza fue dejado en libertad en España dos años después de haber sido expulsado por Venezuela. Tenía dos causas abiertas por asesinato en España, donde en 1987 fue condenado a seis años de prisión por colaboración con banda armada. Se encontraba huido y con orden de captura desde 1992. Capturado en la ciudad venezolana de Valencia en junio de 2002, a los pocos días fue deportado a España.

Francisco R. Figueroa
4/12/2006
www.franciscofigueroa.es
www.apuntesiberoamericanos.com
franciscorfigueroa@hotmail.com

[Dos días después de la divulgación de esta información sobre las indemnizaciones y de otra referente a que Caracas iba a naturalizar a otros cuatro etarras para que como venezolanos pudieran eludir una posible extradición a España, el gobierno de Hugo Chávez, presionado por el de José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no permitiría ni una cosa ni la otra. El trato de las indemnizaciones existió e incluso fue anunciado el 8 de noviembre por la CIDH de la OEA en su página oficial]