Uribe da un giro a la mediación de Chávez

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha dicho lo que todo el mundo sabe: que la guerrilla de las Farc pretende usar las negociaciones para el canje de rehenes por presos, en las que media el venezolano Hugo Chávez, para sacar provecho político.
Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) la cuestión humanitaria de esa posible permuta es secundaria. Finalmente lo que las Farc ofrecen —45 rehenes— significa menos del 1% de las personas que mantienen en cautiverio. Lo que buscan en realidad es reconocimiento internacional obtenido a través del trato con actores reconocidos, como uno o varios jefes de Estado.

Uribe, en unas recientes declaraciones, ha venido a decir que las Farc urden un engaño pues no les interesa el canje humanitario sino hacer política. Deja así entrever que no estuvo fino al calibrar las consecuencias cuando aceptó a Chávez como medidor y que la situación se le ha ido de las manos. Sus palabras son una advertencia a Chávez y también al francés Nicolas Sarkozy, con quien poco después se entrevistó en Nueva York.

Uribe ha dicho algo que después fue matizado por un vocero oficial, quizás para amortiguar su efecto en un Chávez pletórico como intermediario entre sus correligionarios de las Farc y el gobierno de Colombia, y que por teléfono ha convencido al presidente francés para que le secunde. Sarkozy dice que va a Colombia a ver a las Farc si hace falta y está arrebatado —«obsesionado», dice él— con la perspectiva de obtener la libertad de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial de «los verdes» neogranadinos cautiva de las Farc va para seis años.

El mandatario colombiano dijo —sin nombrar nunca a su colega venezolano ni mucho menos al galo— que él no aceptó a Chávez como mediador para que las Farc «nos vuelvan a engañar». Cuando el pasado 31 de agosto dio luz verde a Chávez para que arbitrara a fin de lograr el intercambio de 45 rehenes por 500 guerrilleros presos, Uribe posiblemente no valoró la enorme plataforma política que le acaba de dar a las Farc.
Ahora el presidente colombiano parece estar preparando el terreno por si hubiera necesidad de echar marcha atrás.
Uribe ha atribuido a las Farc el interés fundamental de hacer política con la liberación de los rehenes. «Eso no lo vamos a consentir», aseveró. Fue más claro y directo cuando manifestó que «si nos quieren ayudar —y los favorecedores son Chávez y Sarkozy— estamos dispuestos, pero no permitiremos que la guerrilla siga asesinando en Colombia y por fuera reciba el trato de personajes políticos».

Las Farc tratan de obtener un estatus internacional de fuerza beligerante cuando en gran parte del mundo las considera terroristas. La llegada al poder de Chávez en la vecina Venezuela, hace casi ocho años, dio nuevos bríos ideológicos a las Farc. Hay entre ellos múltiples expresiones de mutuo reconocimiento, admiración y aprecio.
Ahora, Chávez se dispone a recibir públicamente como interlocutor, en su despacho del Palacio de Miraflores, en Caracas, a uno de los cabecillas de las Farc. Se trata de Raúl Reyes, nombre de guerra de Luis Edgar Devia, para dar inicio a las conversaciones. Hay expectación por ver si Reyes llega de uniforme a Miraflores, por las implicaciones internacionales que ello tendría.
La idea de Chávez es llegar a negociar pública y directamente con el jefe de las Farc, Manuel Marulanda, sobrenombre de Pedro Antonio Marín, apodado «Tirofijo». Se trata de tener ese estatuto internacional de fuerza beligerante avalada por unas alianzas de hecho con Venezuela, pero también con Francia u otros países, como el bloque de los No Alineados, y Brasil, entre los latinoamericanos, que apoyan la mediación de Chávez.

Tras las declaraciones de Uribe, en una sorpresiva rueda de prensa en Bogotá, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, afirmó que el presidente nunca ha dudado de Chávez ni de la validez de su mediación.
Pero en Bogotá los analistas recuerdan que tras negar durante cinco años que en Colombia no había conflicto sino un desafío terrorista, Uribe se tiene que tragar el sapo de que las Farc sean recibidas por un jefe de Estado. «Pensábamos que Uribe sabía a qué jugaba, pero al parecer las cosas se salieron de control», señalan.
La guinda en el pastel —afirma— sería que se consume la pretendida entrevista de Chávez con Marulanda en territorio colombiano. Y si Sarkozy se une a encuentro —advierte el ex presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002)— se habrá venido abajo todo el trabajo que costó que Estados Unidos y la Unión Europea pusieran a las Farc en la lista del terrorismo mundial.

La estrategia parece ahora destinada a sumar más mediadores. Tras su paso por la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y su reunión con Sarkozy, Uribe manifestó su disposición a sumar a congresistas demócratas y republicanos a los tratos con las Farc. El gobierno de Washington no ha puesto ninguna objeción a ello, según le dijo a Uribe, también en Nueva York, la secretaria de Estado, Condoleeza Rice.
Estados Unidos tiene interés en tres contratistas militares del Pentágono —Thomas Howes, Marc Gonsalves y Keith Stansell—rehenes de las Farc desde hace cuatro años. A las Farc les interesa meter en el canje a los guerrilleros Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias «Simón Trinidad», y Anayibe Rojas, de apodo «Sonia», que fueron extraditados por el gobierno de Uribe a Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico. Falta saber qué dirán Chávez y las Farc sobre la pretendida presencia en las reuniones de los congresistas estadounidenses.

Nota: ver en este mismo blog «Chávez y las Farc pueden desbordar a Uribe» del pasado día 18.

Francisco R. Figueroa
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Fujimori y Montesinos, tal para cual

El sábado último han vuelto a quedar prácticamente unidos los destinos de Alberto Kenya Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Quienes de 1990 al 2000 compartieron de facto el poder en Perú y gobernaron las cloacas del Estado están de nuevo en su país, aunque en cárceles diferentes. Fujimori ha vuelto extraditado desde Chile seis años y tres meses después de que Montesinos llegara deportado por Venezuela, Faltan dos meses para que se cumplan siete años desde la huida a Japón, vía Brunei, de Fujimori y su rocambolesca renuncia por fax a la presidencia de Perú.

Fujimori está incriminado por corrupción y al menos 25 asesinatos cometidos por un grupo militar de exterminio bajo sus órdenes y las de Montesinos, quien sin ocupar un cargo oficial —fue solo asesor presidencial— tuvo el poder de un visir. Pronto ambos estarán frente a frente, cuando sean careados en los juicios que se le seguirán a Fujimori por sus actividades delictivas al frente del Estado. Montesinos —un militar dado de baja con deshonra por traición a la patria (1976) y abogado de narcotraficantes (años ochenta)— puede ser el principal testigo de cargo contra Fujimori y actuar contra él sin misericordia. Lo que antes era lealtad y solidaridad entre ambos se ha transformado en un auténtico odio africano, al menos por parte de Montesinos.

Como fueron cómplices lo que declare uno repercutirá en el otro. ¿Hasta dónde llegarán? La sentencia que impongan a Fujimori afectará a Montesinos, contra quien la justicia peruana ya ha dictado una docena de condenas. De hecho, una parte sustancial de la extradición concedida por Chile se basa en testificaciones de Montesinos, quien ha incriminado a Fujimori. ¿Qué van a decir sobre las masacres de Barrios Altos y La Cantuta cometidas por el escuadrón de la muerte conocido como «Grupo Colina»? La Corte Suprema chilena, al conceder la extradición, juzgó por unanimidad que hay indicios claros de que Fujimori propició la creación del «Grupo Colina» para eliminar subversivos y enemigos de su régimen, que estaba al tanto de las acciones cometidas por dicho grupo de aniquilamiento —a cuyos miembros incluso condecoró y ascendió—, y que hay testigo de las órdenes dadas en ese sentido a Montesinos, lo que convierte al ex presidente en «autor mediato».

La justicia peruana tenía abiertas cuarenta causas a Fujimori, pero la Corte Suprema de Chile únicamente ha aceptado siete de las trece que Perú presentó en su requerimiento de extradición. Fujimori —maniobrero consumado— presenta este hecho como una victoria suya. Seguramente tiene bastantes más cosas que ocultar. Dice que se mudó de Japón, su segunda patria, a Chile en noviembre de 2005 buscando precisamente disminuir los procesos. Fujimori entró en Chile sin que nadie percibiera que era el mismo ex gobernante contra quien había una orden internacional de captura. Detenido al un día después de su llegada, pasó medio año en arresto en una academia para policías hasta que obtuvo una libertad provisional que ha acabado casi dos años después con su extradición. Lo cierto es que los siete casos por los que Chile concedió esa extradición bastan para mandarle a Fujimori a la cárcel de 15 a 25 años.

La masacre de Barrios Altos, una zona de Lima muy cercana a la sede del Congreso, ocurrió en 1991. Murieron 15 personas que participaban en una fiesta familiar, incluso un niño. Nada tenían que ver con Sendero Luminoso, En la Universidad de la Cantuta, en Lima, en 1992 los muertos fueron nueve estudiantes y un profesor. Fueron detenidos ilegalmente, torturados, ejecutados y enterrados clandestinamente. Las detenciones ilegales, la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales fueron una constante en el Perú de Fujimori, pero también durante los años ochenta, en medio de la guerra interna desastada por la sublevación de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Como afirma el ex juez chileno Juan Guzmán Tapia, que persiguió al fallecido general Augusto Pinochet, nadie puede negar que Fujimori, como el ex dictador chileno, «ordenó, amparó o permitió el exterminio de sus detractores, haciendo con ello un uso cobarde del poder». Entre los múltiples motes que tenía Fujimori estaba el de «Fujichet» desde que en abril de 1992 cerró el parlamento y disolvió las cortes de justicia sin tener poderes para ello, en el «autogolpe» de Estado que ejecutó con Montesinos y la cúpula militar.

Los partidarios de Fujimori le defienden con argumentos como que sacó al Perú del barranco de la recesión y la hiperinflación, que puso en la cárcel a los cabecillas de las bandas terroristas y que prácticamente pacificó el país. Él se declara víctima de «mentiras y calumnias» y dice desde la cárcel que el pueblo peruano será, en definitiva, quien juzgue a un hommbre que cuando fue presidente «introdujo profundos cambios en la década del 90, venciendo al terrorismo y sentando las bases del desarrollo que hoy ya el Perú comienza a disfrutar».

Está siendo tratando con mas miramientos de lo que él tuvo, por ejemplo, con el actual presiente peruano, Alan García, a quien parece que dio orden de capturar vivo o muerto en el «autogolpe» de 1992. García -mientras su casa era asaltada por el Ejército- logró saltar la tapia trasera y ocultarse en el tanque de agua vació de un edificio en construcción, hasta que sus amigos pudieron socorrerle. Pasó ocho semanas en la clandestinidad hasta que un domingo por la noche buscó asilo en la residencia del embajador de Colombia. Dos días después inició un exilio que duró casi nueve años. Paradójicamente Fujimori fue presidente debido al empeño que puso García cuando era por vez primera jefe del Estado (1985-90) para evitar que el novelista Mario Vargas Llosa ganara las elecciones presidenciales de 1990 e impusiera un programa de gobierno netamente neoliberal. García y toda la izquierda peruana respaldaron a Fujimori, que una vez en el poder, acabo imponiendo si miramientos el denostado paquete económico que Vargas Llosa recetaba. Paradójicamente también, García, en ese su segunda presidencia, tiene en el partido de Fujimori —el Si Cumple— su apoyo más estable. Entre los representantes del fujimorismo está la hija mayor del lider y su heredera política (Keyko Sofía) y su hermano menor (Santiago). En ese Congreso, la primera fuerza —paradójicametne, asimismo— es la de Ollanta Humala, el militar nacionalista que debe su fama y fortuna política a haberse alzado contra Fujimori en los últimos días de su gobierno. Todo en un pañuelo.

Francisco R. Figueroa
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Chávez y las Farc pueden desbordar a Uribe

El presidente Hugo Chávez hace esfuerzos denodados para vencer la firme oposición de su colega Álvaro Uribe a la celebración en Colombia de su encuentro con el cabecilla de las Farc, Manuel Marulanda, el alias de Pedro Antonio Marín, apodado «Tirofijo», para negociar el canje de prisioneros del gobierno por rehenes de la guerrilla.

Visto así y teniendo también presente la urgencia que tienen las partes para efectuar ese canje, parece absurda la obstinación de Uribe. Pero el asunto es peliagudo para el gobierno de Bogotá una vez que ha aceptado a Chávez como mediador. La reunión en territorio colombiano de un presidente extranjero —cualquiera que fuere— con el máximo dirigente de la guerrilla representa para ésta un reconocimiento internacional que nunca tuvo desde que se sublevó en 1964 y da virtualmente al conflicto colombiano una dimensión de guerra civil cuando los distintos gobiernos que ha tenido el país han logrado finalmente exponer ante buena parte del mundo a las Farc como una organización delictiva que practica el secuestro, la extorsión y el terrorismo, que viola los derechos internacionales humanitarios y que está asociada al narcotráfico, muy lejos de la aureola mítica de combatientes revolucionarios antiimperialistas, socialistas y bolivarianos que la guerrilla se atribuye. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países, como Canadá, por ejemplo, consideran a las Farc un grupo terrorista.

Precisamente las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) acaban de lanzar un manifiesto de Raúl Reyes, alias de Luis Édgar Devia, uno de los principales lugartenientes de «Tirofijo» y portavoz de esa organización armada. El manifiesto está dirigido a todos los gobernantes del mundo en busca del «reconocimiento del estatus de beligerancia», al tiempo que reitera la disposición «al diálogo y el entendimiento». Alega que ese carácter «de fuerza revolucionaria que se perfila como opción de poder, es decir, de fuerza beligerante» le ha sido reconocido por los gobiernos de los países que «han jugado el papel de garantes o facilitadores en dichos procesos». Reyes se está refiriendo a naciones de la Unión Europea como Francia y España, así como Suiza, que han actuado de medidores de un acuerdo humanitario y Venezuela, que ahora facilita el canje. «En todo momento hemos demostrado cumplir sobradamente con los requerimientos para que nos sea otorgado el estatus de Beligerancia», arguye Reyes, quien no solo agradece la labor de Chávez sino que ha allegado a mencionar el apoyo recibido del Movimiento de los No Alineados, Brasil, Nicaragua y Francia.

Si nadie lo remedia, las negociaciones van a arrancar el ocho de octubre próximo, coincidiendo con el emblemático cuarenta aniversario de la muerte de Ernesto «Che» Guevara, ejecutado clandestinamente en 1967 cuando andaba alzado en armas en Bolivia, por soldados del gobierno local y agentes de la CIA estadounidense. Ese encuentro será posiblemente en Caracas y en el palacio presidencial de Miraflores, a donde debe acudir el propio Reyes, quien aparece como virtual «número tres» de las Farc en su página web. Esa reunión de Reyes con Chávez seguramente será revestida de un fuerte pompa política y tendrá un gran brillo mediático. Marcará el inició de las negociaciones y está planteada con una «reunión previa» al encuentro de Chávez con Marulanda que con tanto ahínco buscan tanto el líder venezolano como la guerrilla.

La mediación de Chávez, aceptada por Uribe en la reciente reunión entre ambos del 31 de agoto, fue saluda por las Farc, que se refirió al gobernante venezolano como «el hombre que llegó de Caracas hablando de Humanidad y de su inmenso amor por Colombia» y «el más rutilante oficial de los soldados de Bolívar, que regresa en el sueño colectivo de independencia, justicia y dignidad…». Consciente de la afinidad idelógica entre Chávez y las Farc, Uribe aceptó una reunión entre ambas partes con la codición de que se realizara en Venezuela. Pero las cosas parece que se le han ido de las manos al presidente colombiano.

El presidente venezolano, desde su primera propuesta, insiste erre que erre en su disposición a ir a «las profundidades de la selva colombiana a conversar con Marulanda». El pasado domingo Chávez ha vuelto a la carga en su programa de radio y televisión, con argumentos como que «es una necesidad para mí hablar con Marulanda porque si no se nos va a enredar esto como se le ha enredado a todo el mundo», dijo en referencia a los fracasos en que hasta ahora han acabado todas las negociaciones con las Farc. «Amigo Uribe: usted me pidió ayuda o yo quiero ayudar. Pero ayúdeme usted a mí a hablar con Marulanda en Colombia. Si hiciera falta se nos unirá el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que está dispuesto a viajar a Colombia». Marulanda había mandado previamente recado de que no podría desplazarse hasta el Palacio de Miraflores de Caracas.

Chávez insistió después de haber recibido diferentes negativas de Uribe. Las primeras fueron diplomáticas y corteses, en el sentido de que esa reunión en territorio colombiano era inviable y que resultaba imposible garantizar su seguridad en Colombia, al tiempo que se recordaba que la autorización de Uribe era para una reunión en Venezuela con un delegado de las Farc. Tras la abudancia de Chávez, se esucharon respuestas contundentes, claras y directas: «Es una burla proponer lo imposible», dijo, por ejemplo, el ministro colombiano de Interior y Justicia, Carlos Holguín. Por último Uribe, aparentemente molesto con el asunto, respondió a los periodistas: «Lo dicho no hay que repetirlo (…) ustedes conocen mi posición sobre ese aspecto», dando por zanjado el asunto. El gobierno de Bogotá incluso le ha pedido a Chávez que trate el asunto de forma más discreto en lugar de a voz en grito por sus abigarrados programas radiotelevisados.

Pero Chávez ha vuelto a la carga aduciendo que para lograr el acuerdo humanitario de canje de prisioneros por rehenes «se necesita mucha comprensión». Incluso dijo que Marulanda había propuesto que el encuentro fuese en San Vicente del Caguán, el mismo escenario de las negociaciones durante el gobierno de Andrés Pastrana, que terminaron con un fiasco en el 2002.

La posición de Chávez fue reforzada desde Francia por un portavoz oficial que confirmó que Sarkozy está dispuesto a viajar a Colombia para lograr el canje. Parece que Chávez y Sarkozy hablaron sobre ello por teléfono días atrás. Sarkozy está, sobre todo, interesado en la liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, que era candidata presidencial en Colombia cuando cayó en poder de las Farc en febrero del 2002. Aparentemente obcecado con la liberación de Betancourt y el rédito político que ella tendría, a Sarkozy no parece importarle las implicaciones de un encuentro en Colombia entre Chávez y Marulanda.

En cuanto a Estados Unidos, guarda un cauto silencio ya que hay tres norteamericanos implicados en el canje. Además, la Farc pretende que entren en el cambio dos guerrilleros («Simón Trinidad» y «Sonia») extraditados y en manos de la justicia estadounidense.

Chávez le ha pregunta a Uribe que qué pierde con su encuentro en Colombia con Marulanda. Uribe gana la liberación de una cuarentena de rehenes —asunto por el que hay un clamor en Colombia— a cambio de 500 miembros de la Farc (diez por uno en promedio), pero ninguna garantía de que se vaya a avanzar en un verdadero proceso de paz que libre a Colombia de una pesadilla que ya dura casi medio siglo. Chávez ampliaría su fuerza en la región y robustecería internacionalmente su desaliñada imagen. Le haría el favor de su vida a sus correligionarios de la Farc. Sarkozy exhibiría una nueva baza, como cuando la liberación de las enfermeras y el médico bulgaros condenados en Libia. Las Farc recibirán un reconocimiento internacional que nunca tuvieron, avanzarían en su pugna para ser consideradas una fuerza beligerante e infrigirían al gobierno colombiano la más contudente derrota en el campo de la diplomacia. La política de Uribe contra la guerrillera puede retroceder a hoja cero.

Francisco R. Figueroa
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Oviedo contra Lugo

Cuando iba a regresar voluntariamente al Paraguay para ir a la cárcel, el prófugo ex general Lino Oviedo me dijo en Brasilia, en mayo de 2004, que por entonces solo le tratara como «un candidato a preso». Ahora, después de haber ajustado cuentas con la justicia —una corte marcial le había condenado en 1998 a diez años por rebelión militar y ha cumplido mitad—, el ex general, de 63 años, ha salido de la prisión dispuesto a acabar lo que empezó en 1996: la conquista de la presidencia de la República. Y se muestra imparable hacia las elecciones previstas para abril del 2008, aunque enfrente tiene una legión de enemigos poderosos, la inhabilitación política y al ex obispo católico Fernando Lugo también tozudamente dispuesto a llegar a la jefatura del Estado. Hoy día Lugo es el favorito del electorado y el político paraguayo con mejor imagen, según las encuestas, como candidato de la Concertación Nacional, coalición a la que, para enredar más las cosas, también pertenece en partido de Oviedo.

Tanto ex general como el ex obispo son personajes genuinamente paraguayos y ambos hunden raíces en el «coloradismo». Oviedo es un militar que medró a la sombra del general Andrés Rodríguez a quien ayudó, en 1989, a acabar con la satrapía de su consuegro, el general Alfredo Stroessner. Cuando Rodríguez se instaló en el poder, Oviedo ascendió al pináculo militar, listo para sucederle en la jefatura del Estado. Surgió como una garantía de continuidad en el poder del Partido Colorado, que lleva sin apearse del carro desde mediados del siglo pasado. Pero luego las cosas se enredaron entre las familias coloradas y llegó, incluso, a correr la sangre. La familia del ex obispo también era «colorada» y esa fue la fuente de sus males pues quedaron en el bando al que Stroessner deshizo a golpes hasta imponer su poder personal al partido.

En breve tiempo Oviedo amasó una de las seis principales fortunas de Paraguay, impropia de quien vive con un sueldo militar, aunque sea de general. Vinculado al contrabando y al tráfico de drogas, él lo niega. Aquella vez en Brasilia me dijo: «No soy golpista ni narcotraficante ni asesino. ¿Usted cree que la Suprema Corte de Brasil me habría dejado libre si hubiera habido pruebas contra mí por narcotráfico o contrabando a Brasil? No creo que Brasil sea una guarida de narcotraficantes. En Brasil soy tratado como una persona creíble para ayudar a que disminuya el narcotráfico y la piratería. ¿Quién va a creer que el Ministerio de Justicia o el Parlamento iban a recibir a un narcotraficante?».

Oviedo parece gozar del beneplácito de Brasil, un país que sigue siendo absolutamente determinante de los asuntos internos paraguayos. De hecho, en los círculos más próximos al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha tratado virtualmente a Oviedo como si fuera su hombre, lo mismo que los generales de la dictadura brasileña trataron a Stroessner o igual que los presidentes de la democracia a Rodríguez y sus sucesores. «No le quepa duda: Lino Oviedo será presidente de Paraguay», me dijo recientemente en Madrid un encumbrado personaje brasileño que tuvo acceso privilegiado a Lula. Para Brasil, quien ocupe la presidencia de Paraguay no es un asunto banal, sino que, entre otras cosas, es el dueño de 50.000 Gigavatios/hora, es decir, de la mitad de la mayor hidroeléctrica en funcionamiento del mundo: la binacional Itaipú, que genera casi la cuarta parte de la electricidad que Brasil consume. Paraguay exporta el 90% de su mitad, atado a Brasil por un acuerdo de condiciones leoninas, con el precio de la energía a la quinta o la sexta parte de su valor de mercado. Paraguay ingresas menos de 300 millones de dólares anuales por algo que vale sobre los 1.500 millones de dólares, una cifra muy alta en comparación al tamaño del país, con poco más de seis millones de habitantes, a su PIB pues representa la cuarta parte del mismo, y a su situación de permanente crisis económica. Además, la empresa Itaipú Binacional tiene una deuda que ronda los 20.000 millones de dólares de origen harto cuestionado.

De modo que Lino Oviedo para Brasil significa que las cosas van a seguir como están, mientras que el ex obispo Lugo, si llega a la presidencia, ya ha repetido hasta la saciedad que va a tratar de renegociar el Tratado de Itaipú. En Paraguay ya se ha comenzado a agitar de nuevo la rumorología sobre una eventual intervención militar brasileña en el país para garantizar sus intereses en Itaipú y los de decenas de miles de colonos brasileños. Incluso estos días se ha recordado que con ocasión del derrocamiento de Stroessner, Brasil estuvo dispuesto a mandar su Ejército. Aunque en realidad Stroessner fue derrocado con el beneplácito del Gobierno de Brasilia, que acabó acogiendo al viejo dictador hasta su muerte, hace poco más de un año.

La posibilidad de que el ex obispo Lugo, de 56 años, dispute la presidencia aún está condicionada por un precepto constitucional paraguayo que impide a los miembros de cualquier congregación aspirar a cargos públicos. Lugo ha renunciado al sacerdocio y el Vaticano le suspendió de inmediato «a divinis» por dedicarse a la política. Como el Vaticano aún le considera un sacerdote de la Iglesia la cuestión puede derivar en que desde el poder en Asunción se pretenda tratar de frenar al obispo con una impugnación de su candidatura por parte de una Corte Suprema que responde al oficialista Partido Colorado. Esa posibilidad ha hecho presumir que habrá desestabilización e ingobernabilidad. Hasta ha habido insinuaciones de usar al Ejército para garantizar la estabilidad. El ex obispo quiere acabar con el corrupto sistema de poder en Paraguay, dominado históricamente por 500 o 600 familias, y darle una primera oportunidad a los desheredados. Lugo —el obispo de los pobres— puede representar una amenaza para los intereses de Brasil sin bien su forma de pensar empata directamente con la del Partido de los Trabajadores de Lula y de los curas brasileños comprometidos con la Teología de la Liberación que estuvieron del lado del actual mandatario brasileño. Lugo constituye una amenaza para las fuerzas hegemónicas en Paraguay que han controlado los asuntos públicos en dictadura y en democracia desde el fin de la guerra civil de 1947. La situación está crispada e interesante.

Francisco R. Figueroa
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Chávez el facilitador

Hugo Chávez afirma que se ha metido en camisas de once varas al aceptar ejercer sus buenos oficios entre el Gobierno y la guerrilla colombianos, pero sea cual fueren los resultados de esa mediación los beneficios para él serán seguramente mayores que los contratiempos.

Se trata de poner de acuerdo al Gobierno que encabeza Álvaro Uribe y a los tozudos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para intercambiar unos 400 presos por cerca de 50 rehenes. Paralelamente Chávez tratará de desbloquear las empantanadas negociaciones que sostienen en La Habana el Gobierno de Uribe con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otras fuerza guerrillera colombiana.

Al cabo muchos años, Chávez ha sido admitido por Colombia como intermediario en el conflicto colombiano, frente al que el mandatario venezolano se declaró neutral nada más asumir el poder en 1999. También Chávez mantiene desde entonces el principio de no considerar terroristas a los grupos armados colombianos arguyendo que así se obstaculizaría el proceso de paz.

Las relaciones de Chávez con esas guerrillas —incluso desde antes de su llegada al poder— siempre han sido motivo de fuerte controversia. Quizás fue esa desconfianza la que llevó al anterior presidente colombiano, Andrés Pastrana, a descartarle exprsamente como mediador cuando ya había sido aceptado por el jefe de las Farc, Manuel Marulanda «Tirofijo», con ocasión de las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán, en las que estuvo involucrado Fidel Castro. Las Farc confiesan siempre que pueden su admiración por Chávez y su proyecto revolucionario.

Uribe, en se reunión con Chávez del viernes pasado en Hato Grande, la hacienda campestre de los presidentes colombianos, dio la bendición para que el mandatario venezolano gestione el intercambio de unos 400 prisioneros del gobierno colombiano por 46 rehenes de la guerrilla, entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt, que lleva secuestrada más de cinco años.

Ahora “Tirofijo» también ha dado —previamente que Uribe— su consentimiento a la intervención de Chávez. También el presidente francés, Nicolas Sarkozy, interesado en la libertad de Betancourt, estuvo de acuerdo. Sarkozy y Chávez hablaron extensamente sobre el asunto antes de que el presidente venezolano viajara a la reunión con Uribe. Sarkozy pidió a Chávez que obtuviera de las Farc una prueba de vida de Betancourt pues no se sabe a ciencia cierta la suerte de la que fue la ex candidata presidencial colombiana.

Chávez tiene poco que perder y mucho que ganar como mediador. No se ha metido en un asunto tan espinoso a tontas y a locas, sino presumiblemente a sabiendas de que algo positivo va a salir y a lo mejor hasta con algunas bazas ocultas bajo su camisa roja.

La presión en Colombia a las Farc para la liberación de rehenes y al Gobierno para que acepte el canje es tremenda, sin precedentes, de millones de personas que se han echado a la calle, tras la muerte a tiros, en circunstancias que no están del todo claras, de los once diputados secuestrados desde el 2002.

Tanto a las Farc como al Gobierno de Uribe les conviene un canje cuanto antes. Para Chávez un intercambio exitoso de prisioneros por rehenes le hará aparecer internacionalmente como un hombre de bien cuando su imagen está seriamente resentida y ha quedado expuesto como una suerte de autarca exótico por los actos de autoritarismo que supusieron impedir que siga emitiendo el canal más antiguo de la televisión privada venezolana —Radio Caracas Televisión (RCTV)— y la reciente presentación de una reforma constitucional cuyos objetivos es perpetuarse en el poder y consolidar la revolución de manera virtualmente excluyente para la oposición, al menos para ese significativo 40% que no votó por él en las últimas elecciones.

Si se logra la liberación de Betancourt, Sarkozy, un líder en la Unión Europea y dentro del Grupo de los 7, le deberá un gran favor a Chávez.

Como prueba de su bonhomía, Chávez ha indultado a 41 de los paramilitares detenidos en 2004 en una finca cercana a Caracas donde se preparaban supuestamente para asesinarle, y condenados en 2005 por rebelión militar.

Las prisas que tiene Chávez y la seguridad con la que obra son tan grandes que el mismo sábado nada más represar de madrugada a Caracas de su reunión con Uribe ya tenía programadas entrevistas sobre el canje. Y el primero de septiemnbre por la noche envió desde la televisión venezolana un nuevo mensaje a Marulanda —a quien asegura que no conoce— en busca del acuerdo humanitario que permita la liberación de los rehenes. «Yo tengo tremenda fe» (en ese acuerdo), ha dicho.

Francisco R. Figueroa
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