Los desafíos de Bachelet frente al menosprecio del electorado

Francisco R. Figueroa | 18 Diciembre 2013

Las recientes elecciones presidenciales chilenas hicieron bueno el pronóstico de victoria de la socialista Michelle Bachelet y pusieron de manifiesto un formidable desprecio a la clase política veintitrés años después de la restauración de la democracia.

Bachelet derrotó en segunda votación a la derechista Evelyn Matthei con un abrumador 62% de los sufragios. Pero fue un triunfo raquítico a la vista de la dramática abstención registrada.

El hecho de que casi el 60% del electorado no acudiera a las urnas redujo el respaldo popular a Bachelet al entorno del 25%, lo que significa que tres de cada cuatro chilenos no avala a presidenta que asumirá el cargo el próximo día 11 de marzo.

La comparición se torna más espeluznante si se tiene en cuenta que Bachelet disponía del 84% de aprobación ciudadana cuando dejó el poder en marzo de 2011 tras concluir su primera presidencia.

Tantísima deserción de votantes, además de deslustrar el retorno de Bachelet a la Casa de la Moneda, el palacio presidencial, puso de manifiesto ese notable rechazo de los chilenos hacia la clase política nacional, especialmente entre los jóvenes. Fueron esas las primeras elecciones presidenciales en las que votar no era obligatorio.

El menosprecio no es gratuito. Tiene que ver con que Chile sigue siendo un país terriblemente desigual e injusto sometido aún por el modelo que impuso en los años ochentas del siglo pasado la dictadura del difunto general Augusto Pinochet y mantuvieron los gobiernos democráticos habidos a partir de 1990.

Esos gobiernos consiguieron la ovación de los mercados, la palmadita en el hombro de los inversores y el enaltecimiento de los burócratas de los organismos internacionales. Pero el precio ha sido el rechazo de las grandes mayorías que se ha evidenciado durante el proceso electoral y que ya presagiaban las protestas ciudadanas que se registran desde mayo de 2011.

El «ejemplo chileno» es alabado hasta la saciedad. Pero el magnífico aumento sostenido de la riqueza nacional no llevó aparejado una reparto más equitativo de la misma, algo que ya se veía a la caída de la dictadura como una necesidad imperiosa y el gran desafío para los nuevos dueños del poder.

La bonanza económica se había logrado con Pinochet en ausencia de libertades, sin oposición ni sindicatos ni posibilidad de huelga, a un costo social elevado y dejando al margen del progreso a la otrora poderosa clase media y, por supuesto, a los sectores populares.

Pero ninguno de los gobernantes democráticos –los democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, el socialdemócrata Ricardo Lagos, la socialista Bachelet y el derechista Sebastián Piñera– emprendieron las reformas que la sociedad chilena reclamaba.

De modo que tras casi un cuarto de siglo en democracia Chile tiene la más desigual distribución de ingresos entre las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países más ricos del mundo. Y también entre los de América Latina, coun un coeficiente similar al de Honduras, Nicaragua o Guatemala.

Por ejemplo, el 1% más opulento de su población chilena controla un tercio de la riqueza y tiene una renta cuarenta veces mayor que el 80%. Un 0,1% se reparte el 20% de los ingresos totales. Son cifras de la Universidad de Chile.

Esas diferencias son significativas cuando se hace una comparación con una nación prototipo de economía capitalista como es Estados Unidos y resulta alarmante en el caso de que la medición se haga con relación a Alemania de la conservadora Angela Merkel.

Bachelet tiene la obligación de sentar bases para comenzar a cambiar el cuadro, para satisfacer la demanda de la población. El desencanto es evidente, el hartazgo patente y las protestas están en las calles.

La presidenta electa propuso un programa de gobierno ambicioso, sin duda con la idea de desmontar el andamiaje que aún queda en pie de la dictadura. Es consciente de que el país necesita una nueva Constitución. La cuestión es si podrá.

La Constitución chilena exige determinadas mayorías cualificadas para la modificación de ciertas normas legales y para la reforma de la propia Carta Magna. Esos baremos constituyen los sietes cerrojos que la propia dictadura le puso al régimen político y económico pinochetista.

Bachelet ha propuesto una nueva ley fundamental, aunque no ha explicado cómo pretende abordarla, si mediante la reforma de la actual de 1980 de la dictadura, que ha sufrido en este tiempo quince enmiendas aunque ninguna sustantiva, o impulsando una constituyente, como le reclaman por la izquierda.

La presidenta electa podría abordar cambios que requieren de mayoría absoluta como la reforma tributaria, la creación de un sistema público de pensiones, la apertura de nuevas universidades estatales, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto (con permiso de los democristianos).

El panorama parece favorable para lograr alianzas que permitan instaurar un sistema educativo al alcance de las grandes mayorías, en sustitución del modelo costoso para el alumnado, injusto y poco eficiente que dejó la dictadura,  o llevar a cabo una reforma laboral.

Pero los cambios constitucionales exigen mayorías que no reúnen los partidos aliados con Bachelet, un conglomerado que va desde la democracia cristiana a los comunistas. Meterle mano al tinglado constitucional pinochenista parece misión imposible.

Bachelet requeriría el apoyo de toda su bancada, la de los pocos parlamentarios independientes que hay y, sobre todo, convencer a algunos legisladores de la derecha, que sale de una de sus peores derrotas en las urnas pues perdió en el 95% de los distritos electorales y no supo aprovechar de cara a los comicios la ventaja de tener en la presidencia a uno de los suyos, el saliente mandatario Sebastián Piñera.



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Honduras: Hasta la vista, Mel

Mel Zelaya arenga a sus seguidores
Francisco R. Figueroa
29 Noviembre 2013

El proyecto socialistoide del estanciero hondureño Manuel «Mel» Zelaya ha sufrido una nueva derrota.

Tras perder las elecciones del domingo 24/11 en la persona de su esposa, Xiomara Castro, al antiguo presidente y cacique liberal le queda alborotar el cotarro, hacer cálculos para los comicios venideros y poner palos en las ruedas al nuevo gobierno del conservador Juan Orlando Hernández, el ganador de esos comicios.

Hernández luce débil. Ganó con cerca del 37% de los votos. Eso representa poco más que un quinto del censo electoral. En cuando al Congreso, donde su antecesor y correligionario, Porfirio Lobo, disponía de mayoría absoluta, Hernández se tiene que arreglar con un raquítico tercio para lidiar con el día a día de uno de los países más violentos del planeta y más pobres y corruptos de América.

No es poco el riesgo de que Honduras se hunda en la ingobernabilidad. Va a depender, fundamentalmente, de la generosidad y patriotismo del Partido Liberal, la otra formación conservadora con la que el Partido Nacional se han turnado en el poder desde siempre.

La negociación, pues, se impone entre nacionalistas y liberales. Descartado está por obvias razones un entendimiento con los neosocialistas del Libertad y Refundación (Libre), de Zelaya, y los «indignados» del Partido Anti Corrupción (Pac), del hombre de la televisión Salvador Nasralla, llamados a hacer causa común contras los dos bandos históricos a los que consideran responsables de todos los muchos males que padece esa nación centroamericana.
Protesta de zelayistass tras las elecciones 

Los dos partidos tradicionales se han despeñado en estas elecciones. El Partido Nacional redujo su bancada de una confortable mayoría absoluta, con 71 congresistas, a 47, mientras que los liberales cayeron de 45 a 26. Todo ello en beneficio del Libre y del Pac.

Entre ambos reunirían una mayoría cómoda para gobernar, con el control de casi las dos terceras partes del Congreso.

Pero para los liberales existe un serio riesgo de desgaste que podría reducir aún más su fuerza en las elecciones que habrá dentro de cuatro años.

Es alto el riesgo de que los dos partidos tradicionales de Honduras acaben siendo devorados por las nuevas formaciones antisistema surgidas en estos últimos años. Zelaya y Nasralla se han alzado en conjunto desde la nada con un tercio del Congreso y el 46% del voto directo. A costa de liberales y nacionalistas.

Zelaya ha gritado «fraude» y «robo», al tiempo que proclama victoriosa a su mujer. También ha amenazado con «defender con todo» la voluntad popular. El problema se complica porque Nasralla también se dijo victorioso. E impugnó el resultado.

Ambos fueron desmentidos por los observadores extranjeros –casi un millar– al certificar, la inmensa mayoría de ellos, la «transparencia« y la «confiabilidad» del proceso electoral. Así hablaron por separado los enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estados Unidos. Refirieron «irregularidades, pero sin posibilidad de afectar al resultado de estos comicios.

Apenas el exjuez español Baltasar Garzón dio la nota discordante al afirmar que vio «claros indicios» de fraude. Pero hasta el chavista presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció prontamente la victoria de Hernández.

El nuevo presidente tendrá que hacer malabarismos
Pulcritud ha habido hasta donde es posible en una nación con una democracia de calidad media e instituciones frágiles  Es evidente que desde el poder se juega con ventaja usando los recursos del Estado en las justas electorales. Eso hizo Lobo y su Partido Nacional a favor de Hernández. También es cierto que el padrón electoral hondureño no es lo pulcro que debiera y que a la hora del recuento se han registrado algunas irregularidades. Pero de ahí a robarse el 20% de los votos, como aduce Zelaya, media un mundo.

La tardanza de Xiomara Castro en pronunciarse dio pábulo a los rumores. Hasta el punto de que uno de sus hijos se vio forzado a negar públicamente que un Zelaya airado por el fracaso agrediera a la esposa. «En los veinticuatro años que tengo de vida jamás mi padre le ha levantado la mano a mi madre», aseguró José Manuel Zelaya.

Mel Zelaya ha dejado claro con los hechos quien manda en su partido. Aunque de palabra disimula. Con 54 años y sin historia política –aparte su participación en las algaradas de 2009–, la señora de Zelaya es vista como el instrumento de su esposo, impedido constitucionalmente de ser candidato pues ya fue jefe de Estado.

Precisamente el afán de eternizarse en el poder le costó el puesto a Zelaya a mediados de 2009. Fue sacado de la presidencia por el Congreso, la Corte Suprema y los militares acusándole de empecinamiento en violar reiteradamente la Constitución para seguir en el cargo.

Zelaya había ganado las presidenciales de 2005 como candidato del Partido Liberal, con la promesa de combatir la delincuencia, la pobreza y la corrupción. Pero no lo logró.

En cambio, pronto se enredó en la tela de araña del bolivarianismo seducido por la dulzaina, el oro negro y la chequera de Hugo Chávez.

En ese inesperado viraje se declaró de izquierdas, se abrazó a Chávez, anatematizó a Estados Unidos y hasta hizo de aprendiz de brujo frente a Washington para favorecer a Cuba.

Y trató de organizar un referéndum ilegal con el objetivo de refundar la patria mediante una constituyente al estilo del caudillo venezolano que le permitiera volver a aspirar a la presidencia. Fue entonces cuando los otros poderes del Estado lo despacharon para Costa Rica.

Zelaya confiaba en que el pueblo le llevaría en andas de regreso al sillón presidencial desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugió tras regresar clandestinamente. Graso error. La mayoría de los hondureños se pronunciaron en su contra, apoyaron el golpe y votaron masivamente por los supuestos golpistas en las elecciones que siguieron.

También fracasaron las tratativas internacionales, pese a la determinación mostrada, sobre todo, por Brasil, Venezuela y Argentina para restituir a Zelaya en la presidencia. Esos tres países llegaron al punto de no reconocer las elecciones de finales de 2009.

En esas elecciones, aunque no se presentaba, Zelaya sufrió otro revés político. Llamó a boicotear los comicios y se registró la mayor participación ciudadana en la corta historia democrática nacional. Además, el gobiernista Porfirio Lobo resultó ser el candidato presidencial más votado en unas elecciones en Honduras.

Los hondureños vieron en esos comicios la manera de poner pilares firmes para salir de la perversa crisis institucional en que les metió Zelaya. Llegaron al extremo se ser tratados injustamente en el mundo como apestados, como si vivieran bajo un bárbaro régimen dictatorial.

En 2011 el país fue readmitido en el seno de la OEA. Zelaya tuvo que entenderse con Lobo.

En las últimas elecciones Zelaya volvió a pulsar la tecla de la constituyente para la «refundación nacional» sobre los pilares del «socialismo democrático» con «democracia directa», de acuerdo a la hoja de ruta de la izquierda populista en América Latina. Olía a chavismo. Al pueblo no le gustó, aunque dejó a Zelaya con la segunda fuerza parlamentaria.

El tiempo venidero en Honduras no debe ser fácil. Pero hay un hilo de esperanza para el país con la mayor tasa de criminalidad del mundo –el doble que Venezuela, el triple de Colombia y cuatro veces más que México–, donde cualquier persona tiene seis veces más posibilidades de morir que un iraquí; el narcotráfico y los pandilleros de las maras campeando allí; con las peores condiciones de vida del continente, desigualdades abismales, subempleo cuantioso (58%),  y el 70% de la población en pobreza, la mitad de ellos sobreviviendo con menos de dos dólares diarios; y una deuda desproporcionada de 8.000 millones de dólares para 8,5 millones de habitantes.

Aunque menguados de fuerza, nacionalistas y liberales vuelven a tener la palabra. Los zelayistas y los anticorrupción vuelan como aves de rapiña en busca de despojos.

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Nuevo periodisticidio en Venezuela

Francisco R. Figueroa
23 Noviembre 2013

La precaria libertad de expresión que existe en Venezuela sufrió un nuevo revés con la destitución del director de El Mundo, Omar Lugo, tras una embestida al diario del presidente Nicolás Maduro justo cuando ha dicho que la Asamblea Nacional de su país le ha dado «una mano de hierro» para gobernar al dictado.

Lugo había sido advertido poco antes por los nuevos dueños del diario –a los que se relaciona con el régimen– sobre que en lo sucesivo debía «portarse bien». Es decir, que no publicara nada que causara enojo al impulsivo Maduro o a sus correveidiles. A la primera queja del mandarín venezolano, Lugo fue fulminado.

Conozco a Omar Lugo desde hace veinte años. Lo vi trabajar en Venezuela, en Reuters y en Invertía. Lo llevé Río de Janeiro cuando yo dirigía la delegación de Efe en Brasil. Seguimos aliados. En esos años he publicado en El Mundo reportajes de actualidad española.

De modo que con conocimiento de causa doy fe de su honestidad profesional y de su valentía para trabajar al servicio de le verdad en tierra hostil, aunque sea la suya, en estos años bárbaros que les ha tocado vivir a los venezolanos.

Como decía ayer mismo, jueves, nuestro último Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, si el periodismo desaparece, si los poderes públicos manipulan para imponer como verdad las mentiras no sólo se esfuman la información libre o independiente sino que también se ven afectadas todas las instituciones de la democracia, de la civilización.

Sin libertad no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. En Venezuela hace años que las libertades están cautivas y la democracia es una farsa. El chavismo acabó con la mayoría de la prensa desfavorable; algunos medios se sometieron; otros evitan los asuntos controversiales; al tiempo, el chavismo creo con dinero público una tupida red de medios serviles; últimamente se utiliza a capitalistas paniaguados para hacerse con el control de los pocos medios independientes que van quedando, como ha ocurrido con Globovisión y la Cadena Capriles (nada que ver con el líder opositor Henrique Capriles), de la que formaba parte El Mundo, Economía y Negocios, dirigido por Lugo desde su aparición.

Finalmente, el heredero del difunto Hugo Chávez ha asumido como dictador, si entendemos esa palabra en su sentido literal. Dictador es quién gobierna por dictado, el mandatario que asume todos los poderes sin control legislativo. Eso está en el diccionario. Y en el ánimo de la mitad de los venezolanos, al menos.

Además, Maduro lo admitió tácitamente tras recibir de la obediente Asamblea Nacional, dominada por gobiernistas de convicción o de pago, los superpoderes excepcionales que pidió para uno año, al afirmar entre fanfarrias y fuegos artificiales: «Me han dado mano de hierro» y amenazar seguidamente a la «burguesía parasitaria», que no es otra cosa que el saco donde mete a todos los cuantos tienen algo en su contra. Por lo menos la media Venezuela contra la que gobierna.

La falsa democracia —o la democracia caricaturesca— venezolana ha sufrido otro retroceso. Maduro, con sus limitaciones evidentes, sus ocurrencias exotéricas, sus disparatadas salidas de tono, sus peroratas cansinas y una cadena de despropósitos sigue dando palos de ciego. Los hilvanes de la convivencia están reventados tras casi quince años de desatinos. La economía esta en la lona. Hay despilfarro de dinero público, carestía, escasez, corrupción desbordante, precariedad en los servicios públicos y muchísimos asesinatos. Pero la culpa siempre es de los otros, aunque este régimen ya dura quince años. En un lapso de tiempo semejante, Alemania y Japón, devastadas por la Segunda Guerra Mundial, emergieron como potencias de primera línea. Venezuela, en cambio, en tres lustros es una nación deshecha.

Antiguos amigos y valedores de Chávez, como el intelectual germano-mexicano Heinz Dieterich, han advertido que Maduro tiene los días contados si no adopta medidas «inteligentes y drásticas», que el actual mandatario y sus palafreneros parecen incapaces de tomar, a juzgar por los hechos.

El chavismo se ha convertido en pura «retórica sin contenido ni sentido; el modelo económico «ha colapsado»; la fantasía bolivariana «implosiona».

Para Maduro la culpa es de periodistas que como Omar Lugo tratan de separar la verdad de la mentira. Como explicaba Vargas Llosa al recibir en Madrid un premio del diario El Mundo, esa es la gran tarea del periodismo de nuestros días.–

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Brasil: demasiado ruido para tan pocas nueces

Lula, Dirceu y Dilma Rousseff
Francisco R. Figueroa
20 Noviembre 2013

Está en duda que el reciente encarcelamiento de los notables del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) por la sonadísima compra de diputados sirva para adecentar la corrompida política de Brasil.

Se trata de hechos sin precedentes en ese país, tanto los encarcelamientos de prohombres de la vida nacional como el escándalo motivo de las condenas. La Justicia ha actuado donde antes reinaba la impunidad absoluta y mostrado que las personas pueden llegar allí a ser iguales ante la Ley.

El affaire estalló en 2005 —un annus horribilis para Lula—, cuando se supo que el Gobierno y su partido mantenían una operación de compra de diputados para disponer en el Congreso de la mayoría que las urnas le habían negado. Hubo diputados mercenarios que trabajaban para Lula y los suyos por 30.000 reales (12.500 dólares) mensuales. De ahí el nombre del escándalo: «mensalão», aumentativo en portugués de mesada. Se refirieron también compras puntuales de parlamentarios por 60.000 dólares pagados dentro del esquema montado por los gobiernistas. El «mensalão» ha dado origen a otro neologismo: «mensaleiro» para designar a los implicados.

Dirceu y Genoino
Lula logró salir apenas adolorido. Cuando la presión se hizo insoportable, apareció en la televisión rasgándose las vestiduras. Declaró sentir la misma repugnancia que la mayoría de brasileños, adujo que él seguía siendo el mismo Lula, y aseguró con cinismo que lo habían traicionado —me «acuchillaron por la espalda», dijo en algún momento—, unos colaboradores que le mantuvieron al margen de los hechos.

Parece improbable que un jefe de Estado omnipresente como fue Lula y gestor político donde los haya estuviera en el limbo en un asunto de tamaña transcendencia. El diputado que primero denunció la existencia de la red de corrupción, Roberto Jefferson, aseguró que él, personalmente, había puesto al tanto al presidente. Después, durante el juicio, algunos abogados defensores expusieron a Lula como cabeza de la trama corrupta. Y el magistrado del Supremo Marco Aurélio Mello expresó su convencimiento de que Lula «sabía» de las corruptelas. Mello participó en las casi setenta audiencias que tuvo el juicio. Lula no pudo haber delegado tanto la jefatura del Gobierno como para no saber que el PT había sobornado a parlamentarios, dijo también.

El PT también clamó inocencia y se dijo víctima de insidias, mientras obstruía sin pudor la investigación parlamentaria. Hasta que fue imposible seguir tapando el sol con un dedo. Siguieron renuncias y desafiliaciones.

El escándalo se llevó por delante a distintos altos cargos del Gobierno y del partido, entre ellos los hoy encarcelados José Dirceu, que era un «primer ministro» de facto y el principal peón de brega de Lula, y José  Genoino, presidente del PT. Ambos fueron luchadores contra la dictadura militar y estuvieron en el nacimiento del partido, en 1980. Dirceu fue uno de los presos canjeados en 1969 por un embajador estadounidense secuestrado por la guerrilla marxista brasilera. Fue a Cuba, donde le cambiaron el rostro antes de devolverle clandestinamente a Brasil con nueva identidad. Genoino fue guerrillero en la jungla amazónica hasta caer preso. Ambos tienen actualmente 67 años. El pasado fin de semana llegaron a la cárcel blandiendo el puño y clamando inocencia. El segundo se declaró «preso político», como si fuera víctima de nuevo de una dictadura. Aunque el Gobierno de Brasil es desde 2003 de su partido y nueve de los once miembros del Supremo Tribunal Federal que dictó las condenas fueron indicados por jefes de Estado del PT, es decir, unos por Lula y otros por Dilma Rousseff. Los dos han preservado a Lula con una fidelidad perruna. 

En total cuarenta personas fueron incriminadas. A mediados del 2012, siete años después del estallido del escándalo y tras el más largo proceso de su historia, el Supremo Tribunal Federal sentenció a veinticinco reos a penas de cinco a cuarenta años de cárcel. Tras otros doce meses consumidos en trámites de apelaciones, el presidente del máximo tribunal, Joaquim Barbosa, emitió la semana pasada las primeros mandatos de prisión. Seguirán otros. Uno de los reos, que fue director del Banco de Brasil, huyó a su segunda patria: Italia. El Supremo Tribunal Federal, última instancia y foro privilegiado para jerarcas de primer rango, nunca antes había condenado a ningún alto funcionario por corrupción. En tanto, el Tribunal Superior de Justicia, foro para autoridades locales y regionales, apenas condenó a media docena en los últimos veinte años. Y no es que no haya habido casos de corrupción en Brasil. Todo lo contrario. Han menudeado y siempre primó la impunidad. Sin ir más lejos, solo en su primer año de Gobierno (2011), Rousseff se vio obligada a cambiar media docena de ministros implicados en corruptelas.

José Genoino, expresidente del PT
Lo ocurrido hace pensar que se han podido sentar las bases para el adecentamiento de la vida nacional brasilera. En el atomizado parlamento de ese país el tráfico de votos está a la orden del día. También el transfuguismo oportunista es corriente. Lo habitual es que la formación de un presidente sea primera minoría parlamentaria. En concreto el PT representa el 16 % de la cámara baja y el 12 % del Senado. De manera que para gobernar hay que sumar voluntades. O comprarlas. Lo ordinario es que cada partido que se suma a la llamada «base aliada» —la coalición de gobierno— obtenga su tajada. Entran en la repartija casi cuarenta ministerios, centenas de organismos y empresas públicas y unos 25.000 cargos de confianza. Una torta demasiado golosa que el PT divide con otras dieciséis formaciones. Algunas son campeones en clientelismo, malas praxis y voracidad.

Quienes conocen la vida política en Brasilia me dicen que dudan mucho del efecto edificante de los encarcelamientos. Por lo pronto –y a pesar de las protestas sociales que estallaron a mediados de este año—, el brasileño medio se muestra cansado del escándalo del «mensalão» y de los «mensaleiros» y parece haberse olvidado del asunto, aunque los ingresos en prisión ha sido un festín para los medios de comunicación.

Por otro lado, el escándalo no tuvo efectos negativo para el PT. Ni consecuencias electorales. Todo lo contrario. Lula ganó las presidenciales de 2006 en el fragor de las denuncias. El PT creció en las municipales de 2008. En 2010, la pupila de Lula, Dilma Rousseff se impuso y el presidente pasó al retiro con un asombroso nivel de aprobación popular. En los comicios locales de 2012, en medio del juicio por el escándalo, el PT fue el partido que más creció. Todo hace pensar, de acuerdo a los sondeos de intención de voto, que Rousseff revalidará su cargo de aquí a once meses. Por tanto, impacto electoral cero.

No obstante, parece crecer la esperanza respecto a que las sentencias por este escándalo posibiliten una recuperación de confianza en el desacreditado sistema judicial. En ese sentido, el exdiputado condenado Roberto Jefferson, el hombre que pateó el tablero en 2005 y que ahora lucha contra el cáncer, afirmó que va a la cárcel «reconfortado» por la creencia de que la política brasileña puede mejorar de ahora en adelante. Ojalá.

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La exhumación del Cóndor

Homenaje a Goulart en Brasilia (14-11-2013)
Tras los casos de Pablo Neruda y Yasir Arafat llega la hora de saber si  João Goulart murió envenenado por sicarios de la dictadura brasilera.

Por primera vez han exhumado a un presidente de Brasil. Ha sido bajo sospecha de asesinato en el ámbito de las tramas siniestras de la Operación Cóndor, orquestada, con posible implicación de la CIA estadounidense, para liquidar a los adversarios de las dictaduras militares suramericanas.

Fuera de Brasil la memoria alcanza a pocos para recordar a «Jango». Así era conocido popular y familiarmente el político socialista que gobernó Brasil de septiembre de 1961 a abril de 1964. Se llamó João Belchior Marques Goulart. 

Era un populista moderado de izquierda que coqueteaba con los enemigos comunistas de Estados Unidos. Practicaba una política externa independiente, contraria a la alineación automática con Estados Unidos. Reató relaciones con la URSS y mantuvo una posición crítica con Cuba pero contraria al entrometimiento de Washington.

Su empeño en sacar adelante políticas nacionalistas y populares le costaron ser derrocado por un golpe militar en el que los intereses de Estados Unidos se aliaron con el conservadurismo más rancio civil y militar brasileño. Fue el primer golpe de la serie orquestada en América Latina por Estados Unidos durante la Guerra Fría para evitar  alegadamente la proliferación del comunismo en el continente.

Goulart con John Kennedy (1962)
Jango apoyaba al movimiento obrero, quería repartir tierras baldías, reformar la educación y la salud, alfabetizar a la gente, revisar las concesiones de explotaciones mineras, subir los impuestos y retener el 10% del beneficio de las multinacionales. Buscaba mejorar las condiciones de vida en Brasil, un país terriblemente injusto.

Pero Estados Unidos vio aquello como el inicio de revolución comunista. Y actuó en consecuencia, incluso con desmesura, según quedó comprobado por numerosos documentos secretos desclasificados. Finalmente no fue necesaria la intervención que estaba preparada. La dictadura militar que siguió duró 21 años.

Goulart murió en el exilio, en Argentina, en diciembre de 1976. Supuestamente por un ataque cardíaco. No hubo autopsia. Apenas el dictamen del galeno local argentino que certificó el óbito y el testimonio de la viuda, Maria Teresa Fontella Goulart, que vio como el infarto lo fulminaba.

Pero hay indicios de que ese ataque fuera consecuencia de la ingestión involuntaria de sustancias químicas letales camufladas en los remedios que el difunto Jango tomaba habitualmente. El Ministerio Público Federal de Brasil investiga esta posibilidad desde 2007. De ahí la exhumación.

Cuenta el testimonio de un uruguayo llamado Mario Neira Barreiro, actualmente preso, que en 2006 confesó haber participado, con otros mercenarios al servicio de Brasil, de un complot para asesinar a Goulart mezclando una dosis letal de un producto —cuyo nombre no recordaba exactamente— con las píldoras que habitualmente tomaba el exgobernante por un problema del corazón.

Pero hay quien considera a ese antiguo sicario uruguayo un megalomaníaco con nula credibilidad y esgrimen su condición de delincuente común con múltiples antecedentes policiales.

Se dieron varias circunstancias. El régimen militar brasilero veía a Goulart como un enemigo capaz de aglutinar las fuerzas democráticas. Por eso lo mantenía vigilando permanentemente tanto en Argentina como en su exilio anterior en Uruguay. La CIA colaboraba en ese monitoreo.

Está comprobado, asimismo, que agentes de la dictadura brasileña entraron en su residencia y robaron documentos. También pudieron colocar el veneno.

Además, en el lapso de nueve meses otros dos líderes demócratas de Brasil murieron en circunstancias extrañas. Uno de ellos también había sido presidente de Brasil. Se llamaba Juscelino Kubitschek y Jango había sido su vicepresidente.

Fidel Castro con Goulart y Kubitschek
Una de las sustancia que pudieron suministrarle a Jango fue escopolamina, conocida también como burundanga. Es una droga capaz de anular la voluntad de las personas. Pero en dosis altas puede provocar complicaciones cardíacas severas, un colapso e, incluso, la muerte.

El cadáver de Jango fue exhumado este miércoles en el cementerio de su localidad natal, São Borja, la cuna de dos presidentes brasileros ubicada en el estado de Río Grande del Sur. Luego los restos mortales fueron trasladados a Brasilia para obtener las muestras, que serán analizadas por dos laboratorios internacionales, y recibir los homenajes que la nación le debía desde hace cuatro décadas. «Mi marido ha sido rescatado de la historia», exclamó la viuda.


El 6 de diciembre, en el 38º aniversario de su muerte, João Goulart volverá a bajar a la sepultura, esta vez con honores de jefe de Estado. Para entonces, probablemente, se habrá apagado el eco de la polémica por el alegado uso político que han hecho de los restos mortales de Jango la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su Partido de los Trabajadores (PT). En los casi treinta años anteriores con democracia, Jango permaneció extraviado en la historia nacional.

Existen dudas fundadas de que al cabo de casi cuarenta años de su muerte los forenses puedan llegar a  verificar el posible envenenamiento.

En estos días se ha sabido el resultado de los análisis a los restos mortales de dos personalidades sospechosas de haber sido asesinadas.

En el caso del difunto líder palestino Yasir Arafat hay hartas posibilidades de una intoxicación en 2004 con polonio, según los forenses.

Pero en el del poeta chileno y Premio Nobel Pablo Neruda ha quedado descartado el envenenamiento por parte de agentes de la dictadura pinochetista al confirmarse que falleció de cáncer en septiembre de 1973.

En cambio, ya se sabía que el expresidente democristiano chileno Eduardo Frei Montalva, que murió en enero de 1982 de septicemia, fue envenenado con talio y mostaza sulfúrica por la dictadura pinochetista, mientras se recuperaba de una sencilla intervención quirúrgica por hernia de hiato en un hospital de Santiago, según se comprobó tras su exhumación en 2006.

«Estudiamos mucho este caso porque las dictaduras de Chile y de Brasil emplearon métodos semejantes y sus aparatos represivos estaban en contacto para coordinar tareas. Los envenenamientos han sido una técnica utilizada por el terrorismo de Estado para eliminar a sus enemigos sin dejar  rastro», recordó en declaraciones a periodistas la ministra Maria do Rosário Nunes, responsable de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil.

Uno de los expertos internacionales que intervienen es el cubano Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que trabajó en Bolivia en el descubrimiento y reconocimiento de los restos de Ernesto «Che» Guevara.

Hay cálculos que atribuyen a la Operación Cóndor haber torturado a unas cuatrocientas mil personas y causado la muerte de cerca de cien mil. Colaboraron los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Estados Unidos alega que no hay prueba de su participación activa. Pero que estaba al tanto, lo estaba. |||

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Bachelet está de vuelta

12 Noviembre 2013

Chile, el país más previsible de América Latina, se dispone a escoger nuevo presidente con un tedio nórdico y la certeza de que la socialista Michelle Bachelet volverá al Palacio de la Moneda. Si no hubiera un cataclismo.

La elección presidencial chilenas tendrán lugar el próximo domingo y desde hace semanas solo queda saber si Bachelet, de 62 años, ganará ese día con al menos la mitad más uno de los votos o será necesaria una segunda vuelta, prevista para el 15 de diciembre.

Queda por dilucidar la profundidad del descalabro de la derecha, al cabo del cuatrienio presidencial de Sebastián Piñera. La derecha concurre con el peor candidato desde la recuperación de la democracia: la exministra Evelyn Matthei, de 59 años, una mujer de rostro que parece esculpido a escoplo y semblante desabrido, hija de un general, Fernando Matthei, que integró desde 1978 con Augusto Pinochet la Junta Militar de Gobierno.

Siempre recordaré al general Matthei aquella tensa noche del plebiscito de octubre de 1988 reconociendo el primero, ante el Palacio de la Moneda, la victoria del «no», es decir, que el pueblo chileno había derrotado a Pinochet, impedido su continuidad en el poder y puesto término a aquella sangrienta dictadura. Después de sus palabras era imposible que el régimen diera marcha atrás.

Bachelet también es hija de un general, que no se plegó al golpe de 1973, lo que le costaría la vida tras torturas horribles en los calabozos de una institución castrense dirigida por Matthei, quien niega haber tenido algo que ver. Pero nada hizo por él. «Primó la prudencia por sobre el coraje», adujo Matthei a modo de explicación no hace muchos años. Ambos eran grandes amigos. Las hijas también lo fueron... de niñas. Hoy se tratan formalmente. Y se disputan la presidencia de su país.

A cuatro meses de la finalización del mandato presidencial, Piñera tiene su nivel de aprobación en el entorno del 40%. En tanto, la muy conservadora Matthei no pasa del 14% en los sondeos de intención de voto. Téngase presente que nunca un candidato presidencial derechista chileno tuvo en elecciones menos del 24% de los sufragios.

La Alianza, la coalición de Matthei, procura mantener viva la llama, aunque allí están conscientes de que la candidata nunca logró sintonizar con el electorado de centro y ha perdido atractivo para las derechas.

Les queda, pues, minimizar el tamaño de la derrota, que pueda ser la mayor para la derecha en estos últimos veinticinco años con democracia. «Sálvese quien pueda», tituló el influyente diario La Tercera, o «La derecha moribunda», según el análisis de un columnista principal del conservador y decano El Mercurio.

Desde La Moneda se la apoya, pero sólo de boquilla, conscientes de la catástrofe electoral. Piñera sabe que Evelyn Matthei se ha convertido en puro lastre político. El presidente buscaría salir salpicado del descalabro lo menos posible por si trata de repetir como abanderado de la derecha en las elecciones de 2017.

A estas alturas ha quedado claro también que quien en las presidenciales de hace cuatro años parecía en carrera meteórica, Marco Enríquez-Ominami, de 40 años, se ha quedado por ahora en una ilusión. Apenas supera en la intención de voto una cifra porcentual que representa la mita del 20% de los sufragios que obtuvo en 2009.

En tanto Bachelet, que gobernó Chile de 2006 a 2010, dispone del 47% de las preferencias, a poca distancia de la ansiada mitad más uno de los votos que evitaría medirse, probablemente con Matthei, en una desgastante segunda vuelta. Hay otro seis candidatos presidenciales, puramente comparsas.

La candidata socialista y de los otros partidos que integran la Nueva Mayoría, un variopinto conglomerado de fuerzas políticas de centroizquierda, necesita una victoria contundente, que se refleje en el resultado de las elecciones legislativas que se celebran a un tiempo, para llevar adelante las reformas en profundidad que promete.

Una de las reformas más importantes es la constitucional. La Carta Magna chilena, de 1980, proviene de la dictadura y aunque ya ha sido modificada en quince ocasiones anteriores, nunca lo fue de manera sustantiva. Por tanto conserva muchos aspectos de legado autoritario pinochetista.

Bachelet quiere también modificar el costoso para el estudiantado, injusto y poco eficiente modelo educativo, también proveniente de la dictadura, y que tantísimas protestas vienes suscitando. Asímismo, pretende lleva adelante una reforma tributaria para financiarlo. Tendrá que hacer  compatible esas políticas exitosas de manejo responsable del dinero público que caracterizan a Chile con las crecientes demandas de la población.

Preocupa en la izquierda la afluencia de votantes en estas primeras elecciones en las que el sufragio es por vez primera voluntario. Una sensación de victoria anticipada puede desmotivar a los partidarios de la Nueva Mayoría a acudir a las urnas. Mucho más disciplinados y motivados por la perspectiva de la derrota, los «momios» (conservadores) pueden volcarse en los centros electorales con el consiguiente reflejo en la composición del nuevo parlamento. Y lo que menos le conviene a Bachelet para llevar adelante las reformas es una cámara poco dúctil. Y encima con los estudiantes en pie de guerra.

Los analistas internacionales consideran a la izquierda chilena capaz de conciliar el equilibrio fiscal, la buena práctica en política monetaria, la necesidad de mantener la competitivos en el mundo y el crecimiento económico con los principios de igualdad y de progreso social.


franciscorfigueroa@gmail.com

La resurrección de Anastasio Somoza

6 Noviembre 2013

Daniel Ortega se afianza como el supremo de Nicaragua, como un remedo magnífico de Anastasio Somoza, último miembro del clan que mantuvo subyugada a Nicaragua por 43 años.
El mandatario acaba de someter por sorpresa a la Asamblea Nacional, que él controla y maneja, un plan de reforma en profundidad de la Constitución, de modo que podrá perpetuarse en el cargo y robustecer su poder, que ya es omnímodo.

Unos objetivos de dominación de una nación aún pobre y supersticiosa camuflados bajo la consigna grandilocuente de establecer en la Carta Magna un «modelo de democracia directa» inspirado en «valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias». Amén.
Hace poco más de dos años, Ortega logró que una Corte Suprema sumisa y felona sentenciara que el doble impedimento constitucional de reelección presidencial existente no le era aplicable él.

De ese modo fullero pudo presentarse a los comicios de noviembre de 2011 y ganarlos holgadamente, aunque de manera también tramposa, según distintos observadores.
Son cada vez más lo que ven como un «dictador sin principios» al viejo comandante sandinista Daniel Ortega, que el próximo día once cumplirá 68 años de edad.

El mandatario no cree en la democracia representativa y para él las elecciones son un mal necesario, según el escritor Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua en tándem con Ortega de 1984 a 1990.

Ortega tiene un proyecto de largo plazo: lo que la edad le permita y a lo mejor está pesando en herederos (sus dos grandes referentes: Fidel Castro y Hugo Chávez, designaron a sus sucesores). Para eso que trata de poseer cada vez mayor poder económico, un control más efectivo sobre las fuerzas de seguridad y más medios de comunicación. En pos de ello reforma ahora la ley fundamental nicaragüense.

Maneja el cotarro con su mujer, la «prestante» Rosario Murillo. Con un populismo descarado se ganan el favor de la gente fomentando el clientelismo, la ignorancia y la superchería religiosa gracias sobre todo a las inyecciones de dinero y petróleo de la Venezuela chavista. Y al tesoro público nacional nicaragüense, que usan a discreción.
En el matrimonio presidencial nicaragüense tanto monta, monta tanto, Daniel como Rosario. Aunque a ella nadie la ha elegido.
Las instituciones nicaragüenses está subordinadas al matrimonio presidencial, que hace y deshace allí a su antojo. No hay separación efectiva de poderes ni contrapesos reales. La democracia es allí papel mojado.
Los últimas comicios presidenciales dieron a Ortega dos tercios de los votos y el doble de diputados que sus rivales. Casi el 70% de la Asamblea Nacional es de su cuerda. La reforma constitucional está, pues, chupada. Puro trámite.
Sepultados en el tiempo quedaron los ideales de libertad y redención del pueblo históricamente oprimido que animaron la revolución sandinista y la guerra civil, que acabó en 1979 con la dictadura somocista.
El antiguo guerrillero Ortega sigue haciendo flamear la bandera de la revolución, pero luce desteñida y hecha jirones. Su discurso es muy confuso, con una fuerte tono religioso. De los viejos tiempos de la romántica «guerra de liberación» sólo quedan a su lado un puñado de oportunistas.
Nicaragua sigue siendo la nación más pobre y atrasada de América, tras Haití. Más o menos como era antes del triunfo de la Revolución Sandinista. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el progreso fuera de otras latitudes. Como si la nación nicaragüense fuera víctima de una maldición eterna.
En tanto, Ortega —que nada tenía en 1979— y su mujer llevan una vida opulenta y han amasado una fortuna equiparable a la de los Somoza, según publicó el diario mexicano El Universal.
Tienen montado un tinglado de considerables proporciones y largos tentáculos en la agropecuaria, el turismo y los medios d comunicación, entre otros. Se aprovechan sin control de los bienes del Estado y de la cooperación internacional, fundamentalmente de la generosidad venezolana.
Y todo en nombre de los pobres.
Seis años después de la segunda instalación en la presidencia de Ortega y a los treinta y cuatro de la caída de la dictadura somocista, cerca de la mitad de los nicaragüenses (el 43%) subsiste con menos de dos dólares diarios y un tercio del país vive de las remesas. El país crece, pero la riqueza apenas se reparte.
La informalidad representa el 74% de la economía y el subempleo afecta al 45% de las personas en edad de trabajar.
La Nicaragua del clan Ortega-Murillo registra resultados sociales raquíticos, pese a la propaganda oficial.
La mejora que hay en los niveles de bienestar se debe posiblemente más que a las dádivas clientelares del gobierno a las remesas de los emigrantes, que alcanzan mil millones de dólares y representan el 10% del productor interior bruto (PIB).
La reforma constitucional emprendida por Ortega beneficia a la Iglesia católica, con cuyo máximo líder en Nicaragua, el cardenal Miguel Obando y Bravo, el gobernante está en perfecta armonía.
También favorece a los empresarios, a los que Ortega mima a cambio de que no se metan en política.

En un país paupérrimo, paradójicamente se multiplican los multimillonarios, hasta el punto de que registra el doble de personas con patrimonios superiores a treinta millones de dólares que Costa Rica o Uruguay, naciones con una economía cinco veces mayor.
Si en un gesto propio del filme «Mission: Impossible» Ortega se arrancara una careta mostraría seguramente el semblante del antiguo dictador nicaragüense que en septiembre de 1980 fue ultimado de un bazucazo en una calle de Asunción del Paraguay, en un atentado de un comando de extrema izquierda urdido en la Nicaragua sandinista que él mismo dirigía.

Como aseguraba en uno de sus impagables artículos el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, hay revoluciones triunfantes que se convirtieron «en patéticos número de circo, en rapiñas infames a cargo de antiguos héroes, reales o supuestos, que pronto demostraron ser tan sinvergüenzas como el enemigo, el dictador, el canalla que los había precedido en el palacio presidencial». Pues eso mismo.

La desmemoria de Aznar

3 Noviembre 2013
Desconfío de la franqueza de José María Aznar cuando en sus memorias habla de Hugo Chávez. Quizás se hizo un lío. O a lo mejor es una muestra jactanciosa más de su presuntuosidad.
Afirma, más o menos, que Chávez le debe a él haber vuelto al poder en abril 2002 y que si él hubiera intervenido en aquel golpe de Estado el difunto presidente venezolano habría quedado allí mismo frito.

Chávez pudo ser repuesto en la presidencia porque Aznar no lo sacó de Venezuela, como le pidió Fidel Castro, con lo que el golpe habría triunfado. Eso alega Aznar.

Pero hay quienes están convencidos de que la clave del fracaso de aquel golpe fue el militar venezolano que no se atrevió a descerrajarle un tiro a Chávez y que hoy regente una pizzería en la Costa del Sol española.

El difundo presidente venezolano se crecía culpando a Aznar de estar tras del golpe. La izquierda española creía que eso era cierto, tal vez mediatizada por Caracas. Incluso así lo testimonió en sede parlamentaria el socialista Miguel Ángel Moratinos siendo ministro de Asuntos Exteriores.

«Creo que he demostrado fehacientemente que mis tres afirmaciones son ciertas: que en Venezuela hubo un golpe de Estado; que el embajador [Manuel] Viturro recibió instrucciones, y que el efecto de dichas instrucciones ayudaba a legitimar el golpe de Estado de la junta cívico-militar, dándole cobertura internacional», dijo Moratinos, en diciembre de 2004, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a la que, según el diario El País, aportó «una densa argumentación documental». Y todos los grupos parlamentarios dieron por buena la exposición de Moratinos, salvo el Partido Popular, aunque con «objeciones marginales».

Está comprobado que en medio de aquellos confusos acontecimientos Aznar habló por teléfono con Pedro Carmona, el empresario que estaba a punto de hacerse cargo del poder. Aznar lo cuenta sin detalles. El líder democristiano Eduardo Fernández me confirmó hace diez años que esa conversación ocurrió y que él hizo de intermediario. No me dio, sin embargo, precisiones de lo conversado. Pedro Carmona, en un libro titulado «Mi testimonio ante la historia», asegura que detrás del golpe no estuvieron Aznar ni George W. Bush ni ningún otro líder extranjero.

«Mira, Hugo, si yo hubiera querido dar el golpe y lo hubiera organizado, te aseguro que tú ahora no estabas aquí», manifiesta Aznar que le dijo a Chávez en la Cumbre Iberoamericana de Lima.

Fue imposible que ahí le dijera eso. Porque la cumbre en la capital peruana tuvo lugar en noviembre de 2001,  cinco meses antes del golpe. En su afán de ser «preciso», Aznar asegura que tuvo esa conversación con Chávez durante una cena en el restaurante La Rosa Náutica, un palafito de lujo a orillas del Pacífico frente al cantil de Miraflores.

No se sabe en qué pensaba Aznar cuando le salió con esa chulería a Chávez. Si es que realmente esa conversación existió. Lo más preocupante es que el presidente español insinúa que se sentía capaz de derrocar a un mandatario iberoamericano. ¿Por él mismo o quizás pensaba en la ayuda de su particular «primo Zumosol», George W. Bush?

Aznar afirma también que dio lecciones a Chávez como presidente electo, en enero de 1999, en Madrid, y más tarde como jefe de Estado, durante una visita oficial suya a Caracas a mediados de aquel mismo año, de la que fui testigo.

Creía pretenciosamente Aznar, según sus memorias, que podía determinar el rumbo de aquel belicoso militar golpista convencido como estaba de su destino insoslayable de refundador de la patria: Bolívar redivivo.

Aznar deja bastante claro que veía a Chávez como un militronche vitalista capaz de alzarse como otro caudillo latinoamericano. Él quería impedirlo y «lo intenté ayudar». ¡Pardiez que lo consiguió!

Otro error de Aznar fue creer que Chávez colaboraría con España en la lucha antiterrorista poniendo a buen recaudo a la panda de etarras que desde los años ochentas había encontrado refugio en Venezuela.

Desconocía sin duda Aznar qué fuerzas estaban detrás de Chávez y la determinante influencia que sobre él ya tenía Fidel Castro, otro protector de etarras. Chávez no se abraza a Castro tras el golpe de abril 2002, como dice Aznar. Era su cautivo ideológico desde diciembre de 1994, cuando Castro lo deslumbró yendo a recibirle por sorpresa al Aeropuerto José Martí, de La Habana, a él, que entonces era un Don nadie.

Fidel Castro entendió desde la primera hora el potencial de aquel golpistas recién salido de la cárcel, que entonces era apoyado por una cuadrilla de trasnochados izquierdistas venezolanos.

Venezuela nunca cooperó eficazmente con España en asuntos de ETA, ni con Chávez, por ideología, ni con su antecesor, Rafael Caldera, por su afinidad con la comunidad vasca en Venezuela y su vieja camaradería con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Pero nada de esto parece que fue capaz Aznar de evaluar.

También Aznar confunde los tiempos cuando se atribuye haber convencido al líder democristiano Eduardo Fernández a apoyar la democracia, a la que las dos intentonas golpistas de 1992 pusieron en un brete.

Tras la primera de ellas, la capitaneada por Chávez, en febrero de 1992, Eduardo Fernández salió tempranamente en defensa de la legalidad constitucional encarnada por Carlos Andrés Pérez, el presidente al que pretendieron derrocar.

Exagera Aznar cuando habla de que Carlos Andrés Pérez y el entonces jefe del Gobierno español, Felipe González, le pidieron que interviniera ante Eduardo Fernández, que era el jefe del opositor partido democristiano COPEI, para que contribuyera a la estabilidad de Venezuela.

Fernández había hecho valientemente eso de inmediato, sin necesidad de que nadie se lo pidiera. Era su deber como jefe de la oposición, como patriota y como demócrata. Para nada necesitaban Pérez y Fernández a Aznar. Se entendían directamente. Quizás las cosas sucedieron de otro modo. O en otro momento, cuando ya no era necesario. O quizás Felipe González y Aznar jugaban a ser influyentes líderes internacionales.

Era el expresidente Caldera a quien Aznar debiera haber parado los pies. El astuto viejo caudillo democristiano, que había sido relegado en 1988 por sus discípulos, principalmente por Eduardo Fernández, vio en la intentona golpista de Chávez la ocasión de vengarse de sus antiguos acólitos y de relanzar su virtualmente extinta vida política.

En su condición de senador vitalicio pronunció un vehemente discurso en el que conectó con los motivos del golpe y se sintonizó con una sociedad hastiada del bipartidismo, aquel régimen del que, paradójicamente, el propio Caldera había sido artífice, hasta el punto que fue alumbrado en sus propia residencia caraqueña treinta y cinco años antes.

Fernández no se inmoló en defensa de la democracia, como insinúa Aznar. Tampoco Caldera montó una operación para desplazarlo del liderazgo de la democracia cristiana, porque fue al contrario y ocurrió cuatro años antes.

Caldera logró en 1994 volver a la presidencia de la República con un proyecto personal ajeno a la democracia cristiana, respaldo por las mismas fuerzas heterogéneas de las izquierdas que con el tiempo se convertirían en chavistas.

Es más, Caldera estuvo en contacto permanente con el encarcelado Chávez. Y ya presidente sobreseyó a las primeras de cambio la causa contra los golpistas que llevaba una corte marcial. Un Caldera octogenario, fatigado y fracasado acabó facilitando que Chávez llegara al poder y que la decrépita cuarta república sucumbiera.

Fernández —que lo sepa Aznar— feneció políticamente del mismo mal que los demás políticos tradicionales venezolanos, por el mismo huracán que acabó con el modelo bipartidista venezolano, que con el tiempo se había convertido en corrupto e ineficiente. Ya era poco en 1993, hasta el punto de perder la elección interna de candidato presidencia frente a Oswaldo Álvarez Paz, a quien Caldera derrotaría luego en las elecciones de 1994.

Se confunden Aznar cuando llama «caracazo» a la intentona golpista de febrero de 1992. El «caracazo» había tenido lugar tres años antes y fue un levantamiento civil contra las políticas neoliberales que Carlos Andrés Pérez estaba adoptando al principio de su segundo gobierno.

Sin embargo, tiene razón Aznar cuando habla de la honda inquietud que le generó en 1992 Carlos Andrés Pérez al transmitirle en Caracas una visión muy optimista y tranquilizadora de la situación venezolana. Pérez era así.

Por ejemplo, al día siguiente de la segunda intentona golpista, registrada en noviembre de aquel mismo año, el presidente me hizo unas declaraciones que parecían ser las del mandatario de una paradisíaca isla de la felicidad, una arcadia de estabilidad institucional, poco después de que un helicóptero en poder de los sublevados le hubiera lanzado el último pepinazo.

franciscorfigueroa@gmail.com