Nicaragua: Daniel el tramposo

Mediante manipulaciones al borde de la ilegalidad, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha logrado con una chapuza de republica bananera sortear el límite constitucional de su mandato y quedar habilitado para eternizarse en el poder.

Ha sido un golpe de mano ­‒o de Estado­­‒ certero e incruento, propio de un astuto autócrata del pasado, en comparación con los embrollos de Hugo Chávez, que a lo largo de tres años y dos referendos tuvieron de cabeza a Venezuela, o con los de Manuel Zelaya, que mantienen a Honduras en la ruina.

Manipulada por Ortega, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con seis magistrados serviles ‒los tres titulares de fidelidad dudosa fueron sustituidos maliciosamente por sus suplentes orteguistas‒, impuso una reforma de hecho a la Carta Magna al declarar que las barreras constitucionales a la reelección de los presidentes merman el derecho de quien haya sido jefe del Estado ya que los diputados no tienen límites y todos los nicaragüenses son incondicionalmente iguales ante la ley.

La oposición ha hablado de aberración jurídica, de barbaridad política y del autoritarismo corrupto imperante en el país y recordado que una argucia parecida, también usando jueces venales, fue la base de sustento de la dictadura somocista.

De un modo tan sencillo, sin consultar a la ciudadanía, la reelección presidencial ha sido declara inconstitucional en Nicaragua. Salvando la distancia, sería como si en España la Sala Constitucional del Supremo declarase inconstitucional el régimen de las autonomías aduciendo que atenta contra la unidad de la nación establecida por la misma Carta Magna o que el heredero de la Corona sea la primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Elena, y no su hermano pequeño, el príncipe Felipe, porque la prevalencia de la línea sucesoria en el hombre sobre la mujer va en contra de la igualdad de todos los españoles consagrada por Ley de Leyes.

La reelección de Ortega tiene el rechazó frontal del 70% de los nicaragüenses, según una encuesta hecha por M&R Consultores encima de los acontecimientos. De modo que cabría esperar que Ortega saliera trasquilado cuando buscara esa reelección. Pero con sus antecedentes, el Consejo Supremo Electoral en sus manos y el populismo rampante que practica pocos confían.

Sin ir más lejos, los comicios municipales de noviembre del 2008 desembocaron en un fraude descarado a favor del orteguismo que, por ejemplo, llevó a Estados Unidos y la Unión Europea a congelar sus ayudas a Nicaragua. Poco comparado con lo que han hecho en Honduras. El régimen de Somoza se basó en un falso sistema de libertades, donde había elecciones, pero todas se la robaban, recuerda el Movimiento por el Rescate del Sandinismo. «Ortega y Somoza son la misma cosa», proclaman carteles opositores.

EEUU ha inscrito la reforma en «un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares» que empezó antes de las tramposas elecciones municipales del 2008, ha reprochado la forma en que fue hecha, a espaldas del pueblo, y ha puesto en duda el compromiso del gobierno de Ortega con la Carta Democrática Interamericana. El líder del Comité de Relaciones exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, afirmó que la manipulación de Ortega y de la Corte Suprema para sortear los límites constitucionales de su mandato, tiene aires del autoritarismo del pasado.

Los casos de Honduras y Nicaragua son parecida. En Honduras, la estratagema inconstitucional del presidente Manuel Zelaya para reformar la Carta Magna acabó con su destitución y destierro a punta de pistola. Las nuevas autoridades manipularon a su vez a la Corte Suprema para justificar lo que la comunidad internacional vio como un golpe de Estado.

Superada la etapa de los pronunciamientos militares, en América Latina los golpes de Estado de unos poderes a otro han sido moneda corriente desde que en 1992 el peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso Nacional y disolvió la Corte Suprema, un acción horrenda que fue oleado y sacramentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde que en 1993 el Senado venezolano declaró inconstitucionalmente vacante la jefatura de Estado mientras Carlos Andrés Pérez estaba siendo juzgado por presunta corrupción. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Cuba: poco precio para tanto servicio

Menos del 1%. El precio pagado por Cuba a España por su diligencia ha sido la excarcelación de un preso político y medio, pues el segundo estaba en cárcel domiciliaria. A este paso serán necesarios doscientos viajes del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a La Habana para que las cárceles de la dictadura cubana queden vacías de presos políticos. Claro, puedo haber sido peor, como en la anterior visita del ministro.

Moratinos cree que con buenas palabras, palmadas en la espalda, paños tibios y vagas promesas reformistas de Raúl Castro se logre el imposible de que cambie una dictadura pétrea como la cubana. El ministro pretende elevar a la categoría de normal lo que es una aberración. La oposición democrática cubana considera que lo que afirma Moratinos «falsifica la verdad» y le ofende. Un gobierno democrático de un país cuya transición fue paradigmática para una América Latina en busca de su propia democracia debería ser consecuente y no condescender con dictaduras porque por encima de cualquier interés económico o de cualquier otra índole están las personas.

En la visita que acaba de hacer a La Habana Moratinos no ha recibido ninguna garantía relacionada con la democracia o las libertades individuales, aparte la excarcelación de Nelson Aguiar (64), con severos problemas de salud, y los permisos de salida del país a Lázaro Angulo (48), un reo político con permiso extrapenal por enfermedad desde el 2005, y a Elsa Morejón, de las Damas de Blanco, cuyo marido es otro prisionero emblemático de los hermanos Castro.

Únicamente con la palabra de Raúl Castro a Moratinos sobre que «continuará el proceso de reformas» [lo mismo dijo hace tres años], el Gobierno socialista español habla de relaciones normales y de que se esforzará para embarcar a la Unión Europea a favor de la dictadura cubana durante la presidencia española, en el primer semestre del 2010. Pero son falsas señales de cambio. En Cuba las reformas son económicas y mínimas, no en pos de la libertad del mercado sino de la mera subsistencia. La ideología comunista ni la dictadura están en cuestión.

Pretende prioritariamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poner fin a la llamada Posición Común que desde 1996 vincula las relaciones de la Unión Europea con Cuba a la situación de los maltrechos derechos humanos en la isla caribeña y a la implantación de una democracia pluripartidista. Las sanciones impuestas a Cuba por la detención en 2003 de 75 opositores en la llamada «Primavera Negra» fueron levantadas unilateralmente con los buenos oficios de España.

Cuba exige que esa Posición Común quede sin efecto y España, complaciente, también, quizás incluso porque tras la misma estuvo la mano de José María Aznar. Lo dijo La Habana aprovechando la presencia de Moratinos: en las relaciones con la Unión Europea únicamente se podrá avanzar si es eliminada la «injerencista y unilateral» Posición Común.

La garantía para los demócratas cubanos, a quienes el régimen castrista trata de «mercenarios», es que naciones como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Suecia o la República Checa rechazan levantar esa política si no hay avances democráticos, que no lo has habido ni se esperan, o al menos se liberen a los más de 200 presos políticos que mantienen los Castro. El levantamiento exige la unanimidad de los 27 integrantes de la Unión Europea, de manera que parece una quimera. A la diplomacia española le va a costar mucho lograr un consenso sobre su estrategia para Cuba.

También se oponen a esos cambios el Partido Popular español y la oposición cubana, con cuyos representantes Moratinos no ha querido reunirse en La Habana, esta vez tampoco. Por ello ha recibido una lluvia de críticas de unos grupos democráticos que están absolutamente en contra de esa política de presos por reconocimiento y aislamiento de la oposición. El PP afirma que hablar de normalidad en las relaciones con Cuba, como ha hecho insistentemente Moratinos desde La Habana, pone los pelos como escarpias. Los demócratas cubanos han hablado de la «crueldad extrema» las excarcelaciones con cuentagotas que el régimen cubano viene concediendo a petición del Gobierno español. «Son excarcelaciones mezquinas, concesiones mínimas», alegan. Los disidentes que Moratinos no ha querido nuevamente ver se sienten aislados, marginados por España. Afirman que Moratinos con su presencia en La Habana ha subestimado las demandas de democratización y libertad que hace el pueblo cubano.

España debía servir de modelo en la defensa de la democracia y si lo hace en Honduras, donde no hay establecida formalmente una dictadura, con toda razón debiera hacerlo también en Cuba donde se lleva medio siglo de tiranía. España no puede prestar coartadas a ninguna dictadura y mucho menos si su gobierno es de un partido que como el Socialista ha luchado denodadamente por la democracia y tiene una hoja de servicios al pueblo en ese sentido inmaculada.

En Nicaragua, el Poder Judicial acaba de dar un golpe a la Constitución al declarar inaplicable el artículo que prescribe la reelección, para que Daniel Ortega pueda eternizarse en el poder, por la senda trazada desde Caracas por Hugo Chávez. Ese golpe recibe el rechazo de diferentes entidades latinoamericanas y estadounidenses, pero Madrid guarda silencio.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Fujimori: nueva aventura

Una nueva condena, esta vez a seis años, ha puesto fin al vía crucis judicial del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que ahora tiene por delante el infierno de la cárcel virtualmente de por vida o hasta ver si su hija mayor, Keiko, gana las próximas elecciones y le indulta.

Hay bastantes posibilidades de que el pueblo peruano vuelva a equivocarse, como hizo con su padre, y escoja para presidenta a la congresista Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 34 años, a juzgar por las encuestas de intención de voto para los comicios del 2011.

Keiko, que tiene dos hijas de un marido italo-norteamericano, lleva plomo en las alas. Pero bastantes peruanos no lo aprecian, no les importa e, incluso, le perdonan. Tampoco los peruanos fueron muy escrupulosos cuando en las elecciones de 1990 rechazaron al escritor Mario Vargas Llosa y se decantaron por su padre, un personaje incierto, de dudosa catadura, un aventurero cuyos genes nipones revueltos con la famosa viveza criolla peruana produjeron un extraño shogun, un pícaro de siete suelas redomado y desalmado que se erigió en dictador en tándem con el siniestro Vladimiro Montesinos, y acabó enfrentando condenas hasta por homicidio culposo, por delitos cometidos durante los diez años que gobernó el Perú. La primera elección de Fujimori fue para muchos peruanos como acto de redención nacional tras el fracaso de la democracia y el espantoso baño de sangre provocado por la guerra interna del terrorismo y las fuerzas del orden, un intento de catarsis nacional que se transformó en un cruel disparate bajo la enésima dictadura peruana.

La última pena impuesta a Fujimori ha sido a seis años de prisión e indemnizaciones que ascienden a 36 millones de dólares por corrupción, espionaje, incluso a su ex esposa, la mamá de Keiko; compra de congresistas y soborno a periodistas con dineros de fondos reservados de los servicios secretos. Esta condena se suma a otras tres por delitos cometidos en el ejercicio del poder, entre 1990 y 2000, la principal a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos con homicidios y secuestros. La procuraduría anticorrupción tiene listas nuevas acusaciones contra él, pero la intervención de la justicia depende de Chile ya que el vecino país condicionó su extradición solo para enfrentar los cargos por los que ha sido procesado. Los juicios contra Fujimori comenzaron en diciembre del 2007 luego de su extradición desde Chile, donde había sido arrestado, a petición del Lima, trece meses antes, a poco de llegar por sorpresa a Santiago procedente del Japón, donde vivió como japonés que es los seis años que habían transcurrido desde su espantada del Perú y renuncia a la presidencia por fax.

A diferencia de los tres juicios anteriores que se arrastraron a lo largo de meses, Fujimori decidió en este último declararse culpable tras escuchar los cargos, al parecer para no perjudicar la carrera a la presidencia de Keiko ya que, al pareceer, de los mismos fondos reservados usados para corromper a congresistas y periodistas salió el dinero para pagar los estudio en Estados Unidos de sus cuatros hijos. Keiko Sofía. Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi se graduaron unos en la Boston University, la tercera en la de Columbia y el pequeño en la de Kansas. El padre adujo que pagó los estudios con la venta de un inmueble, pero parece demostrado que fue los fondos reservados y que el dinero de la propiedad dio vueltas en varios bancos. La vida de millonarios que llevaron los chicos Fujimori en Estados Unidos estaba en fuerte contradicción con los menguados ingresos legales de un presidente peruano, que en su caso eran inferiores a dos mil euros mensuales al cambio actual. En consecuencia, Keiko puede haber cometido un delito de complicidad y estaría encubriendo dineros mal habidos.

Entre los testigos que se iban a citar para este juicio estaban la ex esposa de Fujimori y madre de sus cuatro hijos, Susana Higuchi; el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuellar y Vargas Llosa, todos ellos sometidos a espionaje telefónico por los servicios secretos del régimen autoritario y corrupto que encabezaron Fujimori y Montesinos. Al declararse culpable Fujimori ha privado al país de un importante espectáculo mediático. Resta por saber si tendrá alguna utilidad material en la ambiciosa carrera política de su hija. El pueblo peruano tedrá que evitarlo.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
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