El mundo por montera

A la revolución «chavista», que está tomando velocidad de crucero, parece importarle una higa las consideraciones o ponderaciones que otros le hacen. Así, por ejemplo, acaba de mandar al diablo a la OEA y a la Iglesia católica.

El chileno José Miguel Insulza, apodado en su país el «Panzer», hizo como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) unas consideraciones sobre el reciente anuncio del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que no se renovará la concesión del Estado para usar una frecuencia de transmisión a Radio Caracas Televisión (RCTV), por ser una emisora hostil a su proyecto político.

Esto equivale a que en los últimos días de mayo próximo RCTV tendrá que cerrar. Se trata de uno de los dos canales de televisión más importantes e históricos de Venezuela y tiene unos tres mil empleados.

Insulza sostuvo en un comunicado que «el cierre» de un medio de comunicación masivo «es un hecho muy poco común» en América Latina y «no tiene precedentes en las últimas décadas de democracia».

Adujo que debieran ser ventiladas en la justicia las graves y severas acusaciones que Chávez y sus ministros le hacen a RCTV sobre su alegado apoyo a actividades desestabilizadoras: desde que se sumaron al frustrado golpe de Estado de 2002 hasta una sistemática política en contra del proceso democrático o la prédica del odio.

«Si, en cambio, se adopta una medida administrativa que supone el cierre de la emisora, ello aparece como una forma de censura contra la libertad de expresión y, a la vez, se transforma en una advertencia a los demás medios de comunicación, llevándolos a limitar su acción a riesgo de correr la misma suerte», argumentó Insulza.

Así serían las cosas en un Estado de derecho. El secretario general lo precisó así: «si la televisora ha cometido algún ilícito, el camino que corresponde en democracia es acusar a los presuntos autores ante la justicia». Pero eso no es lo que opina la revolución «chavista».

En Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela respondió a Insulza con una contundencia sólo quizás superada por la que el «Panzer» chileno recibió de Cuba dos días después de que fuera elegido como secretario general de la OEA, en mayo de 2005.

Insulza declaró entonces en una entrevista que la OEA trabajaría por «promover un progreso importante en materia de democracia y derechos humanos», inclusive en países como Cuba. Recibió una descarga de artillería pesada de Fidel Castro. «El muy bobito se ha creído con derecho a meter su cucharetica para darle las gracias a la “Condolidita” [la secretaria de Estado, Condoleezza Rice] y al bandidito de “Norieguita” [el subsecretario de Estado, Roger Noriega]. Será para darle las gracias por facilitar su elección en la OEA» ese «testaferro de Estados Unidos», dijo Castro.

La Cancillería de Caracas acusó a Insulza de violar la carta de la OEA, de entrometimiento, de hacer señalamientos falaces, de desconocer la perfidia de los dueños de RCTV, de usar indebidamente su cargo para cuestionar las competencias del Estado venezolano, de ignorar que «la absoluta mayoría del pueblo demanda la democratización y el uso responsables de los medios» y de hacerse eco de lo que dice la prensa opositora.

Pidió retractación e instó a Insulza a mantener «una posición de respeto irrestricto ante las acciones legítimas y soberanas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», al que tiene la obligación institucional de defender, en lugar de atacarle arteramente.

Por otro lado, el cardenal Jorge Urosa Savino, máxima autoridad de la Iglesia católica en Venezuela, llamó moderadamente a Chávez a buscar un entendimiento y consideró necesario que se revise la decisión que perjudica a RCTV. Según el cardenal, Venezuela ganará «si hay medios de comunicación diferentes y hay una completa libertad de opinión».

A uno y otro Chávez le respondió que la decisión de no renovar la concesión a RCTV «es irrevocable» y que tiene en sus manos todos los informes sobre «las violaciones» cometidas por la emisora. Según el líder venezolano, renovar o no la concesión de uso de una frecuencia «es una atribución del Estado».

Probablemente RCTV pase a ser una emisora comunitaria, de propiedad social, según dejó entrever Chávez. Su gobierno controla medios como Venezolana de Televisión, que emite por los canales 8 y 5 de señal abierta, Vive TV, la emisora de la Asamblea Nacional, enteramente conformada por «chavistas», Telesur, Ávila y CMT.

Los otros dos principales canales privados del país —Venevisión, de los Cisneros, y Televen, de Omar Camero— tendrán vencidas sus respectivas concesiones del Estado en la misma fecha que RCTV. Pero nada ha dicho el gobierno de Chávez sobre estas renovaciones.

En estos tiempos complejos de la revolución emprendida por Chávez, Venevisión y Televen «parecen ser ahora más que amigos, aliados del gobierno», según fuentes conocedoras de la situación.

La emisora que realmente ha sido amenaza por el gobierno es el canal de información Globovisón. Alberto Federico Ravell, su director general, no se siente intimidado por los ladridos de los portavoces de Chávez y asegura que no cambiarán de línea editorial.

«Yo prefiero quedarme sin concesión y al afeitarme todos los días poder mirarme en el espejo», declaró.

La concesión a Globovisión vence dentro de ocho años y Ravell no cree que el gobierno de Chávez haga ahora cualquier cosa contra su canal.

El presidente de RCTV, Marcel Granier, insiste en que la decisión es ilegal, violatoria de los derechos y atentatoria contra la libertad de expresión y contra los derechos humanos. RCTV es, según afirma, una sociedad «fundada en los valores de paz y democracia».

Francisco R. Figueroa
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