Guatemala: El golpe de Curruchiche


Francisco R. Figueroa

✍️14/7/2023

En Guatemala la ignominia se llama Curruchiche. Es un fiscal, pero también «curruchiche» es un pájaro de plumaje oscuro y pico largo y corvo. Un pájaro de mal agüero, sin duda.

Curruchiche Cacul, José Rafael, jefe de la oficina guatemalteca contra la impunidad –al menos de oficio–, es el pajarraco que alcanzó notoriedad librando del banquillo al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y ahora quiere acabar con un sistema democrático tan frágil y tambaleante como el que tiene su nación.

Giammattei (67) está, a medio año de acabar su cuatrienio presidencial, indemne, gracias al servicial Curruchiche, por una investigación sobre un supuesto soborno millonario –sin que se haya precisado la cuantía– de una minera rusa –la Solway, apoyada por el Kremlin y domiciliada en Suiza–, que desde 2012 extrae níquel en ese país centroamericano.

Alegadamente el mandatario recibió, en 2021, en su propia mansión, de rusos, los billetes ocultos en una alfombra –la «alfombra mágica»– y un mes después la minera en cuestión obtuvo la licencia de explotación que llevaba diez años buscando. Cuando estalló el escándalo los rusos parece que iban a coimear de nuevo a Giammattei en pos de una concesión portuaria, y también andan en Guatemala trás del uranio que hay en el Lago de Izabal, aledaño al recinto minero.

El mandatario incluso impuso un estado de sitio para librar a la minera protegida por Vladimir Putin de las protestas de defensores del medio ambiente e indígenas kekchi (o q’eqchi’), un pueblo maya, opuestos a la explotación de las minas.

La minera rusa está acusada de corromper a jueces, policías, líderes indígenas y cuántos se cruzan en su camino. Incluso se sospecha que untó a dos antecesores Giammattei: el actor Jimmy Morales y el general Otto Pérez Molina, así como a distintos ministros, al tiempo que usaba como gancho para cuidar su imagen pública a un belleza bielorrusa.

¿Llenó los bolsillos también a Curruchiche? Por sus obras los conoceréis, dijo Jesús. 

Curruchiche fue colocado al frente de la fiscalía anticorrupción tras la fulminación de su antecesor, un funcionario acucioso que investigaba las tramas rusas en Guatemala. Tras ser destituido, el funcionario tuvo que huir a Washington para salvar el pellejo. Curruchiche también derritió otra investigación que afectaba a un ministro de Giammattei, por una «minucia» de 15,3 millones de dólares hallados en una casa de Antigua Guatemala. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene a Curruchiche en la frondosa lista negra de actores corruptos y antidemocráticos centroamericanos, cuya actualización de 2023 debe ser entregada al Congreso próximamente.

Algunos años antes, Curruchiche estuvo involucrado en una investigación por corrupción electoral al anterior presidente, el actor Jimmy Morales, y su partido. También se esmeró en la persecución, con órdenes de captura, a fiscales caídos en desgracia por haber abierto casos a políticos y empresarios, e hizo la proeza de llevar a la cárcel –mediante un montaje en el que se le acusa de lavado de dinero en beneficio de su medio–, a uno de los periodistas más influyentes de Guatemala, precisamente el profesional de la información que reveló los sobornos rusos a Giammattei.

Curruchiche suele actuar, como lo hace contra el periodista, en combinación con una Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que suele presentasrse como acusación particular contra las víctimas de fiscal y suministra abogados. A su líder se le relaciona con una red del tráfico de metanfetaminas.

En un nuevo golpe de audacia, Curruchiche trata de cargarse el proceso electoral en curso en Guatemala, que se encuentra pendiente de una segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados en la primera, celebrada el pasado 25 de junio y en la que los aspirantes a presidente más potables para el status quo salieron trasquilados.

Uno de los que alcanzó sorpresivamente el balotaje fue el progresista Bernardo Arévalo, del partido anticorrupción Movimiento Semilla, surgido de la revuelta social contra los desmanes y el latrocinio en la época de Pérez Molina, el antiguo general de turbia biografía, tanto en lo militar como en lo político, que presumía de «patriota» y, acorralado, acabó renunciando y en la cárcel.

Arévalo, un congresista de 65 años al que el establishment guatemalteco considera una amenaza, tiene pendiente dilucidar la presidencia, el 20 de agosto, con la centrista Sandra Torres, otrora primera dama guatemalteca como esposa del difunto mandatario Alvaro Colom, del que se divorció en una burda maniobra política para poder presentarse ella como candidata que fue abortada por las autoridades electorales.

El Tribunal Supremo Electoral, luego de serias dudas y temores, acaba de desbaratar la estratagema de Curruchiche y sus patrocinadores al dar por bueno, tan tardíamente, el cuestionado resultado de la primera vuelta y rechazar a la vez la maniobra del fiscal para suspender al Movimiento Semilla y, por tanto, liquidar a Arévalo, aduciendo irregularidades con las firmas de ciudadanos que apoyaron en su momento su proceso de inscripción, hace nada menos que seis años, como partido político.

Arévalo, hijo del considerado mejor presidente que ha tenido Guatemala –tan útil para los intereses de Guatemala que la CIA estadounidense articuló el golpe que lo derrocó en 1951– denunció a la «minoría corrupta» que «de manera desesperada» está intentando manipular las frágiles instituciones de la nación y su precaria democracia.

El Departamento de Estado ha manifestado «profunda preocupación» por lo que describe como «amenazas a la democracia electoral de Guatemala» por parte de Curruchiche, que ha llegado a ordenar un allanamiento a un registro público donde están los documentos que el Movimiento Semilla presentó para su habilitación electoral. 

Curruchiche «intenta consumar un golpe electoral equivalente a un golpe de Estado», según la oenegé Mirador Electoral, al tiempo que viola abiertamente el orden legal, ya que solo el Tribunal Electoral, y no un juez de lo penal, puede suspender el registro de un partido político, según expertos citados por The New York Times, que recuerdan cómo está en boga el uso de los sistemas legales contra la democracia. ✅

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