Con el atentado en el edificio de aparcamiento de la T-4 del Aeropuerto de Barajas, la organización terrorista ETA ha destrozado la posibilidad de alcanzar una solución negociada con el gobierno de España y ha vuelto a mostrar su verdadero rostro canalla.
Tras el atentado, que ha podido causar la muerte a dos ecuatorianos, aparte de herir a 20 personas, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, eludió decir si quedaba roto el proceso de negociación iniciado después de que la ETA anunciara, hace nueve meses, que entraba en alto el fuego permanente.
Ese diálogo lo llevaba a cabo el gobierno de Madrid con el respaldo del Parlamento. Zapatero había previsto que el proceso de negociación iba a ser «largo, duro y difícil». Hubo al menos dos reuniones directas del Gobierno y ETA. En la víspera del atentado Zapatero se había mostrado muy optimista y esperanzado para 2007.
Tras el atentado, a las tres preguntas directas que le hicieron al gobernante otros tantos periodistas sobre si el proceso quedaba roto, Zapatero repitió cada vez que había ordenado «suspender el diálogo» con la banda terrorista.
Sin embargo, hoy son muy pocos quienes parecen dispuestos a apostar en España por la continuidad de esas negociaciones. El proceso no es que haya quedado roto; ha sido destrozado por los explosivos detonados por los terroristas de ETA y se ha evaporado con la densa columna de humo que durante muchas horas manó del edificio aeroportuario destruido.
Quizás Zapatero haya evitado admitir públicamente la ruptura con la idea de no dar argumentos a ETA para justificar futuras acciones violentas con argucias como que fue el Gobierno quién dio por concluido el proceso de negociación.
A lo mejor el buen estado de ánimo que mostró el gobernante español en la víspera y la cautela del día del atentado, estén determinados por las señales que recibe del sector etarra con el que ha tratado —los «blandos», la viaja guardia que encabeza «Josu Ternera» (José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea)— y no de la facción «dura», belicosa y joven que lidera «Txeroki» (Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina), la que al explosionar el coche bomba de Barajas haya querido también decirle a los moderados un «hasta aquí hemos llegado». De ser así, puede haber en puertas un nuevo cisma en ETA.
Todos los gobiernos —centristas, socialistas y derechistas— que ha tenido España en los treinta años transcurridos desde el fin de la dictadura franquista han negociado con ETA en busca de una solución a un problema tremendamente enrevesado.
Siempre se acabó en un fiasco, pero nunca un fracaso resultó tan estrepitoso como éste.
En las ocasiones anteriores el partido en el gobierno tenía el respaldo de la oposición en ese empeño. Por ejemplo, los socialistas tuvieron el apoyo de la derecha en 1989 y la derecha el de los socialistas en 1998. Por eso, los fracasos no tuvieron costos electorales ni fueron usados en su momento por unos u otros como arma política arrojadiza.
En esta ocasión, Zapatero ha tenido desde el principio la beligerancia del conservador Partido Popular, su entorno mediático y social, y su líder, Mariano Rajoy.
Tras el fracaso de las negociaciones que en 1998 llevó a cabo el gobierno conservador, que dirigía José María Aznar, el Partido Popular adoptó una posición de dureza sobre la organización terrorista a la que, según decía, sólo cabía derrotar y que claudicara de la lucha armada. Desde que Zapatero anunció que iba a hablar con ETA, la derecha le ha tenido sometido a fuego graneado.
Parece claro que en cuanto acaben los fastos navideños, tras la festividad de los Reyes del 6 de enero, el Partido Popular pasará a la carga. Ya se escucha el crujido de las navajas sobre las piedras de afilar.
En cuando a le negociación en sí, parecía de entrada una quimera. Pero también una apuesta muy querida por España. La inmensa mayoría de los ciudadanos españoles la apoyó.
El Gobierno de España parece tener muy poco que ofrecer en una mesa de negociaciones sobre los dos temas esenciales para ETA, que son la soberanía vasca y el territorio nacional vasco, lo que constituye un nudo gordiano imposible de cortar.
El País Vasco tiene ya un sistema de autogobierno extraordinariamente amplio. ¿Hasta dónde más se podría ir sin romper España? ETA pretende imponer un estado independiente en una porción territorial que comprende el País Vasco y Navarra, además de un trozo del sur de Francia. Se trata de algo imposible, desde el punto de vista del Gobierno, pero también del de la Corona, el Parlamento, la Constitución y el Pueblo español.
Son susceptibles de negociar fácilmente –y esto lo saben ambas partes— todos lo demás aspectos, desde cambios en la política penitenciaria y en las leyes sobre partidos políticos, que permitan la legalización de fuerzas del entorno de ETA, hoy consideradas terroristas, hasta la reinserción de los etarras en los sistemas de previsión social, sanidad y laboral, entre otros. Todo esto esté posiblemente puede que ya esté hasta cuantificado económicamente.
Hoy, y tras este atentado aún peor, parece muy distante la posibilidad de que la ETA —cuyas entrañas son violentas— opte por dejar las armas para luchar por sus ideas en paz y en democracia.
Francisco R. Figueroa
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