Zapatero confía en Chávez

Madrid ha dado por superado el escándalo por los seis etarras a los que Venezuela se disponía a beneficiar y ha manifestado su confianza en el Gobierno de Hugo Chávez.

La Vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y el «número dos» de la Cancillería española, Bernardino León, hicieron declaraciones de confianza hacia la palabra empeñada por Caracas tras estallar el caso de los seis etarras que iban a recibir jugosas indemnizaciones —dos de ellos— o la naturalización como venezolanos —los otros cuatro— para, presumiblemente, evitar una eventual extradición a España, donde en conjunto cometieron no menos de 40 asesinatos en atentados terroristas.

El Canciller venezolano, Nicolás Maduro, y el embajador en Madrid, general Arévalo Méndez, han dado garantías públicas al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre la anulación total de esos acuerdos, que han provocado indignación y repulsa unánime en España.

Según afirmaron Maduro y Méndez, ha sido desautorizada y destituida la funcionaria de la Cancillería venezolana que celebró el acuerdo con los abogados de los etarras, llamada María Auxiliadora Monagas, quien, según ha asegurado uno de ellos, «actuó con el consentimiento de los altos funcionarios» de su ministerio. El acuerdo apenas estaba apenas pendiente de publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela para ser ejecutado.

En una entrevista publicada este viernes en el diario madrileño «El País», Bernardino León se manifestó «convencido» de que Caracas «no seguirá adelante» con dichos acuerdos.

El caso «ha quedado suficiente y convenientemente aclarado», había dicho el jueves Fernández de la Vega durante una rueda de prensa.

El acuerdo para indemnizar a los dos etarras deportados a España fue alcanzado en junio pasado y había sido homologado hace un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que fue sometido el caso.

Según uno de los abogados de los etarras, el acuerdo fue alcanzado de manera «amistosa» y «nunca fue un secreto». Su objetivo era indemnizar a los dos etarras por “daños y perjuicios» derivados de su deportación alegadamente «ilegal y arbitraria».

Tres abogados, actuando en nombre de los etarras, llevaron ante la CIDH, en el 2003, el caso de Sebastián Echániz y Víctor Galarza, ambos condenados a España por actividades terroristas y huidos a Venezuela cuando se encontraban en libertad provisional. Según las alegaciones, en el proceso de expulsión, llevado a cabo en el 2002, se cometió un cúmulo de violaciones legales. En marzo pasado la CIDH se declaró competente y admitió el caso.

Después las partes llegaron a un acuerdo de indemnización de 132.000 euros a Galarza, que está hoy en libertad con su pena cumplida, y de 193.000 a Echániz, que sigue preso, cumpliendo sentencias que acumuladas superan los 185 años. La policía había culpado a Echániz de 17 asesinatos.

De otro lado, hubo un segundo acuerdo para que se naturalizaran como venezolanos otros cuatro etarras, de modo que pudieran eludir una extradición, ya que la ley venezolana impide la entrega de los nacionales a terceros países.

Así, iban a ser venezolanos Eugenio Barrutiabengoa, Miguel Ángel Aldana, Lorenzo Ayestarán y Jesús Ricardo Urteaga. La Justicia española está revisando las causas contra los cuatro, que están implicados por la policía en no menos de 23 homicidios.

Bernardino León, en su entrevista, aseguró que lo resuelto con Caracas «ilustra mejor que ningún otro aspecto lo acertado de la política exterior española». Explicó también que el Gobierno de Chávez ha actuado prontamente desautorizando el acuerdo.

«El Gobierno de Venezuela quiere tener una buena relación con España y sabe que ese convenio hubiese afectado a esa relación», agregó León, quien aprovechó para cargar contra el conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición española.

«Los que vociferan, como el PP, a favor de la confrontación han podido ver el resultado de la política contraria, la que practica el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, Venezuela no seguirá adelante con ese convenio», dijo.

Los portavoces del Partido Popular recurren constantemente a Hugo Chávez, el cubano Fidel Castro y el boliviano Evo Morales como arietes en su enconado, furioso e incesante acoso al gobierno socialista que preside Rodríguez Zapatero.

Francisco R. Figueroa
8/12/2006
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