Chávez indemnizará a etarras

El Gobierno Hugo Chávez va a repartir casi 330.000 euros en indemnizaciones a dos etarras, en «compensación» por haber entregado a ambos, en el 2002, a la Justicia española.

La indemnización será de 193.000 euros en el caso de Sebastián Echániz Alcorta, apodado «Sebas», y de 132.000 euros para Juan Víctor Galarza Mendiola.

Esta es la principal consecuencia de una «solución amistosa» alcanzada por los etarras y el Estado venezolano, derivada de una demanda que éstos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ese mismo acuerdo, la esposa de «Sebas» recibirá una pensión de 750 euros mensuales, libres de impuestos, durante el tiempo que él esté en la cárcel, donde cumple una condena a 35 años, dictada por la Audiencia Nacional española en 2004, junto con una indemnización de más de 300.000 euros a los deudos de una de sus víctimas.

La demanda por la expulsión Echániz y Galarza fue planteada a la CIDH, un organismo autónomo de la OEA, por abogados españoles y venezolanos de los etarras, que alegaron una «deportación ilegítima» por parte del Gobierno de Hugo Chávez.

Arguyeron los abogados que las deportaciones «se realizaron sin las debidas garantías configurándose violaciones a varias disposiciones» relacionadas con garantías individuales y procedimentales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En marzo pasado, la Comisión se declaró «competente» en ambos casos y los admitió a trámite.

Venezuela adujo que las órdenes de expulsión de los dos etarras fueron impartidas bajo la presunción de que ambos «se encontraban ilegalmente en Venezuela y que sus presencias podían perturbar el orden público interior y comprometer las relaciones internacionales de Venezuela». Pero finalmente Chávez se avino al acuerdo.

La relación de cordialidad entre los etarras y la Revolución Bolivariana que lidera desde 1999 Hugo Chávez es conocida y notoria. En los días previos a la expulsión de Venezuela de Echániz y Galarza, Chávez había hecho profesión de fe antiterrorista en la ONU. Necesitaba dar una señal en ese sentido.

Ese mismo año, el líder bolivariano había sido desalojado temporalmente del poder por un movimiento cívico-militar y tenía necesidad de presentar ante el mundo como golpistas y terroristas a quienes desencadenaron aquella sangrienta asonada.

En ese contexto, la deportación de los etarras —cuando la organización armada vasca había sido descalificada como «terrorista» con una unanimidad mundial sin precedentes— fue interpretada como una reafirmación del compromiso antiterroristaque Chávez había asumido internacionalmente en la ONU y un síntoma de las buenas relaciones que tenía con el gobierno español, que entonces presidía el conservador José María Aznar.

Venezuela ha sido uno de los más conocidos refugios latinoamericanos para los etarras y un virtual santuario para muchos de ellos. Una veintena había llegado a Venezuela, entre 1984 y 1990, procedentes de Argelia, Francia y Panamá, por acuerdos entre los gobiernos.

La extradición de algunos de ellos fue solicitada años después por la Justicia española, activada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Pero ninguna fue concedida por Venezuela, con el argumento de que no era admisible cambiar las reglas del juego mediante las cuales había recibido a los etarras.

Una cantidad imprecisa de miembros de ETA llegaron a Venezuela por otras vías y se beneficiaron de un virtual «status quo», tanto durante el gobierno de Chávez como el de su antecesor, el democristiano Rafael Caldera, un personaje muy influenciado por el conservadorismo nacionalista clerical vasco.

Entre ellos estaban Echániz y Galarza, ambos prófugos de la Justicia española, de la que huyeron aprovechando sendas libertades condicionales. Nadie más que ellos fue entregado nuna por Venezuela a España.

Básicamente el acuerdo entre Venezuela y los etarras consiste en las indemnizaciones. Las partes mantienen aún sigilo sobre esa «solución amistosa», que debe ser publicada próximamente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Se ha establecido un plazo para el pago de las indemnizaciones que vence el 31 de enero próximo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce el acuerdo por lo menos desde principios de noviembre pasado.

Echániz, de 62 años y en la ETA desde 1980, es un histórico de «Comando Vizcaya», Se le atribuye participación en 17 asesinatos, entre 1981 y 1983. Huido a Francia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, fue condenado, en el 2004, a 35 años de prisión. Es probable que en algún momento de suvida, sobre 1999, Echániz usara un pasaporte venezolano – se desconoce si falso o auténtico — con el nombre de Rafael Camilo Castellón Ruiz.

Fuentes periodísticas internacionales han vinculado a Echániz con el gobierno de Caracas a través de Vladimir Villegas Poljak, actual embajador de Venezuela en México y antes en Brasil, y de Tarek Williams Saab, llamado por Chávez de «poeta de la Revolución Bolivariana», quien ha sido destacado parlamentario y activista del «chavismo».

En el caso actuaron un abogado vasco — Joseba Agudo Manzisidor — y dos venezolanos: Marino Alvarado y José Ramón Ortuondo. Fuentes españolas han vinculado a Ortuondo con Goidezer Odriozola, una periodista descendiente de nacionalistas vascos, casada con el etarra José Arturo Cubillas Fontán, y que desempeña un puesto importante en el Ejecutivo de Caracas.

Concretamente Odriozola es la directora del Despacho del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Adán Chávez, hermano mayor del gobernante venezolano y hasta hace poco su embajador en La Habana.

Por su parte, Cubillas, de 48 años, naturalizado venezolano, vive refugiado en ese país suramericano desde 1989 y tiene con la justicia española tres causas pendientes por otros tantos homicidios cometidos entre 1984 y 1985, como miembro de ETA.

En el 2005 Cubillas fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del ministerio de Agricultura de Venezuela. Los portavoces oficiales del Gobierno de Caracas ha quitado hierro a la presencia en cargos oficiales de Cubillas y de Odriozola.

En Venezuela, Echániz trabajo en un restaurante de la localidad costera de Chichiriviche, a unos 320 kilómetros de Caracas, tras su llegada a Venezuela en 1995, procedente de Cuba. Había huido de España cuando se encontraba en libertad condicional.

Echániz vivió en Nicaragua desde 1986, bajo el paraguas protector del régimen sandinista de los hermanos Ortega, como otros muchos etarras huidos, hasta que fue deportado en 1993, con otros dos correligionarios, tras la explosión de un arsenal clandestino. Las autoridades nicaragüenses reconocieron que los etarras se dedicaban allí a «actividades terroristas» y que «planeaban secuestros de personalidades latinoamericanas».

Galarza fue dejado en libertad en España dos años después de haber sido expulsado por Venezuela. Tenía dos causas abiertas por asesinato en España, donde en 1987 fue condenado a seis años de prisión por colaboración con banda armada. Se encontraba huido y con orden de captura desde 1992. Capturado en la ciudad venezolana de Valencia en junio de 2002, a los pocos días fue deportado a España.

Francisco R. Figueroa
4/12/2006
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franciscorfigueroa@hotmail.com

[Dos días después de la divulgación de esta información sobre las indemnizaciones y de otra referente a que Caracas iba a naturalizar a otros cuatro etarras para que como venezolanos pudieran eludir una posible extradición a España, el gobierno de Hugo Chávez, presionado por el de José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que no permitiría ni una cosa ni la otra. El trato de las indemnizaciones existió e incluso fue anunciado el 8 de noviembre por la CIDH de la OEA en su página oficial]

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