Francisco R. Figueroa
✍️7/12/2022
Cristiana Fernández de Kircher (69) ha sido condenada por actos de corrupción: defraudación al Estado mientras ejercía la presidencia de la república y cuando era consorte del primer mandatario de la nación.
Por haber robado al Erario argentino.
Fue una sentencia de acuerdo a las leyes y los procedimientos judiciales de Argentina, y con todas las garantías, tras 14 años de instrucciones, 600 horas de juicio y 150 testigos, en un proceso dirigido por tres magistrados que ella misma había nombrado.
Otra cosa es el relato estridente, furioso, de Fernández sobre que ella es víctima de una mafia, de una suerte de contubernio de políticos adversarios, jueces corruptos y golpistas, y el vil periodismo cómplice.
No sólo ella salió mal herida. A la larga puede destruir el kirchnerismo, que su primogénito, Máximo (45), hoy diputado, trata de liderar.
Nunca antes en Argentina había habido una condena así, a un personaje tan connotado. Ella es vicepresidente de la república, presidenta del Senado, ex jefa del Estado de dos períodos, viuda de un mandatario, la que impuso al actual gobernante, Alberto Fernández, la suprema sacerdotisa del peronismo, un sucedáneo de Evita y la que maneja los resortes del poder, da las cartas y corta el bacalao. O simplemente Cristina, a la que trataron de dispararle y ella explota la intentona asesina como si hubiera entrado al martirologio.
Seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para cargos públicos. Los jueces concluyeron que en el caso hubo «un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas». Esos jueces hablan de recuperar el equivalente a unos 500 millones de dólares.
Fueron obras públicas adjudicadas siendo presidente, primero, Néstor, su difunto marido, y después ella, entre 2003 y 2015, a un paniaguado suyo desde los viejos buenos tiempos del feudo de Santa Cruz, que también fue condenado. Un exsargento que en 1990 era un humilde cajero de sucursal provinciana de un banco hasta que se engrudó a los Kirchner y se hizo billonario como adjudicatario de infinidad de obras públicas.
Fernández puede apelar ese veredicto al Tribunal de Casación y luego a la Corte Suprema, que es lo debido, en lugar de arremeter embravecida contra las instituciones y el sistema judicial argentino acusándolo de practicas golpistas, jaleada por el coro de supuestos progresistas, entre ellos el subdictador cubano Miguel Díaz-Canel, en cuyo país reina la armonía más exquisita entre los poderes del Estado y la democracia más impecable del universo.
Y le quedan más juicios a la viuda de Néstor Kirchner, todos relacionados con las jugosas fortunas que ambos y testaferros suyos amasaron desde el poder, en perjuicio del Estado, tanto en la presidencia de la república como cuando anduvieron con cargos públicos regionales en los confines de la Patagonia, desde aquellos orígenes de matrimonio modesto (1975), tras una boda austera, en la casa de City Bell prestada por la familia.
Néstor tampoco procedía de familia acomodada pero él aseguraba que tuvo fortuna con negocios inmobiliarios antes de dedicarse a la política, cuando ejercía como abogado en Rio Gallegos.
La fortuna amasada por los Kirchner es motivo de especulación. Ellos, en sus declaraciones de bienes, consignas menudencias. En 2020 unos interventores calcularon a Cristina y sus dos hijos un patrimonio de entre cuarenta y dos y cincuenta y dos millones de dólares y veintisiete propiedades inmobiliarias, unas seis veces más de lo que ellos declaran. Pero eso parece solo la punta de un gigantesco iceberg austral. ✅
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