Francisco R. Figueroa / 15 octubre 2011
Un año después del prodigioso rescate de aquellos mineros chilenos, quien está en el fondo del pozo es el presidente Sebastián Piñera.
El gobernante chileno ha sido apeado con celeridad de la cresta de la ola sobre la que surfeó tras el salvamento de los 33 mineros que estuvieron enterrados dos meses a 700 metros de profundidad cerca de Copiapó.
Con los centros de enseñanza media y universitaria alzados desde hace cinco meses, en los más graves episodios de violencia desde la lucha de 1988 y 1989 contra dictadura pinochetista, se suceden en Chile huelgas, manifestaciones, enfrentamientos, disturbios, represión y detenciones.
Una legión de estudiantes indignados, hastiados del negocio de la educación, capitaneada por una carismática universitaria con cara de ángel afeada apenas por una anilla en la nariz, mantiene en jaque a este magnate transformado en gobernante.
Piñera, con 61 años de edad y 19 meses en el poder, tiene la desaprobación de dos de cada tres compatriotas.
La indignación seguirá mientras la educación en Chile sea esencialmente un negocio, como es la Coca-Cola, tal como fue alumbrada por el terrible régimen militar del general Augusto Pinochet, que en 1981 suprimió la enseñanza universitaria gratuita.
Una nueva generación de jóvenes que no conocieron la dictadura, pero paga las consecuencias, ha puesto patas arriba un sistema educativo muy clasista que no se atrevió a modificar la Concertación durante sus 20 años en el poder.
Tampoco los cuatro gobiernos sucesivos de dicha coalición hicieron políticas sociales y de igualdad de oportunidades, quizás a la espera de que el derrame de la riqueza de un país en acelerada expansión económica solventara las injusticias.
La Concertación logró sacar del poder a Pinochet al ganarle el plebiscito de 1988 y las presidenciales de 1989, pero vivió amedrentada por el fantasma del dictador, maniatada por él, sintiendo en el cuello la frialdad del filo de acero del espadón del general.
Durante estos dos decenios en democracia la renta per cápita chilena aumentó de 2.500 a 16.000 dólares, con la expectativa de tocar los 20.000 dólares antes de 2020. Una remontada sin duda extraordinaria, con pocos parangones en el mundo.
Pero el modelo económico heredado de la dictadura produjo una mayor concentración de la riqueza y un agrandamiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres, según los expertos. Una de las diferencias más brutales en el mundo. según se desprende de las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Sigue así en pie el sistema de poder económico que dejó atado y bien atado la dictadura, por el miedo de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei (ambos de la vieja democracia cristiana consentidora del advenimiento de la dictadura en 1973), Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (estos dos últimos socialistas también con temor ser comparados con Salvador Allende).
Choca sin duda que hasta hoy no se hayan pedido en Chile unas reformas profundas que debieran haber sido emprendidas el primer día del gobierno de la Concertación. Eso fue el 11 de marzo de 1990. De modo que el vaso se ha desbordado con tanta espera.
El negocio bancario de la educación es tremendo en Chile. «Es un mercadeo injusto, insostenible y perverso, una estafa», aducen los estudiantes. Las universidades privadas chilenas son el doble de caras que las estadounidenses, cinco veces más que las españolas o veinte veces más que las danesas.
El nivel educativo puede resultar razonable para padrones latinoamericanos, pero está muy por debajo del promedio de la OCDE, el selecto club de las 34 economías más ricas del mundo en el que Chile fue admitido en 2010.
Chile destina a educación apenas el 4,6 % de su PIB (menos de la mitad a la enseñanza superior), una cifra por debajo de la media del 6 % en los países de la OCDE o la mitad que Suiza.
Para que sus hijos estudien el 70 % de las familias chilenas debe recurrir al endeudamiento. Quedan así hipotecados diez años en promedio, según la Unesco. Los nuevos profesionales graduados en las universidades tienen que destinar a la amortización de la deuda el total del salario, con lo que ingresan a la vida laboral sin un proyecto de vida, atados de pies y manos. Para mayor irritación, seis de cada diez egresados de las universidades no encuentran trabajos relacionados con sus estudios.
Los estudiantes demandan educación gratuita, impuestos a los ricos para financiarla y mayor inversión pública en la enseñanza. Se ha llegado a un momento en que esos jóvenes no soportan más que la sociedad chilena sea ignorada por sus gobernantes.
Piñera seguirá en la picota mientras continúe respaldando ese modelo educativo que viene de la dictadura militar. «Nada es gratis en esta vida. Alguien tiene que pagar», arguye.
Ya son cinco meses (desde abril) en las calles, pero los estudiantes no parecen cansados. Hubo diálogo con el Gobierno, pero se rompió. Piñera y su segundo ministro de Educación, Felipe Bulnes, ofrecían migajas, aunque las presentaron como el mayor aumento del presupuesto nacional en educación de la historia chilena.
A Piñera y su gobierno se les nota agotados. Su intento de desacreditar al movimiento estudiantil por radical e instrumentalizado por las izquierdas no ha dado frutos. Al contrario, los estudiantes cuentan con el apoyo del 89 % de los chilenos.
Ahora el Gobierno parece apostar por apretar las tuercas al movimiento mediante la represión, por la descalificación de sus dirigentes o estar a la espera de que el temor de muchos a perder el curso desinfle la protesta o que en las venideras elecciones estudiantiles la actual dirigencia sea derrotada.
