Rafael Caldera aseguró reiteradamente que en sus manos no se perdería la República, pero la dejó cautiva del caudillo Hugo Chávez, que gracias a él conquistó el inmenso poder que aún hoy conserva.
El por dos veces presidente de Venezuela [1969-74 y 1994-1999], diputado, senador, jurista, sociólogo y académico, muerto en la cama de su casa en Caracas el pasado 24 de diciembre con 93 años, fue un demócrata porfiado y un cristiano convencido, pero pecó de vanidad y quizás también de soberbia. Dicen que hasta sus nietos en lugar de «abuelo» le llamaban «presidente», incluso en familia.
El vibrante y lírico testamento político de Caldera es revelador. En ese documento, conocido tras su muerte, se despacha sin nombrarlo contra Chávez, quien siempre le pagó con el desprecio más absoluto. Con otro gobernante en lugar de Caldera, Chávez posiblemente fuera hoy un lamentable recuerdo de militar golpista, como el coronel español Antonio Tejero o el argentino carapintada Mohamed Ali Seineldín.
Partero del sistema democrático nacido en Venezuela tras la caída, en 1958, del dictador Marcos Pérez Jiménez (la democracia nació en su propia quinta caraqueña, llamada Punto Fijo), Caldera era virtualmente una reliquia cuando Chávez capitaneó en 1992 una sangrienta intentona golpista por motivos espurios contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez.
Relegado por sus delfines del liderazgo del partido socialcristiano Copei —fundado por él en 1946l—, Caldera vegetaba entonces en su escaño de senador vitalicio que le correspondía por haber sido jefe del Estado.
Mientras todos los dirigentes venezolanos dejaban de lado sus múltiples pendencias para cerrar filas en defensa de la amenazada democracia, representada por el presidente Pérez, Caldera, en una sesión extraordinaria del Parlamento, alzó despechado su voz para justificar las causas de aquel alzamiento militar, lo que le valió el reconocimiento de los descontentos.
Con la televisión transmitiendo en vivo, Caldera manifestó que el pueblo no salió en defensa de la libertad porque la democracia no había evitado que hubiera hambre ni una exorbitante subida de los precios o una corrupción rampante. Pidió a Pérez la rectificación política inmediata y profunda que el país reclamaba y afirmó que aquella intentona golpista era mucho más que la aventura de un puñado de militares ambiciosos y se debía a una situación grave en el país. Pocos meses después fracasó otro alzamiento.
Con la nación sumida en su peor crisis institucional en décadas, la democracia desacreditada, los viejos partidos desmoronándose, el prestigio de las instituciones por el piso, las finanzas quebradas, el precio del vital petróleo en mínimos y el país dividido, Caldera resultó en las elecciones de 1993 el principal beneficiario de la debacle nacional y las dos asonadas militares de 1992.
En unas elecciones que tuvieron el 40 % de abstención, Caldera ganó las presidenciales con el 30% de los votos, equivalente al 17% de todos los venezolanos mayores de 18 años, apoyado por un grupo de pequeñas fuerzas políticas disímiles, lo que pone de evidencia la precariedad política con que llegó nuevamente al poder casi octogenario, sin energías políticas ni vitales para unir al país.
Dos meses escasos después haber asumido la presidencia Caldera sobreseyó la causa que contra Chávez y otros militares felones seguía una corte marcial. Esa era su intención al menos desde que la noche de su triunfo en las urnas, arropado sobre todo por sus socios de la izquierda, habló con el encarcelado Chávez por un teléfono celular.
Se han dado varias razones sobre el porqué: para garantizar la gobernabilidad; por la necesidad de apaciguar a la dividida milicia; por la conveniencia de alcanzar la reconciliación nacional; ante la creencia de que Chávez en la cárcel era un mártir con la popularidad en crecimiento, pero en la calle sería prontamente olvidado; porque le debía el retorno a la presidencia.
Sea lo que fuere, Caldera cometió un grave error pues de haber propiciado una rápida condena seguida de la amnistía, Chávez y los demás militares golpistas, muchos de los cuales formarían el núcleo duro de su gobierno, hubieran quedado proscrito de por vida para aspirar a cargos públicos.
Lejos de quedar olvidado en la calle, Chávez se lanzó desde el primer día a la conquista del poder, esta vez sin recurrir a las armas. Ni Caldera ni nadie fue capaz de neutralizarlo ni mucho menos los viejos partidos para entonces hechos trizas. Simplemente corrió en una impresionante e incansable galopada que acabó cuando cinco años después, en febrero de 1999, se enjaretó la banda presidencial con un gesto de desprecio hacia su predecesor. «Haga usted lo que quiera», le respondió Caldera, que abandonó la investidura de Chávez y salió rumbo a la historia por una puerta del fondo.
En su testamento, Caldeara califica al régimen de Chávez de «autocracia ineficiente» y convoca a «detener el retroceso político» de Venezuela, a luchar «por la libertad y la democracia». Dice Caldera: «Es necesario retomar hoy esa lucha para sacar a la República del triste estado en que la ha sumido una autocracia ineficiente. Es preciso detener el retroceso político que sufrimos y poner remedio a la disgregación social. (…) Vemos en la América Latina la propaganda de nuevas manifestaciones de socialismo, que sólo han traído dictadura y miseria allí donde han sido gobierno, como en la hermana nación cubana. (…) El instinto certero de las masas desconfía de la revolución sin libertad, de la revolución que menosprecia la libertad, de la revolución que amenaza con extinguir la libertad. Porque la libertad, si no significa por sí misma la plenitud de la liberación, es el presupuesto de la liberación, es el instrumento para obtenerla».
La importancia de Caldera en la moderna historia Venezuela es harto conocida. El papel que sin darse cuenta jugó —quizás llevado por una gran soberbia y el empeño en volver a ser presidente de Venezuela— en el triunfo de Chávez ha salido a la luz tras su muerte. El autor de este blog vivió todo ese largo proceso en directo, en Caracas y ya escribió sobre ello en su día, sobre todo durante las elecciones de 1998 y la sucesión presidencial de 1999.
Caldera se ha ido a la tumba sin los homenajes que le correspondía como el jefe de Estado que fue en dos ocasiones porque no quería recibirlos del régimen chavista. Cuando la familia de Caldera comunicó el último deseo al Gobierno, probablemente hubo un suspiro de alivio. A partir de ahí, y sin homenajes, el sector oficialista venezolano ha guardado silencio.
Muerto Caldera, Venezuela tiene vivos, pero en avanzada edad, otros dos ex presidentes: Carlos Andrés Pérez, con 86 años, enemigo jurado de Chávez y viviendo en el exilio, y Ramón J. Velázquez, con 93, un intelectual que ocupó la jefatura del estado transitoriamente y con escasa significación. Chávez los considera a todos genuinos exponentes de la viaja clase corrupta de la Cuarta República que él enterró.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@gmail.com
El hombre del año
Por donde se mire a Luiz Inácio Lula da Silva solo se le encuentra un defecto: la falta de un dedo meñique. Esa herida de guerra de cuando era un obrero del metal puede sintetizar una experiencia de vida asombrosa desde su nacimiento en el paupérrimo sertão de Pernambuco hasta eclipsar ahora, con 64 años, al mismísimo presidente de Estados Unidos.El lulismo es moda mundial. En todas las latitudes este antiguo tornero y sindicalista rudo es proclamado el hombre del año, superando con holgura a Barack Obama. Presto a iniciar el último de sus ocho años en la presidencia de Brasil, a Lula —una «estrella del rock en la escena internacional», como lo llamó recientemente la revista Foreing Policy—, únicamente se le resiste el dominio de su propia sucesión, pese a que tiene el respaldo del 72% de los brasileños y apenas el rechazo del 6%. La candidata presidencial escogido por él a dedo, Dilma Rousseff, no despega de ningún modo.
Ese último año de Lula en la presidencia se pronostica excelente para Brasil, con prosperidad y trabajo mientras al mundo le cuesta remontar la crisis. Lula ha transmitido ese optimismo en su mensaje de Navidad a la Nación. La rueda de la economía brasileña girará en el 2010 por fortuna en forma saludable y sostenida.
En octubre de ese año las elecciones decidirán quien sucederá a este hijo del Brasil coronado por el éxito, el reconocimiento mundial y la casi unanimidad de sus paisanos, convertido en un mito al que le han hecho hasta una película. Le falta que le lleven en andas o le den el Óscar. Sin duda será despedido en olor de multitudes y pasará a la posteridad con el exagerado título de «o mais grande» presidente de la historia nacional.
A Lula, el hombre que el mundo alaba, se le atribuyen todas las proezas y los logros de su país, como si fuera un supermán y como si cada cosa dependiera de su supuestamente fantástica visión: la exitosa superación del crack del 2008, el descubrimiento de grandes reservas submarinas de petróleo, el Mundial de Fútbol del 2014, los Juegos Olímpicos del 2016, la proyección mundial del país como potencia de primer orden, la consolidación de Brasil en el agrobusiness internacional y como meca de las inversiones internacionales, que haya en el país más trabajo y menos pobreza, la elevación del salario mínimo, las pensiones y la autoestima de los brasileños a niveles sin precedentes, y que trata de tú a tú con Estados Unidos, Europa, Rusia, China o la India…
Se le perdona todo: la corrupción en su entorno, que se ha llevado por delante a varios de sus dos más importantes ministros y potenciales delfines (José Dirceu y Antonio Palocci); la mala catadura de algunos de sus principales aliados en el parlamento brasileño y los extraños compañeros de cama con los que gobierna; el clientelismo, la violencia social en las grandes ciudades y las desigualdades que persisten; que sea incapaz de articular ideas sobre su país o su simplismo; y hasta su desagradecida memoria a la hora de reconocer que las bases y vigas maestras del éxito actual de Brasil las echó su antecesor, el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, el hombre que le sirvió el cargo y el éxito en bandeja de oro puro.
Lula es un gobernante que ha osado desmarcase de Estados Unidos en la política internacional, tanto en Honduras como en otras latitudes. Por ejemplo, se toma de la mano con el ultraconservador y antisemita presidente iraní, Mahmud de Almadineyad, para mostrar a Washington su independencia sin complejos, que Brasil ha comenzado a actuar ni tener que pedir permiso a nadie, rumbo a su propio liderazgo global. Es Lula sentado a la vera del fuego con Obama decidiendo el futuro de la humanidad. Lula «encarna el renacimiento de un gigante», dijo el diario francés Le Monde al proclamarle el personaje del año. El mito hecho realidad, el «impávido coloso» que canta el himno nacional brasileño en acción.
A Lula se le agradece no haber caído en la tentación de transitar por la senda de Hugo Chávez y otros gobernantes latinoamericanos remendadores de constituciones para perpetuarse en el cargo. Cuándo alguien le preguntó que porqué no lo hizo con la fácil que habría resultado, respondió que en el momento en que alguien se cree insustituible nace un dictador. Exacto, pero hay que obrar en consecuencia.
Porque ese punto de vista no impide a Lula apoyar a la cofradía de caudillos de la reelección propia, comenzando por el propio Chávez, o la familiar, como los Kirchner, que se creen todos ellos imprescindibles, o tomar en Honduras, incluso desbordando arrogancia, la bandera bananera de Manuel Zelaya, que también emprendió con felonía la aventura de seguir en el poder, pese a la prohibición expresa que imponían las leyes nacionales.
Sin embargo, Lula parece que neutraliza a gobernantes como Chávez y logra que una parte de la izquierda latinoamericana se mire más en él, en su pragmatismo y convicciones democráticas, que en el exuberante y desproporcionado presidente venezolano, como ha ocurrido en los casos de los nuevos mandatarios de El Salvador, Mauricio Funes, y de Uruguay, José Mujica.
Dilma Rousseff asegura que de ganar ella la presidencia de Brasil sería como el tercer mandato de Lula. Claramente reconoce así que sin Lula ella no es nada. De hecho durante su vida solo ha sido guerrillera, eso sí, torturada por la dictadura, empleada pública especializada en energía y eficiente ministra de Lula. Pero nunca disputó cualquier clase de elección popular. Debutar en unas presidenciales puede resultar un desvarío, aunque su ángel de la guarda sea Lula.
Esta dura funcionaria, auténtica canciller de hierro en el gobierno de Lula desde su puesto de ministra de la Casa Civil (jefatura del Gabinete), no levanta pasiones en un país que necesita vibrar de entusiasmo ni la compasión del pueblo tras la exhibición algo desmedida de su cáncer linfático.
Aunque su principal rival —el socialdemócrata José Serra— es un triste de solemnidad, ha demostrado su eficacia, sobre todo en el campo de la economía y las finanzas, su especialidad. Ha sido ministro regional en el gobierno de São Paulo, diputado nacional reelecto, senador, ministro del Gobierno Federal en dos carteras distintas, gobernador del mayor estado brasileño (São Paulo) cuyo peso económico es semejante al argentino y alcalde de una de las mayores ciudades del mundo: São Paulo. Ya fue candidato presidencial en 2002, pero un Lula que en su cuarto asalto al poder logró por fin conectar con el electorado lo derrotó en segunda vuelta.
A nueve meses de las elecciones, que se celebran en primera vuelta el 3 de octubre venidero, y sin estar aún las candidaturas formalizadas, Serra aventaja a Rousseff, según distintas encuestadoras (entre ella Datafolha, Vox Populis e Instoé), por 37-44% a 18-23% en los sondeos sobre intención de voto, lo que indica que Lula no ha podido endosar a su indigitada el enorme apoyo popular que él conserva.
Si Serra acertara al escoger su compañero de fórmula para el cargo de vicepresidente—una buena opción es Marina Silva, el ex ministra ecologista disidente del partido de Lula, entra otras cosas por culpa de la propia Rousseff— las próximas elecciones brasileñas pueden ser para él como un baile de la victoria.
Mejor quizás para Lula pues dicen en Brasil que con Serra en la presidencia pueden quedar las cosas propicias para que el actual hombre del año trate en el 2014, con 69 años, de volver a ser presidente, por mucho que no le guste el continuismo y a riesgo de que le conviertan en eso que él no quiere: un «pequeño dictador». Sería el remake de «Lula, el hijo de Brasil», hoy en los cines.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Chile: duelo de momios
Las elecciones presidenciales chilenas acabaron sin sorpresas en un país predecible. Tanto la primera victoria de la derecha desde 1966 como la primera derrota de la centroizquierdista Concertación desde 1989 habían sido milimétricamente anticipada por las empresas de encuestas. El próximo 17 de enero Sebastián Piñera Echenique, de 60 años, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de 67, disputaran a cara de perro una segunda vuelta en un duelo de «momios». Ambos lo son, según ese chilenismo que define a los conservadores. El próximo presidente de Chile ser, pues, de derechas.
El archimillonario opositor Piñera, a quien «Forbes» atribuye una fortuna de mil millones de dólares, es una suerte de Silvio Berlusconi chileno. A su poder económico y mediático busca sumar mando político. Ha obtenido el 44% por ciento de los votos. Toda una marca para la derecha chilena. Los sondeos para la segunda vuelta pronostican que su votación crecerá un 5%, al borde de la mayoría absoluta, que le bastará para convertirse en el primer jefe de Estado de derechas desde el gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-1990). Los partidos de derecha parecen estar fuertemente unidos en torno a él.
Por su lado, Frei, un demócrata-cristiano tradicionalista, parco, estoico, aburrido y sin carisma pretende volver al sillón presidencial que ocupó de 1996 al 2000 y en el que también se sentó su homónimo padre entre 1966 y 1970. Logró un 29% de los sufragios como candidato oficialista del gobierno de Michelle Bachelet. Los encuestadores creen que en estos treinta días que faltan para el segundo escrutinio podrá sumar alrededor de un 2% cuando le separan de su rival casi un 15%. Es digno de resaltar que Frei no pudo beneficiarse de todo el enorme respaldo popular, cercano al 80%, que la presidenta Bachelet dispone. Vive frente a la posibilidad cierta de perder el 17 de enero.
La cuestión es que para ese segundo turno hay más de un 25% de votos en danza, que son los sumados este domingo por los otros dos candidatos presidenciales, ambos desgajados del bloque oficialista. La mayoría pertenecen a la sensación de estos comicios: Marcos Enríquez-Ominami, de 36 años, en quien muchos ven a un futuro presidente de Chile si sabe jugar sus cartas. El tiempo lo dirá. Tanto él, con el 20% de los votos, como Jorge Arrate, con el 6%, son disidentes del Partido Socialista, una de las dos principales fuerzas —junto a la Democracia Cristiana— de la Concertación, la coalición de centroizquierda que hizo posible, a partir de 1988, la reconstrucción de la democracia en Chile luego de la terrible dictadura de Pinochet.
La Concertación ha gobernado Chile desde 1990 hasta hoy, con Bachelet como la cuarta presidente de un conglomerado político que al cabo de estos dos decenios se nota con poca cohesión y fatigada. También seguramente eso sea porque ya no les une la necesidad de mantener a Pinochet a raya.
A priori parece más factible que la mayor parte de los votantes de Enríquez-Ominami y de Arrate se decanten por Frei para evitar al cacareado retorno al poder de la derecha de la mano de Piñera. Pero no parece factible que Frei sea capaz de arrastrar todo caudal de votos. Enríquez-Ominami no va a endorsa sus votos a Frei. De hecho, su proyecto político se fraguó contra Frei y ya ha dicho que no hará eso. Ha dejado en libertad a sus seguidores para que voten por quien les plazca. Claro, que podría cambiar de opinión si los jefes de la Concertación lo persuaden de que él va a ser su candidato presidencial en el 2013. Por el contrario, Arrate se apresuró a pedir el voto para Frei precisamente para cortarle el paso a la derecha. Quizás Enríquez-Ominami piense que tiene más futuro después de un periodo presidencial de la derecha dura.
El semblante de Piñera en la celebración de su triunfo, la noche del domingo electoral, parece mostrar la ardua tarea que tiene por delante de arañar votos para el segundo turno. Toda la derecha chilena, excepto la democristiana, estuvo con él en la primera. Lograron una votación histórica para ellos y la primera victoria desde que Frei padre ganó en 1966.
Todo indica, según los analistas, que Chile quiere abrir una nueva etapa en su vida democrática, dando por cerrada la larga Transición que se inició en 1989. Es una nueva etapa de renovación y cambio tras estas primeras elecciones sin el general Pinochet, tanto en la derecha, como en la Concertación, que tendrá que definir su rumbo, como para el gobierno de la nación.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
El archimillonario opositor Piñera, a quien «Forbes» atribuye una fortuna de mil millones de dólares, es una suerte de Silvio Berlusconi chileno. A su poder económico y mediático busca sumar mando político. Ha obtenido el 44% por ciento de los votos. Toda una marca para la derecha chilena. Los sondeos para la segunda vuelta pronostican que su votación crecerá un 5%, al borde de la mayoría absoluta, que le bastará para convertirse en el primer jefe de Estado de derechas desde el gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-1990). Los partidos de derecha parecen estar fuertemente unidos en torno a él.
Por su lado, Frei, un demócrata-cristiano tradicionalista, parco, estoico, aburrido y sin carisma pretende volver al sillón presidencial que ocupó de 1996 al 2000 y en el que también se sentó su homónimo padre entre 1966 y 1970. Logró un 29% de los sufragios como candidato oficialista del gobierno de Michelle Bachelet. Los encuestadores creen que en estos treinta días que faltan para el segundo escrutinio podrá sumar alrededor de un 2% cuando le separan de su rival casi un 15%. Es digno de resaltar que Frei no pudo beneficiarse de todo el enorme respaldo popular, cercano al 80%, que la presidenta Bachelet dispone. Vive frente a la posibilidad cierta de perder el 17 de enero.
La cuestión es que para ese segundo turno hay más de un 25% de votos en danza, que son los sumados este domingo por los otros dos candidatos presidenciales, ambos desgajados del bloque oficialista. La mayoría pertenecen a la sensación de estos comicios: Marcos Enríquez-Ominami, de 36 años, en quien muchos ven a un futuro presidente de Chile si sabe jugar sus cartas. El tiempo lo dirá. Tanto él, con el 20% de los votos, como Jorge Arrate, con el 6%, son disidentes del Partido Socialista, una de las dos principales fuerzas —junto a la Democracia Cristiana— de la Concertación, la coalición de centroizquierda que hizo posible, a partir de 1988, la reconstrucción de la democracia en Chile luego de la terrible dictadura de Pinochet.
La Concertación ha gobernado Chile desde 1990 hasta hoy, con Bachelet como la cuarta presidente de un conglomerado político que al cabo de estos dos decenios se nota con poca cohesión y fatigada. También seguramente eso sea porque ya no les une la necesidad de mantener a Pinochet a raya.
A priori parece más factible que la mayor parte de los votantes de Enríquez-Ominami y de Arrate se decanten por Frei para evitar al cacareado retorno al poder de la derecha de la mano de Piñera. Pero no parece factible que Frei sea capaz de arrastrar todo caudal de votos. Enríquez-Ominami no va a endorsa sus votos a Frei. De hecho, su proyecto político se fraguó contra Frei y ya ha dicho que no hará eso. Ha dejado en libertad a sus seguidores para que voten por quien les plazca. Claro, que podría cambiar de opinión si los jefes de la Concertación lo persuaden de que él va a ser su candidato presidencial en el 2013. Por el contrario, Arrate se apresuró a pedir el voto para Frei precisamente para cortarle el paso a la derecha. Quizás Enríquez-Ominami piense que tiene más futuro después de un periodo presidencial de la derecha dura.
El semblante de Piñera en la celebración de su triunfo, la noche del domingo electoral, parece mostrar la ardua tarea que tiene por delante de arañar votos para el segundo turno. Toda la derecha chilena, excepto la democristiana, estuvo con él en la primera. Lograron una votación histórica para ellos y la primera victoria desde que Frei padre ganó en 1966.
Todo indica, según los analistas, que Chile quiere abrir una nueva etapa en su vida democrática, dando por cerrada la larga Transición que se inició en 1989. Es una nueva etapa de renovación y cambio tras estas primeras elecciones sin el general Pinochet, tanto en la derecha, como en la Concertación, que tendrá que definir su rumbo, como para el gobierno de la nación.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Chile y sus fantasmas
A 36 años del golpe del general Augusto Pinochet, 20 de la recuperación de la democracia y justo cuando la derecha supuestamente «despinochetizada» está en situación de retornar al poder, Chile anda a las vueltas con sus fantasmas. Es la casa de los espíritus en estado puro ante las elecciones del próximo domingo.
De una manera u otra en plena calenturón electoral han sido paseados los cadáveres del cantautor Víctor Jara y el ex presidente Eduardo Frei Montalva, ambos asesinados por la dictadura en diferentes circunstancias, el primero en 1973 a tiros tras tormentos horribles y el segundo en 1982 envenenado en la cama del hospital donde había sido operado. Salieron también a relucir algunos muertos célebres como los omnipresentes Salvador Allende y Augusto Pinochet o padres de celebridades como el líder «mirista» Miguel Enríquez y el general Alberto Bachelet, así como otros con menos notoriedad.
La descomunal represión y la dictadura de Pinochet proyectan sus largas y siniestras sombras sobre el presente y parecen usadas como arietes contra el cantado retorno al poder de la derecha, de la mano de Sebastián Piñera, un multimillonario sin filiación pinochetista. Pasa como en España donde al cabo 70 años del fin de la Guerra Civil y casi 35 del entierro del general Francisco Franco aún quedan muertos dando vueltas por conveniencias políticas.
Las encuestas de intención de voto pronostican que Piñera [60 años], al frente de los partidos de derecha, obtendrá un 44% de los sufragios. Frete a él aparece con un 31% el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle [67], un ex mandatario en busca de una reelección casi imposible e hijo del asesinado Frei Montalva. El tercero en discordia con 18% es Marcos Enríquez-Ominami [36], hijo de otro muerto célebre, el líder del MIR, Miguel Enríquez, caído frete a las fuerzas de seguridad de Pinochet en 1974, hijo adoptivo del notorio socialista Carlos Ominami, esposo de la celebridad mediática Karen Doggenweiler y, si el camino no se le tuerce, llamado a ocupar la Casa de la Moneda no por estas elecciones sino posiblemente tras las siguientes, en el 2014.
Todo indica que habrá una segunda vuelta, el 17 de enero próximo, en la que, siempre según las últimas encuestas, Piñera, dueño de la aerolínea LAN y con una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares, se convertirá, por un 49% a un 32%, en el quinto presidente chileno de la era democrática iniciada a fines de los años ochentas del siglo pasado cuando el pueblo derrotó al régimen militar de Pinochet con sus propias armas después de 17 años de dictadura. Piñera compite por segunda vez, después de que cuatro años atrás caer por las justas ante Michelle Bachelet en unas elecciones marcadas por una abúlica normalidad.
Cuando Piñera se perfila como ganador de las elecciones, a menos de una semana de que sean abiertas las urnas y a los 27 años de su muerte, un juez mandó prender a los seis responsables del asesinato del ex presidente Frei Montalva (1964-1970), líder conservador, instigador del cruento golpe de 1973 y luego núcleo del primer conato de oposición organizada al despiadado régimen militar, lo que le costó la vida.Eso levantó las suspicacias y ha sido visto como una maniobra que favorable al retorno de Frei hijo al sillón presidencial.
El ex gobernante responde diciendo que esas acusaciones son de «una bajeza impresionante». Pero se fue con un nutrido grupo de partidarios y dirigentes afines a la tumba de su padre en un acto de fuerte contenido político y, por tanto, electoral.
Ha habido también una necrófila exhibición en la recta final de la campaña electoral de los restos de Víctor Jara, exhumado en junio pasado. Después de varios días de homenajes y velatorios ha acabado de nuevo en el cementerio General de Santiago al cabo de 36 años, esta vez en olor de multitudes. Jara fue una víctima de esa derecha —o de sus herederos políticos— que ahora busca el retorno al poder de la mano de Piñera. Como gran símbolo de la represión «pinochetista», su segundo entierro tiene un enorme peso en votos en un país con un electorado envejecido.
Llama la atención que mientras Frei hijo fue presidente (1994-2000) evitó investigar el asesinato de su progenitor, aunque la familia presumía de que había sido envenenado. No tuvo el coraje personal ni las agallas políticas. Por el contrario, puso todo su empeño para conseguir que Pinochet no fuera extraditado por Gran Bretaña a España para rendir cuentas ante el juez Baltasar Garzón por sus múltiples crímenes de lesa humanidad. Estos son hechos. A Frei hijo siempre se le notó, más que otros dirigentes políticos chilenos, el sable del general en el pescuezo.
Ahora se jacta de que en Chile la justicia tarda, pero llega.Aunque las fuerzas civiles que anduvieron con Pinochet y sus herederos estén ahora detrás de la candidatura de Piñera, éste nada tuvo que ver con la dictadura. Al menos nada le han podido achacar, salvo que siendo senador de la derecha fue uno de los que trató de dar, en 1995, carpetazo al pasado dictatorial. El padre de Piñera fue gran amigo de Frei Montalva. El propio Piñera se unió en la transición a la derechista Renovación Nacional porque la Democracia Cristiana no le quiso en sus filas, en sus aspiraciones de convertirse en senador. En el plebiscito de 1988 se había decantado contra Pinochet, como hizo el arco iris de fuerzas democráticas que doblaron el brazo al general en su proyecto de perpetuarse en el poder y abrieron el camino a la coalición Concertación Democrática que ganó las elecciones de 1989 y ha gobernado hasta ahora alternándose democristianos (Patricio Aylwin, primero, y Frei hijo después) con socialdemócratas (Ricardo Lago seguido por Michelle Bachelet).
Agotada y descompuesta, la Concertación sale virtualmente rota de estas elecciones o con poca vida por delante, salvo que Bachelet, que tiene un 80% de aprobación popular, y Ricardo Lagos fueran capaces de pilotar una reconversión, que sería vista como más de lo mismo. De hecho, Enríquez-Ominami es producto de una fractura del Partido Socialista de Bachelet y Lagos del que salió por la negativa a celebrar elecciones internas para escoger al candidato presidencial.
Es una coalición que comienza a oler a naftalina, acostumbrada al poder y a las alternancias entre sus dos principales fuerzas. Esta vez, tras dos turnos para los democristianos y otros dos para los socialistas, era de nuevo la hora de un dinosaurio. Pero se confundieron e igual hubiera dado que el candidato fuera democristiano (Frei hijo) como socialista (José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA).
Enríquez-Ominami partió como un «outsider». Llevó aire fresco a la política chilena. Se identificó con las generaciones más jóvenes, con la modernidad y la era de Internet, y atrajo a los desencantados de la Concertación. Desde luego, con su candidatura evita que la Concertación retenga el poder y facilita el retorno de la derecha. Pero queda en inmejorable situación para los comicios del 2014. Tendrá que convencer a la descreída juventud chilena a participar en la política. Esta campaña se la servido para proyectarse como el auténtico fenómeno nacional a todos los rincones de Chile. Sin duda sus opciones aumentarán más tras un Gobierno derechista de Piñera que luego de otro cuatro años con la Concertación.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
De una manera u otra en plena calenturón electoral han sido paseados los cadáveres del cantautor Víctor Jara y el ex presidente Eduardo Frei Montalva, ambos asesinados por la dictadura en diferentes circunstancias, el primero en 1973 a tiros tras tormentos horribles y el segundo en 1982 envenenado en la cama del hospital donde había sido operado. Salieron también a relucir algunos muertos célebres como los omnipresentes Salvador Allende y Augusto Pinochet o padres de celebridades como el líder «mirista» Miguel Enríquez y el general Alberto Bachelet, así como otros con menos notoriedad.
La descomunal represión y la dictadura de Pinochet proyectan sus largas y siniestras sombras sobre el presente y parecen usadas como arietes contra el cantado retorno al poder de la derecha, de la mano de Sebastián Piñera, un multimillonario sin filiación pinochetista. Pasa como en España donde al cabo 70 años del fin de la Guerra Civil y casi 35 del entierro del general Francisco Franco aún quedan muertos dando vueltas por conveniencias políticas.
Las encuestas de intención de voto pronostican que Piñera [60 años], al frente de los partidos de derecha, obtendrá un 44% de los sufragios. Frete a él aparece con un 31% el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle [67], un ex mandatario en busca de una reelección casi imposible e hijo del asesinado Frei Montalva. El tercero en discordia con 18% es Marcos Enríquez-Ominami [36], hijo de otro muerto célebre, el líder del MIR, Miguel Enríquez, caído frete a las fuerzas de seguridad de Pinochet en 1974, hijo adoptivo del notorio socialista Carlos Ominami, esposo de la celebridad mediática Karen Doggenweiler y, si el camino no se le tuerce, llamado a ocupar la Casa de la Moneda no por estas elecciones sino posiblemente tras las siguientes, en el 2014.
Todo indica que habrá una segunda vuelta, el 17 de enero próximo, en la que, siempre según las últimas encuestas, Piñera, dueño de la aerolínea LAN y con una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares, se convertirá, por un 49% a un 32%, en el quinto presidente chileno de la era democrática iniciada a fines de los años ochentas del siglo pasado cuando el pueblo derrotó al régimen militar de Pinochet con sus propias armas después de 17 años de dictadura. Piñera compite por segunda vez, después de que cuatro años atrás caer por las justas ante Michelle Bachelet en unas elecciones marcadas por una abúlica normalidad.
Cuando Piñera se perfila como ganador de las elecciones, a menos de una semana de que sean abiertas las urnas y a los 27 años de su muerte, un juez mandó prender a los seis responsables del asesinato del ex presidente Frei Montalva (1964-1970), líder conservador, instigador del cruento golpe de 1973 y luego núcleo del primer conato de oposición organizada al despiadado régimen militar, lo que le costó la vida.Eso levantó las suspicacias y ha sido visto como una maniobra que favorable al retorno de Frei hijo al sillón presidencial.
El ex gobernante responde diciendo que esas acusaciones son de «una bajeza impresionante». Pero se fue con un nutrido grupo de partidarios y dirigentes afines a la tumba de su padre en un acto de fuerte contenido político y, por tanto, electoral.
Ha habido también una necrófila exhibición en la recta final de la campaña electoral de los restos de Víctor Jara, exhumado en junio pasado. Después de varios días de homenajes y velatorios ha acabado de nuevo en el cementerio General de Santiago al cabo de 36 años, esta vez en olor de multitudes. Jara fue una víctima de esa derecha —o de sus herederos políticos— que ahora busca el retorno al poder de la mano de Piñera. Como gran símbolo de la represión «pinochetista», su segundo entierro tiene un enorme peso en votos en un país con un electorado envejecido.
Llama la atención que mientras Frei hijo fue presidente (1994-2000) evitó investigar el asesinato de su progenitor, aunque la familia presumía de que había sido envenenado. No tuvo el coraje personal ni las agallas políticas. Por el contrario, puso todo su empeño para conseguir que Pinochet no fuera extraditado por Gran Bretaña a España para rendir cuentas ante el juez Baltasar Garzón por sus múltiples crímenes de lesa humanidad. Estos son hechos. A Frei hijo siempre se le notó, más que otros dirigentes políticos chilenos, el sable del general en el pescuezo.
Ahora se jacta de que en Chile la justicia tarda, pero llega.Aunque las fuerzas civiles que anduvieron con Pinochet y sus herederos estén ahora detrás de la candidatura de Piñera, éste nada tuvo que ver con la dictadura. Al menos nada le han podido achacar, salvo que siendo senador de la derecha fue uno de los que trató de dar, en 1995, carpetazo al pasado dictatorial. El padre de Piñera fue gran amigo de Frei Montalva. El propio Piñera se unió en la transición a la derechista Renovación Nacional porque la Democracia Cristiana no le quiso en sus filas, en sus aspiraciones de convertirse en senador. En el plebiscito de 1988 se había decantado contra Pinochet, como hizo el arco iris de fuerzas democráticas que doblaron el brazo al general en su proyecto de perpetuarse en el poder y abrieron el camino a la coalición Concertación Democrática que ganó las elecciones de 1989 y ha gobernado hasta ahora alternándose democristianos (Patricio Aylwin, primero, y Frei hijo después) con socialdemócratas (Ricardo Lago seguido por Michelle Bachelet).
Agotada y descompuesta, la Concertación sale virtualmente rota de estas elecciones o con poca vida por delante, salvo que Bachelet, que tiene un 80% de aprobación popular, y Ricardo Lagos fueran capaces de pilotar una reconversión, que sería vista como más de lo mismo. De hecho, Enríquez-Ominami es producto de una fractura del Partido Socialista de Bachelet y Lagos del que salió por la negativa a celebrar elecciones internas para escoger al candidato presidencial.
Es una coalición que comienza a oler a naftalina, acostumbrada al poder y a las alternancias entre sus dos principales fuerzas. Esta vez, tras dos turnos para los democristianos y otros dos para los socialistas, era de nuevo la hora de un dinosaurio. Pero se confundieron e igual hubiera dado que el candidato fuera democristiano (Frei hijo) como socialista (José Miguel Insulza, el secretario general de la OEA).
Enríquez-Ominami partió como un «outsider». Llevó aire fresco a la política chilena. Se identificó con las generaciones más jóvenes, con la modernidad y la era de Internet, y atrajo a los desencantados de la Concertación. Desde luego, con su candidatura evita que la Concertación retenga el poder y facilita el retorno de la derecha. Pero queda en inmejorable situación para los comicios del 2014. Tendrá que convencer a la descreída juventud chilena a participar en la política. Esta campaña se la servido para proyectarse como el auténtico fenómeno nacional a todos los rincones de Chile. Sin duda sus opciones aumentarán más tras un Gobierno derechista de Piñera que luego de otro cuatro años con la Concertación.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Honduras: ¿y ahora, qué?
Las elecciones en Honduras se han celebrado de manera inobjetable, sin que se cumplieran los negros presagios ni la abstención masiva que Manuel Zelaya buscaba ya que la participación, del 61%, fue la mayor en su corta historia democrática. Una buena señal para el mundo.
Estados Unidos y Colombia reconocieron prontamente la legitimidad de esos comicios. México, Perú, Costa Rica y Panamá deben hacer otro tanto y posiblemente también Alemania, Italia, Japón y Suiza. Con América Latina fracturada y Brasilia enfrentada con Washington, España ha avanzado al reconocer como «nuevo actor» al presidente electo, el hacendado de 61 años Porfirio Lobo, y abandonado la posición anterior sobre la necesidad de que Zelaya sea restituido en la presidencia. «Hay una nueva realidad» en aquel país centroamericano tras los comicios, afirma España. Pero como dice Estados Unidos, las elecciones no son suficientes para resolver la crisis. Aún queda mucho por hacer en ese sentido.
Con independencia de lo que el mundo piense, los hondureños han visto en sus elecciones generales la manera de poner pilares firmes para salir de la crisis interna desatada hace cinco meses con la controvertida destitución de Zelaya. Nadie internamente en Honduras ha cuestionado el desarrollo electoral ni los resultados, salvo el propio Zelaya, que esperaba un 65% de abstención y se dio de bruces con una participación maciza porque Honduras cerró filas con sus dirigentes en las urnas en busca de la única salida posible: las elecciones, que, por ciento, estaban convocadas por el propio Zelaya desde antes del estallido de la crisis.
Tal como anticipaban las encuestas, triunfó el Partido Nacional, tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas. Porfirio Lobo logró un contundente 56% de los voto, frente a un 38% de su principal rival, el liberal Elvin Santos. Victoria, pues, sin objeciones. Lo primero que hizo Lobo fue llamar a un gobierno de unidad nacional, algo que parece en sintonía con la posición que la Unión Europea en su conjunto puede adoptar. Francia ha abogado por un proceso de «reconciliación nacional» como el «único» camino que dará «legitimidad» a las nuevas autoridades. Por su lado, España pasó a demandar un «gran consenso» interno como salida a la crisis. España no reconoce las elecciones, pero tampoco las ignora.
Elvin Santos, sin perder un minuto, reconoció la victoria de Porfirio Lobo, ensalzó la «lección de madurez cívica» dada al mundo por su pequeño y pobre país y se colocó de forma leal a disposición del ganador. Todo con una normalidad democrática casi suiza, envidiable en un país afectado por una perversa crisis institucional y al que una parte significativa del mundo ha venido tratando como si tuviera un bárbaro régimen dictatorial.
Mientras los pobres hondureños daban esa demostración de democracia y exteriorizaban su deseo de echar hacia adelante, los «hermanos» iberoamericanos, reunidos en la deslucida —faltaron ocho mandatarios— Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la aristocrática Estoril (Portugal), eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre la nueva situación creada en Honduras.
El empecinamiento de Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros, en desconocer tercamente los comicios hondureños por una alegada, pero inexacta, falta de condiciones democráticas para su celebración, dificultaba la puesta en común de un pronunciamiento iberoamericano que, en cualquier caso, debiera adoptarse mirando al futuro, que es para donde apunta el resultado de las elecciones hondureñas.
Pero gobernantes como el brasileño Luiz Inácio Lula de Silva han mostrado, incluso con altanería, que no darán su brazo a torcer. El Goliat brasileño debuta como líder global y latinoamericano tratando de imponerse su descomunal peso al liliputiense David hondureño, mientras evita con exquisitas declaraciones que sus evidentes desacuerdos sobre el asunto con Estados Unidos desemboquen en una tormenta capaz de perturbar la buena sintonía en Lula y Barack Obama. La argentina Cristina Fernández de Kirchner avivó la hoguera en Estoril hablando de «pantomima» electoral celebrada «en el marco de la más absoluta ilegitimidad democrática». Así las cosas, parece que alguien va a terminar tragándose sus propios palabras.
Recuérdese que Zelaya fue destituido por su empecinamiento en violar la Constitución para seguir en la presidencia, en lo que constituyó un virtual golpe de Estado al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y el Judicial. Pero las nuevas autoridades basaron la destitución de Zelaya en que cometió al menos dieciocho violaciones a la Constitución y las leyes, según las acusaciones que penden contra él. Esas eran poderosas razones para separarlo del cargo mientras era juzgado, pero no para sacarle del país manu militari.
Fuera lo que fuese, los hondureños han cumplido su transición retornando democráticamente al Estado de derecho con las elecciones del domingo. Restarle a esas elecciones legitimidad significa hundir más en la miseria a la nación más pobre de América Latina tras Haití. Los hondureños han puesto su confianza en el futuro y el mundo debe ayudarles, así como contribuyó a que otras naciones latinoamericanas superaran sus crisis institucionales y sus dictaduras con elecciones limpias y transparentes como las celebradas ayer en el país centroamericano.
¿Reconocerá España los resultados de las elecciones guineanas, celebradas el mismo domingo sin la menor garantía democrática, una nueva farsa en las que a Teodoro Obiang le fue adjudicado casi el 97% de los votos para que sume otros siete años a los treinta que lleva en el cargo desde que en 1979 derrocó y mandó fusilar a su tío, Francisco Macias? Presumiblemente si. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, lo había hecho tácitamente en julio cuando respondió con un abrazo a Obiang la condecoración que el dictador guineano le acababa de imponer.
En Honduras, el presidente interino, Roberto Micheletti, a quien gobernantes como el venezolano Hugo Chávez trataron de presentar ante la opinión pública como un remedo del general chileno Augusto Pinochet, lejos de interferir en las elecciones, las facilitó dando un paso al costado mientras se celebraban. El pronunciamiento que hará el miércoles el Congreso Nacional sobre la eventualidad de que Zelaya vuelva al poder carece de significado, sea cual fuere. En el caso de que sea que si, Zelaya seguramente no lo aceptaría pues de hacerlo estaría convalidando unas elecciones a las que le resta legitimidad. A Zelaya parece que solo le queda tomar el camino del exilio —exilio de él mismo, quizás— tal como anticipado el sábado el diario brasileño «O Estado de S. Paulo». Desde luego, como afirma Porfiro Lobo, Zelaya ya es historia. Micheletti también.
Por cierto, mientras se celebran las elecciones en Honduras, fallecía en Montevideo Héctor Gros Espiell a los 83 años. Este antiguo servidor de la dictadura y ex canciller es padre del nuevo golpismo latinoamericano junto al entonces secretario general de la OEA, el brasileño João Clemente Baena Soares, otro servidor de un régimen militar. Ambos fueron quienes en 1992 lograron que Latinoamérica diera legitimidad al autogolpe de Alberto Fujimori, que abrió una secuela de golpes (Guatemala, Ecuador, Bolivia, Venezuela...) de unos poderes del Estado contra otros semejantes al que ahora trae de cabeza a Honduras.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Estados Unidos y Colombia reconocieron prontamente la legitimidad de esos comicios. México, Perú, Costa Rica y Panamá deben hacer otro tanto y posiblemente también Alemania, Italia, Japón y Suiza. Con América Latina fracturada y Brasilia enfrentada con Washington, España ha avanzado al reconocer como «nuevo actor» al presidente electo, el hacendado de 61 años Porfirio Lobo, y abandonado la posición anterior sobre la necesidad de que Zelaya sea restituido en la presidencia. «Hay una nueva realidad» en aquel país centroamericano tras los comicios, afirma España. Pero como dice Estados Unidos, las elecciones no son suficientes para resolver la crisis. Aún queda mucho por hacer en ese sentido.
Con independencia de lo que el mundo piense, los hondureños han visto en sus elecciones generales la manera de poner pilares firmes para salir de la crisis interna desatada hace cinco meses con la controvertida destitución de Zelaya. Nadie internamente en Honduras ha cuestionado el desarrollo electoral ni los resultados, salvo el propio Zelaya, que esperaba un 65% de abstención y se dio de bruces con una participación maciza porque Honduras cerró filas con sus dirigentes en las urnas en busca de la única salida posible: las elecciones, que, por ciento, estaban convocadas por el propio Zelaya desde antes del estallido de la crisis.
Tal como anticipaban las encuestas, triunfó el Partido Nacional, tanto en las elecciones presidenciales como en las legislativas. Porfirio Lobo logró un contundente 56% de los voto, frente a un 38% de su principal rival, el liberal Elvin Santos. Victoria, pues, sin objeciones. Lo primero que hizo Lobo fue llamar a un gobierno de unidad nacional, algo que parece en sintonía con la posición que la Unión Europea en su conjunto puede adoptar. Francia ha abogado por un proceso de «reconciliación nacional» como el «único» camino que dará «legitimidad» a las nuevas autoridades. Por su lado, España pasó a demandar un «gran consenso» interno como salida a la crisis. España no reconoce las elecciones, pero tampoco las ignora.
Elvin Santos, sin perder un minuto, reconoció la victoria de Porfirio Lobo, ensalzó la «lección de madurez cívica» dada al mundo por su pequeño y pobre país y se colocó de forma leal a disposición del ganador. Todo con una normalidad democrática casi suiza, envidiable en un país afectado por una perversa crisis institucional y al que una parte significativa del mundo ha venido tratando como si tuviera un bárbaro régimen dictatorial.
Mientras los pobres hondureños daban esa demostración de democracia y exteriorizaban su deseo de echar hacia adelante, los «hermanos» iberoamericanos, reunidos en la deslucida —faltaron ocho mandatarios— Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la aristocrática Estoril (Portugal), eran incapaces de ponerse de acuerdo sobre la nueva situación creada en Honduras.
El empecinamiento de Brasil, Argentina y Venezuela, entre otros, en desconocer tercamente los comicios hondureños por una alegada, pero inexacta, falta de condiciones democráticas para su celebración, dificultaba la puesta en común de un pronunciamiento iberoamericano que, en cualquier caso, debiera adoptarse mirando al futuro, que es para donde apunta el resultado de las elecciones hondureñas.
Pero gobernantes como el brasileño Luiz Inácio Lula de Silva han mostrado, incluso con altanería, que no darán su brazo a torcer. El Goliat brasileño debuta como líder global y latinoamericano tratando de imponerse su descomunal peso al liliputiense David hondureño, mientras evita con exquisitas declaraciones que sus evidentes desacuerdos sobre el asunto con Estados Unidos desemboquen en una tormenta capaz de perturbar la buena sintonía en Lula y Barack Obama. La argentina Cristina Fernández de Kirchner avivó la hoguera en Estoril hablando de «pantomima» electoral celebrada «en el marco de la más absoluta ilegitimidad democrática». Así las cosas, parece que alguien va a terminar tragándose sus propios palabras.
Recuérdese que Zelaya fue destituido por su empecinamiento en violar la Constitución para seguir en la presidencia, en lo que constituyó un virtual golpe de Estado al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo y el Judicial. Pero las nuevas autoridades basaron la destitución de Zelaya en que cometió al menos dieciocho violaciones a la Constitución y las leyes, según las acusaciones que penden contra él. Esas eran poderosas razones para separarlo del cargo mientras era juzgado, pero no para sacarle del país manu militari.
Fuera lo que fuese, los hondureños han cumplido su transición retornando democráticamente al Estado de derecho con las elecciones del domingo. Restarle a esas elecciones legitimidad significa hundir más en la miseria a la nación más pobre de América Latina tras Haití. Los hondureños han puesto su confianza en el futuro y el mundo debe ayudarles, así como contribuyó a que otras naciones latinoamericanas superaran sus crisis institucionales y sus dictaduras con elecciones limpias y transparentes como las celebradas ayer en el país centroamericano.
¿Reconocerá España los resultados de las elecciones guineanas, celebradas el mismo domingo sin la menor garantía democrática, una nueva farsa en las que a Teodoro Obiang le fue adjudicado casi el 97% de los votos para que sume otros siete años a los treinta que lleva en el cargo desde que en 1979 derrocó y mandó fusilar a su tío, Francisco Macias? Presumiblemente si. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, lo había hecho tácitamente en julio cuando respondió con un abrazo a Obiang la condecoración que el dictador guineano le acababa de imponer.
En Honduras, el presidente interino, Roberto Micheletti, a quien gobernantes como el venezolano Hugo Chávez trataron de presentar ante la opinión pública como un remedo del general chileno Augusto Pinochet, lejos de interferir en las elecciones, las facilitó dando un paso al costado mientras se celebraban. El pronunciamiento que hará el miércoles el Congreso Nacional sobre la eventualidad de que Zelaya vuelva al poder carece de significado, sea cual fuere. En el caso de que sea que si, Zelaya seguramente no lo aceptaría pues de hacerlo estaría convalidando unas elecciones a las que le resta legitimidad. A Zelaya parece que solo le queda tomar el camino del exilio —exilio de él mismo, quizás— tal como anticipado el sábado el diario brasileño «O Estado de S. Paulo». Desde luego, como afirma Porfiro Lobo, Zelaya ya es historia. Micheletti también.
Por cierto, mientras se celebran las elecciones en Honduras, fallecía en Montevideo Héctor Gros Espiell a los 83 años. Este antiguo servidor de la dictadura y ex canciller es padre del nuevo golpismo latinoamericano junto al entonces secretario general de la OEA, el brasileño João Clemente Baena Soares, otro servidor de un régimen militar. Ambos fueron quienes en 1992 lograron que Latinoamérica diera legitimidad al autogolpe de Alberto Fujimori, que abrió una secuela de golpes (Guatemala, Ecuador, Bolivia, Venezuela...) de unos poderes del Estado contra otros semejantes al que ahora trae de cabeza a Honduras.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Chávez, el último de la fila
La revista «Forbes» acaba de publicar su primer ranking de las personas más poderosas del mundo que encabeza el líder estadounidense Barack Obama, con menos de diez meses en la presidencia, y termina el venezolano Hugo Chávez, que pasa de los diez años con proyección vitalicia si la acumulación de desgracias en su país no acaba con él.
Chávez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (33º) son los únicos gobernantes latinoamericanos en esa lista. Pero no son los únicos latinoamericanos porque en ella aparecen también el magnate mexicano Carlos Slim (6º), segundo hombre más rico del mundo, y su compatriota el bandido chaparro Joaquín Guzmán (41º), el segundo hombre más buscado del mundo por ser probablemente el principal narcotraficante de la tierra al frente del Cártel de Sinaloa y cuya cabeza le han puesto el precio de siete millones de dólares.
Un multimillonario, un pobre tornero que llegó a presidente y es mundialmente aclamado, un malhechor redomado y un caudillo nacionalpopulista. ¡Que extraña representación de poder latinoamericano! O quizás no tanto. Si «Forbes» hubiera hecho una lista similar pongamos que hace 20 años posiblemente la representación latinoamericana hubiera sido tan disparatada. Joaquín Guzmán habría sido el colombiano Pablo Escobar; Lula da Silva, su paisano Fernando Collor de Melo o quizás el argentino Carlos Menem; Slim, él mismo o el venezolano Gustavo Cisneros, y Chávez, Fidel Castro su «alter ego» y mentor.
Pese a ser el último de la fila, un gobernante como Hugo Chávez debiera estar contento por aparecer en esa lista. No en vano forma parte de un elitista y exclusivo club que representa al 0,000001 por ciento de la población del planeta. Allí no están su archirrival colombiano Álvaro Uribe, la encopetada reina de Inglaterra, su primo español que le mandó callar o el primer ministro de éste, José Luis Rodríguez Zapatero, pero si gente de mala fama como el déspota norcoreano considerado genio del mal, Kim Jong Il (24º); el cabecilla de Al Qaeda, Osama bin Laden (37º), o el indio Dawood Ibrahim Kaskar (50º), otro de los criminales más buscados en el mundo, junto a personas que son veneradas como el papa Benedicto XVI (11º) o el Dalai Lama Tenzin Gyatso (39º).
Chávez parece de capa caída, con la popularidad en declive. Toca armas contra Colombia un día y al siguiente se desdice de sus afanes belicistas con la misma incontinencia verbal, aunque luego sus portavoces amenazan con sanciones con dureza a los medios por «tergiversar» y «manipular» las palabras de un líder que «ama la paz» y solo habla con «frases disuasivas» para que «el enemigo sepa que estamos preparado para la guerra». «Forbes» trata Chávez como un gobernante virtualmente vitalicio que blande la enorme riqueza petrolera de su país como arma contra la pobreza, aunque sus enemigos lo acusan de haber dilapidado en estos diez años una fortuna extraordinaria, propia de un cuento oriental, mientras en Venezuela campean el crimen y la desidia del Estado; la oposición, puesta a los pies de los caballos, recibe un trato sin miramientos, los derechos suelen ser atropellados y todos los poderes se subordinan al líder; la democracia está hecha añicos y las empresas públicas estatalizadas han quedado maltrechas; todo ha quedado imbuido de ideología; por los albañales sale corrupción a raudales: es la llamada «robolución»; escasean los alimentos, hay controles de precios y de divisas y la inflación está alta; el sistema eléctrico hace aguas con frecuentes apagones y el agua escasea en Caracas por una negligente gestión de las infraestructuras. Tras una década de gobierno de Chávez, los errores que hicieron sucumbir la Cuarta República se reproducen a gran escala, aunque los problemas se tratan de opacar con maneras autoritarias.
Nadie sabe si su desproporcionada prédica antiestadounidense y contra el gobierno colombiano de Uribe le seguirá dando beneficios capaces de compensar la pérdida de votos o con ello logrará su propósito influir en la política interna de sus vecinos. Los rivales del caudillo bolivariano aseguran que cuando clama contra Colombia azuza el sentimiento patrio nacionalista de sus conciudadanos y desvía la atención de los graves problemas internos.
Pero Chávez debe andar con cuidado y no dar un salto al vacío en eso de la guerra como hizo el general Leopoldo Fortunato Galtieri cuando en 1982 desencadenó la de Malvinas en medio de un gran descontento popular, pues puede correr la misma mala fortuna ya que Colombia es mucho Colombia como Gran Bretaña también lo era para aquel dictador argentino. Álvaro Uribe no es Margaret Thatcher, pero tiene agallas. Además, los ejércitos colombianos, curtidos por medio siglo de guerras intestinas, cruzarían Venezuela desde el Táchira hasta el Esequibo en un santiamén frente a unas fuerzas armadas venezolanas indolentes que solo han visto la guerra por televisión. ¿Quién puede temer, pues, a Hugo Chávez? Quizás únicamente los propios venezolanos.
Mucha gente ha criticado por Internet que «Forbes» pueda estar haciendo apología del crimen incluyendo a tan afamados delincuentes o terroristas entre las personas más poderosas de este mundo, en algunos casos considerados con más fuerza que jefes de Estado como el francés, Nicolas Sarkozy (56º) o empresarios estadounidenses, japoneses, indios o chinos. Pero, ¿qué decir si en la misma lista aparece un sátrapa como el líder norcoreano cuya grandeza se debe a su padre, a quien heredó, o al miedo que impone al mundo con sus programas nuclear y de misiles, o un caudillo suramericano que ha puesto patas arriba el sistema de libertades tan arduamente ganado en América Latina tras años de feroces dictaduras castrenses, que glorifica el castrismo como forma de vida, y él propio un militar con un tórrido pasado golpista y descaradamente desapegado de los valores democráticos?
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Chávez y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (33º) son los únicos gobernantes latinoamericanos en esa lista. Pero no son los únicos latinoamericanos porque en ella aparecen también el magnate mexicano Carlos Slim (6º), segundo hombre más rico del mundo, y su compatriota el bandido chaparro Joaquín Guzmán (41º), el segundo hombre más buscado del mundo por ser probablemente el principal narcotraficante de la tierra al frente del Cártel de Sinaloa y cuya cabeza le han puesto el precio de siete millones de dólares.
Un multimillonario, un pobre tornero que llegó a presidente y es mundialmente aclamado, un malhechor redomado y un caudillo nacionalpopulista. ¡Que extraña representación de poder latinoamericano! O quizás no tanto. Si «Forbes» hubiera hecho una lista similar pongamos que hace 20 años posiblemente la representación latinoamericana hubiera sido tan disparatada. Joaquín Guzmán habría sido el colombiano Pablo Escobar; Lula da Silva, su paisano Fernando Collor de Melo o quizás el argentino Carlos Menem; Slim, él mismo o el venezolano Gustavo Cisneros, y Chávez, Fidel Castro su «alter ego» y mentor.
Pese a ser el último de la fila, un gobernante como Hugo Chávez debiera estar contento por aparecer en esa lista. No en vano forma parte de un elitista y exclusivo club que representa al 0,000001 por ciento de la población del planeta. Allí no están su archirrival colombiano Álvaro Uribe, la encopetada reina de Inglaterra, su primo español que le mandó callar o el primer ministro de éste, José Luis Rodríguez Zapatero, pero si gente de mala fama como el déspota norcoreano considerado genio del mal, Kim Jong Il (24º); el cabecilla de Al Qaeda, Osama bin Laden (37º), o el indio Dawood Ibrahim Kaskar (50º), otro de los criminales más buscados en el mundo, junto a personas que son veneradas como el papa Benedicto XVI (11º) o el Dalai Lama Tenzin Gyatso (39º).
Chávez parece de capa caída, con la popularidad en declive. Toca armas contra Colombia un día y al siguiente se desdice de sus afanes belicistas con la misma incontinencia verbal, aunque luego sus portavoces amenazan con sanciones con dureza a los medios por «tergiversar» y «manipular» las palabras de un líder que «ama la paz» y solo habla con «frases disuasivas» para que «el enemigo sepa que estamos preparado para la guerra». «Forbes» trata Chávez como un gobernante virtualmente vitalicio que blande la enorme riqueza petrolera de su país como arma contra la pobreza, aunque sus enemigos lo acusan de haber dilapidado en estos diez años una fortuna extraordinaria, propia de un cuento oriental, mientras en Venezuela campean el crimen y la desidia del Estado; la oposición, puesta a los pies de los caballos, recibe un trato sin miramientos, los derechos suelen ser atropellados y todos los poderes se subordinan al líder; la democracia está hecha añicos y las empresas públicas estatalizadas han quedado maltrechas; todo ha quedado imbuido de ideología; por los albañales sale corrupción a raudales: es la llamada «robolución»; escasean los alimentos, hay controles de precios y de divisas y la inflación está alta; el sistema eléctrico hace aguas con frecuentes apagones y el agua escasea en Caracas por una negligente gestión de las infraestructuras. Tras una década de gobierno de Chávez, los errores que hicieron sucumbir la Cuarta República se reproducen a gran escala, aunque los problemas se tratan de opacar con maneras autoritarias.
Nadie sabe si su desproporcionada prédica antiestadounidense y contra el gobierno colombiano de Uribe le seguirá dando beneficios capaces de compensar la pérdida de votos o con ello logrará su propósito influir en la política interna de sus vecinos. Los rivales del caudillo bolivariano aseguran que cuando clama contra Colombia azuza el sentimiento patrio nacionalista de sus conciudadanos y desvía la atención de los graves problemas internos.
Pero Chávez debe andar con cuidado y no dar un salto al vacío en eso de la guerra como hizo el general Leopoldo Fortunato Galtieri cuando en 1982 desencadenó la de Malvinas en medio de un gran descontento popular, pues puede correr la misma mala fortuna ya que Colombia es mucho Colombia como Gran Bretaña también lo era para aquel dictador argentino. Álvaro Uribe no es Margaret Thatcher, pero tiene agallas. Además, los ejércitos colombianos, curtidos por medio siglo de guerras intestinas, cruzarían Venezuela desde el Táchira hasta el Esequibo en un santiamén frente a unas fuerzas armadas venezolanas indolentes que solo han visto la guerra por televisión. ¿Quién puede temer, pues, a Hugo Chávez? Quizás únicamente los propios venezolanos.
Mucha gente ha criticado por Internet que «Forbes» pueda estar haciendo apología del crimen incluyendo a tan afamados delincuentes o terroristas entre las personas más poderosas de este mundo, en algunos casos considerados con más fuerza que jefes de Estado como el francés, Nicolas Sarkozy (56º) o empresarios estadounidenses, japoneses, indios o chinos. Pero, ¿qué decir si en la misma lista aparece un sátrapa como el líder norcoreano cuya grandeza se debe a su padre, a quien heredó, o al miedo que impone al mundo con sus programas nuclear y de misiles, o un caudillo suramericano que ha puesto patas arriba el sistema de libertades tan arduamente ganado en América Latina tras años de feroces dictaduras castrenses, que glorifica el castrismo como forma de vida, y él propio un militar con un tórrido pasado golpista y descaradamente desapegado de los valores democráticos?
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Honduras: EEUU abandona a Zelaya a su suerte
La tormenta tropical que mantiene en alerta a Honduras tiene un nombre simbólico: «Ida». De ida, sin retorno, parece cada día más el camino por el que transita el destituido presidente Manuel «Mel» Zelaya, quien se percibe más al garete, dejado a su suerte por Estados Unidos, que ha expresado claramente su disposición a reconocer las elecciones generales hondureñas del domingo 29 de noviembre con independencia de si en la presidencia del país en ese momento está el hombre del sobrero perpetuo y el mostacho o su empecinado y zorro rival, Roberto Micheletti.
El acuerdo trampa del viernes 30 de octubre ha despegado cojo, manco y tuerto. El primero de los doces puntos acordados por los equipos negociadores de ambos bandos estipulaba la creación de un llamado pomposamente Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que quedó constituido el jueves por la noche sumando a todas las fuerzas hondureñas menos los zelayistas y encabezado ni más ni menos que por el propio Micheletti, el presidente interino desde hace cuatro meses.
La cuestión esencial para Zelaya es el retorno al estado de cosas anterior a los hechos del 28 de junio, cuando fue sacado del cargo. Pide que antes que nada, según el espíritu del acuerdo alcanzado con tanta dificultad, el Congreso Nacional hondureño se limite a anular el decreto de su destitución y nombramiento de Micheletti. Es decir, que le restituyan la presidencia. Pero ese acuerdo, que fue firmado por tres representantes de Zelaya, no estipula en ninguno de sus puntos su reposición como presidente de Honduras. Absolutamente no, argumentan sus rivales con Micheletti al frente. Zelaya proclama que el acuerdo, por tanto, ha fracasado.
Tampoco le garantiza ese acuerdo a Zelaya que si sale de la embajada de Brasil no vaya a ser detenido, ya que contra él penden 18 órdenes de captura por otros tantos delitos contra la Constitución y las leyes. Por una orden de captura, emitida por la Corte Suprema, a petición de la Fiscalía General de la República, el Ejército fue a detenerle el 28 de junio, pero al general Romeo Vásquez, máxima autoridad militare hondureña, se le fue la mano poniéndolo de patitas en la calle, en pijama, armas en ristre. Los representantes de Zelaya no negociaron la restitución, pero tampoco que fuera amnistiado, claro que esto último hubiera sido un reconocimiento de que había cometido las ilegalidades que le atribuye la Fiscalía.
Pocos dan un centavo por Zelaya, cada vez más solo y ensimismado. Luego que la Corte Suprema se pronuncie sobre los hechos e interprete el acuerdo, el Congreso Nacional hondureño debe resolver, según el punto cinco del acuerdo. Hasta ahora a Zelaya solo le respaldan 20 de los 128 congresistas. Pero ni la Corte ni el parlamento ni nadie parecen tener prisa. Tampoco hay plazos. No obstante, es posible que la Corte Suprema se pronuncie durante la semana próxima. Luego hay que convocar al Congreso, que está en receso por las elecciones generales y muchos parlamentarios enredados en campañas proselitistas.
El mundo espera que el Congreso y la Corte Suprema de Honduras abrevien y se pronuncien para cumplir el acuerdo. Nuevas tácticas dilatorias conducen a más problemas. Las elecciones generales están amenazadas por la comunidad internacional de no reconocimiento, aunque ya sin el vigor de antes. Los comicios son cosa de los partidos, los candidatos y el pueblo, mientras que el Gobierno apenas los administra. Eso es lo que viene a decir el candidato presidencial favorito, el conservador Porfirio «Pepe» Lobo, que dispone de más del 40% de la intención de votos, contra el 15% de su más directo rival. Una vez el asunto llegue al Congreso Lobo, con sus 55 congresistas del Partido Nacional, tiene en sus manos el futuro de Zelaya.
El depuesto presidente insiste en que desconocerá el resultado de esos comicios, de cuya legitimidad nadie más que él parece tener dudas en Honduras. En América Latina, algunas cancillerías –incluida la venezolana y la argentina- han vuelto a subordinar el reconocimiento de las elecciones hondureñas a la restitución de Zelaya, pero no la Organización de Estados Americanos (OEA), por boca de su secretario general, el chileno, Miguel Insulza, un funcionario a quien está crisis ha quemado. Pero Insulza –quien ha llegado a ser calificado de «recadero de Hugo Chávez» por su actuación durante la crisis hondureña- no ha insistido en esa tecla, aunque hizo una declaración rimbombante instando a las partes a dejarse de subterfugios.
Estados Unidos, verdadero artífice del acuerdo del viernes, insiste en que la Administración de Barack Obama reconocerá el resultado de las elecciones haya sido restituido o no Zelaya pues hay un acuerdo firmado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha dado la palabra final al asegurar que su Gobierno reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas independientemente de si Zelaya es restituido y que dicho compromiso es producto del acuerdo alcanzado, dijo un portavoz oficial.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
El acuerdo trampa del viernes 30 de octubre ha despegado cojo, manco y tuerto. El primero de los doces puntos acordados por los equipos negociadores de ambos bandos estipulaba la creación de un llamado pomposamente Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que quedó constituido el jueves por la noche sumando a todas las fuerzas hondureñas menos los zelayistas y encabezado ni más ni menos que por el propio Micheletti, el presidente interino desde hace cuatro meses.
La cuestión esencial para Zelaya es el retorno al estado de cosas anterior a los hechos del 28 de junio, cuando fue sacado del cargo. Pide que antes que nada, según el espíritu del acuerdo alcanzado con tanta dificultad, el Congreso Nacional hondureño se limite a anular el decreto de su destitución y nombramiento de Micheletti. Es decir, que le restituyan la presidencia. Pero ese acuerdo, que fue firmado por tres representantes de Zelaya, no estipula en ninguno de sus puntos su reposición como presidente de Honduras. Absolutamente no, argumentan sus rivales con Micheletti al frente. Zelaya proclama que el acuerdo, por tanto, ha fracasado.
Tampoco le garantiza ese acuerdo a Zelaya que si sale de la embajada de Brasil no vaya a ser detenido, ya que contra él penden 18 órdenes de captura por otros tantos delitos contra la Constitución y las leyes. Por una orden de captura, emitida por la Corte Suprema, a petición de la Fiscalía General de la República, el Ejército fue a detenerle el 28 de junio, pero al general Romeo Vásquez, máxima autoridad militare hondureña, se le fue la mano poniéndolo de patitas en la calle, en pijama, armas en ristre. Los representantes de Zelaya no negociaron la restitución, pero tampoco que fuera amnistiado, claro que esto último hubiera sido un reconocimiento de que había cometido las ilegalidades que le atribuye la Fiscalía.
Pocos dan un centavo por Zelaya, cada vez más solo y ensimismado. Luego que la Corte Suprema se pronuncie sobre los hechos e interprete el acuerdo, el Congreso Nacional hondureño debe resolver, según el punto cinco del acuerdo. Hasta ahora a Zelaya solo le respaldan 20 de los 128 congresistas. Pero ni la Corte ni el parlamento ni nadie parecen tener prisa. Tampoco hay plazos. No obstante, es posible que la Corte Suprema se pronuncie durante la semana próxima. Luego hay que convocar al Congreso, que está en receso por las elecciones generales y muchos parlamentarios enredados en campañas proselitistas.
El mundo espera que el Congreso y la Corte Suprema de Honduras abrevien y se pronuncien para cumplir el acuerdo. Nuevas tácticas dilatorias conducen a más problemas. Las elecciones generales están amenazadas por la comunidad internacional de no reconocimiento, aunque ya sin el vigor de antes. Los comicios son cosa de los partidos, los candidatos y el pueblo, mientras que el Gobierno apenas los administra. Eso es lo que viene a decir el candidato presidencial favorito, el conservador Porfirio «Pepe» Lobo, que dispone de más del 40% de la intención de votos, contra el 15% de su más directo rival. Una vez el asunto llegue al Congreso Lobo, con sus 55 congresistas del Partido Nacional, tiene en sus manos el futuro de Zelaya.
El depuesto presidente insiste en que desconocerá el resultado de esos comicios, de cuya legitimidad nadie más que él parece tener dudas en Honduras. En América Latina, algunas cancillerías –incluida la venezolana y la argentina- han vuelto a subordinar el reconocimiento de las elecciones hondureñas a la restitución de Zelaya, pero no la Organización de Estados Americanos (OEA), por boca de su secretario general, el chileno, Miguel Insulza, un funcionario a quien está crisis ha quemado. Pero Insulza –quien ha llegado a ser calificado de «recadero de Hugo Chávez» por su actuación durante la crisis hondureña- no ha insistido en esa tecla, aunque hizo una declaración rimbombante instando a las partes a dejarse de subterfugios.
Estados Unidos, verdadero artífice del acuerdo del viernes, insiste en que la Administración de Barack Obama reconocerá el resultado de las elecciones haya sido restituido o no Zelaya pues hay un acuerdo firmado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha dado la palabra final al asegurar que su Gobierno reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas independientemente de si Zelaya es restituido y que dicho compromiso es producto del acuerdo alcanzado, dijo un portavoz oficial.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Honduras: el mundo se quita ese muerto
Con una celeridad asombrosa el mundo celebró aliviado el acuerdo que iba a poner fin a la endemoniada crisis hondureña, a los cuatro meses de la destitución y destierro del presidente Manuel Zelaya por violar la Constitución nacional para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional estaba ansiosa de quitarse ese muerto de encima, de salir del monumental embrollo el que casi todo el mundo se metió a locas como si no hubiera más verdad que la predicada por el caudillo venezolano Hugo Chávez y Zelaya fuera un demócrata cabal víctima de unos militares felones. Pero Honduras sigue hoy día en la encrucijada, sin que esté resuelto el quid de la cuestión: que el hombre del eterno sombrero vuelva al poder, aunque sea como jefe de Estado descafeinado. «Si no me restituyen en la presidencia, el acuerdo habrá fracasado», grita desde su refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa mientras sus partidarios siembran la confusión arguyendo que el acuerdo obliga a su restitución.
Zelaya puede haber sido víctima de un segundo golpe, éste de guante blanco, debilitado como en su incómoda madriguera diplomática, consciente de que el tiempo se termina para él, que solo le queda su pretendida legitimidad democrática, con el 75% de la opinión pública hondureña en su contra y sin una organización política potente detrás, y cada vez con menor atención mediática internacional. Parece que el destituido mandatario hondureño tiene en Estados Unidos un hijo, llamado Héctor, vulnerable a la justicia, circunstancia que aparentemente se le ha hecho ver en las negociaciones conducentes al acuerdo que ha llevado a cabo el enviado de Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon. Aunque son más las especulaciones que las certezas.
En esas condiciones Zelaya concordó con una salida a todas luces desfavorable para él pues dejaba su retorno a la presidencia en manos del parlamento unicameral hondureño, sin fecha ni garantías porque en esa institución hasta la gran mayoría de su Partido Liberal le ha repudiado. Parece que apenas tiene el apoyo de 20 de los 128 congresistas hondureños. Por el momento, está desvirtuada la versión de que el opositor Partido Nacional votaría a favor de su rival Zelaya a cambio de que la comunidad internacional levantara el veto que había puesto a las elecciones del próximo día 29, en las que es posible la victoria de su candidato presidencial, Porfirio «Pepe» Lobo, el favorito en esos comicios. Lobo niega haber hecho un trato con Estados Unidos en ese sentido, pero parece claro que el destino de Zelaya está ahora en sus manos y el suyo propio también, pues si la situación se desboca nuevamente peligraría el reconocimiento internacional a las elecciones y, por tanto, a su muy posible llegada al poder.
De momento, la salida a la crisis hondureña hallada por las partes en conflicto sin la restitución automática e incondicional pretendida por Zelaya y, entre otros, Venezuela, Argentina, Brasil y España, cuyos gobernantes se mostraron tajantes en ese sentido, así como por la OEA, la ONU y la Unión Europea representa un fisco para todos ellos y es, por el contrario, es un triunfo para Estados Unidos y su presidente, Barack Obama, cuando se daba por muy menguada la influencia de Washington en América Latina. Pocos dudan de que la clave ha estado en que Estados Unidos se involucró directamente con la gestión y dio el empujó final a ese acuerdo que hoy baila en una cuerda floja poniendo en un serio brete al presidente interino Roberto Micheletti con duras amenazas que podían convertir a Honduras en una nación paria.
La comunidad internacional se apresuró a bendecir dicho acuerdo, a restablecer relaciones y levantar sanciones, después de haber puesto en serio riesgo las elecciones generales hondureñas del día 29 de noviembre en su afán por imponer la restitución en la presidencia de un político que se había ilegitimado al colocarse por sobre la Constitucional nacional en el afán de perpetuarse en el poder, en sintonía con Chávez. Por ello es objeto de 18 cargos.
Según el acuerdo alcanzado, la decisión sobre si Zelaya vuelve o no a la presidencia ha quedado en manos del Congreso Nacional, previo parecer de la Corte Suprema. Estados Unidos ha reconocido la dificultad de que Zelaya sea repuesto. Algunos analistas consideran improbable que la Corte Suprema y el Congreso Nacional se desdigan. Es conveniente recordar que tras la destitución de Zelaya y su expulsión de Honduras, Micheletti fue escogido como nuevo presidente de la República siguiendo las previsiones constitucionales. El Congreso Nacional estuvo conforme con su destitución, igual que la Corte Suprema, que, previamente a los hechos y a pedido del Ministerio Público, había aprobado por unanimidad esas 18 acusaciones contra Zelaya, entre otras cosas por «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones» por haber tratado de violentar la Constitución en sus afanes continuistas.
En el parlamento hondureño, tan solo un puñado de representantes es favorable a Zelaya. Parece, pues, poco probable que el hombre del sombrero parapetado tras los muros de la embajada de Brasil en Tegucigalpa logre traspasar tantos blindajes, salvo que se produzca una veloz compra de voluntades o haya –aunque todos los nieguen- gato encerrado en el acuerdo para que, tal vez después de las elecciones, vuelva a la presidencia y sea él quien a finales de enero próximo traspase el poder al presidente electo. Lo importante es que tanto la comunidad internacional como las partes en conflicto van a reconocer el resultado de las elecciones, que se celebraran con la presencia de observadores internacionales.
El acuerdo, de doce puntos, establece también la integración de un gobierno compartido de unidad para el 5 de noviembre, que ya está en marcha, el reconocimiento por las partes del resultado de las elecciones y la renuncia de Zelaya a, si volviera eventual y efímeramente al poder, a convocar una asamblea nacional constituyente o promover nuevamente la reelección presidencial, asuntos que desencadenaron el golpe y la crisis. Mediante al acuerdo las Fuerzas Armadas y la Policía han sido puestas bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral, de cara a las elecciones generales. Todos los celebra, menos Zelaya.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Zelaya puede haber sido víctima de un segundo golpe, éste de guante blanco, debilitado como en su incómoda madriguera diplomática, consciente de que el tiempo se termina para él, que solo le queda su pretendida legitimidad democrática, con el 75% de la opinión pública hondureña en su contra y sin una organización política potente detrás, y cada vez con menor atención mediática internacional. Parece que el destituido mandatario hondureño tiene en Estados Unidos un hijo, llamado Héctor, vulnerable a la justicia, circunstancia que aparentemente se le ha hecho ver en las negociaciones conducentes al acuerdo que ha llevado a cabo el enviado de Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon. Aunque son más las especulaciones que las certezas.
En esas condiciones Zelaya concordó con una salida a todas luces desfavorable para él pues dejaba su retorno a la presidencia en manos del parlamento unicameral hondureño, sin fecha ni garantías porque en esa institución hasta la gran mayoría de su Partido Liberal le ha repudiado. Parece que apenas tiene el apoyo de 20 de los 128 congresistas hondureños. Por el momento, está desvirtuada la versión de que el opositor Partido Nacional votaría a favor de su rival Zelaya a cambio de que la comunidad internacional levantara el veto que había puesto a las elecciones del próximo día 29, en las que es posible la victoria de su candidato presidencial, Porfirio «Pepe» Lobo, el favorito en esos comicios. Lobo niega haber hecho un trato con Estados Unidos en ese sentido, pero parece claro que el destino de Zelaya está ahora en sus manos y el suyo propio también, pues si la situación se desboca nuevamente peligraría el reconocimiento internacional a las elecciones y, por tanto, a su muy posible llegada al poder.
De momento, la salida a la crisis hondureña hallada por las partes en conflicto sin la restitución automática e incondicional pretendida por Zelaya y, entre otros, Venezuela, Argentina, Brasil y España, cuyos gobernantes se mostraron tajantes en ese sentido, así como por la OEA, la ONU y la Unión Europea representa un fisco para todos ellos y es, por el contrario, es un triunfo para Estados Unidos y su presidente, Barack Obama, cuando se daba por muy menguada la influencia de Washington en América Latina. Pocos dudan de que la clave ha estado en que Estados Unidos se involucró directamente con la gestión y dio el empujó final a ese acuerdo que hoy baila en una cuerda floja poniendo en un serio brete al presidente interino Roberto Micheletti con duras amenazas que podían convertir a Honduras en una nación paria.
La comunidad internacional se apresuró a bendecir dicho acuerdo, a restablecer relaciones y levantar sanciones, después de haber puesto en serio riesgo las elecciones generales hondureñas del día 29 de noviembre en su afán por imponer la restitución en la presidencia de un político que se había ilegitimado al colocarse por sobre la Constitucional nacional en el afán de perpetuarse en el poder, en sintonía con Chávez. Por ello es objeto de 18 cargos.
Según el acuerdo alcanzado, la decisión sobre si Zelaya vuelve o no a la presidencia ha quedado en manos del Congreso Nacional, previo parecer de la Corte Suprema. Estados Unidos ha reconocido la dificultad de que Zelaya sea repuesto. Algunos analistas consideran improbable que la Corte Suprema y el Congreso Nacional se desdigan. Es conveniente recordar que tras la destitución de Zelaya y su expulsión de Honduras, Micheletti fue escogido como nuevo presidente de la República siguiendo las previsiones constitucionales. El Congreso Nacional estuvo conforme con su destitución, igual que la Corte Suprema, que, previamente a los hechos y a pedido del Ministerio Público, había aprobado por unanimidad esas 18 acusaciones contra Zelaya, entre otras cosas por «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones» por haber tratado de violentar la Constitución en sus afanes continuistas.
En el parlamento hondureño, tan solo un puñado de representantes es favorable a Zelaya. Parece, pues, poco probable que el hombre del sombrero parapetado tras los muros de la embajada de Brasil en Tegucigalpa logre traspasar tantos blindajes, salvo que se produzca una veloz compra de voluntades o haya –aunque todos los nieguen- gato encerrado en el acuerdo para que, tal vez después de las elecciones, vuelva a la presidencia y sea él quien a finales de enero próximo traspase el poder al presidente electo. Lo importante es que tanto la comunidad internacional como las partes en conflicto van a reconocer el resultado de las elecciones, que se celebraran con la presencia de observadores internacionales.
El acuerdo, de doce puntos, establece también la integración de un gobierno compartido de unidad para el 5 de noviembre, que ya está en marcha, el reconocimiento por las partes del resultado de las elecciones y la renuncia de Zelaya a, si volviera eventual y efímeramente al poder, a convocar una asamblea nacional constituyente o promover nuevamente la reelección presidencial, asuntos que desencadenaron el golpe y la crisis. Mediante al acuerdo las Fuerzas Armadas y la Policía han sido puestas bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral, de cara a las elecciones generales. Todos los celebra, menos Zelaya.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Nicaragua: Daniel el tramposo
Mediante manipulaciones al borde de la ilegalidad, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha logrado con una chapuza de republica bananera sortear el límite constitucional de su mandato y quedar habilitado para eternizarse en el poder.
Ha sido un golpe de mano ‒o de Estado‒ certero e incruento, propio de un astuto autócrata del pasado, en comparación con los embrollos de Hugo Chávez, que a lo largo de tres años y dos referendos tuvieron de cabeza a Venezuela, o con los de Manuel Zelaya, que mantienen a Honduras en la ruina.
Manipulada por Ortega, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con seis magistrados serviles ‒los tres titulares de fidelidad dudosa fueron sustituidos maliciosamente por sus suplentes orteguistas‒, impuso una reforma de hecho a la Carta Magna al declarar que las barreras constitucionales a la reelección de los presidentes merman el derecho de quien haya sido jefe del Estado ya que los diputados no tienen límites y todos los nicaragüenses son incondicionalmente iguales ante la ley.
La oposición ha hablado de aberración jurídica, de barbaridad política y del autoritarismo corrupto imperante en el país y recordado que una argucia parecida, también usando jueces venales, fue la base de sustento de la dictadura somocista.
De un modo tan sencillo, sin consultar a la ciudadanía, la reelección presidencial ha sido declara inconstitucional en Nicaragua. Salvando la distancia, sería como si en España la Sala Constitucional del Supremo declarase inconstitucional el régimen de las autonomías aduciendo que atenta contra la unidad de la nación establecida por la misma Carta Magna o que el heredero de la Corona sea la primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Elena, y no su hermano pequeño, el príncipe Felipe, porque la prevalencia de la línea sucesoria en el hombre sobre la mujer va en contra de la igualdad de todos los españoles consagrada por Ley de Leyes.
La reelección de Ortega tiene el rechazó frontal del 70% de los nicaragüenses, según una encuesta hecha por M&R Consultores encima de los acontecimientos. De modo que cabría esperar que Ortega saliera trasquilado cuando buscara esa reelección. Pero con sus antecedentes, el Consejo Supremo Electoral en sus manos y el populismo rampante que practica pocos confían.
Sin ir más lejos, los comicios municipales de noviembre del 2008 desembocaron en un fraude descarado a favor del orteguismo que, por ejemplo, llevó a Estados Unidos y la Unión Europea a congelar sus ayudas a Nicaragua. Poco comparado con lo que han hecho en Honduras. El régimen de Somoza se basó en un falso sistema de libertades, donde había elecciones, pero todas se la robaban, recuerda el Movimiento por el Rescate del Sandinismo. «Ortega y Somoza son la misma cosa», proclaman carteles opositores.
EEUU ha inscrito la reforma en «un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares» que empezó antes de las tramposas elecciones municipales del 2008, ha reprochado la forma en que fue hecha, a espaldas del pueblo, y ha puesto en duda el compromiso del gobierno de Ortega con la Carta Democrática Interamericana. El líder del Comité de Relaciones exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, afirmó que la manipulación de Ortega y de la Corte Suprema para sortear los límites constitucionales de su mandato, tiene aires del autoritarismo del pasado.
Los casos de Honduras y Nicaragua son parecida. En Honduras, la estratagema inconstitucional del presidente Manuel Zelaya para reformar la Carta Magna acabó con su destitución y destierro a punta de pistola. Las nuevas autoridades manipularon a su vez a la Corte Suprema para justificar lo que la comunidad internacional vio como un golpe de Estado.
Superada la etapa de los pronunciamientos militares, en América Latina los golpes de Estado de unos poderes a otro han sido moneda corriente desde que en 1992 el peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso Nacional y disolvió la Corte Suprema, un acción horrenda que fue oleado y sacramentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde que en 1993 el Senado venezolano declaró inconstitucionalmente vacante la jefatura de Estado mientras Carlos Andrés Pérez estaba siendo juzgado por presunta corrupción. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Ha sido un golpe de mano ‒o de Estado‒ certero e incruento, propio de un astuto autócrata del pasado, en comparación con los embrollos de Hugo Chávez, que a lo largo de tres años y dos referendos tuvieron de cabeza a Venezuela, o con los de Manuel Zelaya, que mantienen a Honduras en la ruina.
Manipulada por Ortega, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con seis magistrados serviles ‒los tres titulares de fidelidad dudosa fueron sustituidos maliciosamente por sus suplentes orteguistas‒, impuso una reforma de hecho a la Carta Magna al declarar que las barreras constitucionales a la reelección de los presidentes merman el derecho de quien haya sido jefe del Estado ya que los diputados no tienen límites y todos los nicaragüenses son incondicionalmente iguales ante la ley.
La oposición ha hablado de aberración jurídica, de barbaridad política y del autoritarismo corrupto imperante en el país y recordado que una argucia parecida, también usando jueces venales, fue la base de sustento de la dictadura somocista.
De un modo tan sencillo, sin consultar a la ciudadanía, la reelección presidencial ha sido declara inconstitucional en Nicaragua. Salvando la distancia, sería como si en España la Sala Constitucional del Supremo declarase inconstitucional el régimen de las autonomías aduciendo que atenta contra la unidad de la nación establecida por la misma Carta Magna o que el heredero de la Corona sea la primogénita de los reyes Juan Carlos y Sofía, la infanta Elena, y no su hermano pequeño, el príncipe Felipe, porque la prevalencia de la línea sucesoria en el hombre sobre la mujer va en contra de la igualdad de todos los españoles consagrada por Ley de Leyes.
La reelección de Ortega tiene el rechazó frontal del 70% de los nicaragüenses, según una encuesta hecha por M&R Consultores encima de los acontecimientos. De modo que cabría esperar que Ortega saliera trasquilado cuando buscara esa reelección. Pero con sus antecedentes, el Consejo Supremo Electoral en sus manos y el populismo rampante que practica pocos confían.
Sin ir más lejos, los comicios municipales de noviembre del 2008 desembocaron en un fraude descarado a favor del orteguismo que, por ejemplo, llevó a Estados Unidos y la Unión Europea a congelar sus ayudas a Nicaragua. Poco comparado con lo que han hecho en Honduras. El régimen de Somoza se basó en un falso sistema de libertades, donde había elecciones, pero todas se la robaban, recuerda el Movimiento por el Rescate del Sandinismo. «Ortega y Somoza son la misma cosa», proclaman carteles opositores.
EEUU ha inscrito la reforma en «un patrón más amplio de acciones gubernamentales cuestionables e irregulares» que empezó antes de las tramposas elecciones municipales del 2008, ha reprochado la forma en que fue hecha, a espaldas del pueblo, y ha puesto en duda el compromiso del gobierno de Ortega con la Carta Democrática Interamericana. El líder del Comité de Relaciones exteriores del Senado, el demócrata John Kerry, afirmó que la manipulación de Ortega y de la Corte Suprema para sortear los límites constitucionales de su mandato, tiene aires del autoritarismo del pasado.
Los casos de Honduras y Nicaragua son parecida. En Honduras, la estratagema inconstitucional del presidente Manuel Zelaya para reformar la Carta Magna acabó con su destitución y destierro a punta de pistola. Las nuevas autoridades manipularon a su vez a la Corte Suprema para justificar lo que la comunidad internacional vio como un golpe de Estado.
Superada la etapa de los pronunciamientos militares, en América Latina los golpes de Estado de unos poderes a otro han sido moneda corriente desde que en 1992 el peruano Alberto Fujimori clausuró el Congreso Nacional y disolvió la Corte Suprema, un acción horrenda que fue oleado y sacramentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y desde que en 1993 el Senado venezolano declaró inconstitucionalmente vacante la jefatura de Estado mientras Carlos Andrés Pérez estaba siendo juzgado por presunta corrupción. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Cuba: poco precio para tanto servicio
Menos del 1%. El precio pagado por Cuba a España por su diligencia ha sido la excarcelación de un preso político y medio, pues el segundo estaba en cárcel domiciliaria. A este paso serán necesarios doscientos viajes del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a La Habana para que las cárceles de la dictadura cubana queden vacías de presos políticos. Claro, puedo haber sido peor, como en la anterior visita del ministro.
Moratinos cree que con buenas palabras, palmadas en la espalda, paños tibios y vagas promesas reformistas de Raúl Castro se logre el imposible de que cambie una dictadura pétrea como la cubana. El ministro pretende elevar a la categoría de normal lo que es una aberración. La oposición democrática cubana considera que lo que afirma Moratinos «falsifica la verdad» y le ofende. Un gobierno democrático de un país cuya transición fue paradigmática para una América Latina en busca de su propia democracia debería ser consecuente y no condescender con dictaduras porque por encima de cualquier interés económico o de cualquier otra índole están las personas.
En la visita que acaba de hacer a La Habana Moratinos no ha recibido ninguna garantía relacionada con la democracia o las libertades individuales, aparte la excarcelación de Nelson Aguiar (64), con severos problemas de salud, y los permisos de salida del país a Lázaro Angulo (48), un reo político con permiso extrapenal por enfermedad desde el 2005, y a Elsa Morejón, de las Damas de Blanco, cuyo marido es otro prisionero emblemático de los hermanos Castro.
Únicamente con la palabra de Raúl Castro a Moratinos sobre que «continuará el proceso de reformas» [lo mismo dijo hace tres años], el Gobierno socialista español habla de relaciones normales y de que se esforzará para embarcar a la Unión Europea a favor de la dictadura cubana durante la presidencia española, en el primer semestre del 2010. Pero son falsas señales de cambio. En Cuba las reformas son económicas y mínimas, no en pos de la libertad del mercado sino de la mera subsistencia. La ideología comunista ni la dictadura están en cuestión.
Pretende prioritariamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poner fin a la llamada Posición Común que desde 1996 vincula las relaciones de la Unión Europea con Cuba a la situación de los maltrechos derechos humanos en la isla caribeña y a la implantación de una democracia pluripartidista. Las sanciones impuestas a Cuba por la detención en 2003 de 75 opositores en la llamada «Primavera Negra» fueron levantadas unilateralmente con los buenos oficios de España.
Cuba exige que esa Posición Común quede sin efecto y España, complaciente, también, quizás incluso porque tras la misma estuvo la mano de José María Aznar. Lo dijo La Habana aprovechando la presencia de Moratinos: en las relaciones con la Unión Europea únicamente se podrá avanzar si es eliminada la «injerencista y unilateral» Posición Común.
La garantía para los demócratas cubanos, a quienes el régimen castrista trata de «mercenarios», es que naciones como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Suecia o la República Checa rechazan levantar esa política si no hay avances democráticos, que no lo has habido ni se esperan, o al menos se liberen a los más de 200 presos políticos que mantienen los Castro. El levantamiento exige la unanimidad de los 27 integrantes de la Unión Europea, de manera que parece una quimera. A la diplomacia española le va a costar mucho lograr un consenso sobre su estrategia para Cuba.
También se oponen a esos cambios el Partido Popular español y la oposición cubana, con cuyos representantes Moratinos no ha querido reunirse en La Habana, esta vez tampoco. Por ello ha recibido una lluvia de críticas de unos grupos democráticos que están absolutamente en contra de esa política de presos por reconocimiento y aislamiento de la oposición. El PP afirma que hablar de normalidad en las relaciones con Cuba, como ha hecho insistentemente Moratinos desde La Habana, pone los pelos como escarpias. Los demócratas cubanos han hablado de la «crueldad extrema» las excarcelaciones con cuentagotas que el régimen cubano viene concediendo a petición del Gobierno español. «Son excarcelaciones mezquinas, concesiones mínimas», alegan. Los disidentes que Moratinos no ha querido nuevamente ver se sienten aislados, marginados por España. Afirman que Moratinos con su presencia en La Habana ha subestimado las demandas de democratización y libertad que hace el pueblo cubano.
España debía servir de modelo en la defensa de la democracia y si lo hace en Honduras, donde no hay establecida formalmente una dictadura, con toda razón debiera hacerlo también en Cuba donde se lleva medio siglo de tiranía. España no puede prestar coartadas a ninguna dictadura y mucho menos si su gobierno es de un partido que como el Socialista ha luchado denodadamente por la democracia y tiene una hoja de servicios al pueblo en ese sentido inmaculada.
En Nicaragua, el Poder Judicial acaba de dar un golpe a la Constitución al declarar inaplicable el artículo que prescribe la reelección, para que Daniel Ortega pueda eternizarse en el poder, por la senda trazada desde Caracas por Hugo Chávez. Ese golpe recibe el rechazo de diferentes entidades latinoamericanas y estadounidenses, pero Madrid guarda silencio.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Moratinos cree que con buenas palabras, palmadas en la espalda, paños tibios y vagas promesas reformistas de Raúl Castro se logre el imposible de que cambie una dictadura pétrea como la cubana. El ministro pretende elevar a la categoría de normal lo que es una aberración. La oposición democrática cubana considera que lo que afirma Moratinos «falsifica la verdad» y le ofende. Un gobierno democrático de un país cuya transición fue paradigmática para una América Latina en busca de su propia democracia debería ser consecuente y no condescender con dictaduras porque por encima de cualquier interés económico o de cualquier otra índole están las personas.
En la visita que acaba de hacer a La Habana Moratinos no ha recibido ninguna garantía relacionada con la democracia o las libertades individuales, aparte la excarcelación de Nelson Aguiar (64), con severos problemas de salud, y los permisos de salida del país a Lázaro Angulo (48), un reo político con permiso extrapenal por enfermedad desde el 2005, y a Elsa Morejón, de las Damas de Blanco, cuyo marido es otro prisionero emblemático de los hermanos Castro.
Únicamente con la palabra de Raúl Castro a Moratinos sobre que «continuará el proceso de reformas» [lo mismo dijo hace tres años], el Gobierno socialista español habla de relaciones normales y de que se esforzará para embarcar a la Unión Europea a favor de la dictadura cubana durante la presidencia española, en el primer semestre del 2010. Pero son falsas señales de cambio. En Cuba las reformas son económicas y mínimas, no en pos de la libertad del mercado sino de la mera subsistencia. La ideología comunista ni la dictadura están en cuestión.
Pretende prioritariamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poner fin a la llamada Posición Común que desde 1996 vincula las relaciones de la Unión Europea con Cuba a la situación de los maltrechos derechos humanos en la isla caribeña y a la implantación de una democracia pluripartidista. Las sanciones impuestas a Cuba por la detención en 2003 de 75 opositores en la llamada «Primavera Negra» fueron levantadas unilateralmente con los buenos oficios de España.
Cuba exige que esa Posición Común quede sin efecto y España, complaciente, también, quizás incluso porque tras la misma estuvo la mano de José María Aznar. Lo dijo La Habana aprovechando la presencia de Moratinos: en las relaciones con la Unión Europea únicamente se podrá avanzar si es eliminada la «injerencista y unilateral» Posición Común.
La garantía para los demócratas cubanos, a quienes el régimen castrista trata de «mercenarios», es que naciones como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Suecia o la República Checa rechazan levantar esa política si no hay avances democráticos, que no lo has habido ni se esperan, o al menos se liberen a los más de 200 presos políticos que mantienen los Castro. El levantamiento exige la unanimidad de los 27 integrantes de la Unión Europea, de manera que parece una quimera. A la diplomacia española le va a costar mucho lograr un consenso sobre su estrategia para Cuba.
También se oponen a esos cambios el Partido Popular español y la oposición cubana, con cuyos representantes Moratinos no ha querido reunirse en La Habana, esta vez tampoco. Por ello ha recibido una lluvia de críticas de unos grupos democráticos que están absolutamente en contra de esa política de presos por reconocimiento y aislamiento de la oposición. El PP afirma que hablar de normalidad en las relaciones con Cuba, como ha hecho insistentemente Moratinos desde La Habana, pone los pelos como escarpias. Los demócratas cubanos han hablado de la «crueldad extrema» las excarcelaciones con cuentagotas que el régimen cubano viene concediendo a petición del Gobierno español. «Son excarcelaciones mezquinas, concesiones mínimas», alegan. Los disidentes que Moratinos no ha querido nuevamente ver se sienten aislados, marginados por España. Afirman que Moratinos con su presencia en La Habana ha subestimado las demandas de democratización y libertad que hace el pueblo cubano.
España debía servir de modelo en la defensa de la democracia y si lo hace en Honduras, donde no hay establecida formalmente una dictadura, con toda razón debiera hacerlo también en Cuba donde se lleva medio siglo de tiranía. España no puede prestar coartadas a ninguna dictadura y mucho menos si su gobierno es de un partido que como el Socialista ha luchado denodadamente por la democracia y tiene una hoja de servicios al pueblo en ese sentido inmaculada.
En Nicaragua, el Poder Judicial acaba de dar un golpe a la Constitución al declarar inaplicable el artículo que prescribe la reelección, para que Daniel Ortega pueda eternizarse en el poder, por la senda trazada desde Caracas por Hugo Chávez. Ese golpe recibe el rechazo de diferentes entidades latinoamericanas y estadounidenses, pero Madrid guarda silencio.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Fujimori: nueva aventura
Una nueva condena, esta vez a seis años, ha puesto fin al vía crucis judicial del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que ahora tiene por delante el infierno de la cárcel virtualmente de por vida o hasta ver si su hija mayor, Keiko, gana las próximas elecciones y le indulta.
Hay bastantes posibilidades de que el pueblo peruano vuelva a equivocarse, como hizo con su padre, y escoja para presidenta a la congresista Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 34 años, a juzgar por las encuestas de intención de voto para los comicios del 2011.
Keiko, que tiene dos hijas de un marido italo-norteamericano, lleva plomo en las alas. Pero bastantes peruanos no lo aprecian, no les importa e, incluso, le perdonan. Tampoco los peruanos fueron muy escrupulosos cuando en las elecciones de 1990 rechazaron al escritor Mario Vargas Llosa y se decantaron por su padre, un personaje incierto, de dudosa catadura, un aventurero cuyos genes nipones revueltos con la famosa viveza criolla peruana produjeron un extraño shogun, un pícaro de siete suelas redomado y desalmado que se erigió en dictador en tándem con el siniestro Vladimiro Montesinos, y acabó enfrentando condenas hasta por homicidio culposo, por delitos cometidos durante los diez años que gobernó el Perú. La primera elección de Fujimori fue para muchos peruanos como acto de redención nacional tras el fracaso de la democracia y el espantoso baño de sangre provocado por la guerra interna del terrorismo y las fuerzas del orden, un intento de catarsis nacional que se transformó en un cruel disparate bajo la enésima dictadura peruana.
La última pena impuesta a Fujimori ha sido a seis años de prisión e indemnizaciones que ascienden a 36 millones de dólares por corrupción, espionaje, incluso a su ex esposa, la mamá de Keiko; compra de congresistas y soborno a periodistas con dineros de fondos reservados de los servicios secretos. Esta condena se suma a otras tres por delitos cometidos en el ejercicio del poder, entre 1990 y 2000, la principal a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos con homicidios y secuestros. La procuraduría anticorrupción tiene listas nuevas acusaciones contra él, pero la intervención de la justicia depende de Chile ya que el vecino país condicionó su extradición solo para enfrentar los cargos por los que ha sido procesado. Los juicios contra Fujimori comenzaron en diciembre del 2007 luego de su extradición desde Chile, donde había sido arrestado, a petición del Lima, trece meses antes, a poco de llegar por sorpresa a Santiago procedente del Japón, donde vivió como japonés que es los seis años que habían transcurrido desde su espantada del Perú y renuncia a la presidencia por fax.
A diferencia de los tres juicios anteriores que se arrastraron a lo largo de meses, Fujimori decidió en este último declararse culpable tras escuchar los cargos, al parecer para no perjudicar la carrera a la presidencia de Keiko ya que, al pareceer, de los mismos fondos reservados usados para corromper a congresistas y periodistas salió el dinero para pagar los estudio en Estados Unidos de sus cuatros hijos. Keiko Sofía. Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi se graduaron unos en la Boston University, la tercera en la de Columbia y el pequeño en la de Kansas. El padre adujo que pagó los estudios con la venta de un inmueble, pero parece demostrado que fue los fondos reservados y que el dinero de la propiedad dio vueltas en varios bancos. La vida de millonarios que llevaron los chicos Fujimori en Estados Unidos estaba en fuerte contradicción con los menguados ingresos legales de un presidente peruano, que en su caso eran inferiores a dos mil euros mensuales al cambio actual. En consecuencia, Keiko puede haber cometido un delito de complicidad y estaría encubriendo dineros mal habidos.
Entre los testigos que se iban a citar para este juicio estaban la ex esposa de Fujimori y madre de sus cuatro hijos, Susana Higuchi; el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuellar y Vargas Llosa, todos ellos sometidos a espionaje telefónico por los servicios secretos del régimen autoritario y corrupto que encabezaron Fujimori y Montesinos. Al declararse culpable Fujimori ha privado al país de un importante espectáculo mediático. Resta por saber si tendrá alguna utilidad material en la ambiciosa carrera política de su hija. El pueblo peruano tedrá que evitarlo.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
www.apuntesiberoamericanos.com
Hay bastantes posibilidades de que el pueblo peruano vuelva a equivocarse, como hizo con su padre, y escoja para presidenta a la congresista Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 34 años, a juzgar por las encuestas de intención de voto para los comicios del 2011.
Keiko, que tiene dos hijas de un marido italo-norteamericano, lleva plomo en las alas. Pero bastantes peruanos no lo aprecian, no les importa e, incluso, le perdonan. Tampoco los peruanos fueron muy escrupulosos cuando en las elecciones de 1990 rechazaron al escritor Mario Vargas Llosa y se decantaron por su padre, un personaje incierto, de dudosa catadura, un aventurero cuyos genes nipones revueltos con la famosa viveza criolla peruana produjeron un extraño shogun, un pícaro de siete suelas redomado y desalmado que se erigió en dictador en tándem con el siniestro Vladimiro Montesinos, y acabó enfrentando condenas hasta por homicidio culposo, por delitos cometidos durante los diez años que gobernó el Perú. La primera elección de Fujimori fue para muchos peruanos como acto de redención nacional tras el fracaso de la democracia y el espantoso baño de sangre provocado por la guerra interna del terrorismo y las fuerzas del orden, un intento de catarsis nacional que se transformó en un cruel disparate bajo la enésima dictadura peruana.
La última pena impuesta a Fujimori ha sido a seis años de prisión e indemnizaciones que ascienden a 36 millones de dólares por corrupción, espionaje, incluso a su ex esposa, la mamá de Keiko; compra de congresistas y soborno a periodistas con dineros de fondos reservados de los servicios secretos. Esta condena se suma a otras tres por delitos cometidos en el ejercicio del poder, entre 1990 y 2000, la principal a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos con homicidios y secuestros. La procuraduría anticorrupción tiene listas nuevas acusaciones contra él, pero la intervención de la justicia depende de Chile ya que el vecino país condicionó su extradición solo para enfrentar los cargos por los que ha sido procesado. Los juicios contra Fujimori comenzaron en diciembre del 2007 luego de su extradición desde Chile, donde había sido arrestado, a petición del Lima, trece meses antes, a poco de llegar por sorpresa a Santiago procedente del Japón, donde vivió como japonés que es los seis años que habían transcurrido desde su espantada del Perú y renuncia a la presidencia por fax.
A diferencia de los tres juicios anteriores que se arrastraron a lo largo de meses, Fujimori decidió en este último declararse culpable tras escuchar los cargos, al parecer para no perjudicar la carrera a la presidencia de Keiko ya que, al pareceer, de los mismos fondos reservados usados para corromper a congresistas y periodistas salió el dinero para pagar los estudio en Estados Unidos de sus cuatros hijos. Keiko Sofía. Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Higuchi se graduaron unos en la Boston University, la tercera en la de Columbia y el pequeño en la de Kansas. El padre adujo que pagó los estudios con la venta de un inmueble, pero parece demostrado que fue los fondos reservados y que el dinero de la propiedad dio vueltas en varios bancos. La vida de millonarios que llevaron los chicos Fujimori en Estados Unidos estaba en fuerte contradicción con los menguados ingresos legales de un presidente peruano, que en su caso eran inferiores a dos mil euros mensuales al cambio actual. En consecuencia, Keiko puede haber cometido un delito de complicidad y estaría encubriendo dineros mal habidos.
Entre los testigos que se iban a citar para este juicio estaban la ex esposa de Fujimori y madre de sus cuatro hijos, Susana Higuchi; el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuellar y Vargas Llosa, todos ellos sometidos a espionaje telefónico por los servicios secretos del régimen autoritario y corrupto que encabezaron Fujimori y Montesinos. Al declararse culpable Fujimori ha privado al país de un importante espectáculo mediático. Resta por saber si tendrá alguna utilidad material en la ambiciosa carrera política de su hija. El pueblo peruano tedrá que evitarlo.
Francisco R. Figueroa
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Ni Zelaya ni Micheletti
La crisis en Honduras parece rumbo a su única salida, bajo la batuta de Estados Unidos, que pasa por la celebración de unas elecciones generales potables el 29 noviembre prescindiendo de los dos escollos que ahora hay: Manuel Zelaya y Roberto Micheletti. El problema será convencer al derrocado gobernante y a sus aliados, entre los cuales destacan Hugo Chávez, el mecenas, y Luiz Inácio Lula da Silva, su anfitrión.
Se trata de contentar a tirios y troyanos, dentro de la Constitución, preservando las instituciones democráticas y el Estado de derecho puesto que lo importante no son los intereses particulares de los dos pretendidos presidentes. Debe renunciar el «presidente interino» Micheletti a cambio de una canonjía, a lo mejore una curul vitalicia en el Congreso que lo haga intocable. Micheletti no debe oponerse. El «presidente derrocado» Zelaya sería restituido, pero temporalmente y con la alas recortadas. No sería juzgado por las violaciones a la Constitución que desembocaron hace tres meses en su derrocamiento y deportación. Tendría que renunciar para dar paso a un Gobierno de concertación que administraría el país hasta el traspaso del poder a quien resulte elegido presidente en las elecciones del 29 de noviembre. Todos los implicados serían beneficiados por una amnistía y recibirían alguna forma de compensación. Se ha hablado de asegurar el acuerdo con «cascos azules» de la ONU, pero resulta difícil esta operación con tan poco tiempo por delante.
Quedan importantes cabos sueltos con nombres y apellidos. Primero está el propio Zelaya, un personaje que últimamente desvaría en su campamento en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Está empecinamiento en ser presidente hasta el último día de su mandato. Tampoco está claro cómo podrá ser controlado Zelaya una vez repuesto en el poder y, obviamente, no hay garantías de que se deje. Ahí entrarían los cascos azules. Habría que convencer primero a sus amigos y consejeros para que lo convenzan de que no hay otra salida. El brasileño Lula da Silva pude ser fundamental en este punto. Después aparece el megalómano Chávez que, sirviéndose de sus aliados, puede entorpecer ese plan tanto por venir de Estados Unidos y la derecha empresarial hondureña como porque volatiza lo que ya él consideraba un satélite de su imperiete, su segunda pica en Centroamérica después de Nicaragua, a la espera de que pueda caer El Salvador del Frente Farabundo Martí en el redil bolivariano. Pero Chávez puede abandonar a un Zelaya sin futuro si ve que tiene —como parece— posibilidades de ganar las elecciones presidenciales el candidato de izquierda Carlos Reyes.
En los últimos días surgieron bastantes señales sobre ese proyecto de acuerdo dentro y fuera de Honduras, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) daba muestras de enflaquecimiento en su apoyo a Zelaya. En concreto en Estados Unidos, la ONU, las Fuerzas Armadas y los empresarios hondureños, y el propio Micheletti. Pero Zelaya ya ha manifestado públicamente su posición entre el bosque de declaraciones que hace a diario desde su refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa: «Ellos proponen otro golpe de Estado; sacar a Micheletti y poner otro presidente. Eso no es aceptable por un demócrata como yo», ha dicho. Él quiere si silla de vuelta, sin condiciones, de modo que sigue llamando a la insurrección.
En la OEA, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica, Panamá, México y Perú no se muestra dispuestos a apoyar una resolución que condene los resultados de las elecciones sin Zelaya. Está claro que Zelaya no tiene el respaldo de Estados Unidos. De hecho solo lo tuvo en apariencia. «Washington no está inclinado hacia Zelaya; simplemente apoya la democracia, que es el pilar de nuestra política exterior», ha precisado el embajador en Honduras Hugo Llorens. Por su parte, el embajador en al OEA, Lewis Anselem, no disparataba cuando, el lunes pasado, calificó de «irresponsable e idiota» el retorno clandestino de Zelaya a Honduras y, sin nombra a Venezuela o Brasil, echaba la responsabilidad de la violencia presente y futura a quienes facilitaron el regreso. Al mismo tiempo se refería a Zelaya como la estrella de un disparatado viejo filme de Woody Allen, posiblemente «Bananas».
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Se trata de contentar a tirios y troyanos, dentro de la Constitución, preservando las instituciones democráticas y el Estado de derecho puesto que lo importante no son los intereses particulares de los dos pretendidos presidentes. Debe renunciar el «presidente interino» Micheletti a cambio de una canonjía, a lo mejore una curul vitalicia en el Congreso que lo haga intocable. Micheletti no debe oponerse. El «presidente derrocado» Zelaya sería restituido, pero temporalmente y con la alas recortadas. No sería juzgado por las violaciones a la Constitución que desembocaron hace tres meses en su derrocamiento y deportación. Tendría que renunciar para dar paso a un Gobierno de concertación que administraría el país hasta el traspaso del poder a quien resulte elegido presidente en las elecciones del 29 de noviembre. Todos los implicados serían beneficiados por una amnistía y recibirían alguna forma de compensación. Se ha hablado de asegurar el acuerdo con «cascos azules» de la ONU, pero resulta difícil esta operación con tan poco tiempo por delante.
Quedan importantes cabos sueltos con nombres y apellidos. Primero está el propio Zelaya, un personaje que últimamente desvaría en su campamento en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. Está empecinamiento en ser presidente hasta el último día de su mandato. Tampoco está claro cómo podrá ser controlado Zelaya una vez repuesto en el poder y, obviamente, no hay garantías de que se deje. Ahí entrarían los cascos azules. Habría que convencer primero a sus amigos y consejeros para que lo convenzan de que no hay otra salida. El brasileño Lula da Silva pude ser fundamental en este punto. Después aparece el megalómano Chávez que, sirviéndose de sus aliados, puede entorpecer ese plan tanto por venir de Estados Unidos y la derecha empresarial hondureña como porque volatiza lo que ya él consideraba un satélite de su imperiete, su segunda pica en Centroamérica después de Nicaragua, a la espera de que pueda caer El Salvador del Frente Farabundo Martí en el redil bolivariano. Pero Chávez puede abandonar a un Zelaya sin futuro si ve que tiene —como parece— posibilidades de ganar las elecciones presidenciales el candidato de izquierda Carlos Reyes.
En los últimos días surgieron bastantes señales sobre ese proyecto de acuerdo dentro y fuera de Honduras, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) daba muestras de enflaquecimiento en su apoyo a Zelaya. En concreto en Estados Unidos, la ONU, las Fuerzas Armadas y los empresarios hondureños, y el propio Micheletti. Pero Zelaya ya ha manifestado públicamente su posición entre el bosque de declaraciones que hace a diario desde su refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa: «Ellos proponen otro golpe de Estado; sacar a Micheletti y poner otro presidente. Eso no es aceptable por un demócrata como yo», ha dicho. Él quiere si silla de vuelta, sin condiciones, de modo que sigue llamando a la insurrección.
En la OEA, Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica, Panamá, México y Perú no se muestra dispuestos a apoyar una resolución que condene los resultados de las elecciones sin Zelaya. Está claro que Zelaya no tiene el respaldo de Estados Unidos. De hecho solo lo tuvo en apariencia. «Washington no está inclinado hacia Zelaya; simplemente apoya la democracia, que es el pilar de nuestra política exterior», ha precisado el embajador en Honduras Hugo Llorens. Por su parte, el embajador en al OEA, Lewis Anselem, no disparataba cuando, el lunes pasado, calificó de «irresponsable e idiota» el retorno clandestino de Zelaya a Honduras y, sin nombra a Venezuela o Brasil, echaba la responsabilidad de la violencia presente y futura a quienes facilitaron el regreso. Al mismo tiempo se refería a Zelaya como la estrella de un disparatado viejo filme de Woody Allen, posiblemente «Bananas».
Francisco R. Figueroa
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Suramérica baila con lobos
No hace bien a las democracias suramericanas encuentros con autócratas de la talla del libio Muamar El Gadafi [40 años en el poder], el guineano Teodoro Obiang [30] o el sudanés Omar al-Bashir [20] como el que acaba de acontecer en Isla Margarita (Venezuela). Reuniones con esos inicuos tiranos sientan peor al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o la chilena Michelle Bachelet que al venezolano Hugo Chávez, a quien pocos tienen por demócrata cabal.
Si la convivencia en libertad y democracia conforman el marco que debe encuadrar las relaciones entre las naciones latinoamericanas y si hay un escándalo colosal porque en Honduras se instalara por la fuerza un gobierno de transición que pretende estar a lo sumo medio año en funciones mientras se celebran elecciones, al que se ha expulsado como un apestado del sistema interamericano, sometido al vapuleo internacional y sancionado hasta el punto que lo han obligado a endurecerse, a ser el autoritario que dicen, no se entiende la oportunidad de esa cumbre en Margarita con una caterva de déspotas crueles, digna de una galería de horrores, que llevan decenios en el poder sin miramientos ni perspectiva de cambio.
En la segunda cumbre América del Sur-África, celebrada este último fin de semana en esa isla del sur del Caribe y promovida por Chávez y Lula da Silva, se dio la paradoja de que ver unos dictadores contumaces condenando una dictadura si acaso embrionaria, cuando fue aprobado por aclamación una propuesta de Brasil sobre Honduras contraria al mandatario interino, Roberto Micheletti, y favorable al depuesto, Manuel Zelaya. ¡Gadafi, Obiang, al-Bashir y el zimbabuano Robert Mugabe, entre otros, tuvieron la gran desfachatez de condenar a Micheletti!
Del demagogo nacionalista Hugo Chávez se espera cualquier cosa, incluso que manifestara en la cumbre su «apoyo moral, espiritual y político» a Mugabe o se deshiciera en carantoñas con Gadafi, igual que podían posiblemente hacer sus aliados de Ecuador, Rafael Correa, y Bolivia, Evo Morales. Pero, ¿y la señora Bachelet, víctima ella misma de una dictadura tan vesánica como fue la del general Augusto Pinochet, cómo se codea sin vomitar con tantos malhechores, alguno incluso reclamado por la Corte Penal Internacional por sus crímenes? No era necesario acudir personalmente a esa cumbre si el resultado fue repetir en su discurso una sarta de lugares comunes sobre las relaciones Sur-Sur. Hubiera resultado más digno enviar una representación de menor nivel para cumplir el trámite.
El caso de Lula da Silva es diferente si se entiende su actual engreimiento como líder de una pretendida potencia global en ciernes. Venía de pedir ante la ONU más poder para Brasil en el reparto en marcha del mundo, en esa Yalta virtual que está ocurriendo, y estaba midiendo su prestigio en un país diminuto y pobre como Honduras, en cuyos asuntos internos interfiere con gran desfachatez de la mano de Chávez. Se mostraba, pues, ante los africanos como el nuevo prodigio blanco, como el paradigma del líder emergente que toca el cielo. Da la sensación de que hace aguas la encopetada diplomacia brasileña, tantas veces aclamada. Lula da Silva, su consejero áulico, Marco Aurelio García, y su canciller, Celso Amorím, obtuvieron de esa asamblea de coyotes un respaldo implícito a la pretensión de que Brasil tenga un puesto en ese club de los grandes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque nadie lo haya dicho, la ocasión en Isla Margarita fue propicia para aumentar la clientela de la boyante industria brasileña de armamento, que tiene entre las dictaduras africanas un potente mercado, que Brasilia pretende ensanchar con la nueva tecnología de guerra que Brasil espera recibir de Francia. Lula da Silva, en fin, hizo la corte a los países asistentes, fundamentalmente a la cincuentena africana, para que sus respectivos comités olímpicos voten por Río de Janeiro como sede de los Juegos del 2016, este viernes en Copenhague.
La argentina Cristina Fernández de Kirchner estuvo también en esta cita con los canallas, aunque tampoco se sabe para qué. Quizás –ironiza sus rivales– aprendiendo modos de vida africanos ahora que en Argentina cunden la pobreza y la miseria, como, por ejemplo, ha puesto de manifiesto el último «Informe Semanal» de Televisión Española en un reportaje de Vicente Romero. La «Señora K» habló de la necesidad de contribuir «al desarrollo africano y su seguridad alimentaria», olvidando nuevamente que el crudo problema del hambre campea en casa.
Lula da Silva y Chávez han quedado esta semana también muy expuestos por sus amistades peligrosas después de que apoyaran en su participación en la Asamblea General de la ONU el programa nuclear iraní por sus alegados objetivos pacíficos. Al poco se supo que el régimen de Teherán mantenía en secreto una planta de enriquecimiento de uranio con aparentes fines militares, es decir, la fabricación de esas bombas atómicas con las que el régimen de los ayatolás pretende «enceguecer» a sus enemigos, comenzando por Israel. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se han enfurecido; China y Rusia, grandes aliados de Irán, reconsideran su apoyo al régimen de Teherán. Chávez anhela su propio programa nuclear y dispone para ello de la entusiasta colaboración iraní.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
www.apuntesiberoamericanos.com
Si la convivencia en libertad y democracia conforman el marco que debe encuadrar las relaciones entre las naciones latinoamericanas y si hay un escándalo colosal porque en Honduras se instalara por la fuerza un gobierno de transición que pretende estar a lo sumo medio año en funciones mientras se celebran elecciones, al que se ha expulsado como un apestado del sistema interamericano, sometido al vapuleo internacional y sancionado hasta el punto que lo han obligado a endurecerse, a ser el autoritario que dicen, no se entiende la oportunidad de esa cumbre en Margarita con una caterva de déspotas crueles, digna de una galería de horrores, que llevan decenios en el poder sin miramientos ni perspectiva de cambio.
En la segunda cumbre América del Sur-África, celebrada este último fin de semana en esa isla del sur del Caribe y promovida por Chávez y Lula da Silva, se dio la paradoja de que ver unos dictadores contumaces condenando una dictadura si acaso embrionaria, cuando fue aprobado por aclamación una propuesta de Brasil sobre Honduras contraria al mandatario interino, Roberto Micheletti, y favorable al depuesto, Manuel Zelaya. ¡Gadafi, Obiang, al-Bashir y el zimbabuano Robert Mugabe, entre otros, tuvieron la gran desfachatez de condenar a Micheletti!
Del demagogo nacionalista Hugo Chávez se espera cualquier cosa, incluso que manifestara en la cumbre su «apoyo moral, espiritual y político» a Mugabe o se deshiciera en carantoñas con Gadafi, igual que podían posiblemente hacer sus aliados de Ecuador, Rafael Correa, y Bolivia, Evo Morales. Pero, ¿y la señora Bachelet, víctima ella misma de una dictadura tan vesánica como fue la del general Augusto Pinochet, cómo se codea sin vomitar con tantos malhechores, alguno incluso reclamado por la Corte Penal Internacional por sus crímenes? No era necesario acudir personalmente a esa cumbre si el resultado fue repetir en su discurso una sarta de lugares comunes sobre las relaciones Sur-Sur. Hubiera resultado más digno enviar una representación de menor nivel para cumplir el trámite.
El caso de Lula da Silva es diferente si se entiende su actual engreimiento como líder de una pretendida potencia global en ciernes. Venía de pedir ante la ONU más poder para Brasil en el reparto en marcha del mundo, en esa Yalta virtual que está ocurriendo, y estaba midiendo su prestigio en un país diminuto y pobre como Honduras, en cuyos asuntos internos interfiere con gran desfachatez de la mano de Chávez. Se mostraba, pues, ante los africanos como el nuevo prodigio blanco, como el paradigma del líder emergente que toca el cielo. Da la sensación de que hace aguas la encopetada diplomacia brasileña, tantas veces aclamada. Lula da Silva, su consejero áulico, Marco Aurelio García, y su canciller, Celso Amorím, obtuvieron de esa asamblea de coyotes un respaldo implícito a la pretensión de que Brasil tenga un puesto en ese club de los grandes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido) que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque nadie lo haya dicho, la ocasión en Isla Margarita fue propicia para aumentar la clientela de la boyante industria brasileña de armamento, que tiene entre las dictaduras africanas un potente mercado, que Brasilia pretende ensanchar con la nueva tecnología de guerra que Brasil espera recibir de Francia. Lula da Silva, en fin, hizo la corte a los países asistentes, fundamentalmente a la cincuentena africana, para que sus respectivos comités olímpicos voten por Río de Janeiro como sede de los Juegos del 2016, este viernes en Copenhague.
La argentina Cristina Fernández de Kirchner estuvo también en esta cita con los canallas, aunque tampoco se sabe para qué. Quizás –ironiza sus rivales– aprendiendo modos de vida africanos ahora que en Argentina cunden la pobreza y la miseria, como, por ejemplo, ha puesto de manifiesto el último «Informe Semanal» de Televisión Española en un reportaje de Vicente Romero. La «Señora K» habló de la necesidad de contribuir «al desarrollo africano y su seguridad alimentaria», olvidando nuevamente que el crudo problema del hambre campea en casa.
Lula da Silva y Chávez han quedado esta semana también muy expuestos por sus amistades peligrosas después de que apoyaran en su participación en la Asamblea General de la ONU el programa nuclear iraní por sus alegados objetivos pacíficos. Al poco se supo que el régimen de Teherán mantenía en secreto una planta de enriquecimiento de uranio con aparentes fines militares, es decir, la fabricación de esas bombas atómicas con las que el régimen de los ayatolás pretende «enceguecer» a sus enemigos, comenzando por Israel. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se han enfurecido; China y Rusia, grandes aliados de Irán, reconsideran su apoyo al régimen de Teherán. Chávez anhela su propio programa nuclear y dispone para ello de la entusiasta colaboración iraní.
Francisco R. Figueroa
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Lula: el gendarme innecesario
Es increíble la metamorfosis de Luiz Inácio Lula da Silva: pobre de solemnidad, emigrante, chico de recados, operario metalúrgico, dirigente sindical por casualidad, líder del mayor sindicato brasileño, filotrotskista, diputado radical, político execrado, candidato presidencial rabioso, candidato presidencial atemperado, jefe de Estado pragmático y ahora gendarme, su más flamante rol asumido cuando le quedan quince meses para traspasar el poder .
Justo cuando el presidente Barack Obama decía en la ONU que Estados Unidos no puede por sí mismo resolver los problemas del mundo y pedía que cada país asuma la parte de las responsabilidades que le corresponde, Brasil adquiría su nuevo papel protagónico en América Latina por obra y gracia de Lula da Silva.
Desde la misma tribuna de la ONU que poco después ocuparía Obama, Lula da Silva reclamó con osadía más poder para Brasil en el gobierno del mundo, un puesto entre los más grandes en el Consejo de Seguridad y la inmediata restitución en la presidencia de Honduras de Manuel Zelaya, al tiempo que lanzaba una clara advertencia para que nadie toque su embajada en Tegucigalpa, donde el derrocado mandatario tiene refugio garantizado. «Brasil alborota el orden mundial», opinó el diario madrileño «El País».
Aquel niño miserable y analfabeto del sertón de Pernambuco, animado por tanta riqueza como Brasil atesora, con hidrocarburos a raudales y encargos de armas que dejan helados a los vecinos, se muestra dispuesto a llevar a cabo lo que no fueron capaces los 34 generales y prohombres que le precedieron en la presidencia: dar rienda suelta a los instintos imperialistas brasileños –por tantos años reprimidos– y ocupar la posición relevante mundial que cree le corresponde a su país en este tiempo venidero de imperios menores.
Con motivo de la crisis de Honduras, Brasil ha hecho trizas normas de actuación que antes mantenía como dogmas en las relaciones internacionales, entre ellos el principio de la no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Es una voz activa, lindando al intervencionismo, en el intento de reponer en la presidencia al teatral Zelaya, a quien ha acogido en su embajada en Tegucigalpa tras su rocambolesco retorno ayudado sin duda por el venezolano Hugo Chávez.
La actuación de Lula da Silva en la crisis de Honduras levanta en Brasil acalorados debates sobre el protagonismo que el coloso suramericano está tomando en las grandes decisiones internacionales. «Podría haber señales de que la diplomacia brasileña ha comenzado a actuar dentro de un modelo que siempre ha condenado y que tiene como mejor ejemplo a la CIA», ha dicho el antiguo comunista Roberto Freire, líder del Partido Popular Socialista.
Es difícil creer que Chávez pasara a Lula da Silva esa papa caliente que es Zelaya después del golpe de efecto que supuso su retorno clandestino a Honduras, que seguramente llevó a efecto con la ayuda del servicio secreto cubano que siempre lo rodea. Resulta poco convincente la explicación brasileña de que Zelaya apareció súbitamente en su misión en Tegucigalpa, en la que ahora se atrinchera y parece que alucina, empecinado en que Roberto Micheletti le devuelvan la presidencia. Brasil ha sido puesto bajo sospecha de haber estado posiblemente al tanto de todo.
Sea como fuere, entre mentiras, verdades o mentiras y verdades a medias, Brasil se ha visto envuelto en una acción clandestina y ha quebrado su propia tradición al interferir abiertamente en los asuntos internos de otras naciones. En Honduras ha dado un primer paso tras actuaciones algo más comedidas, quizás a modo de ensayo, en Paraguay y Bolivia en años recientes.
El caudillo de Caracas ha reconocido que orquestó el retorno de Zelaya, que se hizo coincidir expresamente con el inicio de la Asamblea General de la ONU, cuando se iban a cumplir tres meses de la destitución del hondureño bajo acusaciones de tratar de moldear a su conveniencia la Constitución de acuerdo a sus ambiciones personales, alentado precisamente por Chávez para eternizarse en el poder. Ahora Chávez financia el movimiento zelayista.
Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia consideraban ilegal. Dicha consulta se destinaba a abrir camino a un cambio en la Constitución que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Pero la Carta Magna hondureña considera cláusula pétrea el mandato presidencial único y sólo fía su propia reforma a una poco posible mayoria parlamentaria de dos tercios.
De manera que había una franca amenaza para la frágil estabilidad institucional hondureña. Pero Zelaya no debía hacer sido sacado del poder y del país a punta de pistola dando argumentos a quienes se llenaron la boca hablando de la violación Carta Demócratica de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero son incapaces de denunciar la demolición de la democracia en curso en Venezuela y los satélites del chavismo. Zelaya tenía que haber sido arrestado por la policía y sometido a proceso para llevar el asunto en el ámbito puramente interno de acuerdo a los procedimientos legales abiertos por la Fiscalía.
A lo largo y ancho del mundo se ha exigido la restitución de Zelaya en el poder, Estados Unidos entre ellos. Ahora, tras el retorno de Zelaya, Washington pide que se le restituya la presidencia «bajo condiciones apropiadas». La principal de ellas parece que va a ser que sigan adelante las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 29 de noviembre y que deben recolocar al país en la senda constitucional y democrática. Los cuatro candidatos presidenciales hondureños lo han visto así y el mundo debe respaldarlos. La segunda condición sería mantener atado corto a Zelaya, sin capacidad de maniobra para imponer cualquier vía distinta a la electoral que marca la Constitución, y que quede agregado en buena hora a la nómina de ex mandatarios hondureños.
Esas soluciones suponen la mejor salida a la crisis después de tantas torpezas a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el interés mezquino de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, para mantenerse en la poltrona, y los manejos expansionistas en los que está engolfado Chávez.
Técnicament Zelaya es un asilado diplomático, si no de derecho sí de hecho, desde el momento en que Brasil lo admitió en su legación en Tegucigalpa dodne lo alberga y protege. La tradición diplomática latinoamericana es clara sobre el asilo basado en la extraterrotorialidad que se atribuye a las misines diplomáticas. Siendo así por definición Zelaya no puede hacer dentro de la embajada declaraciones políticas ni mucho menos agitar. Lula da Silva habló de él como «asilado» aunque su canciller, Celso Amorim, preferio calificarle de «acogido», quizás en busca de un limbo legal o una tercera vía pues de acuerdo a la diplomacia clásica Brasil está ante las opciones de llevarse a Zeleya a Brasil como asilado, cosa que depende de que Micheletti le conceda el necesario salvoconducto, o entregarlo al gobierno de Honduras. Seguramene las partes se acabaran poniendo de acuerdo.
A Lula da Silva no le queda presidencia para ver convertido su país en el «impávido coloso» que proclama el himno nacional brasileño. Su sucesor saldrá de las elecciones que se celebran en octubre del 2010. Quien quiera que sea tendría que llevar adelante sus planes. Su preferida para dar continuidad a la gestión es Dilma Rousseff, una suerte de sargenta de hierro como jefa del gabinete ministerial brasileño y antigua guerrillera. Está por ver si los demás posibles candidatos se embarcan en el asunto, aunque tratándose de política externa se presume que la continuidad estaría garantizada. El socialdemócrata José Serra sería el Fernando Henrique Cardoso II, probablemente el mejor presidente que ha tenido Brasil, aunque menos osado que Lula da Silva. Ninguna de las disidentes del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Marina Silva y Eloisa Helena, tiene la menor oportunidad de convertirse en la primera presidenta de Brasil, salvo que ese país de temperamento voluble como es Brasil se entusiasme con una de ellas. Por último Ciro Gomes, también socialista, posiblemente vuelva a ser unas elecciones más el pez que muere por la boca.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Justo cuando el presidente Barack Obama decía en la ONU que Estados Unidos no puede por sí mismo resolver los problemas del mundo y pedía que cada país asuma la parte de las responsabilidades que le corresponde, Brasil adquiría su nuevo papel protagónico en América Latina por obra y gracia de Lula da Silva.
Desde la misma tribuna de la ONU que poco después ocuparía Obama, Lula da Silva reclamó con osadía más poder para Brasil en el gobierno del mundo, un puesto entre los más grandes en el Consejo de Seguridad y la inmediata restitución en la presidencia de Honduras de Manuel Zelaya, al tiempo que lanzaba una clara advertencia para que nadie toque su embajada en Tegucigalpa, donde el derrocado mandatario tiene refugio garantizado. «Brasil alborota el orden mundial», opinó el diario madrileño «El País».
Aquel niño miserable y analfabeto del sertón de Pernambuco, animado por tanta riqueza como Brasil atesora, con hidrocarburos a raudales y encargos de armas que dejan helados a los vecinos, se muestra dispuesto a llevar a cabo lo que no fueron capaces los 34 generales y prohombres que le precedieron en la presidencia: dar rienda suelta a los instintos imperialistas brasileños –por tantos años reprimidos– y ocupar la posición relevante mundial que cree le corresponde a su país en este tiempo venidero de imperios menores.
Con motivo de la crisis de Honduras, Brasil ha hecho trizas normas de actuación que antes mantenía como dogmas en las relaciones internacionales, entre ellos el principio de la no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Es una voz activa, lindando al intervencionismo, en el intento de reponer en la presidencia al teatral Zelaya, a quien ha acogido en su embajada en Tegucigalpa tras su rocambolesco retorno ayudado sin duda por el venezolano Hugo Chávez.
La actuación de Lula da Silva en la crisis de Honduras levanta en Brasil acalorados debates sobre el protagonismo que el coloso suramericano está tomando en las grandes decisiones internacionales. «Podría haber señales de que la diplomacia brasileña ha comenzado a actuar dentro de un modelo que siempre ha condenado y que tiene como mejor ejemplo a la CIA», ha dicho el antiguo comunista Roberto Freire, líder del Partido Popular Socialista.
Es difícil creer que Chávez pasara a Lula da Silva esa papa caliente que es Zelaya después del golpe de efecto que supuso su retorno clandestino a Honduras, que seguramente llevó a efecto con la ayuda del servicio secreto cubano que siempre lo rodea. Resulta poco convincente la explicación brasileña de que Zelaya apareció súbitamente en su misión en Tegucigalpa, en la que ahora se atrinchera y parece que alucina, empecinado en que Roberto Micheletti le devuelvan la presidencia. Brasil ha sido puesto bajo sospecha de haber estado posiblemente al tanto de todo.
Sea como fuere, entre mentiras, verdades o mentiras y verdades a medias, Brasil se ha visto envuelto en una acción clandestina y ha quebrado su propia tradición al interferir abiertamente en los asuntos internos de otras naciones. En Honduras ha dado un primer paso tras actuaciones algo más comedidas, quizás a modo de ensayo, en Paraguay y Bolivia en años recientes.
El caudillo de Caracas ha reconocido que orquestó el retorno de Zelaya, que se hizo coincidir expresamente con el inicio de la Asamblea General de la ONU, cuando se iban a cumplir tres meses de la destitución del hondureño bajo acusaciones de tratar de moldear a su conveniencia la Constitución de acuerdo a sus ambiciones personales, alentado precisamente por Chávez para eternizarse en el poder. Ahora Chávez financia el movimiento zelayista.
Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia consideraban ilegal. Dicha consulta se destinaba a abrir camino a un cambio en la Constitución que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Pero la Carta Magna hondureña considera cláusula pétrea el mandato presidencial único y sólo fía su propia reforma a una poco posible mayoria parlamentaria de dos tercios.
De manera que había una franca amenaza para la frágil estabilidad institucional hondureña. Pero Zelaya no debía hacer sido sacado del poder y del país a punta de pistola dando argumentos a quienes se llenaron la boca hablando de la violación Carta Demócratica de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero son incapaces de denunciar la demolición de la democracia en curso en Venezuela y los satélites del chavismo. Zelaya tenía que haber sido arrestado por la policía y sometido a proceso para llevar el asunto en el ámbito puramente interno de acuerdo a los procedimientos legales abiertos por la Fiscalía.
A lo largo y ancho del mundo se ha exigido la restitución de Zelaya en el poder, Estados Unidos entre ellos. Ahora, tras el retorno de Zelaya, Washington pide que se le restituya la presidencia «bajo condiciones apropiadas». La principal de ellas parece que va a ser que sigan adelante las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 29 de noviembre y que deben recolocar al país en la senda constitucional y democrática. Los cuatro candidatos presidenciales hondureños lo han visto así y el mundo debe respaldarlos. La segunda condición sería mantener atado corto a Zelaya, sin capacidad de maniobra para imponer cualquier vía distinta a la electoral que marca la Constitución, y que quede agregado en buena hora a la nómina de ex mandatarios hondureños.
Esas soluciones suponen la mejor salida a la crisis después de tantas torpezas a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el interés mezquino de su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, para mantenerse en la poltrona, y los manejos expansionistas en los que está engolfado Chávez.
Técnicament Zelaya es un asilado diplomático, si no de derecho sí de hecho, desde el momento en que Brasil lo admitió en su legación en Tegucigalpa dodne lo alberga y protege. La tradición diplomática latinoamericana es clara sobre el asilo basado en la extraterrotorialidad que se atribuye a las misines diplomáticas. Siendo así por definición Zelaya no puede hacer dentro de la embajada declaraciones políticas ni mucho menos agitar. Lula da Silva habló de él como «asilado» aunque su canciller, Celso Amorim, preferio calificarle de «acogido», quizás en busca de un limbo legal o una tercera vía pues de acuerdo a la diplomacia clásica Brasil está ante las opciones de llevarse a Zeleya a Brasil como asilado, cosa que depende de que Micheletti le conceda el necesario salvoconducto, o entregarlo al gobierno de Honduras. Seguramene las partes se acabaran poniendo de acuerdo.
A Lula da Silva no le queda presidencia para ver convertido su país en el «impávido coloso» que proclama el himno nacional brasileño. Su sucesor saldrá de las elecciones que se celebran en octubre del 2010. Quien quiera que sea tendría que llevar adelante sus planes. Su preferida para dar continuidad a la gestión es Dilma Rousseff, una suerte de sargenta de hierro como jefa del gabinete ministerial brasileño y antigua guerrillera. Está por ver si los demás posibles candidatos se embarcan en el asunto, aunque tratándose de política externa se presume que la continuidad estaría garantizada. El socialdemócrata José Serra sería el Fernando Henrique Cardoso II, probablemente el mejor presidente que ha tenido Brasil, aunque menos osado que Lula da Silva. Ninguna de las disidentes del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Marina Silva y Eloisa Helena, tiene la menor oportunidad de convertirse en la primera presidenta de Brasil, salvo que ese país de temperamento voluble como es Brasil se entusiasme con una de ellas. Por último Ciro Gomes, también socialista, posiblemente vuelva a ser unas elecciones más el pez que muere por la boca.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
¡Arriba las armas!
Brasil se arma en Francia y Venezuela en Rusia. Aducen necesidades defensivas, pero hay una pugna soterrada entre ambas. Brasil se arma para afianzarse como sólida potencia en el hemisferio sur y América Latina, frente al nuevo liderazgo «peligroso» de Venezuela, aletargada la centenaria rivalidad con Argentina. También para sacar pecho entre las naciones más poderosas del mundo del inminente G-14 y acabar con la histórica hegemonía de Estados Unidos en América Latina.
Brasil no tiene enemigo a la vista mientras Venezuela señala a Estados Unidos y Colombia. Submarinos, cazabombarderos, helicópteros, tanques y misiles están en sus «carritos de la compra». Tanto el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su homólogo venezolano, Hugo Chávez, se proclaman socialistas y gobernantes identificados con las penurias del pueblo, pero no parece tener en cuenta la enorme cantidad de desigualdades y carencias que se corregirían y taparían con las decenas de miles de millones que han apostado a estos juegos de guerra.
En América solo Estados Unidos supera a Brasil en poder de fuego y en el Hemisferio Sur, apenas Australia. Chávez acaba de volver de Rusia embravecido, desafiante, gallito, cantando el «quiquiriquí, quien sea valiente que venga aquí». Ha comprado tanques y misiles, entre ellos los «Antey 2500», considerado el «Patriot» ruso, con alcance de 2.500 kilómetros, un radio que barre toda Colombia y el Caribe hasta Miami. «Que a nadie se le ocurra venir contra nosotros», advierte bravucón. La ecuación militar latinoamericana ha quedado hecha añicos y más tensiones en la región están servidas. El hecho de que ambos países incremente sus arsenales por sentirse amenazados es motivos de preocupación porque sobre el papel se maneja una hipótesis de conflicto.
Brasil está dispuesto a ejercer su propio liderazgo global, a emerger como potencia mundial jugando en las ligas mayores con la docena de naciones más poderosas del planeta. Décima potencia industrial del mundo y duodécima nación con mayor gasto militar del globo, Brasilia asegura que su estrategia es meradamente «disuasiva». Pretexta la necesidad de defender sus ingentes reservas submarinas de hidrocarburos en el presal del Océano Atlántico (80.000 millones de barriles de crudo) y la Amazonía inmensa poco guarnecida. «Un país que quiere proyectarse internacionalmente debe tener unas fuerzas ramadas coherentes», se dice desde el oficialista «lulismo»
Durante la gestión de Lula da Silva, iniciada en enero de 2003, el gasto militar brasileño ha aumentado un 50%. En 2008 fueron 23.000 millones de dólares –el 1,5% de su PIB–, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI). Ahora va a emplear 14.000 millones de dólares solo en armamento francés, casi el doble de los 8.500 millones que fueron autorizados por el Congreso Nacional y más que todo el gasto militar conjunto de Venezuela y Colombia. Comprará cuatro submarinos convencionales «Scorpène» y uno nuclear, además de cincuenta helicópteros «EC-725», a construirse todo ello en Brasil, y también 36 cazabombarderos «Rafale», de Dassault, de la última generación. A cambio venderá a Francia diez cargueros militares «KC-390», el «Hércules» brasileño aún en proyecto que fabricará Embrear. Brasil se convertirá de la mano de Francia en una de las siete naciones del mundo capaces de diseñar y manejar submarinos atómicos.
El pacto entre Francia y Brasil, según analistas, contraria los intereses políticos estadounidenses y de su industria de defensa. Es el más importante acuerdo militar de la historia reciente mundial y de la de América Latina de los últimos cincuenta años. No es solamente una compraventa de armas. Se trata de una asociación estratégica entre París y Brasilia de un enorme alcance político, diplomático, militar, comercial y geoestratégico. Y puede que solo sea el inicio porque hay más negocios a la vista entre las dos naciones, entre ellos cuatro nuevas centrales nucleares en Brasil y el tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y São Paulo, al que aspiraba España. Brasil ya no tiene para París la condición de «país poco serio» que, según la tradición, le endilgó el general Charles De Gaulle. Francia adquiere en él una plataforma privilegiada para redoblar sus relaciones comerciales y políticas con América Latina, donde en el último tercio del pasado siglo había ido perdiendo influencia.
Convertido en socio privilegiado de Francia en América Latina, Brasil no tiene apuros para pagar sus compras militares, pero lo hará con facilidades hasta el 2021 y recibirá asesoramiento y la tecnología necesaria para desarrollar más su ya impresionante industria militar tanto para alcanzar la autonomía militar y el autoabastecimiento como para la exportación, sobre todo a América Latina y África.
Brasil es ya el cuarto mayor exportador mundial de armas ligeras, el quinto de todo tipo de armas si se considera la UE como un único país, mientras que Embraer es el cuarto fabricante mundial de aviones. París respalda la aspiración brasileña de tener un asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, así como que adquiera mayor relevancia en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional e ingrese al grupo de naciones más poderosas del planeta en la conversión del G-8 en el G-14 que se propone hacer Nicolas Sarkozy cuando Francia presida el reducido club de las naciones más ricas del mundo.
Por su lado, Chávez, supuestamente para proteger su tesoro energético de la rapiña yanqui, se ha gastado más de 4.400 millones de dólares en armas rusas (cien mil fusiles «Kaláshnikov AK-47», 24 cazabombarderos «Sujoi SU-30» y medio centenar de helicópteros). Invirtió cerca de otros 3.000 millones en armamento bielorruso, chino y español. Había anunciado su intención de compra en el supermercado ruso tanques «T-72», vehículos «BMP-3», diez helicópteros de ataque «Mi-28» y tres submarinos del tipo «Varchavianka».
En su última visita a Moscú concretó una operación crediticia de 2.200 millones de dólares para adquirir una cantidad indeterminada de esos misiles «Antey 2500» que alcanzarían Miami además de los «Buk M2», un sistema antiaéreo; los «S-125 Pechora», uno de los cuales alcanzó al único avión invisible «F-117» estadounidense destruido hasta ahora; y los «Smerch S-300», así como 92 tanques «T72» modernizados. Posiblemente Chávez haga más anuncios rimbombantes de compras de armas, todo ello por esa «doctrina militar» que imparte basada en una posible invasión de Estados Unidos o de Colombia, o de ambas, para apoderarse de las ingentes reservas venezolanas de hidrocarburos.
El acuerdo de Caracas con Moscú va más allá de las armas. Rusia tiene interés en el crudo venezolano y en recursos minerales, al tiempo que logra una puerta de entrada en América Latina, que en el pasado soviético fueron la Cuba castrista y el Perú del general Juan Velasco Alvarado y sus militares «nasseristas». De otro lado, Irán parece dispuesto a ayudar a Venezuela a tener su propio programa nuclear, lo que es motivo de gran inquietud en la región y motivo de preocupación para Estados Unidos. Washington está preocupado por las relaciones peligrosas de los regimenes de Chávez y Mahmud Armadineyad y, asimismo, por las multimillonarias compras de armas a Rusia, el uso que se le dará a ese arsenal, la carrera armamentista en Suramérica, la nueva geometría allí y la eventualidad de un desvío de material usado a las guerrillas colombianas, que están seriamente debilitadas.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
Brasil no tiene enemigo a la vista mientras Venezuela señala a Estados Unidos y Colombia. Submarinos, cazabombarderos, helicópteros, tanques y misiles están en sus «carritos de la compra». Tanto el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su homólogo venezolano, Hugo Chávez, se proclaman socialistas y gobernantes identificados con las penurias del pueblo, pero no parece tener en cuenta la enorme cantidad de desigualdades y carencias que se corregirían y taparían con las decenas de miles de millones que han apostado a estos juegos de guerra.
En América solo Estados Unidos supera a Brasil en poder de fuego y en el Hemisferio Sur, apenas Australia. Chávez acaba de volver de Rusia embravecido, desafiante, gallito, cantando el «quiquiriquí, quien sea valiente que venga aquí». Ha comprado tanques y misiles, entre ellos los «Antey 2500», considerado el «Patriot» ruso, con alcance de 2.500 kilómetros, un radio que barre toda Colombia y el Caribe hasta Miami. «Que a nadie se le ocurra venir contra nosotros», advierte bravucón. La ecuación militar latinoamericana ha quedado hecha añicos y más tensiones en la región están servidas. El hecho de que ambos países incremente sus arsenales por sentirse amenazados es motivos de preocupación porque sobre el papel se maneja una hipótesis de conflicto.
Brasil está dispuesto a ejercer su propio liderazgo global, a emerger como potencia mundial jugando en las ligas mayores con la docena de naciones más poderosas del planeta. Décima potencia industrial del mundo y duodécima nación con mayor gasto militar del globo, Brasilia asegura que su estrategia es meradamente «disuasiva». Pretexta la necesidad de defender sus ingentes reservas submarinas de hidrocarburos en el presal del Océano Atlántico (80.000 millones de barriles de crudo) y la Amazonía inmensa poco guarnecida. «Un país que quiere proyectarse internacionalmente debe tener unas fuerzas ramadas coherentes», se dice desde el oficialista «lulismo»
Durante la gestión de Lula da Silva, iniciada en enero de 2003, el gasto militar brasileño ha aumentado un 50%. En 2008 fueron 23.000 millones de dólares –el 1,5% de su PIB–, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI). Ahora va a emplear 14.000 millones de dólares solo en armamento francés, casi el doble de los 8.500 millones que fueron autorizados por el Congreso Nacional y más que todo el gasto militar conjunto de Venezuela y Colombia. Comprará cuatro submarinos convencionales «Scorpène» y uno nuclear, además de cincuenta helicópteros «EC-725», a construirse todo ello en Brasil, y también 36 cazabombarderos «Rafale», de Dassault, de la última generación. A cambio venderá a Francia diez cargueros militares «KC-390», el «Hércules» brasileño aún en proyecto que fabricará Embrear. Brasil se convertirá de la mano de Francia en una de las siete naciones del mundo capaces de diseñar y manejar submarinos atómicos.
El pacto entre Francia y Brasil, según analistas, contraria los intereses políticos estadounidenses y de su industria de defensa. Es el más importante acuerdo militar de la historia reciente mundial y de la de América Latina de los últimos cincuenta años. No es solamente una compraventa de armas. Se trata de una asociación estratégica entre París y Brasilia de un enorme alcance político, diplomático, militar, comercial y geoestratégico. Y puede que solo sea el inicio porque hay más negocios a la vista entre las dos naciones, entre ellos cuatro nuevas centrales nucleares en Brasil y el tren de alta velocidad entre Río de Janeiro y São Paulo, al que aspiraba España. Brasil ya no tiene para París la condición de «país poco serio» que, según la tradición, le endilgó el general Charles De Gaulle. Francia adquiere en él una plataforma privilegiada para redoblar sus relaciones comerciales y políticas con América Latina, donde en el último tercio del pasado siglo había ido perdiendo influencia.
Convertido en socio privilegiado de Francia en América Latina, Brasil no tiene apuros para pagar sus compras militares, pero lo hará con facilidades hasta el 2021 y recibirá asesoramiento y la tecnología necesaria para desarrollar más su ya impresionante industria militar tanto para alcanzar la autonomía militar y el autoabastecimiento como para la exportación, sobre todo a América Latina y África.
Brasil es ya el cuarto mayor exportador mundial de armas ligeras, el quinto de todo tipo de armas si se considera la UE como un único país, mientras que Embraer es el cuarto fabricante mundial de aviones. París respalda la aspiración brasileña de tener un asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, así como que adquiera mayor relevancia en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional e ingrese al grupo de naciones más poderosas del planeta en la conversión del G-8 en el G-14 que se propone hacer Nicolas Sarkozy cuando Francia presida el reducido club de las naciones más ricas del mundo.
Por su lado, Chávez, supuestamente para proteger su tesoro energético de la rapiña yanqui, se ha gastado más de 4.400 millones de dólares en armas rusas (cien mil fusiles «Kaláshnikov AK-47», 24 cazabombarderos «Sujoi SU-30» y medio centenar de helicópteros). Invirtió cerca de otros 3.000 millones en armamento bielorruso, chino y español. Había anunciado su intención de compra en el supermercado ruso tanques «T-72», vehículos «BMP-3», diez helicópteros de ataque «Mi-28» y tres submarinos del tipo «Varchavianka».
En su última visita a Moscú concretó una operación crediticia de 2.200 millones de dólares para adquirir una cantidad indeterminada de esos misiles «Antey 2500» que alcanzarían Miami además de los «Buk M2», un sistema antiaéreo; los «S-125 Pechora», uno de los cuales alcanzó al único avión invisible «F-117» estadounidense destruido hasta ahora; y los «Smerch S-300», así como 92 tanques «T72» modernizados. Posiblemente Chávez haga más anuncios rimbombantes de compras de armas, todo ello por esa «doctrina militar» que imparte basada en una posible invasión de Estados Unidos o de Colombia, o de ambas, para apoderarse de las ingentes reservas venezolanas de hidrocarburos.
El acuerdo de Caracas con Moscú va más allá de las armas. Rusia tiene interés en el crudo venezolano y en recursos minerales, al tiempo que logra una puerta de entrada en América Latina, que en el pasado soviético fueron la Cuba castrista y el Perú del general Juan Velasco Alvarado y sus militares «nasseristas». De otro lado, Irán parece dispuesto a ayudar a Venezuela a tener su propio programa nuclear, lo que es motivo de gran inquietud en la región y motivo de preocupación para Estados Unidos. Washington está preocupado por las relaciones peligrosas de los regimenes de Chávez y Mahmud Armadineyad y, asimismo, por las multimillonarias compras de armas a Rusia, el uso que se le dará a ese arsenal, la carrera armamentista en Suramérica, la nueva geometría allí y la eventualidad de un desvío de material usado a las guerrillas colombianas, que están seriamente debilitadas.
Francisco R. Figueroa
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