Nicaragua: celebrando a Daniel

El trigésimo aniversario de la caída de una dictadura tan infame como la del clan Somoza en Nicaragua tenía que ser motivo para una gran fiesta de la democracia, pero ha servido, más que nada, para que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, relancen su plan de perpetuarse en el poder mediante una reelección continua a lo Hugo Chávez, que para él está doblemente vetada por la Constitución nacional y que, según las encuestas, tiene en contra a casi dos terceras partes del país, además de a la mayoría del Parlamento.

Los festejos oficiales por el triunfo, en 1979, de la revolución sandinista, la victoria de aquello muchachos que deslumbraron al mundo, dejaron en evidencia que tras al fracaso del proyecto que pretendía dignificar esa pequeña nación centroamericana de menos de 130.000 kilómetros cuadrados y hoy con poco más de cinco millones, queda una caricatura que se aferra al poder. Aunque Ortega reivindica el sandinismo, la inmensa mayoría de los dirigentes de la revolución no están a su lado, ni siquiera su hermano Humberto Ortega. Como declaró a diversos periodistas la ex guerrillera y ex ministra Dora María Téllez, la diferencia está en que los sandinistas celebran la Revolución Popular y el «orteguismo» a Daniel Ortega.

Tras haber deshonrado la revolución con el pillaje de su etapa final, la famosa piñata de 1990; traicionado sus ideales y quedado envilecido por las denuncias de abusos sexuales de su hijastra Zoila América, Ortega parece llevar ahora una deriva autoritaria y caudillista semejante a la de su benefactor, el venezolano Hugo Chávez, y como él trata de eternizarse en el poder. Para ello pretende un respaldo popular que no tiene. En 2006 ganó las presidenciales con un discreto 38% de los votos, tras un pacto con el diablo: su hasta entonces archienemigo Arnoldo Alemán, el ex presidente de Nicaragua condenado por corrupción. Las elecciones municipales del año pasado acabaron con un fraude morrocotudo a favor del «orteguismo».

En un discurso, el domingo último, Ortega propuso una reforma de la Constitución nacional de modo que pueda presentarse indefinidamente a la reelección, un proyecto semejante al que ha sumido a la vecina Honduras en una crisis capaz de llevar al país a la guerra civil y que en Nicaragua tiene tan numerosos detractores que queda imposibilitada la vía del Parlamento, en el que el presidente está en franca minoría con 38 de sus 92 diputados. La Ley Fundamental nicaragüense veta la reelección presidencial inmediata e imposibilita volver al cargo a quien lo haya sido en dos ocasiones, como Ortega. La reelección cerrada para él por un doble candado.

Como sus planes continuistas llevan desde hace dos años frenados dentro del Legislativo, Ortega ha envuelto esta vez su propuesta de reelección continua en el celofán de la institucionalización del referéndum revocatorio. Además alega que si los diputados nicaragüenses pueden ser reelegidos indefinidamente porqué él no. De entrada, la oposición ve a Ortega como un hombre dispuesto a todo para perpetuarse en el poder al tiempo que resta credibilidad a cualquier tipo de consulta popular organizada por las mismas autoridades electorales entregadas al «orteguismo» que convalidaron el fraude en las últimas municipales. Con todo el aparato estatal a su favor y con la sombra de un fraude electoral, Ortega vuelve a presionar para su reelección, señalaba la prensa de Managua.

La propuesta de Ortega formó parte de un discurso de fuerte contenido antigringo. Repitió el embrollo habitual sobre las múltiples maldades que Estados Unidos tienen en mente para América Latina, incluidas las posibilidades de golpes de Estado contra Chávez y los demás exponentes de la llamada revolución bolivariana. Por supuesto que, según Ortega, Washington está detrás del golpe que derrocó en Honduras a Manuel Zelaya tras haber quedado enfrentado a los demás poderes del Estado por sus planes de reelección contrarios a ley.

A la derecha de Ortega aparece la estampa de la primera dama, Rosario Murillo, madre de Zoila América. Entre ambos hay un entendimiento total y tienen una interdependencia absoluta. Ella comparte el poder sentada en el mismo trono. Muchos nicaragüenses opinan que Rosario Murillo es quien verdaderamente manda en el país y hay quienes creen que si su marido no logra volver a ser candidato, ella tomará el relevo. Catando a dúo durante las celebraciones del aniversario en la Plaza de la Fe, llena de empleados públicos, mostraron su la sintonía. Una exultante prime dama, que sorprendió por su euforia inagotable, repetía tras cada canción: «Ajúa, que viva Daniel». El espectáculo forma parte, según un vocero del sandinismo renovador, del «concepto familiar del poder» que los Ortega quieren imponer en un país que ya estuvo dominado por los Somoza, prácticas contra las que también se hizo aquella revolución que ahora ha cumplido treinta años.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Honduras: guerra avisada

Honduras, una de las naciones más pobres de América, se ha convertido en el centro de un tablero de ajedrez que pueda teñirse de sangre. El líder venezolano, Hugo Chávez, atiza el fuego con declaraciones incendiarias en sus afanes hegemónicos. Desde su retiro, Fidel Castro dispara contra lo que llama «maniobra yanqui» y publicita que Estados Unidos está detrás de los golpistas hondureños.

Otros líderes del hechizo castro-chavista inflaman la situación con declaraciones disparatadas y, conscientes de que se la juegan en Honduras o el bloque bolivariano puede quedar muy debilitado, también entorpecen la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, que desde el primer momento fue satanizada por Chávez. Todos ellos pretenden hacer saltar por los aires cualquier posibilidad de éxito de esas negociaciones, que cuentan con el beneplácito de Estados Unidos y las naciones europeas. Por su lado, Daniel Ortega acepta que Nicaragua sea el trampolín de una posible ofensiva.

Asimismo, todos ellos están tras la decisión del depuesto presidente Manuel Zelaya de retornar a Honduras por la fuerza para dar batalla y de su llamada a la insurrección popular. Estados Unidos se expresa con palabras medidas. Sin nombrar a nadie advierte de que la actuación desestabilizadora de Chávez y sus socios pueden conducir a la violencia. Por eso los portavoces oficiales en Washington claman para que se evite cualquier acción que exacerbe las pasiones.

De hecho, el gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti ha denunciado la infiltración desde Nicaragua de gente chavista que alegadamente pretende hacer guerrillas y ha lanzado la advertencia de que las fuerzas armadas y policiales de su país están preparadas para repeler lo que llegue, aunque en Honduras no se sabe de movilizaciones militares. Arias no descarta una guerra cuando dice que «el uso de la fuerza militar sin agotar el diálogo tiene que ser el último recurso», mientras ve el juego sucio contra sus gestiones.

La disposición a renunciar anunciada por Micheletti no ha servido para llevar calma porque para el eje castro-chavista solo vale volver al statu quo anterior, incondicionalmente, sin importar el conflicto de poderes que degeneró en esta crisis después de que Zelaya intentara imponer fórmulas continuistas, al estilo de Chávez, reñidas con la Constitución y el Legislativo y el Judicial le enseñaran la tarjeta roja. Desde que Zelaya desencadenó ese conflicto de poderes nadie en Honduras actuó democráticamente. Zelaya violó la Constitución; el Legislativo y el Judicial se deslegitimaron mandado la soldadesca a echarlo del país.

De manera que no se puede descartar que las cosas en Honduras se salgan aún más de madre, se aparten todavía más del camino de la razón y la cordura. Estados Unidos se encuentra en una disyuntiva: no puede tomar partido por Micheletti pues sería la vuelta al pasado y desvirtuaría la recomposición de relaciones con América Latina de la Administración de Barack Obama, que quedaría enfrentado posiblemente a todas las naciones del hemisferio, la mayoría con gobiernos de centro-izquierda dispuestos a radicalizarse contra Estados Unidos si fuera necesario; tampoco puede imponer la restitución de Zelaya pues significa una victoria fortalecedora para la alianza bolivariana formada por naciones donde la democracia es solamente nominal, que alardean de antiimperialismo y tienen quizás su más importante sostén ideológico en el enfrentamiento permanente con Washington, con independencia del inquilino que haya en la Casa Blanca.

Obama no puede condicionar por Honduras sus relaciones con Brasil, en otro país hemisférico con intereses cada día más globales y con cada vez peso en el concierto internacional, o con México, el gran socio fronterizo tan marcado por la violencia y el narcotráfico, ni tampoco con países menores como Argentina o Chile. Lejos de actuar, Obama deja que otros hagan. Aunque Honduras depende mayoritariamente de su comercio con Estados Unidos –el 40% de sus exportaciones van al vecino del norte– para Washington se trata de una nación chica, del tamaño de Tennessee, con una población mayoritariamente empobrecida y sin relevancia comercial, un rincón montañoso, una de esas repúblicas bananeras donde el Departamento de Estado hizo y deshizo durante el siglo XX, en la que hubo intereses de empresas frutículas estadounidenses y que fue un lugar estratégico en la Batalla por Centroamérica de la Guerra Fría en los pasados años ochentas. Pero hoy no representa nada más que una casilla de un juego de ajedrez en el que el caballo (Fidel Castro) hace de rey, Chávez de dama tratando de jaquear por todas las direcciones y Zelaya y Micheletti de peones sacrificables. Las negras atacan; las blancas, delegadas a Arias, parecen tener hoy las de perder.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Réquiem por «Mel» Zelaya

Todo apunta hoy a que Manuel «Mel» Zelaya no recuperará nunca la presidencia de Honduras, ni por el imperio de la ley —que él violó—, ni por las bravatas de Hugo Chávez, las monsergas de Daniel Ortega o los cantos catastrofistas de Fidel Castro. Tampoco por la ineficaz OEA. En Honduras no hay fuerzas significativas que lo respalden ni una opinión popular mayoritaria a su favor. Simplemente, «Mel» Zelaya se puso la soga al cuello, se lanzó al vacío y quedó ahorcado. Jugó con fuego, degradó la democracia, se extralimitó olvidando que sus poderes no era omnímodos y permitió una burda injerencia en su país de Venezuela, Cuba y Nicaragua tendente a cambiar el modelo de convivencia democrática pactado en 1982 para llevar a Honduras al labrantío «chavista».

Pasado el sobresalto inicial causado por la acción de los soldados hondureños echando en pijama a un mandatario elegido por votación popular, que hizo creer a los menos informados en un golpe de Estado latinoamericano a la antigua usanza de los militares gorilas, ahora se está valorando que en Honduras, tras esa suerte de golpe blanco (o blando), la Constitución haya funcionado y la democracia, aunque débil, continúe a pleno pulmón, pese al aislamiento internacional.

En las primeras horas triunfó la idea de que a América Latina habían vuelto los golpes de los militares felones de los años sesentas y setentas como los de Augusto Pinochet o Rafael Videla y sus acólitos. En aquel continente no ha dejado de haber golpes en todo este tiempo. Se cambió el estilo, pero golpes de Estado consumados –aparte intentonas– ha habido en Perú (1992), Venezuela (1993) y Ecuador (1997, 2000 y 2005) en los que unos poderes del Estado destituyeron a los presidentes sin tener potestad para ello. Se clausuró el Legislativo y fue disuelto el Judicial como hizo el peruano Alberto Fujimori; el Parlamento declaró vacante la presidencia con el silenció cómplice de la Justicia para echar del poder al venezolano Carlos Andrés Pérez y al ecuatoriano Lucio Gutiérrez; lo expusieron como un loco sin que mediara un examen médico como fue el caso del ecuatoriano Abdalá Bucaram; se lazaron contra él hordas indígenas delante de los uniformados como le ocurrió a su compatriota Jamil Mahuad. En todos esos casos la Organización de Estados Americanos (OEA) contemporizó. En Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay se produjeron en estos últimos 20 años tumultuosas caídas presidenciales como resultados de grave crisis, en algunos casos con el pueblo alzado.

¿De qué tipo de golpe de Estado estamos hablando en Honduras? No debe costar entender que dos poderes del Estado se vieron obligados actuar contra el Ejecutivo, en defensa de la Constitución, porque el presidente Zelaya la había violentado con la intención de eternizarse en el poder. Se extralimitó en sus competencias convocando una consulta popular, originó un grave conflicto con el Legislativo y el Judicial, frente a los que se mostró en rebeldía, se olvidó de que sus facultades tenían un límite preciso y desencadenó una crisis militar. Hasta a la Iglesia Católica se puso por montera el presidente Zeleya. El error estuvo en enviar al Ejército a echarle del país. Debía habar sido la Policía la que prendiera a Zelaya para llevarlo ante los jueces a enfrentar las acusaciones, con el debido proceso legal, que contra él tendría formuladas la Fiscalía. La Carta Magna hondureña estipula taxativamente, sin ambigüedades ni margen a la interpretación, que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá volver a ser Presidente o Vicepresidente de la República. Quien quebrante esa disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, dice la Suprema Ley de aquel país centroamericano. En consecuencia, como afirma el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, indiscutible autoridad moral de Honduras, no hubo un golpe de Estado y cuando los militares fueron a detener a Zelaya éste, de acuerdo a la Constitución, estaba inhabilitado, es decir, había cesado automáticamente como jefe del Estado.

En el intento de solucionar la crisis hondureñas ha fracasado la OEA, una institución cada vez más inoperante, así como su desafortunado secretario general, el chileno José Miguel Insulza, que actuó para congraciarse con tirios y troyanos en busca de su propia supervivencia en el cargo pensando en el caudal de votos –incluidos los siete del pequeño imperio «chavista»– que le garantizaba la reelección en el cargo. Tampoco han intimidado a las nuevas autoridades hondureñas las extravagancias de Hugo Chávez ni sus amenazas hasta con el desembarque de tropas ni sus disparates. El mandatario venezolano nunca fue un demócrata. Golpista él mismo, sigue practicando la asonada contra la democracia como –sin ir más atrás– demuestra su acción hostil contra alcaldes y gobernadores de oposición elegidos democráticamente en los últimos comicios regionales y municipales a los que no deja gobernar, tema sobre el que la fútil OEA continúa sin pronunciarse.

Chávez no es una voz ética de América, como tampoco lo es un personaje tan controvertido como el nicaragüense Daniel Ortega ni mucho menos los hermanos Castro, dictadores perpetuos de un régimen fosilizado. Todos ellos clamaron en defensa de Zelaya junto a otros dirigentes también de países que no resistirían un examen para demócratas párvulos. Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, entre otros, y por supuesto Cuba son naciones a las que les viene muy grande la Carta Democrática de la OEA que se ha aplicado tan a rajatabla a Honduras. El propio Insulza ha reconocido en privado que sus gobiernos no pasarían el corte si se aplicara la dichosa Carta Democrática.

América Latina un día aprueba el retorno de la dictadura cubana a la OEA –con el beneplácito general desde Río Grande a Tierra del Fuego— y al otro se expulsa a Honduras de ese organismo hemisférico alegando que ha faltado a la dichosa Carta Democrática cuando se trató de ponerlo coto a las ansías de poder de Zelaya. Se trata de una paradoja pues la OEA tampoco ha investigado, sin ir más lejos, el último fraude electoral en Nicaragua en los comicios municipales de noviembre pasado o los dislates en Bolivia y Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correo, se inició a la política como parte de un Gobierno surgido de un golpe de Estado. ¿Por qué nadie pone coto al intervencionismo contumaz de Chávez? ¿Por qué la OEA y la comunidad internacional no actuaron preventivamente en Honduras cuando Zelaya violentaba la democracia? Esta crisis ha desnudado a la OEA.

Con el compás de espera en que han entrado las cancillerías, la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, bendecida por denostado «imperio», se debe conducir la crisis hondureña a una salida electoral cuanto antes. A favor de Zelaya –aparte el «chavismo» y un puñado de hondureños– no queda nadie. Todos los poderes reales de aquel país centroamericanos, incluidos los partidos políticos, los empresarios, la iglesia Católica y las fuerzas armadas, están contra el retorno del Zelaya. Están funcionando con normalidad a pleno sus instituciones democráticas. Se hace necesaria ya una convocatoria a elecciones generales con una adecuada supervisión internacional para zanjar la cuestión. Roberto Micheletti, el presidente en funciones, ha dado reiteradas muestras de estar en una posición constructiva, incluso de beneficiar a Zelaya con una amnistía que el destituido mandatario nunca aceptará porque significará admitir que traicionó a su país.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Botín acaba una aventura tropical

La aventura tropical que el poderoso banquero español Emilio Botín, de 74 años, inició en Venezuela en 1996 ha resultado para él, pese a todo, un buen negocio, que ha sucumbido

este viernes frente al frenesí estatista del presidente Hugo Chávez. Solamente en el último de los doce años que tuvo el dominio del Banco de Venezuela, una entidad casi tan vetusta como su propio Banco de Santander, Botín ganó más de lo que pagó por la entidad venezolana en 1996.

Tras un año de tiras y aflojas, Chávez llegó a un acuerdo amistoso por el que paga a Botín 1.050 millones de dólares para que le entregue la entidad que lleva desde su fundación en 1883 el sacrosanto el nombre de la patria que creó su álter ego, Simón Bolívar. Con esta venta el negocio mundial de Botín se ha achicado un 2%.

Cuando compró el Venezuela Botín se las prometía felices. «No nos cabe duda de que nos va a salir bien», respondió entonces a las preguntas que le hice en Caracas sobre los riesgos de invertir en aquel país. Confiaba plenamente en una Venezuela que acababa de ser considerada por la Unión Europea una nación en la que campeaba la inseguridad jurídica. No le importaba tampoco la corrupción, la frágil estabilidad de sus instituciones, la falta de rumbo nacional, la ineficacia rampante, el descrédito absoluto de la política y, en definitiva, una crisis económica, política y social de proporciones gigantescas.

El patrón del Santander dijo que basaba su optimismo en que el presidente venezolano de entonces, Rafael Caldera, le había dado personalmente garantías y también en que durante dos años había meditado «muy, muy a fondo» la situación de Venezuela. «Estamos tranquilos», concluyó. Claro que por aquel entonces nadie contaba con Hugo Chávez. Quizás sólo el propio Chávez, a la sazón un ex militar golpista y ex convicto que hacía proselitismo boca a boca en la semiclandestinidad.

Desde el 2007 –o quizás antes– Botín daba por descontado que el voraz estatismo de Chávez iba a hacer presa en su banco. Por eso lo puso en venta. También Francisco González, presidente del BBVA, suponía que podía perder su Banco Provincial, la otra gran entidad financiera de Venezuela. Varias veces el caudillo bolivariano había amenazado con tomar ambos bancos, una de ellas en venganza por el famoso «¿Por qué no callas?» que en plena verborrea le espetó el rey Juan Carlos en la Cumbre Iberoamericana de Chile. Botín y González sabían que la Venezuela chavista se había convertido en un peligroso pantano.

Chávez prefería el banco de Botín, el más antiguo del país y de nombre tan emblemático para un nacionalista recalcitrante como él. La toma del banco quedó marcada este viernes patrióticamene por el despliegue de una enorme bandera tricolor venezolana sobre la fachada de la sede central del banco, en el centro de Caracas, donde se encontraba Botín. «Creo que el Grupo Santander puede decir que ha tenido un éxito en Venezuela», expresó el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, para quien su Gobierno ha hecho un buen negocio con esta compra.

Por otro lado, el BBVA había contribuido a la financiación de la campaña que llevó al poder a Chávez en 1998. Quizás por eso Chávez haya podido ser más considerado, aunque no se puede descartar que en un futuro cercano estatalice el Provincial, lo que va a depender de su cada día más delgada billetera de petrodólares, o facilite su enta a uno de los llamados banqueros chavistas. EL BBVA ha debido desmentir reiteradamente que el Provincial esté en venta.

Según investigaciones judiciales, el BBVA dio a Chávez al comienzo de su vida política algo más de 1,5 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero fue entregado a mediados de 1999 cuando Chávez ya era presidente. Eso puso de evidencia una investigación de la Audiencia Nacional española, fue reconocido ante el juez por altos ejecutivos del BBVA y recibió la confirmación de Luis Miquelena, en la época «cajero» y mentor de Chávez y actualmente uno de sus más encarnizados enemigos.

Un año después de haber anunciado que estatalizaba al Banco Venezuela, Chávez ha podido poner sus pies en la entidad, que tiene 286 sucursales, seis mil empleados y 3,5 millones de clientes. Este viernes fueron traspasadas al Estado la titularidad de casi 3.600 millones de acciones, equivalente a algo más del 98% del capital social del banco, por un importe de 1.050 millones de dólares, que Chávez paga en cuotas: 630 millones en el acto, 210 millones dentro de tres meses y los restantes 210 millones en la víspera del próximo Año Nuevo. Las arcas chavistas no están para alegrías. El 30% de todo eso lo recuperará Chávez en impuestos. Además, Chávez libera para su envió a la casa matriz una parte sustancial de los 444 millones de dólares de beneficios que el banco tuvo en el ejercicio 2008 y que estaban trabados en de los múltiples controles económicos que el régimen venezolano mantiene. A partir de ahora Chávez controla casi la cuarta parte de los depósitos bancarios del país.

El precio final es bastante menor de los 1.400 millones de dólares que había ofrecido por el Venezuela el magnate Víctor Vargas, dueño del Banco Occidental de Descuento (quinta entidad financiera del país) y suegro de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto del dictador Francisco Franco, sobrino por parte de primo-hermano del rey Juan Carlos, duque de Anjou y pretendiente de una quimera llamado trono francés. Esa operación fue vetada por Chávez, aunque se hacen muchas conjeturas sobre las relaciones de Vargas con el régimen venezolano y también sobre que ha consolidado su fortuna a la sombra de la revolución bolivariana.

La voracidad estatista de Chávez le ha llevado a apropiarse casi de un centenar de empresas grandes, medianas y pequeñas, de los sectores de telefonía, electricidad, siderurgia, cemento, petróleo y ahora bancario, todas ellas consideradas estratégicas para su proyecto socializante. Intereses de España, Estados Unidos, Francia, México, Argentina y Suiza han sido nacionalizados por Chávez. Fuentes venezolanas calculan que se ha gastado unos 23.000 millones de dólares, equivalente al 75% de las reservas del internacionales venezolanas. Debido a los procesos de nacionalización, tiene litigios abiertos con las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Conoco Phillips, y la cementera mexicana Cemex, que envuelven unos 7.000 millones de dólares. Chávez tiene ya 2,2 millones de empleados en su nómina en un país donde 95 de cada 100 dólares que entran provienen del petróleo.

Francisco R. Figueroa

franciscorfigueroa@hotmail.com

Nuestros hombres en La Habana

Las relaciones hispano-cubanas se mueven al compás del ritmo que interpreta la orquesta de los hermanos Castro. Es el baile de los espías y su consecuencia el cierra de la estación en La Habana del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el servicio secreto español, que se está ultimando en estos días. El ministerio de Asuntos Exteriores parece estar de acuerdo con la retirada de los agentes, que tiene el valor de una expulsión por parte de Cuba. Un CNI en profunda crisis y virtualmente decapitado por los problemas que enfrenta su jefe, Alberto Saiz, no ha podido evitarlo

Cuando salga el último agente no quedará en Cuba espías de ningún país importante de la Unión Europea, por lo menos legalmente, pues no los tiene allí Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia u Holanda, que bebían de la antena hispana. España se quedará sin poder seguir sobre el terreno los pasos de ETA en la isla, donde el terrorismo vasco ha disfrutado de un santuario muy importante y con conocimiento obviamente del propio Fidel Castro, unas relaciones peligrosos que algún día tendrán que salir a la luz.

Los espías españoles han quedado expuestos en medio del torbellino provocado por la orgía estalinista que acabó, en marzo, con el fusilamiento político de quienes se pensaba en el exterior que podían pilotar la reforma de ese desaguisado que es el caduco sistema comunista vigente en Cuba desde hace medio siglo con la testarudez de Fidel Castro. Como era de esperar, Saturno acabó devorando a sus propios hijos.

Es dudoso que un militante comunista leal como Conrado Hernández se haya puesto al servicio de una potencia extranjera, en este caso del CNI español, salvo que fuera por los mismos motivos que llevaron al vendedor de aspiradoras Jim Wormold a trabajar desde la Cuba batistiana para el servicios secreto británico en «Nuestro hombre en La Habana», la novela de Graham Greene: pagar los estudios de su hija.

Aunque no parece que sea el caso, resulta al menos curioso que Conrado Hernández tenga una hija estudiando en España con una beca conseguida en su día por el entonces embajador español en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar, un diplomático, ingeniero y economista bilbaíno que fue expulsado del Partido Comunista de España hace un casi treinta años y luego recaló en el PSOE hasta llegar a trabajar a las órdenes directas de Felipe González. Hoy está al frente de la legación española en Brasilia.

Conrado Hernández tenía hilo directo con Alonso Zaldívar y seguramente también con su sucesor, el actual embajador en La Habana, Manuel Cacho, como para no arriesgarse en juegos de espías en los pocos restaurantes que hay en La Habana, todos ellos controlados por los omnímodos servicios secretos del castrismo. Salvo que la intención de esos encuentros fuera crear evidencias. Es cierto que Conrado Hernández se reunió en distintas ocasiones con agentes españoles en locales públicos de La Habana. Eso está demostrado precisamente por las grabaciones que hizo la seguridad cubana.

El retrato del personaje crea dudas: ingeniero industrial, miembro del Partido Comunista de Cuba (PCC), con viejos amigos en el cogollo castrista; él mismo miembro de la «nomenklatura», de la elite cubana; delegado desde 1998 –con las más altas bendiciones– de un organismo del gobierno autónomo vasco como es la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI); con un magnífico sueldo para los padrones cubanos en moneda fuerte; marido de una teniente coronel del ministerio cubano del Interior relacionada con el estratégico CNIC (el Centro Nacional de Investigaciones Científicas), con la hija becada en España y todo lo demás.

¿Arriesgar tanto por dar a unos agentes españoles chismes sobre la conocida mala salud de Fidel Castro, si estaba más o menos cerca de la muerte, o los chistes que sobre los gerontócratas del régimen hacen algunos ministros más jóvenes, o los malestares de algunos de ellos o adelantar un nombramiento que de todas maneras sería público 24 horas después?

Conrado Hernández es un personaje lo suficientemente «sensible» como para que no anduviera por su cuenta fuera de la órbita de la seguridad cubana. No tiene sentido. Por tanto es lícito suponer –y es lo que creen las fuentes mejores informadas– que trabajaba voluntaria y forzosamente para el régimen castrista, puede que para el propio Raúl Castro que es a quien más beneficia lo sucedido.

Crea también dudas el hecho de que las destituciones fulminantes del vicepresidente Carlos Lage y el canciller Pérez Roque –a quienes supuestamente grababa Conrado Hernández por cuenta del CNI–, estén encuadradas en una purga estalinista que nada tiene que ver con el servicio secreto español y que acabó, entre otros, con otros dirigentes jóvenes y de mediana edad como Fernando Ramírez de Estenoz (jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba), Carlos Balenciaga (que fue secretario privado de Fidel Castro, como Pérez Roque), Otto Rivero (vicepresidente del Consejo de Ministros) y los ex ministros Martha Lomas (Industria Básica) y Raúl de la Nuez (Comercio Exterior) acusados de deslealtades, descontrol, deshonestidades y abusos de poder. La mayoría de ellos tiene el perfil de reformistas, incompatibles con los planes de supervivencia de Raúl Castro, que los descuartizó uno tras otro en una reunión del Buró Político del PCC, de la que se hizo una película que estos días se exhibe a las bases del partido con la prohibición de grabar el contenido.

La tardanza por los cubanos de varios años en sacar a relucir esa relación de Conrado Hernández con el CNI, la oportunidad de los acontecimientos, la falta de aplicación de medidas extremas contra Lage, Pérez Roque y el propio Hernández y el hecho de que «muertos vivientes» como el ex canciller Robertico Robaina –purgado él mismo hace diez años– anduvieran difundiendo información interesada sobre los sucedido, abunda en la idea de que en lo relacionado con España ha podido haber un gran montaje. ¿Y por qué?

En lo relacionado con España han surgido este año dos nuevas preocupaciones. Por un lado, la llamada «ley de nietos» que inquieta a los Castro pues puede convertir en españoles, en los dos años de plazo que hay para acogerse a la misma, a una porción significativa de cubanos, quizás superior al 10 por ciento, entre los que tiene abuelos españoles y sus familiares. El régimen interpreta como una amenaza para su seguridad y para su supervivencia. Por lo pronto Cuba ha conseguido que el ritmo de solicitudes admitidas a trámite en el Consulado Español sea menor de la cuarta parte de lo que se esperaba.

El Gobierno español acaba de reafirmar su voluntad de «acompañar» el «proceso de cambios» reformistas anunciados por Raúl Castro. Pero, ¿a qué cambios se refiere Madrid? En Cuba no ha habido ningún cambio, ni político, ni económico ni social, y sin duda no lo habrá. A la política de «diálogo crítico» que mantiene Madrid, la oposición democrática cubana responde que la misma representa un balón de oxígeno a la dictadura castrista. Igual que en el caso de Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, acaba de dirigir el pelotón de fusilamiento de Cristóbal Colón, es decir, de hacer una embestida descomunal contra la obra española en América a largo de 400 años.

De otro lado, a los Castro están indignados con la aproximación entre Washington y Madrid tras la llegada de Barack Obama al poder. Las relaciones de Cuba con Estados Unidos no se van a recomponer porque es en el antagonismo perpetuo con los gringos donde Fidel haya su fortaleza ideológica. Por lo pronto los Castro han mordido la mano tendida de Obama y a la invitación a volver a la Organización de Estados Americanos (OEA), los Castro respondieron con improperios. Por importa que las relaciones con la Unión Europea se hayan recompuesto gracias a España. Parece que los cubanos han tomado buena medida al Palacio de Santa Cruz, la sede de la cancillería española. ¿Habrá reciprocidad en el caso de los espías o los agentes de los servicios secretos cubanos seguirán actuando en España?

Francisco R. figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com