Un avión para los hermanos Castro

El gobierno de Madrid se ha confundido al ofrecer un avión y asilo a Guillermo Fariñas, el disidente cubano que está al borde de la muerte. El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, tendrían que haber ofrecido el aparato a los hermanos Castro, en lugar de tratar de sacarlos del apuro. El mundo democrático hubiera celebrado que Fidel y Raúl Castro, los dictadores cubanos al alimón, se exiliaran en la tierra de su padre, emigrante gallego, y permitieran así la tan necesaria transición política en Cuba. Pero eso es una ilusión. Ambos se muestran dispuestos a morir con las botas puestas sobre el cuello de los cubanos.

La diplomacia española obró con torpeza e ingenuidad al creer que un hombre como Fariñas firmemente determinado a morir de inanición, que realiza su vigésimo tercera huelga de hambre (por tanto sabe perfectamente qué hace) y ha entrado en su sexta semana de ayuno, ahora ingresado en grave estado de salud en cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Santa Clara, se avendría a tomar un avión ambulancia para salvar la vida y acabar desterrado en España. Quizás Madrid intuía de antemano la respuesta, porque la oferta era reiterativa, y trataba de hacer un desesperado intento de salvar una conferencia ministerial sobre las relaciones con la Unión Europea prevista para el día 6 de abril en Madrid, que finalmente Cuba ha echado a pique.

América Latina sigue manteniendo mayormente un silencio cómplice sobre la situación en Cuba, aunque hasta el secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, ha pedido respeto a los derechos humanos en la isla. Se sumó así a los pronunciamientos y condenas internacionales –la del presidente estadounidense, Barack Obama, entre ellas– que han llovido sobre al despiadado régimen totalitario de los hermanos Castro desde la muerte, el 23 de febrero último, del obrero negro Orlando Zapata tras 86 días en huelga de hambre. La policía castrista continua reprimiendo a los pocos disidentes que osan protestar pacíficamente, como las Damas de Blanco, sin importar sin entre ellos hay bebés, o a los que se interesan por el estado de Fariña. Se ha sabido que otros dos disidentes están también en huelga de hambre. Uno es el médico encarcelado Dersi Ferrer, de 40 años, un preso político recientemente galardonado por Estados Unidos por su corajosa defensa de la libertad. Lleva diez días de ayuno. El otro se llama Franklin Pelegrito del Toro y están en huelga de hambre desde hace un mes en su propia casa en la provincia de Holguín.

A estas alturas de los acontecimientos ha quedado claro que la posibilidad tan buscada por Moratinos de cambiar la Posición Común fijada en 1996 por la Unión Europea, que vincula el diálogo con Cuba a la existencia de gestos aperturistas y la vigencia de los derechos humanos, se volatizó tras la muerte de Zapata, la condena del Parlamento Europeo y el endurecimiento de la represión. Una reunión que iba a realizarse en Madrid el 6 de abril ha sido saboteada por La Habana. La representante de política exterior de la UE, la británica Catherine Ashton, había excusado anticipadamente su presencia por alegados motivos de agenda, aunque queda clara la reunión se había convertido en inoportuna tras el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que se hizo incluso con el apoyo de los socialistas españoles del partido de Zapatero. Los planes de Moratinos de cambiar esa política durante el semestre de la presidencia española de la Unión Europea han quedado definitivamente en aguas de borrajas. A los hermanos Castro no les importará pues navegan mejor frente en la confrontación.

Fariñas ha respondido acertadamente al Gobierno español que mande ese avión a Cuba, pero a recoger a los 26 presos políticos que están enfermos en las insalubres cárceles castristas, por los que él está dispuesto a convertirse en mártir, personas que forman parte de un contingente de unos 200 reos de conciencia víctimas del primitivismo de los hermanos Castro.

Hace tiempo que la revolución devora a sus propios hijos, entre ellos Fariñas, de 48 años, que no ha conocido otro régimen político que el de Fidel Castro, a quien sirvió como soldado en la intervención cubana a favor del bando comunista en la guerra civil de Angola. Su padre combatió con los cubanos en el Congo en los años sesentas del siglo pasado con Ernesto «Che» Guevara y su madre desde Sierra Maestra apoyaba a esa revolución convertida hoy en satrapía, con un gobierno que el mundo ha comenzado finamente a percibir como cruel, según dice Fariñas.

La dictadura está en aprietos. Los hijos más dilectos flaquean y los trovadores pierden la fe. Silvio Rodríguez, diputado por el partido único para quien la revolución era «fuente declarada de inspiración», se ha convertido ahora en el trovador infiel, tras decir que «Cuba pide a gritos la revisión de montones de cosas, desde conceptos hasta instituciones». Parece que Cuba ya no va y que Rodríguez no cierra como antes filas con el «amigo y hermano Fidel». Y tampoco Pablo Milanés, que se pronuncia preocupado con el estado de cosas en Cuba. Como afirma desde La Habana Yoani Sánchez en su blog «quienes compusieron el fondo musical que acompañaba la construcción de la utopía han dejado de creer en ella».

Según informaba en días recientes «La Vanguardia» una corriente crítica está abriéndose paso y haciéndose cada vez más audible dentro del régimen cubano. Destacados militantes del Partido Comunista, ex dirigentes del aparato de gobierno, académicos y artistas han decidido salirse del carril para denunciar el inmovilismo neoestalinista de la burocracia dominante y reclamar cambios urgentes y sustanciales en la gestión económica del país y en materia de derechos y libertades, incluidas las de información y expresión, escribía su corresponsal en La Habana.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Venezuela: Chávez quiere linchar a Pérez

Tras más de diez años en el poder, el caudillo venezolano, Hugo Chávez, pretende ahora meter en la cárcel al octogenario Carlos Andrés Pérez, el presidente al que trató de derrocar en dos ocasiones en 1992, por haber ahogado en sangre un motín popular en 1989 conocido como el «caracazo». Las cifras oficiales refirieron que hubo unos trescientos muertos, pero extraoficialmente se habló de cerca de dos mil tras la intervención del Ejército. Chávez dice que el «caracazo» prendió el motor de su revolución y el baño de sangre le dio la legitimidad.

Ya decía eso cuando aún no era presidente de Venezuela, en la entrevista que le hice en las vísperas electorales de 1998. Me explicó que capitaneó la intentona golpista de febrero de 1992 y participó desde la cárcel en otra cruenta rebelión militar, en noviembre de aquel mismo año, porque Pérez «había sido ilegitimado por el pueblo» por haber mandado a los militares a reprimir a sangre y fuego el motín de 1989. «Nos mandó a los militares a rociar de plomo a nuestro pueblo cuando éste salió a pedir justicia. Echó las tropas como jaurías a las calles, los cerros y los ranchos a masacrar con ametralladoras a mujeres y niños. Eso fue indignante para un soldado. Eso no era de demócrata; era de tirano. Nosotros nos alzamos contra esa tiranía y así está reconocido por Dios y por el pueblo. Yo soy producto de aquella rebelión y mi legitimidad se basa en ella», declaró en la entrevista, que le hice a bordo de un vehículo todoterreno que se abría paso a duras penas en el denso tráfico de Caracas.

Venezuela emitió una orden internacional de detención contra Pérez en febrero de 2005, acusándole de homicidio intencional calificado por los hechos de 1989. Ahora, al cabo del tiempo y en undécimo años de la llamada Revolución Bolivariana, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha resuelto pedir la extradición de Pérez a Estados Unidos pues vive en Miami. Desde allí el ex mandatario, de 87 años, ha replicado que dicho Tribunal Supremo está al servicio de Chávez, echado en cara que sus miembros se acaban de asignar jugosas jubilaciones y recordado la coincidencia de que actúan contra él cuando el régimen chavista está acusado por la Audiencia Nacional española de cooperar con grupos terroristas internacionales, concretamente con la ETA (Euskadi ta Askatasuna) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Paralelamente, la Fiscalía General ha acusado al que fuera ministro de Defensa durante el «caracazo», el general retirado Ítalo del Valle Alliegro, de 70 años, que está pendiente de un proceso por crímenes contra la humanidad.

Carlos Andrés Pérez reside en Miami con su actual esposa, Cecilia Matos. Después de que perdió su escaño de senador en el proceso constituyente que inició Chávez en 2000, se estableció en Santo Domingo, al amparo del entonces gobernante Partido de la Revolución Dominicana (PRD) al que tanto había ayudo, sobre todo en la época del fallecido José Francisco Peña Gómez, aunque acabó convertido en un huésped incómodo sobre todo a causa del chantaje petrolero de Caracas al gobierno dominicano. En el ático que ocupaba en el Ensanche Piantini, de Santo Domingo, cuya decoración recuerda su actual apartamento en Miami, lo entrevisté por última vez en noviembre de 2002. Hablamos fundamentalmente de Chávez y de los males de su revolución. Desde la entrevista que le hice por teléfono al día siguiente de la intentona golpista de noviembre de 1992, vi varias veces más a Pérez, en Miraflores antes de ser defenestrado en el golpe que en 1993 dieron contra el los poderes Judicial y Legislativo, en su oficina particular de la Torre Las Delicias, en Caracas, y en la quinta La Ahumada, en Oripoto, mientras cumplía arresto domiciliario. Por aquellas vueltas que da la vida y la fuerza de la Justicia, Pérez había tenido que volver a cohabitar en La Ahumada con su primera mujer y prima hermana, Blanca Rodríguez, porque aquel era su domicilio legal, aunque para entonces vivía abiertamente, en un apartamento en La Castellana, con Cecilia Matos, la que fuera sus secretaria, después amante y más tarde esposa.

El «caracazo» fue el principio del fin de Pérez. Hacia finales de 1988 había sido elegido por segunda vez presidente, con casi el 53% de los votos, del nuevo al frente del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), en medio de una severa crisis económica y la expectativa de que con volverían los viejos buenos tiempos de su primer mandato (1974-79), de la llamada «Venezuela Saudita», cuando el nombre del país era sinónimo de abundancia. Los fastos de su toma de posesión del 2 de febrero de 1989 pasaron a ser conocidos como «la coronación». Dos semanas después presentó un programa de reformas neoliberales, pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que contrariaban sus promesas electorales. Las medidas fiscales, monetarias y comerciales eran muy amplias, pero las que exasperaron fueron el aumento del 100% del precio de la gasolina, que virtualmente se regalaba, y del 30% del transporte, así como la subsiguiente escasez de productos causada por el acaparamiento de los comerciantes. La explosión social comenzó en la localidad periférica de Guarenas. Pronto prendió en otras áreas populares de Caracas y se extendió a otras ciudades importantes Maracay, Valencia, Mérida, Barquisimeto y Puerto Ordaz. Hubo saqueos de comercios, cortes de vías, barricadas, incendios y tiros, sin que el gobierno acertara a reaccionar. Como la policía había sido desbordada, Pérez y su ministro de Defensa dieron orden de salir al Ejército y se impuso el toque de queda. El resultado fueron los excesos y la masacre. «Cárcel para los responsables. Que aquel genocidio no quede impune», gritó Chávez en el acto que el pasado 4 de febrero rememoró la falladito intentona golpista de 1992, que la que el caudillo venezolano pretende darle el mismo significado políticos que para el castrismo tiene el frustrado asalto del Cuartel Moncada en 1953.

La estrella de Pérez se apagó. La crisis, las conspiraciones y el malestar popular dominaron la vida nacional. Sucedieron las dos intentonas golpistas de 1992. La Corte Suprema vio mérito en las acusaciones de corrupción que la Fiscalía hacía a Pérez. El Senado aprobó que se llevara a cabo el juicio y separó del cargo al presidente. Poco después, el mismo Senado declaró vacante la presidencia de la República sin que se dieran los requisitos constitucionales para ello. Fue un golpe de Estado institucional, pero nadie protestó. Encarcelado primero en El Junquito y después sometido a arresto domiciliario en su casa de La Ahumada, La Corte Suprema lo juzgó por peculado y malversación. Al considerado prototipo de gobernante corrupto latinoamericano no pudieron probarle que hubiera robado. Solo que había desviado dinero de los fondos reservados para una causa que resultó siendo noble: evitar que los sandinistas de un Daniel Ortega derrotado en las urnas devoraran a Violeta Chamorro en el periodo de transición que se abrió con su inesperada victoria electoral en 1990. Tras el triunfo de Chávez, volvieron a formularse contra él nuevas acusaciones de corrupción y después de crímenes contra la humanidad. Camino de los 88 años y con las secuelas del percance cardiovascular que sufrió en 2003 es poco probable que Pérez vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Tampoco parece probable que Estados Unidos vaya a conceder su extradición, que solo serviría para inyectar vitalidad interna al caudillo Venezolano, echar carnada al populacho, linchar a un emblemático enemigo de la revolución y animar el circo chavista.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Cuba: Lula enseña sus vergüenzas

El presidente de Brsil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pulverizado buena parte de su prestigio internacional por defender de manera reincidente la dictadura comunista de los hermanos Castro y mostrar una mala disposición, impropia de un demócrata, hacia los perseguidos cubanos.

En La Habana, hace dos semanas, o más recientemente en declaraciones periodísticas en Brasilia, Lula ha echado por tierra su historia de luchador por la democracia contra la dictadura militar brasileña, su condición de líder de extracción popular, su dimensión de estadista latinoamericano, su autoridad para impulsar una candidata presidencial que fue un preso político sometido a torturas y hasta su naturaleza humana por falta de compasión.

El escritor Mario Vargas Llosa, en su Piedra de Toque del pasado fin de semana, mostraba su asco y su ira tras haber visto a un risueño Lula en La Habana abrazado a los hermanos Castro, dando así legitimidad a sus tropelías, mientras los esbirros de la dictadura perseguían y encarcelaban a los que pretendía asistir al entierro del obrero Orlando Zapata Tamayo, muerto de inanición tras 86 días de huelga de hambre en defensa de sus derechos y de las decenas de presos políticos que hay en las insalubres mazmorras del castrismo totalitario.

De un presidente como Lula se esperaría una actitud más digna y coherente con la cultura democrática que representa, pero no la desvergüenza impúdica de lucirse, risueño y cómplice, con los asesinos virtuales de un disidente democrático, escribió el novelista peruano.

En declaraciones a una agencia de noticias publicadas el martes último, Lula demandó respeto para la justicia y el gobierno cubanos cuando detienen a personas en función de la legislación interna.

Lula olvida que esas leyes son liberticidas, no están en consonancia con la declaración universal de derechos humanos y pretenden eternizar una régimen totalitario. Ninguna de esas leyes sería aceptada por el pueblo brasileño.

Cualquiera que se oponen a los dictados del Partido Comunista de Cuba y de su máximo líder, Fidel Castro, es juzgado sumariamente como delincuente, contrarrevolucionario o mercenario de Estados Unidos, y denigrado públicamente como un terrible criminal.

Si hubiera que respetar las legislaciones internadas en todos los casos, en el de Brasil las persecuciones, cárceles, torturas y otros crímenes de Estado durante la dictadura militar – que tenía sus propias leyes liberticidas, incluido el famoso Acto Institucional nº 5 con rango constitucional y la temida Ley de Seguridad Nacional –, serían legítimos incluso en el caso de la ex guerrillera Dilma Rousseff, la candidata presidencial que Lula escogió personalmente y su Partido de los Trabajadores proclamó.

Lula, en sus declaraciones, critica el uso de la huelga de hambre, a la que él mismo recurrió en su época de luchador sindical, cuando fue detenido durante la dictadura, como acción política, un extremo al que llegan desesperados como el difunto Zapata o, actualmente también en Cuba, Guillermo Fariñas, ese pertinaz luchador con aspecto de faquir en pos de que el régimen castrista deje en libertad a la veintena de presos políticos que están enfermos, o como el mundialmente aclamado líder sudafricano Nelson Mandela.

El gobierno cubano presentó a Zapata como un bandido y a Fariña, entre otras cosas, como un apaleador de mujeres y ancianos. Como la propaganda castrista trata a los disidentes como delincuentes comunes, Lula los compara en el mismo sentido cuando habla de los efectos que tendría en Brasil una huelga de hambre de los numerosos bandidos encarcelados.

Como ex preso político, Lula sabe bien la diferencia que hay con los criminales. Desde su partido se ha alzado alguna voz para matizar que Lula se expresó mal o fue mal comprendido, porque está claro que él sabe la diferencia entre un preso político y un preso común. En el PT no se acepta – agregó la fuente – que nadie pueda ser encarcelado porque se oponen a un gobierno, sin haber cometido ningún crimen.

Lula desacreditaba a gente como Zapata y Fariñas mientras el Parlamento Europeo, por aplastante mayoría de 509 a 30, condenaba su «evitable y cruel muerte» al tiempo que deplora los oídos sordos de los hermanos Castro ante el clamor internacional a favor de la liberación de los presos políticos cubanos y el pleno respecto de las libertades y los derechos fundamentales en el país.

La resolución, promovida por socialistas y conservadores, insta a la dictadura cubana a la liberación inmediata de los presos políticos y de conciencia y pide a las instituciones europeas apoyo incondicional y un aliento sin reservas al inicio de un proceso pacífico de transición política a la democracia pluripartidista en Cuba.El «Comité pro Libertad de los Prisioneros Políticos Cubanos Orlando Zapata Tamayo», creado apenas la semana pasada, ha dirigido una nueva carta a Lula para que use su predicamento con los hermanos Castro a fin de evitar que Fariñas muera y para que sean liberados otros 200 presos políticos que malvivan en las cárceles del régimen comunista.

Antes de llegar a La Habana, a fines de febrero, 42 presos políticos y otros 8 disidentes con «licencia extrapenal» por razones de salud habían publicado una carta abierta a Lula pidiéndole que intercediera por su libertad, pero al presidente brasileño le salió la venta de burócrata al decir que esa no era manera de proceder, sino que la misiva tendría que haber sido protocolizada en la embajada brasileña en La Habana.

Esta vez se lo ha hecho así, pero la nueva misiva ha sido rechazada por un defecto de firmas. Como en el caso de Zapata, el pedido a favor del periodista y sociólogo Fariñas y demás presos políticos así como, en general, de los derechos humanos y las libertades en Cuba ha chocado contra la maldita burocracia brasileña.

Para que se siga alabando el pragmatismo de Lula y de Itamaraty, la tan mentada y alabada cancillería brasileña.

Después de llevar casi ocho años encaramado en el pináculo del poder del impávido coloso (Brasil), Lula – el Lulinha paz y amor de las elecciones de 2002 – parece deshumanizado o muestra su verdadero rostro, él que en 1981, tras la muerte por inanición del terrorista del IRA (Ejército Republicano Irlandés) Bobby Sands aseguró que «los tiranos tiemblan ante hombres capaces de morir por sus ideas».

Eso mismo aparece en la placa del monumento en La Habana, en el barrio de El Vedado, a Sands, muerto al cabo de 66 días de huelga de hambre llevada a cabo en demanda de una mejora de las condiciones carcelarias de los presos del IRA.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Chávez dispara; Zapatero sujeta el fusil

Hugo Chávez, ayudado quizás inconscientemente por José Luis Rodríguez Zapatero, ha perpetrado un atentado en tres tiempos (por ahora) contra el Poder Judicial español. Los disparos fueron tan certeros que la reacción no se hizo esperar. Además, Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, entraron enseguida a rematar con saña. Descalificaron al magistrado español que investiga de manera seria una posible conexión de su gobierno con la ETA, a quien asoció al Partido Popular y la emprendieron contra actual y anterior líderes de dicha formación, Mariano Rajoy y José María Aznar, tachándoles de «mafia», «ultraderecha» e «hijos directos de la dictadura franquista».

Venezuela y España emitieron el pasado sábado un comunicado conjunto con la idea de zanjar la crisis desatada por la publicación de un auto del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco que puso de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la colaboración entre la ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para, entre otras tropelías, colaborar en atentados terroristas en España. Pero sirvió de poco, según lo que Chávez y Maduro dijeron el domingo.

Ese comunicado conjunto convenía a España desde el punto en que Venezuela se unía a la condena al terrorismo, es decir, implícitamente a la ETA, al tiempo que reiteraba un compromiso de cooperación en la lucha antiterrorista. Sin embargo, su segundo párrafo parece contraproducente para España ya al «refutar y desmentir» lo publicado sobre el asunto por los medios de comunicación lo hace también al juez Velasco, pues lo que la prensa difundió no fueron conjeturas periodísticas sino, como recordó Rajoy, un auto judicial basado en una investigación policial. Aunque esa parte del documento la asume expresamente Venezuela, la endosa España ya que se trata de un comunicado conjunto.

La nota oficial hispano-venezolano no mencionó a las Farc. Tampoco podía porque Venezuela, por boca de Chávez y por acto de su parlamento, considera a esa antigua organización armada una «fuerza beligerante» y, por tanto, una de las partes en la «guerra» interna colombiana, aunque el resto del mundo la tilde de entidad narcoterrorista. Tampoco habla el comunicado de la alegada relación entre la ETA y las Farc, sobre lo que se han conocido nuevos detalles publicados por la prensa basados en las mismas investigaciones policiales en las que el juez Velasco fundamento su auto. En ellos aparecen miembros de los servicios de seguridad venezolanos cómplices de ambas organizaciones, campamentos de las Farc en Venezuela donde los etarras imparten cursos de terrorismo, miembros de la Farc paseando por España con pasaportes venezolanos, grupos de propaganda, adoctrinamiento y apoyo político, y gente moviéndose a sus anchas sin control. Venezuela es un país bajo sospecha ante la comunidad internacional por distintos motivos.

El chavismo acudió a las trincheras nacionalistas a disparar contra España consignas soberanas e improperios por el pasado colonial. La oposición aprovechó para machacar al chavismo por sus relaciones peligrosas con grupos o países forajidos, por las sospechas de cooperación con el narcotráfico, por el aliento y apoyo a grupos terroristas y por su injerencia en naciones latinoamericanos como Perú, Colombia y Honduras. Fue tachada de «traidora» en la Asamblea Nacional. La mayoría, de obediencia chavista, organizó una algarabía y habló de infamias y calumnias en el auto del juez Velasco, sobre cuya manera de proceder hay pocas dudas en España, así como sobre sus presunciones, aunque el volcánico líder venezolana arguya que actúa guiado por «el imperio yanqui».

Chávez repudia con saña a Velasco por su antigua militancia en el PP, pero está probado que en Venezuela el Poder Judicial está vinculada a él y es un apéndice del régimen. El estrambótico caudillo ve la mota en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. El órgano de gobierno de los jueces españoles, en un infrecuente comunicado institucional, ha llegado a pedir el máximo respeto a su labor y la independencia con que trabaja. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró inaceptables las críticas a Aznar y al juez, mientras desde el ministerio de Exteriores de Miguel Ángel Moratinos se procuraba quitar hierro al asunto en medios de las ásperas críticas de la oposición conservadora y el silencio de la demás.

Venezuela dice que repudia el terrorismo, pero es evidente que protege a etarras. Gente como el aparente jefe de los etarras afincados allí, Arturo Cubillas Fontán, que llegó al país, en 1989 tras el fracaso de las llamadas Conversaciones de Argel, como «huésped vigilado» – esa era la formula, que no exilio o refugio –, se casó al poco con una descendiente de vascos y por boda y arraigo se naturalizó venezolano. Ahora tiene un importante cargo público – jefe de seguridad – en el mismo ministerio que expropia las tierras, entre otros a emigrantes españoles, al tiempo como actúan como etarra mayor residente. Su esposa, Goizeder Odriozola, periodista y conocida activista proetarra, es la mano derecha del vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano. Además de las dos docenas de etarras llegados de Argel, París o Panamá por acuerdos bilaterales, otros se establecieron en Venezuela por sus propios medios. Varios se insertaron pacíficamente en el país que les acogió, pero los hay que de retorno a Europa ha sido detenidos con la pistola en la mano o vistos por testigos en campamentos de las Farc como instructores de terrorismo. Zapatero confía en que Chávez ayude, pero el tiempo seguramente dirá otra cosa.

¿Cuáles son los motivos de la pasiva actitud española? Pueden ser diversos: los cerca de doscientos mil españoles radicados en Venezuela y sus negocios; la defensa de los grandes intereses de empresas españolas como Telefónica, Repsol o el BBVA; el pedido de guardacostas que construye la estatal naval militar Navantia; la posibilidad de que Chávez, Cuba y sus satélites patean el tablero iberoamericano vacíen aún más las desvalorizadas cumbres anuales de gobernantes; evitar una hostilidad constante antiespañola con motivo de las múltiples celebraciones por venir del 200º aniversario de las independencias de las repúblicas hispanoamericanas; cautela ante la diplomacia vociferante de Chávez; que Venezuela se convierta efectivamente en un santuario de la ETA y la banda terrorista se robustezca con la cooperación de un Estado gamberro que limita por el oeste con territorios colombianos controlados por los narcoterroristas de las Farc. Todo eso quizás aderezado con una pizca de ideología, no ya de afinidad propiamente dicha sino del deseo de llevarse bien con un gobierno latinoamericano de izquierdas, sin descartar la creencia de que la alternativa a Chávez es bien de derechas ni el «Síndrome Aznar», es decir, el apoyo comprobado del anterior presidente del Gobierno a los golpistas que desalojaron a Chávez del poder durante 48 horas en el 2002.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Los etarras de Hugo Chávez

El presidente venezolano, Hugo Chávez, pese a lo que arguye, está al corriente de las andanzas de los etarras en Venezuela y Colombia. Conoce esas correrías su servicio secreto y, sobre todo, el servicio secreto cubano, que maneja al venezolano.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español sigue los pasos de los etarras en Venezuela, y también en Cuba, desde hace muchos años y, en consecuencia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está al tanto, como ante lo estuvo el Ejecutivo que presidió José María Aznar.

Con altanería Chávez ha asegurado que no tiene que dar explicaciones ni a Zapatero ni a nadie por los indicios de «colaboración gubernamental venezolana» en las relaciones entre la organización separatistas vasca y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer actor terroristas, puestos de manifiesto por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que ha imputado a seis etarras, residentes en Venezuela, Cuba y México, y siete farianos.

El líder venezolano ha calificado esa acusación de «temeraria» y «un show». Del juez Velasco dijo que «actúa de manera irresponsable» y lleva adelante un procedimiento que forma parte del «juego de la extrema derecha europea y del mundo para atacar a Venezuela, a la revolución y a mí». En una declaración anterior Chávez repudió al magistrado español al tratarle de «neocolonialista» y su actuación la inscribió en el «plan de Washington para desprestigiar mi gobierno y sabotear la unidad latinoamericana».

El dirigente venezolano contradijo al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, al negar que, en la conversación telefónica que mantuvieron sobre el asunto, se hubiera comprometido con España a hacer las averiguaciones pertinentes y dar explicaciones que correspondieran. «Al contrario, fue el canciller español quien nos dio la explicación de que su gobierno no tenía nada que ver con eso» (la imputación del juez) y de que la actuación del juez no podía empañar las relaciones bilaterales. «Zapatero y el rey de España debiera meter el ojo en su Poder Judicial». Le faltó decir: «Como ocurre en Venezuela, donde el Poder Judicial me debe obediencia». Caracas arguye que la prensa española – que, evidentemente, no aprueba a Chávez y el proyecto de dictadura que representa – lleva adelante una campaña contra el pueblo venezolano, que estimulan el desprecio hacia ese país, como si el chavismo y Venezuela fueran la misma cosa.

En sus declaraciones, Chávez distorsiona la realidad. «Nosotros no apoyamos a las FARC ni a la ETA ni a las guerrillas ni al terrorismo. Se ha dicho que hay células de Hizbolá en Venezuela, casi que (Osama) Bin Laden está aquí, que con Irán estamos construyendo una bomba atómica. Eso es para reírse. Yo espero que la gente inteligente en este mundo le dé a estas informaciones el puesto que tiene que darle», ironizó cínico Chávez.

Venezuela quedó apuntada por el juez español en una trama con las FARC y la ETA para, entre otros actos terroristas, asesinar al actual mandatario colombiano Álvaro Uribe y a su antecesor, Andrés Pastrana, quien ha exigido de Chávez una explicación «pronta, concreta y directa» sobre esas acusaciones. También estarían en el ojo de mira de los terroristas Noemí Sanín, candidata presidencial, ex ministra y embajadora (lo fue en Caracas y Madrid y ahora lo es en Londres) y al ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus.

Al burlarse insinuando que tras la Audiencia Nacional española actúa «el imperio yanqui», Chávez actuó exactamente igual que cuando Raúl Castro, dando mordiscos a las palabras y manotazos al aire, culpó a Estados Unidos – frente a la indiferencia del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva –, de la muerte del preso político Orlando Zapata tras 86 días en huelga de hambre.

Venezuela intentó desacreditar también a la justicia española arguyendo que la información en que se basa Eloy Velasco procede de los célebres computadores del «número dos» de las FARC, «Raúl Reyes» (Luis Edgardo Devia Silva), muerto hace ahora dos años en territorio ecuatoriano en un bombardeo de la aviación colombiana. Venezuela insiste en que esos equipos fueron manipulados con perfidia por Colombia en perjuicio de Chávez y su régimen y convertidos en un instrumento de «guerra política».

El contenido de esos computadores puso de manifiesto unas supuestas relaciones íntimas entre las FARC y el régimen de Chávez que éste siempre ha negado, así como otros hechos como la entrega de armamento y dinero y la colaboración en el narcotráfico. Chávez y su Asamblea Nacional (el parlamento unicameral de Venezuela) han reconocido formalmente a las FARC como fuerza insurgente beligerante. Luego para el Gobierno de Chávez no se trata de una organización terrorista, como la califica Estados Unidos o la Unión Europea. El último informe anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado de EEUU señala que tantos las FARC como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) «tienen vínculos con los narcos más agresivos y exitosos en Venezuela» y reciben el apoyo de un sector de las fuerzas de seguridad venezolanas».

Es conocido que los etarras de Venezuela están íntimamente imbricados en el entramado chavista. Algunos llegaron a Venezuela – que le echó entonces una buena mano España – a principios de los años ochentas por acuerdos bilaterales tras el fracaso de unas negociaciones de paz. Otros se incorporaron a la comunidad etarra con el transcurrir de los años por diversos motivos. Incluso ha habido casos de algunos que han abandonado el santuario venezolano para volver a la actividad terrorista, como ha sido el caso de José Lorenzo Ayestarán Legorburu, de 52 años, detenido en Francia la semana pasada. Ayestarán, Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa y Jesús Ricardo Urteaga vieron frustrada en 2006 la concesión de la nacionalidad venezolana debido a una rápida intervención de España. Estos etarras, todos implicados en homicidios, tratarían de burlar así una posible extradición a España, con la colaboración de los amigos del régimen chavista. A otros dos etarras extraditados a España desde Venezuela se les iba a conceder una indemnización.

En la época anterior a Chávez, los etarras gozaron de tolerancia debido fundamentalmente a las buenas relaciones del conservador presidente Rafael Caldera con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la colonia vasca en Venezuela, especialmente con los residuos del antiguo exilio vasco de la época de la Guerra Civil española; personajes como el hermano Ginés (Pablo Mandazen), el navarro del Valle de Aezkoa que introdujo La Salle en Venezuela, e, incluso, de un venezolano de Cumaná como es Iñaki Anasagasti. Después, varios altos personeros del chavismo sirvieron de cicerones a los etarras. Hoy no solo están protegidos y considerados, sino incluso algunos, como Arturo Cubillas Fontán, uno de los reclamados por el juez Velasco, y su mujer, Goizeber Odríozola, son altos cargos en el Gobierno de Caracas.

Se está repitiendo lo mismo que ocurrió en Cuba, donde el Partido Comunista de los hermanos Castro desarrolló profundos lazos con ETA e incluso se establecieron vínculos económicos entre el régimen castristas y el nacionalismo vasco. De hecho, el juez Velasco ha procesado a un etarra residente en Venezuela (Cubillas) y a tres en Cuba (Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio) junto otro de México y seis miembros de las FARC, entre ellos dos ̶ Rodrigo Granda e «Iván Márquez (Luciano Martín Arango) ̶ que hacen de interlocutores con el gobierno de Chávez. Los gobiernos de La Habana y Caracas tienen relaciones peligrosas con organizaciones armadas y comparten los objetivos de ETA en su «lucha por la liberación» del País Vasco. Lo mismo que compartieron los objetivos del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com