Adiós Bolsonaro, adiós

Francisco R. Figueroa 

✍️30/12/2022

Pocas horas antes de la finalización de su mandato, Jair Bolsonaro ha puesto pies en polvorosa por temor a que con la pérdida de la inmunidad le llegue la cárcel.

Este viernes, con treinta y vinco horas de antelación a su pase a la condición de expresidente al sonar las doce campanadas que marcarán el cruce de 2022 a 2023, Bolsonaro emprendió en el avión presidencial un viaje sin fecha de retorno a Orlando, en el centro de Florida, donde le acogen, al parecer, unos admiradores adinerados.

Según versiones de la prensa de Brasilia, algunos abogados le aconsejaron la salida de Brasil para evitar que cualquier juez ordene su arresto, como le sucedió a su antecesor, Michel Temer, en marzo de 2019. 

Aunque no parece haber para él un riesgo judicial inminente, según la columnista de Globo.Natuza Nery, Bolsonaro vive afligido por esa posibilidad desde que perdió las elecciones el 30 de octubre pasado. Los magistrados del Tribunal Supremo, a la mayoría de los cuales Bolsonaro señala como enemigos suyos, no tienen por ahora prevista una acción contra él. Pero está en su punto de mira y seguramente Bolsonaro ha sentido en su nuca el aliento de los magistrados.

Bolsonaro podría, por ejemplo, ser acusado, aunque solo fuera como instigador, por los múltiples actos antidemocráticos, contrarios al estado de derecho y de estímulo a un alzamiento militar contra el resultado de las elecciones en las que fue derrotado, que han protagonizado partidarios suyos exaltados durante los dos últimos meses tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Esa preocupación pareció patente en su melancólico y lacrimoso mensaje de despedida, transmitido por sus redes sociales poco antes de dejar Brasil, cuando negó expresamente haber participado en ese movimiento golpista y afirmó que, en cambio, estuvo recluido en su palacio durante estos dos meses. También dijo que «nada justifica el intento de actos terroristas» al referirse a los preparativos de atentados ante la investidura de Lula descubiertos en Brasilia por la policía, y, seguidamente, se desvinculó de los fanáticos suyos detenidos al reprochar que hayan sido tildados de «bolsonaristas», lo que ha quedado más que demostrado. Por el contrario, arguyó, él y su familia se han «sacrificado» por la patria y hasta «dio la sangre», en referencia a la cuchillada que recibió de un demente durante la campaña electoral de 2018. Y «nunca» durante el cuatrienio presidencial se salió, aseguró, del «cuadrilátero constitucional».

El senador opositor Randolfe Rodrigues, que ha sido designado por Lula como líder del gobierno en el Congreso, afirmó que para Bolsonaro «no hay más camino que la cárcel» y le atribuyó una ristra de delitos, desde el manejo «criminal» a la pandemia de covid, a peculado, corrupción activa y pasiva, prevaricación con las vacunas, fomento de la información falsa, abuso de poder político y económico durante las últimas elecciones, atentado al estado democrático de derecho e incitación reiterada a la rebelión contra el orden democrático.

En los grupos bolsonaristas en las redes, la espantada de su líder, su «mito», como lo llaman, causó conmoción. Se largó de Brasil sin avisar, sin una mención en su alocución de despedida, aunque en los medios de comunicación se conjeturaba sobre su inminente abandono del país.

En esos grupos recordaron que en campaña electoral Bolsonaro aseguró que únicamente había para él tres opciones: «victoria, prisión o muerte». «Por lo visto había una más: la cobarde huida a Estados Unidos», según pudo leerse en uno de esos grupos, donde se pide ya un nuevo liderazgo para la nutrida ultraderecha brasileña. La veneración parece que da paso a la indignación y quizás también a la repulsa.

Sea como fuere, mañana acaba en Brasil una pesadilla encarnada por el ultraderechista Bolsonaro, un mandatario que ha dividido al país, envenenado la convivencia, sembrado odios por doquier, degradado la democracia y empeorado todos los indicadores económicos, sociales y medioambientales.

Ha dejado tras de sí una sucesión de desatinos, fanfarronadas y una catarata de embustes; fanatismo y actos extremos, temerarios e irracionales.

 Con las doce campanadas Brasil volteará otra página infausta de su historia, como señaló el columnista de Metrópoles Ricardo Noblat. 

La Folha de S. Paulo recordó que Bolsonaro también ha despreciado el rito de traspasar democráticamente la presidencia a Lula, cuya victoria electoral nunca ha reconocido. ✅

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Perú: Elecciones balsámicas

Francisco R. Figueroa

✍️21/12/2022

El Congreso del Perú ha logrado aprobar, a trancas y barrancas, un adelanto electoral, con la esperanza de que sirva para restañar un país malherido, agobiado por una crisis tan persistente como vasta.

Se adelantan las elecciones a abril de 2024, dos años respecto al lapso constitucional de cinco, tal como propuso la nueva presidente, Dina Boluarte, en medio de los graves desordenes promovidos por los partidarios del destituido y encarcelado Pedro Castillo, unos días de furia que dejan ya veintisiete muertos y varios cientos de heridos, aparte la destrucción de propiedades publicas y privadas.

El Congreso unicameral –muy fragmentado, envilecido y desacreditado–, reconsideró este martes su rechazo de cuatro días antes y aprobó por mayoría de 93 a 30 el adelanto, aún condicionado, por tratarse de una reforma constitucional, a una segunda votación en el siguiente periodo de sesiones parlamentarias, a partir de marzo próximo.

Hay que ver cómo reacciona el sector de población embravecido que ha causado tanta zozobra en días pasados para pedir de todo: la vuelta al poder del golpista Castillo, que echen a Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones ya, que se instale una asamblea constituyente y que se vayan todos.

El bloque castillista, por así llamarlo, de tres formaciones izquierdistas dispares, que han azuzado las revueltas y pretenden liquidar el ordenamiento constitucional impuesto en 1993 por el fujimorismo, exige un referéndum simultáneo a las elecciones generales para tratar de legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente, que ahora es imposible de acuerdo con el sistema legal peruano.

¿Ese adelanto resolverá el problema? ¿Apaciguará a Perú? No parece. Pero debería servir de bálsamo en la fase aguda actual de la pertinaz crisis. El 80% de peruanos dicen las encuestas que desea el adelanto electoral, un 70% rechaza a Boluarte y un 75% se declara poco o nada optimista sobre el futuro. Casi un 40% desea un golpe militar y cerca de la mitad, la disolución del Congreso. Boluarte afirma que Perú necesita «voltear la página», recuperar «la paz social y darle estabilidad y gobernabilidad a la patria» y «colocar por encima de las aspiraciones e intereses personales, los intereses de la nación».

La previsión de los extremistas de Perú Libre es que «la convulsión continuará» por la exclusión del referéndum para la constituyente, que es su principal objetivo. Dependerá en gran medida de su líder, Vladimir Cerrón, un entusiasta del castrismo condenado por meter la mano donde no debía cuando fue gobernador regional.

En busca de alivio para una crisis tan exagerada, Boluarte ha integrado su segundo gobierno en tan solo diez días. Ha nombrado un nuevo primer ministro y los titulares de cuatro carteras, Interior y Defensa entre ellas. El nuevo premier, Luis Alberto Otórola, era el anterior ministro de Defensa y ya ha sido responsabilizado por algunos dirigentes de la izquierda por «la brutal represión», la «militarización y las muertes» durante las algaradas.

Pero nada, absolutamente nada, garantiza tampoco que en las elecciones adelantadas no se vuelva a «votar mal», como dijo el peruano más célebre que ocurrió en 2021.

Cuando el año pasado los peruanos eligieron presidente a Castillo, un oscuro y confuso maestro de escuela rural, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa hizo ese juicio. «Votaron mal y lo pagarán caro», vino a decir como orador en la convención del derechista Partido Popular (PP), en Sevilla. 

Y todo apunta a que los peruanos «votan mal» desde que en 1990 despreciaron al escritor como presidente y se abrazaron al entonces ilustre desconocido Alberto Fujimori, también oscuro y confuso, pero, acoplado inmediatamente a los militares y el servicio secreto, dominó su país durante un decenio, hasta que tuvo que huir al extranjero y renunció por fax mientras el Congreso lo destituía. Hoy, ya octogenario, cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Todos los mandatarios peruanos escogidos desde entonces han acabado mal y han inscrito sus nombres en la parte ignominiosa de la historia patria. Incluso acabaron tan mal como el dos veces presidente Alan García, que se mató de un tiro cuando la justicia llamó a su casa para llevarle preso. ✅

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Perú: Castillo descarga contra EEUU

Francisco R. Figueroa

✍️16/12/2022

Un Pedro Castillo envalentonado por Argentina, Bolivia, Colombia y México ha metido a Estados Unidos en la intrincada ecuación peruana para agitar más las calles regadas de violencia y muerte.

El expresidente, destituido por golpista y acusado de rebelión y conspiración, acaba de ser puesto en prisión preventiva por dieciocho meses, cuando se confirma la muerte de veintiuna personas y cerca de trescientos heridos en la escalada de violencia desatada por las izquierda tras el cese fulminantes de Castillo por el Congreso a causa del autogolpe del miércoles 7 de diciembre.

En una nueva carta manuscrita desde la cárcel, Castillo recurre al manido antinorteamericanismo. Acusa a Washington de haber «ordenado» a la nueva presidente, Dina Boluarte, sacar las tropas a las calles para «masacrar» peruanos, a los que el antiguo maestro rural –que en otra anomalía en la historia de su país llegó a jefe de Estado– llama «mi pueblo indefenso».

Las algaradas se suceden desde hace siete días. Las más dramáticas han ocurrido en Ayacucho. Todo Perú está bajo el estado de emergencia y una buena parte además con toque de queda.

Sostiene Castillo con simpleza que el objetivo de Estados Unidos es «dejar el camino libre» a las explotaciones mineras. Le ha faltado en su carta expresiones como «imperialismo» o «neocolonialismo» o, incluso, un «gringo go home» para llegar al fondo del alma de las izquierdas que se han sublevado y siembran el caos en pos de elecciones anticipadas, el cierre del congreso, la libertad para Castillo y de una asamblea constituyente.

El exmandatario se creció después de que Argentina, Bolivia, Colombia y México –a los que más tarde se sumó Honduras– se pusieran de su parte sin considerar su felonía contra la Constitución peruana y poner como argumento que era un presidente surgido del voto popular. Por cierto, ganó en 2021 con los mismos votos que Boluarte, su compañera de fórmula electoral como candidata a la vicepresidencia. Chile, con gobierno también de izquierda, evitó sumarse responsablemente tras haber sido requerido pars ello y, en cambio, apoyó la decisión del Congreso peruano dentro del marco constitucional, posición a la que también se unió Brasil sin que el electo mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, pusiera objeción.

A Castillo se le nota influido por el demagogo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, en su cháchara de este viernes, acaba de calificar de «acto de prepotencia» la visita a la nueva presidente de la embajadora de EEUU, Lisa Kenna, un encuentro que sirvió, según Castillo, para dar la orden de desplegar las tropas.

Oficialmente se informó que la visita de Kenna fue para transmitir «el pleno respaldo» de la administración de Joe Biden «a la institucionalidad democrática» en Perú y a «las acciones del gobierno peruano para estabilizar la situación social». La embajada calificó de «desinformación» lo dicho por Castillo en su misiva. Embajadores de otras naciones fueron, asimismo, al palacio de gobierno a reunirse con Boluarte, seguramente en un intento de dar fuerza a tan fragilísima mandataria.

La posibilidad de que López Obrador hubiera animado a Castillo a aplicar las medidas que supusieron una tentativa de golpe de Estado institucional parece cada vez más evidente. Y puede que no fuera el único.

López Obrador no se cansa de defender la condición de Castillo de «presidente elegido por el pueblo», por encima del debido respeto a la Constitución y el orden democrático, que el destituido mandatario violó al disponer, sin tener poderes para ello, la disolución del Congreso o la convocatoria de una asamblea constituyente al tiempo que pretendía asumir facultades de gobierno propias de un dictador.

Los jueces han comenzado a señalar que Castillo pudo tener la complicidad del ex primer ministro, consejero y paisano, Aníbal Torres (79), y la nueva premier, Betssy Chávez (33), que dimitió, tras solo cinco días en el cargo, cuando comprendió la magnitud del atropello a la Constitución.

Al Congreso peruano le falta diligencia para aprobar una reforma que haga posible el adelanto electoral, solicitado por Boluarte, a la que ya se le están cayendo ministros. El parlamento ha fracasado en la tentativa de aprobar reformas para celebrar elecciones dentro de un año. Cualquier anticipo electoral significa su harakiri porque los congresistas peruanos no tienen posibilidad de reelección.

¿Será una salida a la crisis el adelanto electoral? Es impredecible en un país que en los cuatro últimos años ha tenido seis presidentes y tres parlamentos distintos. Si volvieran a ganar las izquierdas, las derechas las desligitimarían y acosarían desde el primer minuto. Si triunfan las derechas, las calles arderían. Quizás Perú precise una reforma integral de su sistema de convivencia y ello requiera los buenos oficios de amigos extranjeros.

La gente alzada exige la convocatoria de una asamblea constituyente para que elabore una nueva carta magna que sustituya a la derechista de 1993 adoptada tras el autogolpe exitoso de Alberto Fujimori, una demanda en consonancia con el revisionismo adanista de las izquierdas latinoamericanas. Pero las derechas desean mantener la vigencia de la ley fundamental fujimorista que, según ellas, es la causa de tantos años seguidos de progreso económico. ✅

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Perú: Presidentes metiches

Francisco R. Figueroa

✍️13/12/2022

Perú amontona muertos –van al menos siete– en las algaradas que estallaron a raíz de la caída del golpista Pedro Castillo, mientras México, Argentina, Colombia y Bolivia azuzan irresponsablemente ese conflicto cuyo origen es la patada desesperada a la Constitución de un presidente desastroso y muy fatigado.

Esos cuatros países  –gobernados por izquierdistas de distinto pelaje– anunciaron que siguen reconociendo al golpista Castillo aunque haya sido destituido y sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte, por iniciativa del Congreso peruano y con estricto y escrupuloso apego a la Constitución nacional, por 101 votos a favor y solo seis en contra, tal como les ha respondido el gobierno de Lima.

Es significativo que Chile guarde un prudente silencio. ¿Por qué el progresista Gabriel Boric no se ha sumado a esa intentona internacional de contragolpe? Seguramente por responsabilidad.

La pregunta pertinente es si el populista Andrés Manuel López Obrador, que pasa por ser el principal valedor de Castillo; el peronista Alberto Fernández, vicario de la condenada Cristina Fernández, y que ha cambiado de chaqueta pues previamente había felicitado por teléfono a Boluarte; el exguerrillero Gustavo Petro o Luis Arce –sacristán de Evo Morales, o este mismo, tan entrometido en la cuestión peruana– animaron previamente al acorralado presidente a actuar contrariamente a sus facultades constitucionales, en el desastroso autogolpe del miércoles.

Las cancillerías de México, Buenos Aires, Bogotá y La Paz no metieron en su manifiesto a favor de Castillo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Menos mal.

La ruptura del estado democrático peruano es tan clara que hasta la esposa de Castillo, Lilia Paredes, le espetó atemorizada por su insensatez: «¿Pero qué has hecho, Pedro?», tras la fechoría anticonstitucional de disponer el cierre del Congreso, la intervención del sistema judicial, la asunción de poderes extraordinarios de dictador y la convocatoria de una constituyente.

Todo ese arsenal de medidas no pasó de los papeles que leyó un tembloroso Castillo porque encontró al instante el rechazo de las fuerzas armadas y policiales, el silencio de los timoneles de la economía, la desbandada de sus ministros, el vacío de la calle y a un Congreso veloz en la reacción.

A los cuatro mandatarios no les ha interesado dejar constancia en ese escrito de que Castillo actuó contra la Constitución peruana. Solo resaltaron que fue quien ganó las últimas elecciones y fue víctima de un «antidemocrático hostigamiento» desde su primer día en el poder, lo que es cierto. Y también fue blanco del desprecio y los prejuicios de muchos peruanos. Pero esa enorme hostilidad al antiguo maestro de escuela rural devenido en inepto presidente por parte de las belicosas derechas no justifica que pudiera patear impunemente el frágil tablero constitucional en un país castigado por una pertinaz crisis institucional.

Es lógico que tras el autogolpe fallido, la destitución dentro de los cauces legales peruanos y su intento de huida a México, Castillo haya sido puesto a disposición judicial. Esto no viola ninguno de sus derechos humanos. Los cuatro mandatarios han recibido en ese sentido el reproche de Human Rights Watch por su «lamentable» actitud cuando «América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho».

Los cuatro entrometidos han dado una inyección de vitalidad a Castillo, que en una carta manuscrita en su prisión del fundo Barbadillo, se ha crecido. Se describe como un mártir «humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado» al tiempo que se sigue considerando presidente, «fiel al mandato popular» dentro de sus «altas y sagradas» funciones. Y tilda de «usurpadora» y de «mocos y babas de la derecha golpista», de repugnante, en una palabra, a Boluarte, su sustituta constitucional y su compañera de fórmula electoral.

De Cajamarca a Arequipa pasando por Lima o Cuzco se han registrado todo tipo de algaradas, aunque sin que parezcan ser un alzamiento organizado ni obedecer a un liderazgo común. Todos repiten consignas y prédicas de las distintas izquierdas peruanas: libertad para Castillo, cese para Boluarte, cierre del Congreso, anticipo electoral y una asamblea constituyente.

Ha habido enfrentamientos con la policía, barricadas, bloqueos de carreteras y aeropuertos, quema de vehículos, desmanes, saqueos, pillaje, vandalismo, destrucción de instalaciones fabriles, suspensiones del transporte de pasajeros, cercos a universidades, suspensiones de clases en seis regiones, quemas de vehículos y ataques a medios de comunicación. Ya van siete muertos por armas de fuego y 200 heridas, incluidos 30 policías.

Desde el gobierno han tenido que dar garantías de que Boluarte no renuncia, ni tampoco sus ministros.  ✅

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PE: El gobierno chileno de Gabriel Boric reconoció expresamente, el día 15, a la presidenta Boluarte, desmarcándose así de la posición común a favor del golpismo de Argentina, México, Colombia y Bolivia. Trataron de que Boric se sumara pero, a la vista del tono, rechazó hacerlo.

Boluarte ofrece adelanto electoral

 

Francisco R. Figueroa 

✍️12/12/2022

Dina Boluarte (60), la nueva presidente del Perú, ha tardado solo cuatro días en reconsiderar, con buen criterio, su decisión de llegar al final del periodo constitucional, en julio de 2026, como sustituta del destituido Pedro Castillo, que cometió suicidio político.

La flamante mandataria, primera mujer titular de la Casa de Pizarro, esta madrugada dirigió un mensaje a la nación –con los tumultos en diversos puntos del Perú como música de fondo– para ofrecer un anticipo electoral de dos años, a abril de 2024, previa reforma política destinada a garantizar la gobernabilidad y el consenso del convulso Congreso peruano, en el que ayer mismo dos parlamentarios llegaron a las manos.

Alcanzar acuerdos con ese Congreso unicameral, de 130 miembros divididos en 14 grupos, es misión engorrosa por la cantidad y diversidad de intereses en juego derivadas del fraccionamiento del hemiciclo, los personalismos y hasta la falta de criterios comunes dentro de cada bancada.

La propuesta de Boluarte de anticipo electoral debe conseguir un amplio acuerdo. Si la fecha conviene o no, es otro asunto. En abril 2023, como pretenden los más impetuosos, parece precipitado. Los plazos legales no encajan. Pero en en abril de 2024, dentro de casi año y medio, parece razonable. El mes de abril es el habitual de celebración electoral en Perú, con tiempo para celebrar un eventual balotaje presidencial en junio y que la juramentación del nuevo mandatario siga la tradición del 28 de julio, Dia de la Independencia nacional.

Otra cosa es la amplitud de una eventual reforma política. O la puesta en vigor de reformas legales ya aprobadas pero congeladas. La remodelación de la Constitución es muy demorada porque son necesarias las aprobaciones de los cambios introducidos en dos legislaturas consecutivas o la ratificación mediante referéndum popular tras la primera tramitación consentida por el legislativo. Las modificaciones en el sistema electoral deben estar en vigor un año antes de que se abran las urnas, sin contar con que hay que cerrar con mucha antelación el padrón electoral y cumplir el ritual del cronograma comicial.

En cuanto a la Constitución, el fujimorismo y las derechas defienden la continuidad del modelo vigente desde 1993, determinado por Alberto Fujimori tras su autogolpe triunfante del año anterior, porque esa ley fundamental ha resultado en un exitoso económico. Fortuna relativa solo sobre el engañoso país que dibujan las estadísticas porque en el Perú persiste una inequidad de espanto. En lo social, por ejemplo, el modelo fujimorista deja mucho que desear, con la educación, la sanidad y las pensiones convertidas en auténticos negocios.

De ahí que las izquierdas clamen por una asamblea constituyente que entierre la vieja Carta Magna y parta de cero con la creación de un nuevo Estado, algo como se pretendía en Chile, hasta que la farragosa y quimérica nueva ley fundamental acabó rechaza por el pueblo en referéndum. La persistente izquierda volverá a intentarlo.

Hasta ahora se han negado a hablar con Boluarte solo la ultraderechista Renovación Popular (nueve congresistas), dirigida por un numerario del Opus Dei que ha ganado la alcaldía de Lima y es de la cuerda ideológica de los Bolsonaro brasileños y el Vox español; Perú Libre (15 congresistas), del castrista Vladimir Cerrón, partido por el que resultaron elegidos, en 2021, tanto Boluarte como Castillo, si bien ambos fueron expulsados; Podemos (seis  congresistas), que es populista y anticomunista, y Perú Democrático (cinco congresistas), de Guillermo Bermejo, socialista en los linderos de Perú Libre y uno de los que azuzan algunas de las algaradas en curso contra la destitución y encarcelamiento del maestro rural Castillo.

«No basta con tener nuevas elecciones», porfía Cerrón, líder de Perú Libre, un médico formado en Cuba y castrista de manual que colocó de candidato presidencial a Castillo porque él estaba inhabilitado por trapacerías dinerarias cuando fue gobernador de Huancavelica. Sigue a pié juntillas el manual de la izquierda radical en pos de constituyentes. Y desde el primer día es beligerante contra Boluarte, a la que tratan como ilegítima aún siendo una vicepresidenta electa que asumió constitucionalmente la jefatura del Estado. Además, presiona ya por elecciones en abril próximo.

En tanto, Fuerza Popular, el mayor grupo parlamentario (24 congresistas), de la triderrotada en presidenciales, Keiko Fujimori, a la que el desconocido ensombrerado Castillo venció por chiripa y sorpresa en el balotaje de 2021, ha ofrecido de inmediato su respaldo a Boluarte y le interesa el adelanto electoral. Lo mismo podría decirse de Acción Popular (14), Avanza País (9), Alianza para el Progreso (10) y el Bloque Magisterial (10), de Castillo,  que también quiere elecciones cuanto antes.

Con gentes alzadas contra Boluarte en Ica, Arequipa y Apurimac, donde ha sido impuesto el estado de emergencia, por algaradas de partidarios del destituido Castillo que han causado ya dos muertos. ✅

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Perú: ¿Autogolpe con burundanga?

Francisco R. Figueroa

✍️10/12/2022

Las autoridades peruanas parecen haber tomado en serio la mención de que el destituido presidente Pedro Castillo pudo actuar en el autogolpe bajo los efectos de una sustancia dopante, que nadie identifica pero suena a burundanga.

Es decir, que Castillo pudo ser víctima, en la solemne Casa de Pizarro, el palacio de gobierno, de lo que en el ambiente del lenocinio de Río de Janeiro se conoce como el golpe «Buenas noches, Cenicienta». Sí, Cenicienta, como aquella humilde –como él– doncella del cuento forzada a hacer lo que no deseaba. Un viejo engaño de las arpías de Copacabana: con amor, samba y burundanga las alegres galanas desplumaban a sus feligreses.

El autor de este blog descubrió ese «golpe» hace unos cuarenta años, descrito con profusión en un diario de Río de Janeiro, cuando trabajaba de corresponsal extranjero en Brasil.

«Burundanga» sugería un baile frenético de las arraigadas costumbres afrobrasileras. Casi. Parece palabro afrocubano que significaría «brebaje». Una pócima propia de brujas y chamanes. Y es sinónima de «morondanga», que en algunas partes significa «confusión» y «enredo».

Lo ocurrido el miércoles en Lima, en tres frenéticas horas, fue confusion y enredo, un sainete, una ópera bufa, un espectáculo grotesco, una comedia de carpa y aserrín, un prodigio macondiano. Cualquiera puede leer en los medios calificativos de todo tipo.

La burundanga es el nombre vulgar de una droga poderosa llamada escalopina, un alcaloide que, aparte sus multiples usos terapéutico, sirve, con una dosis de unos 80 miligramos, para dominar a las personas convirtiéndolas en autómatas sin voluntad y sin recuerdos. También llamada «la droga de la verdad» que inyectaban los nazis a los espías enemigos. Asimismo, usada por la CIA estadounidense y seguramente por un ejercito de torturadores,  interrogadores, asesinos y dictadores en los cinco continentes.

La voz de alarma la dio en Perú el congresista cuzqueño Guido Bellido (43), alias «Puka» (rojo), hombre de izquierdas que fue, durante un trimestre, el primer jefe del gabinete ministerial de los cinco que tuvo Castillo en el año, cuatro meses y ocho días que duró su atribulada presidencia.

Los médicos legistas han sometido, el viernes, a Castillo a un examen de toxicología ordenado por la Fiscalía de la Nación, después de la denuncia de Guido Bellido. También se ha comenzado a interrogar a los pocos testigos que había en la Casa de Pizarro, incluida la flamante primer ministra Betssy Chávez, y a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. 

El mismo día del autogolpe, el miércoles 7, Bellido apuntó como hecho relevante que Castillo había tomado una bebida indeterminada antes de leer por televisión su discurso golpista, en el que sonó lejano y lució inexpresivo y tembloroso. El arrinconado presidente ordenó en esas condiciones disolver el Congreso, reformar el sistema de justicia y convocar a una constituyente, sin tener facultades constitucionales para hacerlo. Al mismo tiempo, asumía poderes dictatoriales sin disponer de apoyo político, militar, policial, económico ni popular. Lo dejaron solo en medio del circo y las fieras lo devoraron. Ipso facto fue destituido por el mismo Congreso que quiso cerrar.

El camino al exilio que, tras el desastre, él quería recorrer hasta México acabó en la Prefectura y la cárcel de Barbadillo junto a Alberto Fijimori, autor, hace treinta años, de un autogolpe exitoso y que purga 25 años por crímenes de lesa humanidad.

Guillermo Olivera, del equipo de defensa de Castillo, declaró también que, poco antes del discurso golpista, al aún jefe del Estado le dieron una bebida y después se sintió «atontado». No precisó quien se la sirvió ni el tipo de bebida.

El viernes, en la puerta del fundo Barbadillo, donde los numerosos presidentes peruanos caídos en desgracia suelen ser encarcelados, Bellido hizo otras declaraciones afirmando que Castillo no recordaba que hubiera pronunciado el discurso golpista ni las circunstancias en que lo hizo ni qué había dicho.

«Hubo un complot», sentenció. «No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente no recuerda, lamentablemente. La investigación aclarará. El presidente con sus propias palabras dice que no se acuerda, él dice que no se acuerda», repitió el congresista. «Solo recuerda a partir de que recibía renuncias de los ministros», apostilló.

Lo que ocurrió en el palacio en el momento del pronunciamiento de Castillo fue «como una serie de Netflix donde hay una zona de irrealidad», según el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, un general retirado que había asumido el cargo un día antes del autogolpe.

¿Doparon a Pedro Castillo para que se hiciera una suerte de harakiri para librar al Perú de su notoria incompetencia? ¿La amnesia que invoca Castillo es una argucia de defensa? ¿La idea fue suya o consejo de alguien? ¿Es una estratagema de su paisano el veterano abogado Aníbal Torres, «el maestro», un influyente Rasputín particular y hasta considerado el poder tras el trono, que fue su premier durante los últimos diez meses y que el día del golpe se mantuvo a su lado en palacio y luego en la Prefectura como único consejero?

Preguntas y más preguntas. Y la de siempre, la legendaria: ¿En qué momento de su historia decía el Nobel Vargas Llosa que se jodió el Perú? ✅ 

franciscorfigueroa@gmail.com

PE: Un día después, Pedro Castillo se negó a someterse al examen de toxicología, pero, según él, le extrajeron sangre por la fuerza, y el consejero Aníbal Torres (79) anunció su entrada en la clandestinidad cuando la Fiscal de la Nación pretendía imputarlo en la trama golpista y las supuestas actividades corruptas en el entorno del destituido presidente.

Perú: Una torpeza como un castillo

Francisco R. Figueroa

✍️8/12/2022

Pedro Castillo, de 53 años de edad y casi 17 meses de caótico gobierno, un maestro rural al que sonó la flauta por casualidad y alcanzó el solio presidencial peruano, era un animal acorralado cuando ayer tuvo la mala idea de proclamarse dictador.

En lo que canta un gallo acabó destituido, preso, acusado de sedición y haciendo compañía, en el Penal de Barbadillo, a Alberto Fujimori (84), el último mandatario peruano que osó dar un autogolpe.

Castillo escogió a la desesperada la vía del autogolpe cuando sintió que era probable e inminente su destitución por el Congreso unicameral peruano bajo acusaciones de ineptitud y corrupción. Le temblaban las manos en la parte sustancial de su discurso golpista.

No parece que su pronunciamiento fuera consecuencia de una decisión tomada en solitario. Aunque se desconoce quienes le indujeron a ello, quizás aprovechando su candidez y su desesperación. O talvez para que se lo comiera el tigre. Evidentemente no tenía un objetivo claro ni un plan alternativo. Una vez preso, únicamente dispuso de la compañía como abogado de su paisano y consejero Aníbal Torres (79), al que tuvo como premier en el gobierno hasta hace dos semanas.

Castillo trató de morir matando. Pero solo disponía de pólvora mojada y no había un soldado en su trinchera, desaparecidos sus mentores. Era la patética caricatura de un Quijote chotano sin pica ni adarga ni celada, y sin un Sancho que le precaviera, lanzado contra molinos de aspas aceradas como sables sarracenos y tan inmensos como los Andes milenarios y vertiginosos.

Saltó por un balcón de la Casa de Pizarro y se hizo papilla contra el piso de la Plaza de Armas, con la catedral de un lado y el ayuntamiento en frente. Entró de lleno a la parte innoble de la historia patria forjada golpe a golpe prácticamente desde que los almagristas ultimaron a Francisco Pizarro a mediados del XVI.

Salió del palacio de gobierno en fuga, pero sus propios escoltas lo condujeron a la Prefectura de Lima, donde fue acusado de «haber quebrantado el orden constitucional». Tragicómico 

Acabó esposado rumbo al famoso penal donde Fujimori cumple 25 años por crímenes de lesa humanidad, y dónde también estuvo arrestado el exmandatario Ollanta Humala (60). Hay allí otra celda especial esperando a Alejandro Toledo (76), si Estados Unidos lo extradita. El difunto Alan García se libró de ir a Barbadillo dándose un tiro en la sien cuando fueron a enmarrocarlo.

Castillo había decretado la disolución del Congreso, que le era hostil desde el principio de su gestión, en julio de 2021. Lo describió como un parlamento totalmente «obstruccionista y destructor del estado de derecho con el aval del Tribunal Constitucional y vendido a monopolios y oligopolios». Siguió con la intervención del sistema de justicia, en el que él tiene siete asuntos pendientes y familiares suyos algunos más. Asumió poderes dictatoriales e impuso el toque de queda. Y dijo que convocaría elecciones para un nuevo Congreso con funciones constituyentes.

Todo prácticamente al margen de sus facultades legales.

Aunque emperifollado con la banda presidencial, lucía microscópico. Era la viva imagen de la desolación, el patética reflejo de una política de ínfima calidad.

Su aventura a la desesperada no contaba con apoyo militar, policial, del servicio de inteligencia, político, económico o popular. Era de entrada una quimera, una torpe huida a ninguna parte, exceptuada la cárcel.

Ni siquiera estaba secundado por sus ministros. Hubo dimisiones en cadena, incluida la joven primer ministra Betssy  Chávez (33), que llevaba doce días en el cargo.

Se conjeturó que trataba de alcanzar la embajada de México para asilarse en brazos de su principal valedor internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Congreso, que tenía previsto reunirse para decidir por tercera vez si lo cesaba, aceleró el trámite y destituyó a Castillo incluso con el voto favorable de algunos de los escasos aliados que le quedaban al mandatario: 101 votos contra él y solo seis a su favor.

Hubo una rápida solución constitucional con la juramentación, en menos de tres frenéticas horas, de la vicepresidenta Dina Boluarte (60) como presidenta. De trayectoria gris e insignificancia política, funcionaria de los registros civiles, ubicada en lo que ella llama «la izquierda democrática» y sin sintonía con su antecesor, es la primera mujer en la historia peruana en la jefatura del Estado, un cargo muy volátil en esa república desde la caída, en 2018, de Pedro Pablo Kuczynski y cuyos titulares –ya se ha dicho– suelen ser carne de cárcel.

Pero Boluarte, que era del mismo partido Perú Libre, el del lapicito, dirigido por un entusiasta del castrismo, del que también habían expulsado a Castillo, es una presidenta que parece frágil. Incluso muy frágil y sin una bancada parlamentaria propia. Seis presidentes de Kuczynski a ella, en menos de cinco años, muestran un Perú malogrado, virtualmente fallido.

La enardecidas derechas, estimuladas con la caida de Castillo, pronto deben ir a por Boluarte. No aceptaron su derrota de 2021 y quieren a como dé lugar nuevas elecciones. Boluarte necesitará de una tregua porque la inestabilidad viene de largo y es aguda y pertinaz.

Boluarte tiene mandato hasta julio de 2026, pero a la velocidad que se desarrollan los acontecimientos en el Perú ese tiempo es toda una eternidad.

Una paradoja fue que Keiko Fujimori, cuyo proyecto politico se basa en el autogolpe triunfante de su padre, se apresuró a condenar la acción «desesperada» de Castillo, el desconocido maestro de escuela rural que le impidió alcanzar la tan ansiada presidencia.

Castillo fue un presidente desvalido tras haber sido un candidato improvisado por la izquierda castrista que, de chiripa y por azar, acabó disputando el balotaje con Keiko y ganando en medio de una trifulca enorme. «Un hombre de campo que está pagando errores por su inexperiencia», así se había definido la víspera.

Fue un presidente legal y legítimo que desde el primer momento sufrió una dura campaña de acoso y derribo por parte del conservadurismo en bloque, unos medios derechizados y beligerantes, que Castillo califica de «mercenarios» y dominados por «el libertinaje»,  y unas redes sociales muy hostiles desde las que se le insultaba y es objeto de burlas y ofensas como «burro» o «sombrero luminoso».

Cuando ganó las elecciones, pobre y políticamente en cueros, nadie lo recogió, a diferencia de lo que sucedió en 1990 con Fujimori, que fue otro candidato improvisado y llegó a presidente fruto de las casualidades peruanas, aupado al poder no por mérito propio sino por la determinación de multiples fuerzas para derrotar al escritor Mario Vargas Llosa. Sin aliados de peso, Fujimori encontró rápidamente refugio en las Fuerzas Armadas, con cuyos objetivos se identificó y a las que utilizaría, junto con el Servicio de Inteligencia, para consolidarse en el poder y hasta su estrepitosa caída diez años después.

Castillo fue en la presidencia un gobernante errático, torpe, ignorante, ineficiente y estuvo muy mal aconsejado. Anduvo de crisis en crisis (81 ministros –cinco por mes– lo contemplan), de disparate en disparate, de resbalón en resbalón hasta la catástrofe final, que era inevitable. ✅

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Argentina: Cristina condenada

Francisco R. Figueroa 

✍️7/12/2022 

Cristiana Fernández de Kircher  (69) ha sido condenada por actos de corrupción: defraudación al Estado mientras ejercía la presidencia de la república y cuando era consorte del primer mandatario de la nación.

Por haber robado al Erario argentino.

Fue una sentencia de acuerdo a las leyes y los procedimientos judiciales de Argentina, y con todas las garantías, tras 14 años de instrucciones, 600 horas de juicio y 150 testigos, en un proceso dirigido por tres magistrados que ella misma había nombrado. 

Otra cosa es el relato estridente, furioso, de Fernández sobre que ella es víctima de una mafia, de una suerte de contubernio de políticos adversarios, jueces corruptos y golpistas, y el vil periodismo cómplice.

No sólo ella salió mal herida. A la larga puede destruir el kirchnerismo, que su primogénito, Máximo (45), hoy diputado, trata de liderar.

Nunca antes en Argentina había habido una condena así, a un personaje tan connotado. Ella es vicepresidente de la república, presidenta del Senado, ex jefa del Estado de dos períodos, viuda de un mandatario, la que impuso al actual gobernante, Alberto Fernández, la suprema sacerdotisa del peronismo, un sucedáneo de Evita y la que maneja los resortes del poder, da las cartas y corta el bacalao. O simplemente Cristina, a la que trataron de dispararle y ella explota la intentona asesina como si hubiera entrado al martirologio.

Seis años de cárcel e inhabilitación de por vida para cargos públicos. Los jueces concluyeron que en el caso hubo «un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas». Esos jueces hablan de recuperar el equivalente a unos 500 millones de dólares.

Fueron obras públicas adjudicadas siendo presidente, primero, Néstor, su difunto marido, y después ella, entre 2003 y 2015, a un paniaguado suyo desde los viejos buenos tiempos del feudo de Santa Cruz, que también fue condenado. Un exsargento que en 1990 era un humilde cajero de sucursal provinciana de un banco hasta que se engrudó a los Kirchner y se hizo billonario como adjudicatario de infinidad de obras públicas.

Fernández puede apelar ese veredicto al Tribunal de Casación y luego a la Corte Suprema, que es lo debido, en lugar de arremeter embravecida contra las instituciones y el sistema judicial argentino acusándolo de practicas golpistas, jaleada por el coro de supuestos progresistas, entre ellos el subdictador cubano Miguel Díaz-Canel, en cuyo país reina la armonía más exquisita entre los poderes del Estado y la democracia más impecable del universo.

Y le quedan más juicios a la viuda de Néstor Kirchner, todos relacionados con las jugosas fortunas que ambos y testaferros suyos amasaron desde el poder, en perjuicio del Estado, tanto en la presidencia de la república como cuando anduvieron con cargos públicos regionales en los confines de la Patagonia, desde aquellos orígenes de matrimonio modesto (1975), tras una boda austera, en la casa de City Bell prestada por la familia. 

Néstor tampoco procedía de familia acomodada pero él aseguraba que tuvo fortuna con negocios inmobiliarios antes de dedicarse a la política, cuando ejercía como abogado en Rio Gallegos.

La fortuna amasada por los Kirchner es motivo de especulación. Ellos, en sus declaraciones de bienes, consignas menudencias. En 2020 unos interventores calcularon a Cristina y sus dos hijos un patrimonio de entre cuarenta y dos y cincuenta y dos millones de dólares y veintisiete propiedades inmobiliarias, unas seis veces más de lo que ellos declaran. Pero eso parece solo la punta de un gigantesco iceberg austral. ✅

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Brasil: Lula zanja la cuestión militar

Francisco R. Figueroa

✍️4/12/2022

El aún presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un militar fracasado, disponía de la obediencia incondicional de la cúpula castrense y creía contar con los cuarteles para proseguir por la senda autoritaria y mantener el cargo.

El excapitán falló en sus cálculos.

Al abatimiento que a Bolsonaro le produjo la derrota en las urnas, el pasado 30 de octubre, se ha sumado la decepción al entender, finalmente, que los uniformados no le seguirán en su aventura, que acatan, aún a regañadientes, la victoria del izquierdista Luiz Ignácio Lula da Silva y que en nada dificultarán su vuelta al Palacio de Planalto.

Aunque aún haya bolsonaristas crédulos acampados frente a cuarteles clamando y rezando por una sublevación militar, sin haber digerido los embustes sobre que hubo fraude en las urnas, bulos que Bolsonaro no acaba de atajar estimulando así el tumulto antidemocrático de esa gente crédula, fanatizada y exaltada.

Durante su mandato Bolsonaro llevó a puestos de la administración a cerca de ocho mil militares activos o de la reserva, se rodeó de ellos en el primer círculo del poder, fue generoso con ellos en dinero y en el reparto de privilegios, y copó con generales dóciles los estados mayores. Creó un gobierno cuasi castrense con generales muy conservadores en el papel de archiministros tan ensoberbecidos y delirantes como él mismo es.

Los cuerpos militares y policiales han sido el auténtico partido de un mandatario nostálgico de la dictadura militar implantada en 1964. Bolsonaro se enrumbó hacia la carrera militar después de haber ayudado a una patrulla de soldados que iba, en el sur del estado de São Paulo, tras un famoso capitán comunista desertor que se había rebelado contra el régimen de fuerza.

Pero el alto mando, por inanición, por instinto de conservación y por carecer de un proyecto de país, ha frenado los ímpetus golpistas de los oficiales más radicales. Los generales son conscientes de que un pronunciamiento militar contra el resultado de las elecciones tendría terribles consecuencias económicas para Brasil, con sanciones y aislamiento. Y más en el país en escombros, en todos los sentidos, que deja Bolsonaro, que hasta rebañó las arcas públicas en su empresa reeleccionista.

Producto de esa decepción parece ser ese Bolsonaro en cura de silencio, alicaído, distante, ausente y triste, que apareció en dos recientes ceremonias militares, una de graduación de oficiales en la que fue su academia y otra en la promoción de diez generales.

Los puentes de los comandantes militares con el nuevo gobierno parecen tendidos. Los jefes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica han desistido de dejar sus puestos antes de lo debido, en lo que hubiera sido una manifestación de desprecio a Lula.

En el Ejército ha caído bien la indicación del civil escogido por Lula como ministro de Defensa. José Múcio Monteiro Filho (74) es un moderado con fama de sensato y pacífico. Y con buen tránsito en las Fuerzas Armadas. Ya estuvo con Lula en un gobierno, fue diputado durante cinco legislaturas, jefe del Tribunal de Cuentas de la Unión y se inició en política en el partido del viejo régimen militar. Pudo haber sido ministro con Bolsonaro, quien en su momento se declaró «apasionado» por él y encantado con su talante. Es un veterano político al que la izquierda, sobre todo el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, reprocha haber sumado su voto en el Congreso Nacional para la destitución, en 2016, de la entonces presidenta, Dilma Rousseff, que dicha formación califica como un golpe de Estado. Pero lo que considere el PT no parece primordial para Lula, que trata de armar un gobierno horizontal con acento moderado para convivir con un Congreso Nacional de mayoría conservadora.

Monteiro ya ha conversado con el propio Bolsonaro y con los jefes de las tres ramas armadas. Los nuevos comandantes serán escogidos por Lula con respecto al escalafón, por estricta antiguedad, mientras que los miles de militares incrustados por Bolsonaro en puestos civiles volverán a los cuarteles o a la placidez de la reserva.

La elección de Monteiro para Defensa ha sido un gol por toda la escuadra de Lula, según algunos analistas. Y también cuentan las posibles seguridades que, con discreción y tacto, ha debido dar Lula a través de él al estamento militar. Lo que finiquita la cuestión golpista, sin alharacas ni víctimas, y pone a los uniformados fuera de la primera línea, sometidos, como tiene que ser, al poder civil y donde siempre deben quedarse: en los cuarteles. 

Con la crisis militar encauzada, a Bolsonaro le queda un problema peliagudo: cómo desmovilizar a esa feligresía que clama por una ruptura institucional sin causar a esa gente una decepción capaz de orientarla hacia otro liderazgo. ✅

franciscorfigueroa@gmail.com