Correa tras los pasos de Chávez

Aunque a Rafael Vicente Correa Delgado, el presidente de Ecuador, diga que no le importa con qué gobernante izquierdista latinoamericano le comparen, parece que va tras los pasos de Hugo Rafael Chávez Frías, el presidente de Venezuela.

Este presidente izquierdista que lleva solamente un mes en el cargo cultiva la ambigüedad. Pero a medida que va hablando y ya que ha conseguido la tan ansiada Asamblea Constituyente, las cosas se van poniendo más claras.

En su último programa radial sabatino, en cadena nacional, Correa explicó que la clase de gobierno que quiere para Ecuador es «el socialismo del siglo XXI». Agregó que no le importe si le homologan con Chávez, la chilena Michelle Bachelet o el argentino Néstor Kirchner. Pero de todos ellos el único que predica ese socialismo «del siglo XXI» es Hugo Chávez y el presidente venezolano también es el único entre los demás citados a quien se suele aproximar en el discurso y en los hechos, por ejemplo en esa idea fija iniciática de la Constituyente.

Sus adversarios, como el destituido presidente Lucio Gutiérrez, aseguran que el objetivo de Correa es instalar en Ecuador un «gobierno totalitario» y que si logra el control de la Asamblea Constituyente la usará para acabar con el Congreso y para colocar gente afín en la Corte Suprema. Pero el antiguo coronel Gutiérrez, un político con una bien ganada fama de oportunista, y su Sociedad Patriótica han votado por la Constituyente y se conjetura que anda envuelto en tratos secretos con Correa.

La Asamblea Constituyente es la piedra angular del proyecto político de refundación nacional de Correa. La propuso en la carrera presidencia y se empeñó por ella a fondo durante sus primeras semanas de gobierno, hasta con exabruptos, amenazas y partidarios suyos alzados en la calle. Finalmente, el Congreso nacional se avino a aprobarla en la víspera del Día de los Enamorados. Probablemente, sin salvarlo los congresistas ecuatorianos le hayan puesto fecha y hora a su haraquiri.

El primero de marzo próximo los ecuatorianos votarán si quieren la Constituyente. Se da por descontado que responderán que sí. El 15 de abril elegirán a los miembros de la Asamblea. Después puede ocurrir cualquier cosa.

Si pierde, Correa promete que se irá a casa. Afirma que renunciará a la presidencia porque significará que los ecuatorianos quieren la vuelta «del montón de traidores e impostores» que, según él, se han sucedido en el sillón presidencial del palacio de Carondelet, en Quito. Son, explicó, las «mafias políticas que han saqueado el país» de los Gutiérrez, los Álvaro Noboa, su rival derrotado en las últimas elecciones, y los León Febres, uno de los más notorio políticos ecuatorianos y antiguo jefe del Estado. Si se tratara de un juego de naipes se podría decir que Correa ha echado un farol, un órdago, o que «blufea». No quiere quedarse en la presidencia para oficiar de juguete de sus rivales. «Para ser un alcahuete en manos de las mafias del poder, prefiero irme a mi casa», dice él.

Si gana, Correa interpretará que su proyecto político quedará refrendado y él ratificado en el cargo. Pero también puede caer en la tentación de usar la Asamblea para cerrar el Congreso y disolver a la Corte Suprema. En este sentido ha dicho que «el poder Constituyente es un poder superior» y que «los poderes de la Asamblea serían plenos» hasta para «mandar a la casa al presidente, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema».

«La clase de gobierno que queremos es un socialismo del siglo XXI, que está triunfando en toda América Latina y en el mundo», dijo también este presidente que afirma no tener miedo ante los «agoreros del desastre que hablan de que se quiere imponer un régimen totalitario» en Ecuador y que se proclama «un simple instrumento de poder ciudadano».
Francisco R. Figueroa

Brillo y esplendor al bolívar

El comandante Hugo Chávez asegura que le dará brillo y esplendor al bolívar. Realizará una lipossucción al bolívar que lo adelgazará el tres ceros para quetenga un lustre mayor incluso que en la época dorada del célebre «4,30».

«El bolívar va recuperar todo el terreno perdido ante el dólar, el euro y todas las monedas del mundo (…) Estaríamos listos para comenzar con nuestro bolívar fuerte al comenzar 2008», proclamó Chávez durante su programa «Aló, Presidente», este último jueves.

En el último cuarto de siglo, el signo monetario venezolano se ha envilecido depreciándose en más de quinientas veces desde aquel precio famoso de 4,30 bolívares por dólar. Es exactamente ese «4,30» el valor que subyace en el subconsciente colectivo venezolano como sinónimo de tiempos de vacas gordas.

Pero el nuevo bolívar que tiene en mente Hugo Chávez posiblemente sea el más robusto desde que el presidente Antonio Guzmán Blanco creó la moneda venezolana en 1879.

Un dólar vale hoy 2.150 bolívares al precio que el gobierno de Caracas tiene bajo control desde 2003, aunque en el mercado negro ha oscilado en las últimas semanas entre 4.000 y 4.650 bolívares.

Aquel legendario «4,30» determinó el tiempo de la «Venezuela Saudita», una era ostentosa, que coincide con los años setenta del siglo pasado y que desembocó en el «viernes negro», un aciago 8 de febrero de 1983, la fecha exacta en que entró en pendiente aquel país parásito del petróleo.

En 1986, a los tres años, el bolívar flotaba a 30 unidades por dólar, e iba con una deriva incierta. Ya eran 60 bolívares por dólar cuando Chávez, al frente de un grupo de militares felones, trató de derrocar por las armas al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, en febrero de 1992.

Era el tramo final del camino de cabras erizado de obstáculo que comenzó aquel «viernes negro» de 1983 y tuvo sus peores momentos en el «caracazo», como se conoce el motín popular que hubo en febrero de 1989, la intentona golpista de Chávez de febrero de 1992 y otra alzamiento militar en noviembre de ese mismo año. Todas ellas fueron revueltas manchadas con mucha sangre. Finalmente, en 1993, Pérez quedó destituido para ser juzgado por una presunta corrupción que nunca quedó probada en el proceso a que fue sometida por la Corte Suprema.

Fue así que la Venezuela alegre del rentismo petrolero descubrió que tenía gangrena, una crisis generalizada política, económica y social, pero también ética y moral. Había fracasado un modo de vida de fanfarrones. La convivencia política en democracia —el Pacto de Punto Fijo— idealizado en 1958, degeneró en un perverso sistema de corruptelas y clientelismo generalizados.

Dilapidados alegremente quedaban no menos de 250.000 millones de dólares, según las cuentas que llevaba el más prestigioso de los intelectuales venezolanos, el escritor Arturo Uslar Pietri, muerto a los 94 años en el 2002. Esa cifra tan fabulosa para una nación de unos 20 millones de habitantes equivale, en las cuentas de Uslar Pietri, a 19 veces la cantidad del Plan Marshall para la reconstrucción de la Europa occidental arrasada por la Segunda Guerra Mundial.

En febrero de 1999, Chávez asumió por vez primera la presidencia de Venezuela. El viejo líder de Pacto de Punto Fijo, el democristiano Rafael Caldera, le traspasaba el poder al grito de «Haga usted lo que mejor le parezca» cuando Chávez se saltó el protocolo del juramento para proclamar la muerte inminente del viajo régimen. Fue un sonoro portazo que cerró la corrupta vieja república. En aquellos días un dólar valía 600 bolívares.

Con los actores de las vieja república acorralados y las clases adineradas y las viejas oligarquías —los «amos del valle», los «mantuanos», los »grandes cacaos»…— contra las cuerdas, y una nueva casta en el poder a la sombra de Chávez, unida a los militares —guardia pretoriana de la revolución—, Venezuela explora desde hace ocho años un camino que lleva al socialismo, a políticas que han fracasado en otras naciones, en distintas latitudes.

Chávez le quitará tres ceros al precio del bolívar en un virtual pase de magia monetario. La nueva paridad será —si no hay sorpresas— de poco más dos nuevos bolívares por dólar.

Pero una operación así —que puede ser interpretada como una sesión de terapia colectiva para elevar la estima de los venezolanos mediante esa operación de cirugía estética en la política monetaria— no es en sí misma milagrosa. Otras naciones —Argentina, Brasil, Perú, Bolivia...— quitaron varias veces ceros al valor de sus respectivas monedas, pero tan sólo lograron resultados cuando adoptaron políticas económicas de libre mercado, con plena vigencia de la democracia política.

Por ejemplo, cuando llegó por vez primera a la presidencia del Perú, en 1985, Alan García decidió quitar tres ceros a la cotización del viejo sol y llamar inti a la nueva unidad monetaria resultante. Al dejar el cargo, cinco años después, esa nueva moneda se había avejentado a tales pasos de gigante que hicieron volar el valor del dólar 11 intis a 200.000 intis.

La causa fue una política económica heterodoxa y populista, errática, con nacionalizaciones, controles de precios, de intereses y de cambio, subvenciones disparatadas, intervención en los mercados y guerra permanente con los organismos financieros multilaterales.

El resultado fue que en el quinquenio presidencial de Alan García los precios aumentaron un 2.200.000 por ciento y al inti le sobraban los ceros. Tantos que el nuevo presidente, Alberto Fujimori, le quitó seis y creó al nuevo sol en 1991.

Brasil quitó ceros a su moneda alegremente durante 25 años, entre 1969 y 1994. Fueron nada amenos que quince ceros y, además, se dividió por 2,75 para establecer el valor del real, la nueva moneda, en 1994. Así, para completar hoy dos reales —equivalentes a un dólar—, habría que amontonar nada más y nada menos que 5,5 billones de los cruceiros de 1969.

La economía brasileña no halló sosiego hasta que un ministro de Hacienda socialdemócrata que luego fue presidente de la Republica —Fernando Henrique Cardoso—, puso en marcha el Plan Real de estabilidad económica con políticas de libertad de mercado, apertura, privatizaciones y de fomento de la inversión, que sigue a pie juntillas su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, un político que ha subordinado las ideas radicales de izquierda que le llevaron a la política hace un cuarto de siglo a la conveniencia nacional. Los resultados, en ambos casos, están a la vista.

Antes del llamado Plan Real, desde los tiempos de la dictadura militar (1964-85), pero también en democracia, la economía brasileña estuvo controlada y dirigida por un gobierno intervencionista y unos tecnócratas heterodoxos y nacionalistas que manejaban un estado tan elefantiásico y un sector público de un tamaño propio de un países comunista.

Hugo Chávez, un gobernante que ha dejado claro que nacionalizará hasta las carnicerías si los chacineros no se pliegan a sus medidas controlistas, debiera tener presente esos antecedentes. Quizás los más de 40.000 millones de dólares que Venezuela recibirá en 2007 por la exportación de petróleo le den otra perspectiva. De cualquier manera, los controles comerciales están reñidos con las libertades y la democracia y sólo se suelen mantener por la fuerza de la represión.

Francisco R. Figueroa
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Ordeno, mando y quito

El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha dejado muy claro que quienes se opongan a sus planes les quitará el negocio, aunque se trate de un simple carnicero.

Venezuela enfrenta estos días una crisis de abastecimiento de productos de primera necesidad, con escasez de varios alimentos; carnes rojas, pollo, huevos, leche... Su economía está controlada, sometida al proyecto político de Chávez, de cariz comunistoide. Los precios de unos cuatrocientos productos de consumo humano están regulados desde el 2003.

En Venezuela, como en otras partes, los controles económicos provocando acaparamiento, especulación, estraperlo e inflación. El libre mercado tiene su propia dinámica, contra la que demostradamente no vale interponer las divisiones blindadas.

Los productores y comerciantes venezolanos aducen que con los precios regulados por Chávez no les dejan márgenes y que hay casos incluso en los que el precio de venta al público resulta inferior al coste. De modo que muchos se guardaron los alimentos.

La alarma sonó cuando el índice de precios de enero saltó al 2 %. La amenaza de una elevada inflación obligó a Chávez a adoptar varias medidas, entre ellas suprimir el impuesto al valor agregado, aumentar algunos precios y establecer diversos subsidios.

Como los estantes seguían vacíos, el líder revolucionario venezolano optó por meter miedo a todos los eslabones de la cadena comercial. Chávez ha demostrado repetidamente que no avisa en balde. En su mentalidad militar no cabe la desobediencia. En su proyecto revolucionario la oposición es el enemigo y la deserción, traición. En su cabeza parece que hay ideas fijas.
En un discurso, este miércoles, en el Círculo Militar, en Caracas, Chávez amenazó con expropiar los mataderos, frigoríficos, supermercados y almacenes que acaparen alimentos o los vendan a más de lo que él ordene. «No estoy dispuesto a permitir que el pueblo siga siendo atropellado por los especuladores», afirmó.

Sonó a ultimátum cuando dijo que los comerciantes ya están avisados y que solo está esperando a que le den una excusa para quitarles el negocio. Chávez puede cumplir su amenaza de un plumazo debido a que tiene poderes absolutos para gobernar por decreto, para dictar leyes.

«Si siguen empeñados en violar los intereses del pueblo (…) yo les voy a quitar los frigoríficos, les voy a quitar los abastos, les voy a quitar los supermercados y los voy a nacionalizar (…) y los vamos a manejar entre el Gobierno y el pueblo (…) De modo que cuídense, y entre más grandes sean, cuídense más (…) Estoy haciendo un esfuerzo de paciencia (…) Les he mandado mensajes, pero si siguen empeñados en violar los intereses del pueblo, les voy a quitar los comercios», disparó con su conocido torrente de voz.

Desde hoy Chávez gobierna mayormente desde el micrófono. Su afamado programa «Aló, Presidente», que se emitía los domingos, ha pasado a diario. Cada noche, durante al menos noventa minutos, de lunes a viernes, Chávez transmitirá sus soflamas por la radio nacional. Los jueves también el programa será retransmitido por la televisión. Doctrina, credo e ideología se mezclaran con noticias e informes sobre el gobierno, halagos para los subordinados diligentes, coces para los remisos y el azote de siete púas para los enemigos internos y externos, entre otras cosas.

El espectáculo esta servido en este período de definiciones revolucionarias, de consolidación del proyecto político de Chávez.

El proceso revolucionario está inmerso en una etapa de toma de control por el estado de las principales empresas. Las telecomunicaciones, las eléctricas y el sector petrolero operado por empresas transnacionales están siendo expropiados. La revolución continua.

Francisco R. Figueroa
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Correa gana el primer round

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha ganado el primer y decisivo asalto de su combate para liquidar la vieja República.

El Congreso ecuatoriano, tratando de contentar a tirios y troyanos, y ante el riesgo de que Correa tomara por el camino de enmedio, ha aprobado finalmente, al cabo de muchos tiras y aflojas, que se celebren elecciones para una Asamblea Constituyente. Será el 15 de abril próximo, previa una consulta popular, el primero de marzo.

Correa, que había amenazado con organizar esas elecciones pasando sobre el Congreso y la Corte Suprema, ha afirmado que el legislativo se ha sometido finalmente a la «voluntad popular» expresada en las urnas en noviembre pasado, cuando él resultó elegido presidente de Ecuador. Su principal propuesta era, precisamente, la constituyente. El presidente no tiene grupo parlamentario y apenas dispone en el Congreso de apoyos prestados y alianzas emocionales.

Temeroso que la elección de que la Asamblea Constituyente significara su disolución, el Congreso ha dejado claro en su resolución que serán respetados por poderes emanados de las urnas en las últimas elecciones que se han celebrado en el país. Así, Correa también queda blindado en el eventual caso de que sus opositores se hicieran con el control de la Asamblea Constituyente, que nace con plenos poderes para transformar el marco institucional del país y elaborar la nueva Carta Magna.

Pero está por ver qué pasara cuando la constituyente acabe su trabajos. Se preve que tendrán una duración de medio año, con dos meses de prórroga. Considerando el tiempo que falta hasta la instalación de la Asamblea y que la nueva Constitución ha de ser sometida luego a referéndum popular, dentro de un año Ecuador se regirá por una nueva Carta Magna. Pero los plazos pudieran resultar menores pues Correa tiene prisa. Parece que mucha prisa para llevar adelante su propia «revolución».

Con la nueva Constitución seguramente habrá de celebrar nuevas elecciones. De modo que la verdadera pelea por el poder en Ecuador vendrá más tarde. De momento gana Correa el primer capítulo de la posible «bolivarización» de la política ecuatoriana. Por cierto, Venezuela y Ecuador acaban de dar un impulso a los acuerdos de cooperación suscritos por Correa con su homólogo de Caracas, Hugo Chávez, durante una visita al país que ha hecho el ministro de Relaciones de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro. En Quito portavoces de oposición despotrican contra el presidente afirmando que «en Ecuador no manda Correa; manda Chávez».

En el Congreso ecuatoriano hay diputados que tienen conciencia de que la legislatura no durará los cuatro años previstos y que será mera bisagra de los cambios drástico que quiere hacer Correa. Pero el Correa, sin embargo, se mueve como quien tiene todo el tiempo por delante en el cargo.

Cuando se iniciaba la sesión del Congreso en la que se acabó aprobando la convocatoria de la constituyente, un gato negro cruzó el plenario. Algunos diputados interpretaron que era un mal presagio.

Francisco R. Figueroa
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Un Papa colorado

El Papa alemán Joseph Ratzinger —bávaro como los genes del fallecido general Alfredo Stroessner, dictador paraguayo durante 35 años— ha negado la renuncia al sacerdocio a un obispo que pretende ser candidato presidencial en Paraguay.

Con esa decisión, Benedicto XVI se ha alineado con lo más rancio que hay en la política paraguaya: el Partido Colorado, la agrupación política hegemónica en el país desde hace 60 años, tanto en dictadura –bajo Stroessner— como en democracia, desde 1989. También ha dado una muestra más de intolerancia aplicando principios medievales en el siglo XXI.

Fernando Armindo Lugo Méndez fue siempre un clérigo comprometido con la causa de los pobres, con la Teología de la Liberación, esa actitud social y política tan extendida en el clero de América Latina que tan ardorosamente combatió Ratzinger desde la Congregación para la Doctrina de le Fe -auténtico brazo armado del Vaticano- como su antecesor, el Papa polaco polaco Karol Wojtila. Lugo mantuvo ese compromiso con los pobres primero como cura raso y luego como obispo en la diócesis más pobre —la de San Pedro— de un país muy pobre como es Paraguay.

En 2005 Lugo dejó de ser el titular de San Pedro —posiblemente por presiones del Vaticano— y se convirtió honoríficamente en obispo emérito. El último día de Navidad remitió una carta al Papa renunciando a su condición de sacerdote. Explicó que pretendía aspirar a la presidencia de Paraguay en las elecciones de mayo de 2008, pero que la Constitución del país impide que los clérigos de cualquier culto aspiren a cargos públicos. Una renuncia que hubiera sido bastante simple si esa incompatibilidad constitucional fuera para los torneros o los periodistas, por poner dos ejemplos.

Pero la Iglesia es la Iglesia. El Vaticano le acaba de responde a Lugo imponiéndole la pena de suspensión «a divinis», bajo la premisa de que el sacerdocio y la orden episcopal son indelebles, para siempre, hasta la muerte, amén. Alega el Vaticano que la candidatura de un obispo sería motivo de confusión y de división entre los fieles.

Lugo queda suspendido, sin embargo, del ejercicio del sacerdocio, pero sujeto al Vaticano por los votos de disciplina, castidad y obediencia. El paso siguiente sería la excomunión si Lugo persistiera en su empresa política.

El Partido Colorado, que parecer temer políticamente a Lugo —que pretende aglutinar a toda la oposición— ha advertido de que legalmente su candidatura es impugnable porque sigue siendo miembro del clero. Agregan que simple hecho de presentar la renuncia no le devuelve a la condición de laico pues para esto haría falta la aceptación del Vaticano acepte.

Para otros es una cuestión del Derecho Canónico contra el Derecho Civil. Desde el punto de vista civil, Lugo ha renunciado a su condición de clérigo y esto es suficiente de cara a las leyes paraguayas, con independencia de lo que diga el Vaticano con base en las leyes canónicas. El Vaticano ha suspendido a Lugo de sus funciones de clérigo consagrado, pero los derechos civiles como ciudadano paraguayo son otra muy distinta cuestión. Juristas paraguayos sostienen que presentar su renuncia Lugo no tendrá más lealtades que las que asuma con el estado paraguayo y que esto es sufiente desde el punto de vista de l Constitución nacional.

Los obispos paraguayos han entrado al debate. Unos afirman que Lugo sigue siendo ministro católico; otros disienten arguyendo que está libre por su propia renuncia para aspirar a la presidencia. Un prelado ha advertido que si Lugo persiste en su posición puede ser excomulgado. Y esta quizás sea la solución porque la excomunión significa la expulsión fulminante del seno de la Iglesia. Pero posiblemente ese sea un trago amargo para Lugo, un hombre que finalmente ha vivido apegado a la fe católica toda su vida.

Francisco R. Figueroa
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Los aniversarios de Chávez

El comandante Hugo Chávez está de aniversario doble. Celebra su llegada a la presidencia por la vía de las urnas, hace ocho años, y el cruento asalto armado al poder que capitaneó hace quince.

El aniversario de la llegada al poder el 2 de febrero de 1999 ha quedado minimizado y eclipsado por la celebración de la intentona golpista con un desfile militar aparatoso, similar al del Día de la Independencia, acompañado de movilizaciones civiles y la marcha de cerca de diez mil reservistas.

La idea de Chávez quizás sea convertir el aniversario golpista en un remedo en el ritual de su revolución del asalto al cuartel Moncada en la castrista. Hugo Chávez afirma que «aquel relámpago que fue el 4 de febrero de 1992 partió en dos la historia venezolana» y que él es «hijo de ese relámpago».

Chávez y otros jefes militares de graduaciones media y baja se alzaron en armas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que había sido escogido a fines de 1988 por el 53 % de los votantes. El de Pérez era, por tanto, un gobierno legítimo y democrático, como también lo era el que encabezaba Chávez cuando sus rivales trataron de derrocarle en abril de 2002 en una asonada civil y militar.

En ambas épocas había en Venezuela una tremenda intranquilidad social y una severa crisis. En los dos alzamientos corrió la sangre. Fueron acciones violentas para apoderarse del poder contra la Constitución y las leyes.

Chávez y los golpistas de 1992 justificaron su alzamiento en el malestar popular, la corrupción, el fracaso del modelo democrático instaurado en 1959, tras la caída de la dictadura, y que Carlos Andrés Pérez había usado a los militares para reprimir, en febrero de 1989, un motín popular, que explotó en los suburbios de Caracas y prendió en otras ciudades, en repudio al estricto programa económico neoliberal que acaba de aplicar el mandatario. Hubo toda clase de excesos y centenares de muertos.

«Pérez había sido ilegitimado por el pueblo. Nos mandó a los militares a rociar de plomo a nuestro pueblo cuando éste salió a pedir justicia. Echó las tropas como jaurías a las calles a masacrar con ametralladoras a mujeres y niños. Eso fue indignante para un soldado. Eso no era de demócrata; era de tirano. Nosotros nos alzamos contra esa tiranía y así está reconocido por Dios y por el pueblo. Yo soy producto de aquella rebelión y mi legitimidad se basa en ella...», argumentó Chávez en una entrevista que le hice.

Con el paso del tiempo, Chávez ha logrado liberarse del calificativo de militar golpista. Ahora es él quien descalifica asiduamente como golpistas a sus adversarios políticos. La cuartelada, pues, ha sido dignificada y así el alzamiento de aquel grupo de oficiales carbonarios que trataron de derrumbar un gobierno demócrata se celebra hoy como el Día de la Dignidad. Aquella asonada es ahora presentada como «una rebelión patriótica, justa y necesaria», su aniversario «una fecha magna y emblemática» y su consecuencia fue que «el pueblo venezolano se convirtió en actor y juez de su propio destino», según dicen los portavoces del régimen venezolano.

De este modo, «patriotismo» es lo que ocurrió hace 15 años y «golpismo» los acontecimientos de 2002, que tuvieron a Chávez derrocado durante 48 horas y a apunto de ser fusilado, y los derivados en 2003 cuando mediante una huelga en el sector petrolero se trató de asfixiar económicamente a su gobierno.

El siglo XXI comenzó en Venezuela con el enorme malestar social que se arrastraba por lo menos desde 1989 pues los noventas del siglo pasado fueron una década perdida que sólo sirvió para agravar la situación interna.

Dos huelgas generales habían sido convocadas por la principal organización empresarial venezolana a causa de las leyes que Chávez promulgó en 2001 por decreto. Una de esas leyes permite la expropiación de tierras y ha sido usada recién ahora para confiscar 40 haciendas.

La Asamblea Nacional (el congreso unicameral venezolano), monocromáticamente chavista, acaba de delegar en el presidente el poder de gobierno por decreto durante 18 meses. En ese plazo pasarán al control del Estado, por lo que se sabe hasta ahora, la gran empresa de telecomunicaciones CNTV, todo el sector eléctrico (con media docena de empresas) y las cuatro empresas petroleras de capital mixto bajo control privado. Hay afectados grandes capitales privados de Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Noruega y Francia.

El alzamiento del 4 de febrero de 1992 le dio notoriedad a Chávez. Curiosamente, todos los demás jefes golpistas alcanzaron sus objetivos, menos Chávez, que debía haber tomado el palacio presidencial de Miraflores y hecho prisionero al presidente Pérez. Pero se quedó como amedrentado en el Museo Militar de La Planicie. En el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, dos grupos cumplieron sus objetivos, pero el que conducía Fidel Castro sufrió el traspié que acabó echando al garete la toma de la principal sede militar en Santiago de Cuba y la segunda fortaleza en importancia del país.

Encarcelado en el presidio de Yare, el entonces teniente coronel Chávez y los demás jefes de la asonada tuvieron sus juicios sobreseídos en 1994, por un pacto entre el conservador presidente Rafael Caldera a cambio de que la izquierda radical y comunista apoyara su muy precario gobierno. Todos tuvieron que renunciar a la milicia.

Chávez recorrió el país palmo a palmo con su propuesta política revolucionaria de refundación de la república. En 1998 sus partidarios arrasaron en las legislativas y él en las presidenciales, frente a unos adversarios de los partidos tradicionales tan ciegos y embotados que cuando quisieron darse cuenta de que venía Chávez éste ya estaba en el palacio de gobierno.

Luego tratarían de sacarlo del poder, primero lanzando las turbas contra el Palacio de Miraflores para desencadenar el golpe, después mediante la asfixia económica y por ultimo a través de las urnas. Pero la revolución chavista se ha robustecido paso a paso, sin prisa pero sin pausa, todo calculado con ese olfato y sentido de la oportunidad que caracteriza el presidente venezolano.

Cada vez son más claros sus tintes militaristas, populistas y caudillistas del sistema de gobierno. El binomio Fuerzas Armadas-Pueblo se ha consolidado. Los centros de formación ideológica —las madrazas de Chávez—, están a pleno rendimiento. La reorganización política avanza en para el control mediante los llamados «consejos comunales». La supervivencia de las autoridades locales y regionales emanadas de las urnas parece en peligro. Con las nacionalizaciones en curso, no menos del 90 % del aparato productivo quedará en manos del Estado, es decir, de Chávez. A eso se suma la subordinación del Banco Central y el rearme de las fuerzas militares. La reforma constitucional en curso acabará de asentar los fundamentos legales de la revolución socialista. Chávez gobernará por decreto durante año y medio y podrá renovar ese plazo porque el parlamento le es enteramente fiel.

Francisco R. Figueroa
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