Tras más de diez años en el poder, el caudillo venezolano, Hugo Chávez, pretende ahora meter en la cárcel al octogenario Carlos Andrés Pérez, el presidente al que trató de derrocar en dos ocasiones en 1992, por haber ahogado en sangre un motín popular en 1989 conocido como el «caracazo». Las cifras oficiales refirieron que hubo unos trescientos muertos, pero extraoficialmente se habló de cerca de dos mil tras la intervención del Ejército. Chávez dice que el «caracazo» prendió el motor de su revolución y el baño de sangre le dio la legitimidad.Ya decía eso cuando aún no era presidente de Venezuela, en la entrevista que le hice en las vísperas electorales de 1998. Me explicó que capitaneó la intentona golpista de febrero de 1992 y participó desde la cárcel en otra cruenta rebelión militar, en noviembre de aquel mismo año, porque Pérez «había sido ilegitimado por el pueblo» por haber mandado a los militares a reprimir a sangre y fuego el motín de 1989. «Nos mandó a los militares a rociar de plomo a nuestro pueblo cuando éste salió a pedir justicia. Echó las tropas como jaurías a las calles, los cerros y los ranchos a masacrar con ametralladoras a mujeres y niños. Eso fue indignante para un soldado. Eso no era de demócrata; era de tirano. Nosotros nos alzamos contra esa tiranía y así está reconocido por Dios y por el pueblo. Yo soy producto de aquella rebelión y mi legitimidad se basa en ella», declaró en la entrevista, que le hice a bordo de un vehículo todoterreno que se abría paso a duras penas en el denso tráfico de Caracas.
Venezuela emitió una orden internacional de detención contra Pérez en febrero de 2005, acusándole de homicidio intencional calificado por los hechos de 1989. Ahora, al cabo del tiempo y en undécimo años de la llamada Revolución Bolivariana, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha resuelto pedir la extradición de Pérez a Estados Unidos pues vive en Miami. Desde allí el ex mandatario, de 87 años, ha replicado que dicho Tribunal Supremo está al servicio de Chávez, echado en cara que sus miembros se acaban de asignar jugosas jubilaciones y recordado la coincidencia de que actúan contra él cuando el régimen chavista está acusado por la Audiencia Nacional española de cooperar con grupos terroristas internacionales, concretamente con la ETA (Euskadi ta Askatasuna) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Paralelamente, la Fiscalía General ha acusado al que fuera ministro de Defensa durante el «caracazo», el general retirado Ítalo del Valle Alliegro, de 70 años, que está pendiente de un proceso por crímenes contra la humanidad.
Carlos Andrés Pérez reside en Miami con su actual esposa, Cecilia Matos. Después de que perdió su escaño de senador en el proceso constituyente que inició Chávez en 2000, se estableció en Santo Domingo, al amparo del entonces gobernante Partido de la Revolución Dominicana (PRD) al que tanto había ayudo, sobre todo en la época del fallecido José Francisco Peña Gómez, aunque acabó convertido en un huésped incómodo sobre todo a causa del chantaje petrolero de Caracas al gobierno dominicano. En el ático que ocupaba en el Ensanche Piantini, de Santo Domingo, cuya decoración recuerda su actual apartamento en Miami, lo entrevisté por última vez en noviembre de 2002. Hablamos fundamentalmente de Chávez y de los males de su revolución. Desde la entrevista que le hice por teléfono al día siguiente de la intentona golpista de noviembre de 1992, vi varias veces más a Pérez, en Miraflores antes de ser defenestrado en el golpe que en 1993 dieron contra el los poderes Judicial y Legislativo, en su oficina particular de la Torre Las Delicias, en Caracas, y en la quinta La Ahumada, en Oripoto, mientras cumplía arresto domiciliario. Por aquellas vueltas que da la vida y la fuerza de la Justicia, Pérez había tenido que volver a cohabitar en La Ahumada con su primera mujer y prima hermana, Blanca Rodríguez, porque aquel era su domicilio legal, aunque para entonces vivía abiertamente, en un apartamento en La Castellana, con Cecilia Matos, la que fuera sus secretaria, después amante y más tarde esposa.
El «caracazo» fue el principio del fin de Pérez. Hacia finales de 1988 había sido elegido por segunda vez presidente, con casi el 53% de los votos, del nuevo al frente del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), en medio de una severa crisis económica y la expectativa de que con volverían los viejos buenos tiempos de su primer mandato (1974-79), de la llamada «Venezuela Saudita», cuando el nombre del país era sinónimo de abundancia. Los fastos de su toma de posesión del 2 de febrero de 1989 pasaron a ser conocidos como «la coronación». Dos semanas después presentó un programa de reformas neoliberales, pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que contrariaban sus promesas electorales. Las medidas fiscales, monetarias y comerciales eran muy amplias, pero las que exasperaron fueron el aumento del 100% del precio de la gasolina, que virtualmente se regalaba, y del 30% del transporte, así como la subsiguiente escasez de productos causada por el acaparamiento de los comerciantes. La explosión social comenzó en la localidad periférica de Guarenas. Pronto prendió en otras áreas populares de Caracas y se extendió a otras ciudades importantes Maracay, Valencia, Mérida, Barquisimeto y Puerto Ordaz. Hubo saqueos de comercios, cortes de vías, barricadas, incendios y tiros, sin que el gobierno acertara a reaccionar. Como la policía había sido desbordada, Pérez y su ministro de Defensa dieron orden de salir al Ejército y se impuso el toque de queda. El resultado fueron los excesos y la masacre. «Cárcel para los responsables. Que aquel genocidio no quede impune», gritó Chávez en el acto que el pasado 4 de febrero rememoró la falladito intentona golpista de 1992, que la que el caudillo venezolano pretende darle el mismo significado políticos que para el castrismo tiene el frustrado asalto del Cuartel Moncada en 1953.
La estrella de Pérez se apagó. La crisis, las conspiraciones y el malestar popular dominaron la vida nacional. Sucedieron las dos intentonas golpistas de 1992. La Corte Suprema vio mérito en las acusaciones de corrupción que la Fiscalía hacía a Pérez. El Senado aprobó que se llevara a cabo el juicio y separó del cargo al presidente. Poco después, el mismo Senado declaró vacante la presidencia de la República sin que se dieran los requisitos constitucionales para ello. Fue un golpe de Estado institucional, pero nadie protestó. Encarcelado primero en El Junquito y después sometido a arresto domiciliario en su casa de La Ahumada, La Corte Suprema lo juzgó por peculado y malversación. Al considerado prototipo de gobernante corrupto latinoamericano no pudieron probarle que hubiera robado. Solo que había desviado dinero de los fondos reservados para una causa que resultó siendo noble: evitar que los sandinistas de un Daniel Ortega derrotado en las urnas devoraran a Violeta Chamorro en el periodo de transición que se abrió con su inesperada victoria electoral en 1990. Tras el triunfo de Chávez, volvieron a formularse contra él nuevas acusaciones de corrupción y después de crímenes contra la humanidad. Camino de los 88 años y con las secuelas del percance cardiovascular que sufrió en 2003 es poco probable que Pérez vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Tampoco parece probable que Estados Unidos vaya a conceder su extradición, que solo serviría para inyectar vitalidad interna al caudillo Venezolano, echar carnada al populacho, linchar a un emblemático enemigo de la revolución y animar el circo chavista.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
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