Los etarras de Hugo Chávez

El presidente venezolano, Hugo Chávez, pese a lo que arguye, está al corriente de las andanzas de los etarras en Venezuela y Colombia. Conoce esas correrías su servicio secreto y, sobre todo, el servicio secreto cubano, que maneja al venezolano.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español sigue los pasos de los etarras en Venezuela, y también en Cuba, desde hace muchos años y, en consecuencia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está al tanto, como ante lo estuvo el Ejecutivo que presidió José María Aznar.

Con altanería Chávez ha asegurado que no tiene que dar explicaciones ni a Zapatero ni a nadie por los indicios de «colaboración gubernamental venezolana» en las relaciones entre la organización separatistas vasca y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer actor terroristas, puestos de manifiesto por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que ha imputado a seis etarras, residentes en Venezuela, Cuba y México, y siete farianos.

El líder venezolano ha calificado esa acusación de «temeraria» y «un show». Del juez Velasco dijo que «actúa de manera irresponsable» y lleva adelante un procedimiento que forma parte del «juego de la extrema derecha europea y del mundo para atacar a Venezuela, a la revolución y a mí». En una declaración anterior Chávez repudió al magistrado español al tratarle de «neocolonialista» y su actuación la inscribió en el «plan de Washington para desprestigiar mi gobierno y sabotear la unidad latinoamericana».

El dirigente venezolano contradijo al ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, al negar que, en la conversación telefónica que mantuvieron sobre el asunto, se hubiera comprometido con España a hacer las averiguaciones pertinentes y dar explicaciones que correspondieran. «Al contrario, fue el canciller español quien nos dio la explicación de que su gobierno no tenía nada que ver con eso» (la imputación del juez) y de que la actuación del juez no podía empañar las relaciones bilaterales. «Zapatero y el rey de España debiera meter el ojo en su Poder Judicial». Le faltó decir: «Como ocurre en Venezuela, donde el Poder Judicial me debe obediencia». Caracas arguye que la prensa española – que, evidentemente, no aprueba a Chávez y el proyecto de dictadura que representa – lleva adelante una campaña contra el pueblo venezolano, que estimulan el desprecio hacia ese país, como si el chavismo y Venezuela fueran la misma cosa.

En sus declaraciones, Chávez distorsiona la realidad. «Nosotros no apoyamos a las FARC ni a la ETA ni a las guerrillas ni al terrorismo. Se ha dicho que hay células de Hizbolá en Venezuela, casi que (Osama) Bin Laden está aquí, que con Irán estamos construyendo una bomba atómica. Eso es para reírse. Yo espero que la gente inteligente en este mundo le dé a estas informaciones el puesto que tiene que darle», ironizó cínico Chávez.

Venezuela quedó apuntada por el juez español en una trama con las FARC y la ETA para, entre otros actos terroristas, asesinar al actual mandatario colombiano Álvaro Uribe y a su antecesor, Andrés Pastrana, quien ha exigido de Chávez una explicación «pronta, concreta y directa» sobre esas acusaciones. También estarían en el ojo de mira de los terroristas Noemí Sanín, candidata presidencial, ex ministra y embajadora (lo fue en Caracas y Madrid y ahora lo es en Londres) y al ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus.

Al burlarse insinuando que tras la Audiencia Nacional española actúa «el imperio yanqui», Chávez actuó exactamente igual que cuando Raúl Castro, dando mordiscos a las palabras y manotazos al aire, culpó a Estados Unidos – frente a la indiferencia del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva –, de la muerte del preso político Orlando Zapata tras 86 días en huelga de hambre.

Venezuela intentó desacreditar también a la justicia española arguyendo que la información en que se basa Eloy Velasco procede de los célebres computadores del «número dos» de las FARC, «Raúl Reyes» (Luis Edgardo Devia Silva), muerto hace ahora dos años en territorio ecuatoriano en un bombardeo de la aviación colombiana. Venezuela insiste en que esos equipos fueron manipulados con perfidia por Colombia en perjuicio de Chávez y su régimen y convertidos en un instrumento de «guerra política».

El contenido de esos computadores puso de manifiesto unas supuestas relaciones íntimas entre las FARC y el régimen de Chávez que éste siempre ha negado, así como otros hechos como la entrega de armamento y dinero y la colaboración en el narcotráfico. Chávez y su Asamblea Nacional (el parlamento unicameral de Venezuela) han reconocido formalmente a las FARC como fuerza insurgente beligerante. Luego para el Gobierno de Chávez no se trata de una organización terrorista, como la califica Estados Unidos o la Unión Europea. El último informe anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado de EEUU señala que tantos las FARC como el ELN (Ejército de Liberación Nacional) «tienen vínculos con los narcos más agresivos y exitosos en Venezuela» y reciben el apoyo de un sector de las fuerzas de seguridad venezolanas».

Es conocido que los etarras de Venezuela están íntimamente imbricados en el entramado chavista. Algunos llegaron a Venezuela – que le echó entonces una buena mano España – a principios de los años ochentas por acuerdos bilaterales tras el fracaso de unas negociaciones de paz. Otros se incorporaron a la comunidad etarra con el transcurrir de los años por diversos motivos. Incluso ha habido casos de algunos que han abandonado el santuario venezolano para volver a la actividad terrorista, como ha sido el caso de José Lorenzo Ayestarán Legorburu, de 52 años, detenido en Francia la semana pasada. Ayestarán, Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa y Jesús Ricardo Urteaga vieron frustrada en 2006 la concesión de la nacionalidad venezolana debido a una rápida intervención de España. Estos etarras, todos implicados en homicidios, tratarían de burlar así una posible extradición a España, con la colaboración de los amigos del régimen chavista. A otros dos etarras extraditados a España desde Venezuela se les iba a conceder una indemnización.

En la época anterior a Chávez, los etarras gozaron de tolerancia debido fundamentalmente a las buenas relaciones del conservador presidente Rafael Caldera con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la colonia vasca en Venezuela, especialmente con los residuos del antiguo exilio vasco de la época de la Guerra Civil española; personajes como el hermano Ginés (Pablo Mandazen), el navarro del Valle de Aezkoa que introdujo La Salle en Venezuela, e, incluso, de un venezolano de Cumaná como es Iñaki Anasagasti. Después, varios altos personeros del chavismo sirvieron de cicerones a los etarras. Hoy no solo están protegidos y considerados, sino incluso algunos, como Arturo Cubillas Fontán, uno de los reclamados por el juez Velasco, y su mujer, Goizeber Odríozola, son altos cargos en el Gobierno de Caracas.

Se está repitiendo lo mismo que ocurrió en Cuba, donde el Partido Comunista de los hermanos Castro desarrolló profundos lazos con ETA e incluso se establecieron vínculos económicos entre el régimen castristas y el nacionalismo vasco. De hecho, el juez Velasco ha procesado a un etarra residente en Venezuela (Cubillas) y a tres en Cuba (Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio) junto otro de México y seis miembros de las FARC, entre ellos dos ̶ Rodrigo Granda e «Iván Márquez (Luciano Martín Arango) ̶ que hacen de interlocutores con el gobierno de Chávez. Los gobiernos de La Habana y Caracas tienen relaciones peligrosas con organizaciones armadas y comparten los objetivos de ETA en su «lucha por la liberación» del País Vasco. Lo mismo que compartieron los objetivos del Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com