Venezuela: muerte a la prensa libre

Por todos es conocido que el presidente venezolano, Hugo Chávez, tiene permanentemente en el punto de mira a la prensa independiente, que representa el mayor obstáculo para la consolidación de su proyecto socialista radical y autoritario. Lacera a los medios discrepantes, socava la libertad de expresión, lleva a cabo una espiral de cierres, trata de asfixiar económicamente a las empresas periodísticas desafectas al privarlos de la publicidad institucional y la del sector público. El dominio absoluto de los medios de comunicación, fuente de poder político, es el objetivo supremo de Chávez. Tiene que dominar el teatro de operaciones de la opinión pública e implantar una solo voz, opinan los especialistas.

En Venezuela la democracia está sometida a demolición. Chávez ha corrompido las instituciones del Estado, las ha sometido, copado, confiscado y dejado al servicio de una causa política autoritaria, un régimen que bajo la lupa de distintos organismos de derechos humanos viola las normas constitucionales, limita la libertad y la democracia cada día más, impide el juego de la oposición, la discrimina, la abomina y practica con ella la intolerancia; ejerce cada vez un mayor control sobre la sociedad civil, promueve normas liberticidas, draconianas; impone leyes para el adoctrinamiento socialista radical en lugar de educar y acomoda la Carta Magna y la ley electoral en beneficio propio para perpetuarse en el poder, para que el oficialismo no pierda nunca; y usa y abusa ventajistamente del tesoro público sin el menor control. Es verdad que mantiene el ritual electoral, pero no eso en democracia no basta.

Chávez presumen de que no hay ningún país en el mundo que pueda competir con Venezuela en liberad de expresión. Pero a renglón seguido afirma que los medios privados de comunicación atenta contra el Estado –«el Estado soy yo», parece decir como el Rey Sol– y son «realmente subversivos», mientras que algunos de sus colaboradores los califican de «terroristas» y los comparan con la ETA vasca. Los alcaldes, gobernadores y otras autoridades oficialistas del país tienen instrucciones presidenciales de actuar en esa guerra mediática identificando a los medios desafectos al chavismo.

En los diez años que lleva en el poder Chávez ha construido a su alrededor un imperio mediático de Ciudadano Kane rojo, un latifundio mediático propio, que se sostiene con dineros públicos, para la propaganda y el proselitismo de su causa política compuesto por 43 emisoras de televisión, 358 de radio, 150 periódicos y 156 páginas web. Acaba de clausurar con pretextos administrativos 34 medios audiovisuales privados. Cerca de otros 250 están en su punto de mira. Entre las amenazas figura Globovisión, un valiente canal privado de información que ha sido acosado, junto con sus directivos, de todas las maneras posibles, incluso con un reciente asalto por una horda chavista a las instalaciones en Caracas. Hace dos años Chávez impidió que siguiera funcionando la combativa emisora independiente Radio Caracas Televisión, la más antigua y una de las dos de mayor audiencia en el país. Los otros dos canales comerciales privados: Venevisión, de Gustavo Cisneros, y Televen acabaron sometiéndose. Globovisión puede tener los días contados.

Debido a la gran polvareda que ha levantad dentro del país y en extranjero, y ante la posibilidad de que su promulgación desatara una espiral de cierres, persecuciones, multas y detenciones de incalculables consecuencias, Chávez ha preferido meter en el congelador una ley especial de «delitos mediáticos» liberticida y draconiana que por instrucciones suyas había elaborado la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega. Ahí la mantendrá hasta mejor oportunidad, como un monstruo encuevado al acecho, amenazante, amarrado con una débil soga que en cualquier momento puede quebrarse. En la reciente cumbre presidencia de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Quito, Venezuela trató de insertar en la declaración final un párrafo sobre la «responsabilidad ética» de los periodistas que naciones como Uruguay y Chile rechazaron horrorizados porque se temió que en cualquier momento Chávez o sus aliados pudiera usarla para adoptar medidas contrarias a la libertad de prensa.

Asdrúbal Aguiar, político, ex ministro, columnista, consejero editorial del diario «El Universal», catedrático y académicos, quien fue galardonado con Gran Premio Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirma que el periodismo hoy en Venezuela «es un oficio de guerra, por lo que la libertad de expresión y de prensa se torna en un acto de heroicidad, y hasta suicida. Se termina muerto, en la cárcel, o sin trabajo». Chávez, que ante todo es un militar, entiende que en el teatro de operaciones de su guerra política lo mas decisivo es la opinión pública, de modo que «por considerar a los medios y a los periodistas fuente de poder político, busca controlarlos para que no nutran con sus armas al "enemigo". Así de simple».

Miguel Enrique Otero, director de «El Nacional», el otro gran diario venezolano, afirma también que la estrategia de Chávez es eliminar el periodismo independiente y asegura que Venezuela es el país de América donde hay más pluralidad en la propiedad de los medios, contra las acusaciones de Chávez sobre la existencia de un monopolio mediático. Ya la poderosa SIP, que aglutina a los dueños de periódicos, afirma lo mismo: que Chávez busca hacer «desaparecer» a la prensa crítica y «acallar todas las voces opositoras en una muestra del carácter totalitario de su régimen». La SIP exigió a los gobiernos latinoamericanos que denuncien la situación de la prensa en Venezuela y abandonen «un exceso de prudencia diplomática» con respecto a Caracas. Multitud de organizaciones en el mundo se han pronunciando recientemente sobre la delicadísima situación que enfrenta la prensa en la Venezuela de Chávez. Todo ello coincidiendo con la declaración hecha por el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de que el nivel de libertad de prensa en Venezuela es «satisfactorio» desatara un huracán de críticas contra él, pero también contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com