Los megavatios de la ira

Carlos Quinto Mateo Balmelli parece un hombre bienintencionado, probo, diligente y moderado, sabedor de que el cargo que ocupa, aunque suene poco o la mayoría lo desconozca, es el más importante en su país tras la Presidencia de la República.

Parece muy consciente de que el coloso que dirige ha sido desde su nacimiento una ciénaga de corrupción y de que en esa empresa Brasil tiene enredado a Paraguay hace mucho tiempo.

Durante los dos años que viví en Asunción él estudiaba en el extranjero. Acabé conociéndolo ahora a principios diciembre cuando estuvo en Madrid buscando cómplices con una causa justa convertida en la prioridad del nuevo gobierno paraguayo que preside el ex obispo Fernando Lugo.

Mateo Balmelli, abogado de 47 años y ex senador liberal, es el director paraguayo de la hidroeléctrica Itaipú, esa empresa de titanes levantado en el río Paraná entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Eran tiempos de dictadura tanto en Brasil como en Paraguay. Además, Paraguay era tenido por un virtual protectorado de Brasil, el país que en la segunda mitad del siglo XIX lideró una guerra que lo redujo a cenizas y diezmó su población. Desde entonces los brasileños han solido ser determinantes en Paraguay, y más durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-89), su rendido admirador. También durante los gobiernos civiles que siguieron hasta el de Fernando Lugo.

Itaipú aún es la mayor hidroeléctrica en funcionamiento del mundo, con una producción de unos 93 millones de megavatios-hora anuales, con 20 turbinas cada una del tamaño de un edificio de nueve pisos y capaces de iluminar Londres por dos años a consumo máximo las 24 horas del día.

¿Cuánto vale esa energía? Varía por los diferentes precios de la electricidad en el mercado. En Europa podría llegar a 10.000 millones de dólares. Dentro del Mercosur, a la tarifa que paga el consumidor final, serían unos 8.800 millones de dólares. La cuestión que trae de cabeza a Lugo, a su país y, por supuesto, a Mateo Balmelli es lo poco que recibe Paraguay y las deudas que la maniatan.

Brasil y Paraguay son nominalmente dueños a partes iguales de la central y la energía que produce, pero los brasileños consumen el 95% del total porque los paraguayos les basta con una pequeña parte de su mitad. Los paraguayos deben transferir a su socio la electricidad excedente, que explota la estatal brasileña Eletrobras en su mercado interno y, quizás también, cuando vende a sus vecinos Argentina y Uruguay. Entre unas cosas y otras Brasil acaba pagando a Paraguay un precio de ganga: unos 275 millones de dólares al año por algo que vale diez, doce o catorce veces más.

Los paraguayos se consideran expoliados y víctimas de práctica colonialistas. Consideran leonino el contrato de cincuenta años de duración que el vasallo Stroessner firmó a favor de sus protectores brasileños. Los brasileños siempre han tratado el asunto como si Itaipú fuera casi exclusivamente de su propiedad, pues ellos pagaron las obras y pusieron el capital. Paraguay es así un mero comparsa al que repasan migajas. Pero Paraguay continúa pagando su parte de una deuda por aquellas obras que aún es cuantiosísima y que muchos consideran amortizada. El gobierno de Lugo duda de su legitimidad y la considera fraudulenta. Por ejemplo, un crédito de Taiwán de 1999 por 500 millones de dólares desapareció íntegro. El control ha sido mínimo cuando no inexistente. Itaipú Binacional ya ha pagado 31.000 millones de dólares de deuda a Eletrobrás y los bancos y falta por amortizar una cantidad semejante. El costo inicial de la obra de unos 2.000 millones de dólares se multiplicó por diez sin explicaciones razonables. La sobrefacturación benefició a los contratistas brasileños en su inmensa mayoría. La corrupción se mezcla con la usura, se asegura en Paraguay.

Ahora que Paraguay transita, desde agosto último, por un cambio real de régimen con el desalojo del poder del Partido Colorado –que ha controlado el país ininterrumpidamente desde mediados del pasado siglo, concretamente desde 1947, bajo presidentes militares y también con los civiles–, afloran las miserias del famoso Tratado de Itaipú que celebraron en 1973 Emilio Garrastazu Medici, el más cruel de los generales-presidentes de la dictadura brasileña, y Stroessner.

Paraguay reclama poder vender directamente en el mercado brasileño su energía, en lugar de que lo haga la estatal Eletrobras. Aspira a obtener cuanto más mejor de una fuente de riqueza equivalente al 40% de su Producto Interior Bruto (PIB). El PIB paraguayo es el más bajos del mundo y su nivel de desarrollo uno de los menores, con indignantes niveles de desigualdades y pobreza extrema. Un país de recursos agropecuarios, con una economía sumergida enorme y un contrabando endiablado y enconado. En desarrollo tecnológico Paraguay es el 120º país del mundo, detrás de Nicaragua y Bolivia, por ejemplo.

Ante las reivindicaciones paraguayas del gobierno de Lugo, los brasileños sacan a relucir indirectamente su fuerza militar, con las maniobras militares Operación Pampa en la frontera con Paraguay, y directamente toda clase de razones jurídicas y de derecho internacional, que quedan desnudas a la vista de las cifras.

La diplomacia presidencial desde el Palacio de Planalto y la propia de esa trituradora llamada Itamaraty, la famosa cancillería brasileña, representan un Goliat frente al David guaraní. Pero el ex clérigo Lugo y sus ministros, desde que llegaron al poder sacan pecho decididos a librar pacíficamente una Guerra del Paraguay que les vuelva dueños de su destino y sus riquezas.

Los gobiernos «colorados» anteriores no plantearon ningún reclamo y usaron a Itaipú como caja grande de un sistema de corrupción y enriquecimiento ilícito que mancha a todo el anterior sistema de poder, a ministros, parlamentarios, funcionarios, incluidos los dos antecesor de Mateo Balmelli, y políticos de toda laya, a proveedores, fundaciones y medios de comunicación. Un basto esquema de corrupción que no podía funcionar sin el conocimiento, la obsecuencia y talvez el aliento de Brasil, conocedor de las debilidades ante el dinero de sus socios paraguayos. Delitos que nunca han sido investigados, cuentas que nadie ha auditado y papeles que se hacen humo por la mano de implicados que han llegado a meter fuego a las pruebas. Paraguay está considerado uno de los países más corruptos de América Latina.

Sin duda que Brasilia hubiera preferido a otro «colorado» en la Presidencia de Paraguay. Fernando Lugo sólo le importó a Brasil cuando su victoria era inevitable, en las vísperas de las últimas elecciones presidenciales. En el caso de Paraguay, el antiguo obrero metalúrgico y ex trotskista, Luiz Inácio Lula da Silva, desde la presidencia de Brasil, debiera sintonizar con un gobierno como el de Fernando Lugo, pero mantiene hacia Paraguay la misma política imperial de sus antecesores.

Crecidos como están en su nuevo liderazgo regional latinoamericano, los brasileños no va a facilitar las cosas y parece distante un arreglo que consiste en cuadrar las cuentas, fundamentalmente la deuda, acabar con la corrupción interna y explotar como socios igualitarios y solidarios una gigantesca fuente de riqueza como es Itaipú.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com