Parece imposible que Hugo Chávez de su brazo torcer en la decisión que va a suponer la liquidación de la emisora decana Radio Caracas Televisión (RCTV). Se muestra inflexible ante las voces que se han alzado a favor de RCTV en numerosas esquinas del mundo y en propio país, donde hay manifestaciones y marchas, así como una encuesta que puso de evidencia que el caudillo bolivariano solo cuenta con la aprobación de uno de cada seis venezolanos en esa medida.
Chávez y un rosario de personeros del chavismo han dejado claro estos días que no cederán a las presiones nacionales e internacionales que están recibiendo. Afirman que se trata de «una campaña mundial» desarrollada por «antivenezolanos», «enemigos de la democracia», «fascistas», «golpistas» «burgueses», «oligarcas» y «gobiernos de derecha». Aseguran que esa campaña es contra Venezuela, aunque los dueños, los 3.500 empleados y otros 5.000 dependientes de RCTV, los manifestantes que salen a la calla y el 80% que responde en las encuestas contra el cierre de esa televisora sean venezolanos.
Así, RCTV quedará borrada del mapa el próximo 27 de mayo, como Chávez estableció en diciembre último, cuando puso fecha y hora para la liquidación del canal, que cuenta con casi 55 años de vida y el aprecio generalizado de un pueblo que se identifica con una de las dos televisoras más importantes del país y la más antigua. El 27 de mayo próximo vencerá el permiso estatal de uso de frecuencia y el Gobierno de Chávez no lo renovará. Con una medida administrativa el chavismo se quita de un manotazo un gran medio de comunicación desafecto al régimen. Desde que Chávez llegó al poder en 1999, RCTV ha sido un medio opositor a su régimen, una línea que se agudizó a raíz de los sangrientos sucesos que en en abril de 2002 provocaron la breve separación del poder de Chávez y la sucesión de hechos de esa gravísima crisis.
Chávez afirma que RCTV es una canal «golpista» que ha desarrollado contra su gobierno «campañas brutales». Reconoce así que su decisión de no renovar el permiso es una cuestión meramente política y una represalia por su falta de docilidad. Es cierto que el Estado, cualquier Estado, no está obligado a renovar una concesión de frecuencia a un medio radioeléctrico. Pero una medida así en cualquier democracia sería interpretada como un atentado contra las libertades de prensa y de empresa. Cualquier gobierno democrático se cuidará de adoptarla. En el caso de Venezuela, pone en entredicho la predominancia del pueblo en el gobierno, es decir, el talante verdaderamente democrático del comandante Hugo Chávez y de su régimen, así como su apego a la libertad de expresión. Además, en Venezuela hay varias decenas de canales de TV, entre ellos Venevisión, la otra gran televisora del país, y algunas con nombres tan floridos como «Niños Cantores». Únicamente se ha tomado la medida punitiva contra RCTV. También simplemente ha habido una medida ejecutiva, sin que se le haya dado oportunidad de defensa a la empresa afectada ni interviniera en el caso cualquier instancia judicial, si bien RCTV presentó una apelación.
Marcel Granier, presidente de RCTV y miembro por matrimonio de la familia Phelps de los fundadores de ese grupo de comunicaciones, ha peregrinado por el mundo buscando apoyos y solidaridades, por último ante el Parlamento Europeo y en la sede de la Unión Europea, en Bruselas. Insiste en que el 27 de mayo no vence el permiso por 20 años que la empresa obtuvo en 1987 porque el mismo quedó automáticamente renovado en 2002, en pleno gobierno de Chávez, mediante un acto administrativo del ente regulador de las telecomunicaciones. El Gobierno lo niega. Granier recuerda que la medida adoptada por el Gobierno de Chávez «viola de manera contundente», entre otras normas, el Tratado Interamericano de los Derechos Humanos que «prohíben la discriminación y el premio y el castigo a periodistas y sus medios por su posición política».
Francisco R. Figueroa
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