Venezuela: intolerancia en cadena

Ha sido la segunda muerte de Radio Caracas Televisión (RCTV) a manos de Hugo Chávez, un nuevo atropello a la libertad en el afán del gobernante venezolano de poseer el control absoluto de la información y de silenciar las voces discordantes. Se ha tratado de un nuevo acto de intolerancia y autoritarismo en un año electoral, cuando la popularidad de Chávez parece en caída. Las importantes protestas callejeras habidas en Caracas, Valencia, Mérida y Puerto la Cruz, sobre todo de estudiantes de liceos y universidades, ya han costado dos muertos y un número indeterminado de heridos en choques con la policía y por la acción de desconocidos encapuchados. Nada detiene a Chávez ni nadie parece capaz de decirle el «basta» que pide el principal directivo de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier.

RCTV, que con 57 años era la emisora de televisión más antigua de Venezuela y un de las dos más populares, fue silenciada el 27 de mayo de 2007, cuando perdió el derecho de seguir emitiendo en señal abierta por una medida administrativa de transfondo totalmente político ya que se trataba de silenciar a la gran emisora hostil al régimen de Chávez. El gobierno se apoderó de la frecuencia y de los equipos de transmisión para un nuevo canal público que tiene una escasa audiencia. Unos meses después, la empresa RCTV comenzó a emitir su programación por cable para abonados de pago. Este nuevo canal –junto a otros cinco también de pago— ha perecido a media noche del pasado sábado bajo las leyes de un régimen a todas luces arbitrario, pues no inició el correspondiente proceso administrativo sancionador contra ellas ni dio a ninguna el elemental derecho a la defensa. «Hasta ahora el gobierno no ha demostrado ante un tribunal que RCTV haya violado la ley, y no le ha dado a la empresa el derecho a defenderse de una acusación hecha verbalmente'', ha declarado Granier.

La señal de los seis canales de televisión fue suspendida por las operadas a instancias del gobierno de Chávez por no seguir las directrices sobre formación de cadenas nacionales, que la ley prevé y que el mandatario convoca a diestro y siniestro, intempestivamente y durante horas, por los motivos más banales y mayormente propagandísticos, a mayor gloria de sí mismo, hasta el hartazgo de la población. Desde que asumió el poder hace once años Chávez lleva un promedio anual de 195 cadenas de radio y televisión. En 2004, por ejemplo, convocó más cadenas que día tiene el año. Su promedio general es de una cadena cada dos días. Esto tiene un enorme impacto económico en los canales privados y en la población. Chávez usó una de las últimas cadenas para enseñar como ahorrar electricidad mientras se defeca.

Las emisoras por cable estaban exentas de entrar en cadena hasta la promulgación de una reciente normativa, conocida como Ley Resorte, que obliga a entrar en conexión con la señal institucional a todas aquellas televisoras que tengan un 70 por ciento de programación nacional, entre ellas RCTV. Conexiones así en cadena en los países democráticos son la excepción y están reservadas a momentos muy serios de la vida nacional y cuando el interés general lo amerite. ¿Alguien puede imaginar en España el cierre de la televisión vasca ETB por no transmitir –evidentemente, por motivos políticos— los mensajes navideños del rey Juan Carlos?

Parece que el medio venezolano de comunicación que no hinqué la rodilla, que no claudique ante el comandante Hugo Rafael Chávez Frías tiene los días contados. En julio pasado el caudillo venezolano había clausurado 32 emisoras de radio también con argucias administrativas. Luego –como ha sucedido en las ocasiones— el líder y sus voceros se amparan en subterfugios. Chávez sabe del valor de la televisión y que por ella se informa el 80% de venezolanos. De manera que para el gobierno tener un control del aparato mediático televisivo es el control de la información.

El Gobierno de Chávez controla seis emisoras de televisión de alcance nacional y 35 locales; dos grandes emisoras de radio y unas 250 pequeñas; 73 periódicos comunitarios y más de un centenar de páginas web. Pero ninguno cumple la función de servicio público de talante democrático, sino que todos, según distintos estudios, se consideran sesgados con una línea editorial proclive a Chávez y al servicio de su causa. El imperio mediático del chavismo se extiende fuera de Venezuela. Hay fundadas sospechas de compra de medios en Bolivia con dinero venezolano para ponerlos a disposición del gobierno de Evo Morales. Del mismo modo, se crea que salieron de las arcas de la cooperación venezolana con Nicaragua, que maneja discrecionalmente el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, el dinero para la reciente compra de un canal de televisión privado que emitía programas claramente opositores.

En medio de esa situación renunció imprevistament el matrimonio ministerial formado por el vicepresidente de la República y titular de Defensa, Ramón Carrizales, un militar retirado viejo aliado de Chávez, y su esposa, la resposnable de la cartera de Medio Ambiente, Yubirí Ortega, por supuestos motivos personales, pero por aparentes divegencias en el seno del Gobierno, sobre todo con Diosdado Caballeo, ministro responsable directo por el cierre de las emisoras y uno de los hombres fuerte del régimen.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com