La situación en Honduras, con el naufragio hasta hoy de todas las gestiones, parece empantanada. Pero dentro de ese pequeño país centroamericano la situación fluye y desde el lunes pasado evoluciona rumbo a las elecciones del 29 de noviembre próximo cuando 4,5 millones de votantes escogerán nuevo presidente de la República así como diputados, alcaldes y regidores municipales.
Esos comicios quedaron convocados el pasado 29 de mayo, preceptivamente con seis meses de antelación a su realización y un mes antes de la turbulenta destitución del presidente Manuel Zelaya. Es este un punto significativo frente a quienes tratan de deslegitimar las elecciones con la argucia de que el llamado a las urnas fue hecho por «el gobierno de facto» de Roberto Micheletti.
Importaría menos quien convocó a elecciones, incluso en el caso de que hubiera sido el propio Micheletti, que está desacreditado internacionalmente como un gobernante producto de un golpe de Estado y, por tanto, ilegítimo. «Goriletti», le zahieren sus adversarios, sobre todo el venezolano Hugo Chávez, quien se llena la boca condenando el golpismo cuando su irrupción en política fue como cabecilla de un cruento golpe de Estado, en 1992, al frente de un grupo de militares felones.
Es conveniente recordar que Micheletti fue colocado en la Presidencia de la República siguiendo las previsiones constitucionales, por un Congreso Nacional legítimo que estaba conforme con la destitución de Zelaya, como también lo estuvo la Corte Suprema, asimismo legal, que, previamente a los hechos y a pedido del Ministerio Público había aprobado por unanimidad una acusación contra el entonces jefe del Estado por «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones», y emitido una «orden de captura y allanamiento» contra él.
Eso porque Zelaya, gobernando alegadamente al dictado de Hugo Chávez, había convocando, sin tener poderes para hacerlo, una consulta popular sobre la posibilidad de reunir una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo, entre otros, sería la reelección presidencial indefinida para perpetuarse en el poder y dotar al país de una Carta Magna acorde al ideario chavista. La actual Constitución hondureña impide de manera taxativa la posibilidad de reelección con una llamada «cláusula pétrea» y limita su reforma exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo.
Aceptando que Micheletti sea un gobernante espurio — y Honduras la cruel dictadura que Zelaya y Chávez retratan—, también lo fueron los gobiernos militares en América Latina que convocaron y llevaron a cabo las elecciones que hicieron posible el tránsito a las actuales democracias. Todos esos comicios fueron efectuados con menos vigilancia y garantías de respeto a la voluntad popular que tendrán los hondureños de noviembre. Así sucedió en Brasil, Argentina, Chile, Perú (por partida doble), Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, la propia Honduras y otras repúblicas centroamericanas y caribeñas, en Europa y en otras partes del Mundo. Por ejemplo, las elecciones que posibilitaron la tan admirada transición española también fueron convocadas por unas autoridades sin legitimidad democrática, emanadas del franquismo. Para celebrar esas elecciones a nadie se le ocurrió exigir la reinstalación de los regímenes políticos anteriores a las respectivas interrupciones de la democracia. Lo importante era que se retomaba la senda de la libertad.
La historia de América Latina registra dos casos peculiares de restitución en el poder de dos presidentes golpeados: la del boliviano Hernán Siles Zuazo, en 1982, por un Congreso Nacional que reconoció la validez de las elecciones de 1980 atropelladas por el enésimo golpe militar en aquel vapuleado país, y la del peruano Fernando Belaúnde Terry, quien en 1968 fue sacado en pijama, como Zelaya, del palacio presidencial, rumbo a Buenos Aires, por militares izquierdistas y en 1980 logró la reposición en la jefatura del Estado por la fuerza de la votación popular que llevó de nuevo la democracia a Perú.
Las naciones que claman por el retorno de Zelaya al poder y se manifiestan contra las elecciones o por su boicoteo se enfrentan a una alternativa diabólica: si no aceptan los comicios hondureñas emborronarían sus propias transiciones a la democracia y sentarían un serio precedente; si las revalidan estarían haciendo válido implícitamente lo que consideraron un golpe de Estado.
Por otro lado, es inconcebible que se exija a Honduras tal pulcritud democrática con la restitución de un presidente como Zelaya que había ensuciado la democracia y no se haga el menor reclamo por la ausencia de democracia en Cuba o a Chávez por la conculcación de la democracia en Venezuela.
El Gobierno de Honduras, su Parlamento, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la jerarquía de la Iglesia Católica se muestran unidos entorno a la celebración de las elecciones de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra la posibilidad de retorno a la presidencia de Zelaya. Hasta la izquierda tiene ya sus candidatos, aunque hay quienes amenazan de retirarse si Zelaya no es restituido en el poder, algo en lo que cada vez cree menos hasta su principal valedor, Chávez, considerado el causante de la situación hondureña.
El gobierno de Tegucigalpa opina que se está produciendo un cambio de posición de la comunidad internacional que ahora le acorrala y que ya hay países que ha pasado a tener posiciones más comedidas respecto a lo sucedido el 28 de junio, cuando los militares sacaron del poder a Zelaya. Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) con su risible secretario general, el chileno José Miguel Insulza, a la cabeza, siga diciendo que no reconocerá los comicios de noviembre.
Gobiernos como Estados Unidos —hasta el punto de que Zelaya le exige «más firmeza»—, México o Brasil han dejado de insistir en la condición sine qua non de reposición en el poder de Zelaya, en la que machaca, por ejemplo, el gobierno español. Washington aún no se ha pronunciado legalmente sobre si lo ocurrido en Honduras fue un golpe de Estado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de conceder a Honduras asistencia financiera por casi 150 millones de dólares, mientras que la Unión Europea aseguraba que «no dejará aislado al país» en materia comercial, en contra de la propuesta española de dejar a Honduras fuera de las negociaciones con Centroamérica de un acuerdo de asociación que se desarrollan desde hace cerca de dos años. Un nuevo revés en la política iberoamericana del ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos.
Con la mirada en el futuro, la comunidad internacional debe apoyar las elecciones hondureñas de noviembre, si se quiere bajo la fórmula de «transición a la democracia» para que algunos salven sus muebles, con observadores de la OEA, la Unión Europea, las naciones vecinas, el Centro Carter y cuantas instituciones de reconocido prestigio se consideren necesarias, de modo que la nación centroamericana salga cuanto antes del atolladero al que le ha conducido un personaje como Hugo Chávez, hacían quien esos celosos guardianes de la ortodoxia democrática hacen la vista gorda, mientras aumentan las denuncias sobre que en Venezuela se levantan —lento, pero seguro— los muros de un nuevo Estado totalitario.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
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