Francisco R. Figueroa
✍️12/12/2022
Dina Boluarte (60), la nueva presidente del Perú, ha tardado solo cuatro días en reconsiderar, con buen criterio, su decisión de llegar al final del periodo constitucional, en julio de 2026, como sustituta del destituido Pedro Castillo, que cometió suicidio político.
La flamante mandataria, primera mujer titular de la Casa de Pizarro, esta madrugada dirigió un mensaje a la nación –con los tumultos en diversos puntos del Perú como música de fondo– para ofrecer un anticipo electoral de dos años, a abril de 2024, previa reforma política destinada a garantizar la gobernabilidad y el consenso del convulso Congreso peruano, en el que ayer mismo dos parlamentarios llegaron a las manos.
Alcanzar acuerdos con ese Congreso unicameral, de 130 miembros divididos en 14 grupos, es misión engorrosa por la cantidad y diversidad de intereses en juego derivadas del fraccionamiento del hemiciclo, los personalismos y hasta la falta de criterios comunes dentro de cada bancada.
La propuesta de Boluarte de anticipo electoral debe conseguir un amplio acuerdo. Si la fecha conviene o no, es otro asunto. En abril 2023, como pretenden los más impetuosos, parece precipitado. Los plazos legales no encajan. Pero en en abril de 2024, dentro de casi año y medio, parece razonable. El mes de abril es el habitual de celebración electoral en Perú, con tiempo para celebrar un eventual balotaje presidencial en junio y que la juramentación del nuevo mandatario siga la tradición del 28 de julio, Dia de la Independencia nacional.
Otra cosa es la amplitud de una eventual reforma política. O la puesta en vigor de reformas legales ya aprobadas pero congeladas. La remodelación de la Constitución es muy demorada porque son necesarias las aprobaciones de los cambios introducidos en dos legislaturas consecutivas o la ratificación mediante referéndum popular tras la primera tramitación consentida por el legislativo. Las modificaciones en el sistema electoral deben estar en vigor un año antes de que se abran las urnas, sin contar con que hay que cerrar con mucha antelación el padrón electoral y cumplir el ritual del cronograma comicial.
En cuanto a la Constitución, el fujimorismo y las derechas defienden la continuidad del modelo vigente desde 1993, determinado por Alberto Fujimori tras su autogolpe triunfante del año anterior, porque esa ley fundamental ha resultado en un exitoso económico. Fortuna relativa solo sobre el engañoso país que dibujan las estadísticas porque en el Perú persiste una inequidad de espanto. En lo social, por ejemplo, el modelo fujimorista deja mucho que desear, con la educación, la sanidad y las pensiones convertidas en auténticos negocios.
De ahí que las izquierdas clamen por una asamblea constituyente que entierre la vieja Carta Magna y parta de cero con la creación de un nuevo Estado, algo como se pretendía en Chile, hasta que la farragosa y quimérica nueva ley fundamental acabó rechaza por el pueblo en referéndum. La persistente izquierda volverá a intentarlo.
Hasta ahora se han negado a hablar con Boluarte solo la ultraderechista Renovación Popular (nueve congresistas), dirigida por un numerario del Opus Dei que ha ganado la alcaldía de Lima y es de la cuerda ideológica de los Bolsonaro brasileños y el Vox español; Perú Libre (15 congresistas), del castrista Vladimir Cerrón, partido por el que resultaron elegidos, en 2021, tanto Boluarte como Castillo, si bien ambos fueron expulsados; Podemos (seis congresistas), que es populista y anticomunista, y Perú Democrático (cinco congresistas), de Guillermo Bermejo, socialista en los linderos de Perú Libre y uno de los que azuzan algunas de las algaradas en curso contra la destitución y encarcelamiento del maestro rural Castillo.
«No basta con tener nuevas elecciones», porfía Cerrón, líder de Perú Libre, un médico formado en Cuba y castrista de manual que colocó de candidato presidencial a Castillo porque él estaba inhabilitado por trapacerías dinerarias cuando fue gobernador de Huancavelica. Sigue a pié juntillas el manual de la izquierda radical en pos de constituyentes. Y desde el primer día es beligerante contra Boluarte, a la que tratan como ilegítima aún siendo una vicepresidenta electa que asumió constitucionalmente la jefatura del Estado. Además, presiona ya por elecciones en abril próximo.
En tanto, Fuerza Popular, el mayor grupo parlamentario (24 congresistas), de la triderrotada en presidenciales, Keiko Fujimori, a la que el desconocido ensombrerado Castillo venció por chiripa y sorpresa en el balotaje de 2021, ha ofrecido de inmediato su respaldo a Boluarte y le interesa el adelanto electoral. Lo mismo podría decirse de Acción Popular (14), Avanza País (9), Alianza para el Progreso (10) y el Bloque Magisterial (10), de Castillo, que también quiere elecciones cuanto antes.
Con gentes alzadas contra Boluarte en Ica, Arequipa y Apurimac, donde ha sido impuesto el estado de emergencia, por algaradas de partidarios del destituido Castillo que han causado ya dos muertos. ✅
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