Con una celeridad asombrosa el mundo celebró aliviado el acuerdo que iba a poner fin a la endemoniada crisis hondureña, a los cuatro meses de la destitución y destierro del presidente Manuel Zelaya por violar la Constitución nacional para perpetuarse en el poder. La comunidad internacional estaba ansiosa de quitarse ese muerto de encima, de salir del monumental embrollo el que casi todo el mundo se metió a locas como si no hubiera más verdad que la predicada por el caudillo venezolano Hugo Chávez y Zelaya fuera un demócrata cabal víctima de unos militares felones. Pero Honduras sigue hoy día en la encrucijada, sin que esté resuelto el quid de la cuestión: que el hombre del eterno sombrero vuelva al poder, aunque sea como jefe de Estado descafeinado. «Si no me restituyen en la presidencia, el acuerdo habrá fracasado», grita desde su refugio en la embajada de Brasil en Tegucigalpa mientras sus partidarios siembran la confusión arguyendo que el acuerdo obliga a su restitución.
Zelaya puede haber sido víctima de un segundo golpe, éste de guante blanco, debilitado como en su incómoda madriguera diplomática, consciente de que el tiempo se termina para él, que solo le queda su pretendida legitimidad democrática, con el 75% de la opinión pública hondureña en su contra y sin una organización política potente detrás, y cada vez con menor atención mediática internacional. Parece que el destituido mandatario hondureño tiene en Estados Unidos un hijo, llamado Héctor, vulnerable a la justicia, circunstancia que aparentemente se le ha hecho ver en las negociaciones conducentes al acuerdo que ha llevado a cabo el enviado de Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon. Aunque son más las especulaciones que las certezas.
En esas condiciones Zelaya concordó con una salida a todas luces desfavorable para él pues dejaba su retorno a la presidencia en manos del parlamento unicameral hondureño, sin fecha ni garantías porque en esa institución hasta la gran mayoría de su Partido Liberal le ha repudiado. Parece que apenas tiene el apoyo de 20 de los 128 congresistas hondureños. Por el momento, está desvirtuada la versión de que el opositor Partido Nacional votaría a favor de su rival Zelaya a cambio de que la comunidad internacional levantara el veto que había puesto a las elecciones del próximo día 29, en las que es posible la victoria de su candidato presidencial, Porfirio «Pepe» Lobo, el favorito en esos comicios. Lobo niega haber hecho un trato con Estados Unidos en ese sentido, pero parece claro que el destino de Zelaya está ahora en sus manos y el suyo propio también, pues si la situación se desboca nuevamente peligraría el reconocimiento internacional a las elecciones y, por tanto, a su muy posible llegada al poder.
De momento, la salida a la crisis hondureña hallada por las partes en conflicto sin la restitución automática e incondicional pretendida por Zelaya y, entre otros, Venezuela, Argentina, Brasil y España, cuyos gobernantes se mostraron tajantes en ese sentido, así como por la OEA, la ONU y la Unión Europea representa un fisco para todos ellos y es, por el contrario, es un triunfo para Estados Unidos y su presidente, Barack Obama, cuando se daba por muy menguada la influencia de Washington en América Latina. Pocos dudan de que la clave ha estado en que Estados Unidos se involucró directamente con la gestión y dio el empujó final a ese acuerdo que hoy baila en una cuerda floja poniendo en un serio brete al presidente interino Roberto Micheletti con duras amenazas que podían convertir a Honduras en una nación paria.
La comunidad internacional se apresuró a bendecir dicho acuerdo, a restablecer relaciones y levantar sanciones, después de haber puesto en serio riesgo las elecciones generales hondureñas del día 29 de noviembre en su afán por imponer la restitución en la presidencia de un político que se había ilegitimado al colocarse por sobre la Constitucional nacional en el afán de perpetuarse en el poder, en sintonía con Chávez. Por ello es objeto de 18 cargos.
Según el acuerdo alcanzado, la decisión sobre si Zelaya vuelve o no a la presidencia ha quedado en manos del Congreso Nacional, previo parecer de la Corte Suprema. Estados Unidos ha reconocido la dificultad de que Zelaya sea repuesto. Algunos analistas consideran improbable que la Corte Suprema y el Congreso Nacional se desdigan. Es conveniente recordar que tras la destitución de Zelaya y su expulsión de Honduras, Micheletti fue escogido como nuevo presidente de la República siguiendo las previsiones constitucionales. El Congreso Nacional estuvo conforme con su destitución, igual que la Corte Suprema, que, previamente a los hechos y a pedido del Ministerio Público, había aprobado por unanimidad esas 18 acusaciones contra Zelaya, entre otras cosas por «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones» por haber tratado de violentar la Constitución en sus afanes continuistas.
En el parlamento hondureño, tan solo un puñado de representantes es favorable a Zelaya. Parece, pues, poco probable que el hombre del sombrero parapetado tras los muros de la embajada de Brasil en Tegucigalpa logre traspasar tantos blindajes, salvo que se produzca una veloz compra de voluntades o haya –aunque todos los nieguen- gato encerrado en el acuerdo para que, tal vez después de las elecciones, vuelva a la presidencia y sea él quien a finales de enero próximo traspase el poder al presidente electo. Lo importante es que tanto la comunidad internacional como las partes en conflicto van a reconocer el resultado de las elecciones, que se celebraran con la presencia de observadores internacionales.
El acuerdo, de doce puntos, establece también la integración de un gobierno compartido de unidad para el 5 de noviembre, que ya está en marcha, el reconocimiento por las partes del resultado de las elecciones y la renuncia de Zelaya a, si volviera eventual y efímeramente al poder, a convocar una asamblea nacional constituyente o promover nuevamente la reelección presidencial, asuntos que desencadenaron el golpe y la crisis. Mediante al acuerdo las Fuerzas Armadas y la Policía han sido puestas bajo el mando del Tribunal Supremo Electoral, de cara a las elecciones generales. Todos los celebra, menos Zelaya.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario