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¡Ave, Abelardo!

 

✍🏻Francisco R. Figueroa

La tierra latinoamericana está preñada de salvadores de la patria, militares y civiles, que convirtieron repúblicas en paja y humo.

En Colombia, el viernes 7 de agosto, aniversario de la Batalla de Boyacá (1819) de las guerras de independencia, quedó entronizado un nuevo libertador. Abelardo de la Espriella, millonario, abogado, cantante, influencer y vendedor de licores y ropa, se retrató a sí mismo, sin la menor duda, como un presidente de promisión en la interminable ristra de compromisos que asumió en el abigarrado discurso inaugural de su mandato, pronunciado en un cuartel y coronado con el aria Nessun Dorma, del acto final de la ópera Turandot, en el que el príncipe Calaf canta confiado en que vencerá al alba, seguido de una parada militar desarrollada entre luces y sombras crepusculares.

Se autodenomina Tigre, quizás en evocación al yang chino: fuente de orden y poder, de energía masculina, capaz de repeler los demonios y librar de todos los males. Anuncia una «Colombia Patria Milagro» y una nueva época: la «Era del Tigre» como si fuera a transformar la patria neogranadina en el país de los prodigios. Promete de forma rimbombante hacer realidad, de manera irrenunciable, una nación extraordinaria.

De la Espriella (48 años) parece, si no lo es, epítome del neopopulismo ultraderechista y otra criatura fosforescente en la cola de gas del cometa Trump. No juró el cargo en Bogotá, la capital, la Ciudad de Todos, según el hábito histórico republicano, sino —¡oh alegoría!—en la Sucursal del Cielo: Cali, en una doble ceremonia —juramento en el teatro de un recinto universitario y discurso inaugural en un acuartelamiento— que conectó la religión con las armas al tiempo que instrumentalizaba los ejércitos en busca de consolidar una identidad política.

Lidera un partido de reciente cuño cuyo nombre dice bastante: Defensores de la Patria. El defensor carece de sentido sino tiene enemigos. Él, abogado hábil dado al esnobismo, demagogo, ciberagitador e inventor de relatos, los ha acotado.

El primer adversario es su antecesor, el Gustavo Petro, al que caricaturizada como fracasado y corrupto con la promesa de una venganza legal; luego, genéricamente, los izquierdistas —los «zurdos de mierda» en la verborrea del argentino Milei—, a los que promete «destripar»; por fin, los narcoterroristas, en sintonía con Donald Trump, y demás criminales, a los que quiere confinar en megacárceles con más contundencia que Nayib Bukele, pues considera al mandatario salvadoreño «un boy scout blandito».

El nuevo presidente parece un mix de Trump, en lo que se refiere a espectáculo y el poderío que da el dinero; del brasileño Jair Bolsonaro, en lo referente al uso para sus fines de la religión, la afinidad con las milicias y el manoseo del patriotismo, y de Bukele,, en lo concerniente a seguridad interna frente a la expansión el crimen organizado, su puesta en escena y el afán desmedido, que también es del mandatario norteamericano, de proyección personal.

En su discurso inaugural, De la Espriella, dejó las cosas claras. Al tomar posesión en el recinto universitario de Cali y discursar en el cuartel, ninguneó doblemente al Congreso de Bogotá, depositario de la voluntad popular ante el que asumen todos los mandatarios. Se unció a Dios —pese a encabezar un Estado laico— a través de clérigos de diversas creencias y una imagen de la virgen María, con oraciones, aleluyas, homilías e invocaciones a Jesucristo y a Cristo Rey. Por fin, el naciente caudillo que ha hecho del saludo castrense su marca personal, presentó al mundo sus credenciales de manera altisonante y solo ante soldados en formación.

Se adhirió al Escudo de las Américas, la iniciativa político-militar de Trump lanzada tras la espectacular captura, en enero, del gobernante venezolano de facto Nicolás Maduro. Es una alianza contra el crimen organizado y las migraciones, pero también el frente amplio político de las naciones latinoamericanas gobernadas por las derechas y las ultraderechas, amalgamadas por un antiprogresismo emotivo un tanto pueril. Cuenta, entre otros socios, de manera expresa o tácita, y además de Estados Unidos y ahora Colombia, con Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú.

De un modo u otro proclamó el milagro. De manera que acaba «la horrible noche» y «el bien germina», como reflejan distintos versos del himno nacional. También, de un modo u otro, anunció la llegada del mesías, del hombre providencial, salvador: «El Tigre —avisó él— ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano». Lo que llama machaconamente «Patria Milagro». El milagro es su llegada poder como escogido de Dios para acabar con todos los viejos males que aquejan a la República. Familia, meritocracia, autoridad, disciplina, ley, todo por la patria y dios con nosotros, proclama.

Tras una campaña electoral repleta alharacas producto del marketing político más rastrero y de vacía de propuestas de gobierno, De la Espriella fue escogido en el balotaje por media Colombia, con menos de 1% sobre su rival, el izquierdista Iván Cepeda, una diferencia de unos 250.000 votos en un universo de 41,4 millones de electores. En la primera ronda electoral tres de cuatro colombianos le dieron la espalda. No es más que otro presidente frágil que a base de gestos, poses, oratoria encendida y escenificaciones trata de mostrarse como hombre fuerte. En un acto de inconformismo y recurso al pataleo, Petro desconoce la victoria del nuevo mandatario, rechaza a De la Espriella y lo considera ilegítimo.

En su crónica de la investidura, el corresponsal de El País, reflejaba las primeras contradicciones de un hombre que se proclama ajeno a la politiquería tradicional y que pretende romperle el espinazo al establisment colombiano: «Sus primeras decisiones, sin embargo, no corresponden a un outsider. Entregó las finanzas del Estado a un heredero de una de las dinastías conservadoras más antiguas. En la cancillería apostó por un militante del trumpismo MAGA que pasó dos décadas en la ONU, organismo al que hoy acusa de estar secuestrado por el ‘globalismo’. Y en salud eligió a la presidenta del gremio de empresas subcontratadas para sostener un sistema en crisis, que ella misma deberá regular».

Democracia, libertad, armonía, equilibrio, honradez al céntimo, responsabilidad, austeridad sin causar más inequidad, implacabilidad contra la corrupción, descentralización, gobierno técnico con los mejores cerebros, alivio fiscal para los emprendedores, prosperidad, no reelección y mano dura prometió, entre la cascada de compromisos, cada uno más sonoro que el anterior, que plagaron su discurso inaugural. Palabras y más palabras de efecto y autobombo. Había prometido respetar la libertad de prensa, siempre que se diga la verdad. Parece claro que en la nueva Colombia la verdad la va a determi-nar Abelardo de la Espriella, seguramente a la medida de sus convenien-cias.

Exactamente dentro de cuatro años se podrá evaluar si el Tigre —palabra polisémica: feroz, cruel, fornicador, fuerte, valiente o audaz— ha sido el gobernante probo, eficiente y beneficioso para Colombia o uno de los tantos histriones, charlatanes y aventureros que han gobernado las repúblicas americanas, campo fértil de disparates, excesos, crímenes y esperanzas rebanadas.

Uno de sus referentes, Bukele, trampeó para eternizarse constitucionalmente en el poder. Otro, Bolsonaro, después de haber perdido las elecciones de 2022, maniobró con torpeza en el mismo sentido y acabó condenado a 27 años por haber atentado contra el orden constitucional democrático para mantenerse en el poder. √

franciscorfigueroa@gmail.com

Petro: Retorno a Macondo

Francisco R. Figueroa 

✍️6/8/2023

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (63), cumple este lunes su primer año en el cargo muy fatigado a causa  de un acontecimiento desencadenado por lo que popularmente se define como «ataque de cuernos» y que al poco adquirió tantos ingredientes aparatosos que sobra chicha y peculiaridades para un buen culebrón al gusto nacional.

Vayamos desde el principio. El presidente tiene un hijo primogénito, Nicolás, hoy de 37 años, fruto de un amor de juventud. No lo vio nacer, porque estaba en la cárcel, ni crecer, ya que al salir de prisión, tras año y medio, se enredó en un nuevo romance.  Ahora está en su tercer matrimonio.

Eran los viejos tiempos de militancia en el M-19, la guerrilla castrista nacida de uno de tantos traumas electorales habidos en Colombia, que se desmovilizó en 1990 tras 16 años de ensoñación revolucionaria, con su correspondiente cuota de sangre y horror.

«Él no me crió y no fue culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría, por (culpa de) él», ha declarado Nicolás a una revista colombiana.

En efecto, Nicolás no tuvo nunca buena relación con su papá, hasta que se metió a trabajar para él en la última campaña electoral, la tercera carrerilla de Petro en pos de la ansiada Casa de Nariño, el palacio presidencial bogotano que finalmente conquistó y ocupó el 7 de agosto de 2022 como primer mandatario colombiano netamente de izquierdas. 

Como dice Nicolás, Petro era en la distancia su superhéroe. Lo admiraba tanto que también se metió en la política. Logró en 2019 una curul de diputado regional  mientras se proclamaba «uno más del pueblo». Pero resultó que ese hombre del pueblo llegó a gastar por mes lo que un trabajador medio colombiano recibe en dos años de duro trabajo.

Nicolás se creció a la sombra de su padre y, sobre todo, después de que Petro asumió la presidencia. «Se creía la verga», dice su todavía esposa, la barranquillera Daysuris del Carmen Vásquez.

Durante la campaña electoral fue recaudador de fondos y el dinero entraba a chorros. Harta plata. Tanto que el brazo derecho de Petro, con el que rompió a las malas, reveló que llegaron al triple del tope permitido por la ley. Nicolás colectó con Day para los fines políticos de papá pero, sobre todo, para llenarse ellos los bolsillos. Maletas y más maletas de billetes que procedían de lo más granado del hampa colombiana: contrabandistas, traquetos, paracos, extraditados, extraditables, gestores de contratos amañados…, casi todo ellos con identidad, apodo, prontuario policial y antecedentes penales conocidos.

Nicolás, que está considerado un buen mozo guapetón echado pa´ lante, se instaló con gran estilo en un condominio de millonarios en Barranquilla y mostraba a todo vapor poderío y plata. La mismísima verga, como dice Day, con la que acabó a la greña. Parece que los dos se «cuerneaban» mutuamente. Él está claro: espera un hijo adulterino con la mejor amiga de su esposa, Laura Andrea Ojeda (30), barranquillera como ella, abogada, modelo y famosa de los realities televisivos y las redes sociales. Sólo en Instagram tiene 400.000 seguidores.

En un cruce de reproches, Nicolás echó en cara a Day su traición: «Me jodiste hace tiempo. Saliste con una persona, (...) con mi peor enemigo. Lo sé todo. Te chucé». Nicolás confesaba así que le tenía pinchado el celular. Sin embargo, desconocía que su celosa esposa también había sometido a espionaje electrónico los móviles de él y de la amante, usando aparentemente la pericia de unos agentes de la inteligencia policial comprados, sin que esté claro aún si tuvo un papel en eso Gleydis, su hermana policía. 

A Day le costó comprender porqué Nicolás, mientras se entendía con su mejor amiga, le prometía a ella amor eterno y volverse a casar, esta vez por la Iglesia, durante una romántica fiesta, con el lujoso departamento de Barranquilla lleno de globos y rosas rojas. De modo, que despechada fue a mostrarle a u suegro, al presidente Petro, los trapos sucios de su hijo y desenmascarar a la gente de tan mala catadura con la que anduvo. El gobernante quedó tan impactado que no perdió tiempo en pedir a sus ministros abstenerse de tener ningún tipo de consideración con miembros de su familia.  Los cinco hermanos de Nicolás son gente muy discreta, de modo que la instrucción tenía nombre y apellido.

No contenta, Day sopló con furia el trombón de la prensa. Estalló el escándalo, que fue creciendo y creciendo. El fiscal Mario Burgos olió sangre en las alturas e hincó el diente en las presas. Day había grabado tantas horas a su esposo y a la amante que la transcripción en poder de la Fisclía ocupa nada menos que 1.600 páginas llenas de revelaciones, discusiones, escenas de celos y cuantiosos reproches.  Perlar como la dicha por Day: «Acá  él está robando, yo estoy robando y todos estamos robando».

Nicolás fue detenido hace una semana e imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Está sujeto a penas que van de diez a treinta años, dependiendo de la gravedad de los delitos que le puedan probar. Tras pactar con la Fiscalía la delación para aliviar su situación procesal y evitar el presidio, ha sido dejado en libertad condicional, este viernes, con limitaciones de movimiento, tras confesar quienes fueron los donantes (o algunos de ellos) y que «una parte» de la plata (sin precisiones) la ingresó a la campaña presidencial. Es decir, reconoció que la campaña de Petro recibió  y se financió con dinero ilegal. Day, que está procesada por lavado de dinero y por haber entrado a saco en la intimidad de su rival, también pactó delatar a quien haga falta.

Petro trata de achicar el agua que ya le llega a la nariz y huele bastante mal.  Se le recuerda, por ejemplo, que como senador era tan intransigente en sus embestidas contra la corrupción que justificaba la anulación de unas elecciones si aparecía «un solo voto» mal habido. Además, está sus compromisos de combatir al narcotráfico y su historia personal como azote de los paracos, los ejércitos privados formados para combatir a las guerrillas y acabaron envueltos en atrocidad y crímenes, y también en financiación de campañas de otros que llegaron a la presidencia de Colombia antes que Petro. Uno de los más notorios paracos se la había jurado de muerte a Petro que, con mido sin duda, puso pies en polvorosa rumbo a Washington.

Ahora Petro aduce que «un mandato popular» como es el suyo debe ser respetado hasta que su conclusión y también que si fuera cierto el ingreso de dineros no declarados a su campaña, se tendría que ir, porque él no es como su antecesores y citó concretamente a Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. «Nosotros venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad, entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras. Mi hijo no dijo eso, y no dijo eso por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido», agregó.

Tras su puesta en libertad, Nicolás ha asegurado a una revista colombiana que «nunca» comentó con su padre la procedencia de los aportes. Ni con él ni con el gerente de campaña. «Fue un error, es mi falla», dijo a Semana. En un aparente reproche a su progenitor ha explicado que no quiere ir a la cárcel porque desea estar en el nacimiento de su hijo y criarlo. «Se qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante», remachó.

Por Twitter el presidente ha explicado después lo «terrible y lamentable» que resulta para él lo ocurrido con su hijo. «Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos» y ha asegurado que jamás hará una presión a la justicia en favor de su hijo.

«La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo», remató en su tuit.

A ver quién le cree. Su popularidad ha caído en picado. Ahora, prácticamente dos de cada tres colombianos lo desaprueba. A su favor tiene todo un hecho inédito en Colombia: Nicolás es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros mandatarios no hayan delinquido, sino porque ninguno de ellos, excepto Petro, permituó que la justicia actúe con independencia, como afirma uno de los escuderos del gobernante. 

La famosa espada de Damocles pende sobre la cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego, aquel guerrillero que se hacía llamar «Aureliano», por los aurelianos de Cien años de soledad.  Quizás como el mayor de todos, el coronel Buendía, que dominaba el arte de la telequinesia y tenía capacidad de predecir, tras haber participado en innumerables guerras sin ganar ninguna, también padre múltiple con múltiples mujeres, fatigado de luchar sin sentido se retire a Macondo dedicado en su implacable soledad a fabricar pececitos de oro, o como el último de ellos, Aureliano Babilonia, descubra, mientras el pueblo es arrasado por un huracán, que su destino estaba escrito en los indescifrables pergaminos de Melquiades, el gitano que volvió de la muerte en los médanos de Singapur y elaboró la pócima que curó a todos de la epidemia de olvido.

franciscorfigueroa@gmail.com


Perú: Castillo descarga contra EEUU

Francisco R. Figueroa

✍️16/12/2022

Un Pedro Castillo envalentonado por Argentina, Bolivia, Colombia y México ha metido a Estados Unidos en la intrincada ecuación peruana para agitar más las calles regadas de violencia y muerte.

El expresidente, destituido por golpista y acusado de rebelión y conspiración, acaba de ser puesto en prisión preventiva por dieciocho meses, cuando se confirma la muerte de veintiuna personas y cerca de trescientos heridos en la escalada de violencia desatada por las izquierda tras el cese fulminantes de Castillo por el Congreso a causa del autogolpe del miércoles 7 de diciembre.

En una nueva carta manuscrita desde la cárcel, Castillo recurre al manido antinorteamericanismo. Acusa a Washington de haber «ordenado» a la nueva presidente, Dina Boluarte, sacar las tropas a las calles para «masacrar» peruanos, a los que el antiguo maestro rural –que en otra anomalía en la historia de su país llegó a jefe de Estado– llama «mi pueblo indefenso».

Las algaradas se suceden desde hace siete días. Las más dramáticas han ocurrido en Ayacucho. Todo Perú está bajo el estado de emergencia y una buena parte además con toque de queda.

Sostiene Castillo con simpleza que el objetivo de Estados Unidos es «dejar el camino libre» a las explotaciones mineras. Le ha faltado en su carta expresiones como «imperialismo» o «neocolonialismo» o, incluso, un «gringo go home» para llegar al fondo del alma de las izquierdas que se han sublevado y siembran el caos en pos de elecciones anticipadas, el cierre del congreso, la libertad para Castillo y de una asamblea constituyente.

El exmandatario se creció después de que Argentina, Bolivia, Colombia y México –a los que más tarde se sumó Honduras– se pusieran de su parte sin considerar su felonía contra la Constitución peruana y poner como argumento que era un presidente surgido del voto popular. Por cierto, ganó en 2021 con los mismos votos que Boluarte, su compañera de fórmula electoral como candidata a la vicepresidencia. Chile, con gobierno también de izquierda, evitó sumarse responsablemente tras haber sido requerido pars ello y, en cambio, apoyó la decisión del Congreso peruano dentro del marco constitucional, posición a la que también se unió Brasil sin que el electo mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, pusiera objeción.

A Castillo se le nota influido por el demagogo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, en su cháchara de este viernes, acaba de calificar de «acto de prepotencia» la visita a la nueva presidente de la embajadora de EEUU, Lisa Kenna, un encuentro que sirvió, según Castillo, para dar la orden de desplegar las tropas.

Oficialmente se informó que la visita de Kenna fue para transmitir «el pleno respaldo» de la administración de Joe Biden «a la institucionalidad democrática» en Perú y a «las acciones del gobierno peruano para estabilizar la situación social». La embajada calificó de «desinformación» lo dicho por Castillo en su misiva. Embajadores de otras naciones fueron, asimismo, al palacio de gobierno a reunirse con Boluarte, seguramente en un intento de dar fuerza a tan fragilísima mandataria.

La posibilidad de que López Obrador hubiera animado a Castillo a aplicar las medidas que supusieron una tentativa de golpe de Estado institucional parece cada vez más evidente. Y puede que no fuera el único.

López Obrador no se cansa de defender la condición de Castillo de «presidente elegido por el pueblo», por encima del debido respeto a la Constitución y el orden democrático, que el destituido mandatario violó al disponer, sin tener poderes para ello, la disolución del Congreso o la convocatoria de una asamblea constituyente al tiempo que pretendía asumir facultades de gobierno propias de un dictador.

Los jueces han comenzado a señalar que Castillo pudo tener la complicidad del ex primer ministro, consejero y paisano, Aníbal Torres (79), y la nueva premier, Betssy Chávez (33), que dimitió, tras solo cinco días en el cargo, cuando comprendió la magnitud del atropello a la Constitución.

Al Congreso peruano le falta diligencia para aprobar una reforma que haga posible el adelanto electoral, solicitado por Boluarte, a la que ya se le están cayendo ministros. El parlamento ha fracasado en la tentativa de aprobar reformas para celebrar elecciones dentro de un año. Cualquier anticipo electoral significa su harakiri porque los congresistas peruanos no tienen posibilidad de reelección.

¿Será una salida a la crisis el adelanto electoral? Es impredecible en un país que en los cuatro últimos años ha tenido seis presidentes y tres parlamentos distintos. Si volvieran a ganar las izquierdas, las derechas las desligitimarían y acosarían desde el primer minuto. Si triunfan las derechas, las calles arderían. Quizás Perú precise una reforma integral de su sistema de convivencia y ello requiera los buenos oficios de amigos extranjeros.

La gente alzada exige la convocatoria de una asamblea constituyente para que elabore una nueva carta magna que sustituya a la derechista de 1993 adoptada tras el autogolpe exitoso de Alberto Fujimori, una demanda en consonancia con el revisionismo adanista de las izquierdas latinoamericanas. Pero las derechas desean mantener la vigencia de la ley fundamental fujimorista que, según ellas, es la causa de tantos años seguidos de progreso económico. ✅

franciscorfigueroa@gmail.com

Perú: Presidentes metiches

Francisco R. Figueroa

✍️13/12/2022

Perú amontona muertos –van al menos siete– en las algaradas que estallaron a raíz de la caída del golpista Pedro Castillo, mientras México, Argentina, Colombia y Bolivia azuzan irresponsablemente ese conflicto cuyo origen es la patada desesperada a la Constitución de un presidente desastroso y muy fatigado.

Esos cuatros países  –gobernados por izquierdistas de distinto pelaje– anunciaron que siguen reconociendo al golpista Castillo aunque haya sido destituido y sustituido por la vicepresidenta Dina Boluarte, por iniciativa del Congreso peruano y con estricto y escrupuloso apego a la Constitución nacional, por 101 votos a favor y solo seis en contra, tal como les ha respondido el gobierno de Lima.

Es significativo que Chile guarde un prudente silencio. ¿Por qué el progresista Gabriel Boric no se ha sumado a esa intentona internacional de contragolpe? Seguramente por responsabilidad.

La pregunta pertinente es si el populista Andrés Manuel López Obrador, que pasa por ser el principal valedor de Castillo; el peronista Alberto Fernández, vicario de la condenada Cristina Fernández, y que ha cambiado de chaqueta pues previamente había felicitado por teléfono a Boluarte; el exguerrillero Gustavo Petro o Luis Arce –sacristán de Evo Morales, o este mismo, tan entrometido en la cuestión peruana– animaron previamente al acorralado presidente a actuar contrariamente a sus facultades constitucionales, en el desastroso autogolpe del miércoles.

Las cancillerías de México, Buenos Aires, Bogotá y La Paz no metieron en su manifiesto a favor de Castillo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Menos mal.

La ruptura del estado democrático peruano es tan clara que hasta la esposa de Castillo, Lilia Paredes, le espetó atemorizada por su insensatez: «¿Pero qué has hecho, Pedro?», tras la fechoría anticonstitucional de disponer el cierre del Congreso, la intervención del sistema judicial, la asunción de poderes extraordinarios de dictador y la convocatoria de una constituyente.

Todo ese arsenal de medidas no pasó de los papeles que leyó un tembloroso Castillo porque encontró al instante el rechazo de las fuerzas armadas y policiales, el silencio de los timoneles de la economía, la desbandada de sus ministros, el vacío de la calle y a un Congreso veloz en la reacción.

A los cuatro mandatarios no les ha interesado dejar constancia en ese escrito de que Castillo actuó contra la Constitución peruana. Solo resaltaron que fue quien ganó las últimas elecciones y fue víctima de un «antidemocrático hostigamiento» desde su primer día en el poder, lo que es cierto. Y también fue blanco del desprecio y los prejuicios de muchos peruanos. Pero esa enorme hostilidad al antiguo maestro de escuela rural devenido en inepto presidente por parte de las belicosas derechas no justifica que pudiera patear impunemente el frágil tablero constitucional en un país castigado por una pertinaz crisis institucional.

Es lógico que tras el autogolpe fallido, la destitución dentro de los cauces legales peruanos y su intento de huida a México, Castillo haya sido puesto a disposición judicial. Esto no viola ninguno de sus derechos humanos. Los cuatro mandatarios han recibido en ese sentido el reproche de Human Rights Watch por su «lamentable» actitud cuando «América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho».

Los cuatro entrometidos han dado una inyección de vitalidad a Castillo, que en una carta manuscrita en su prisión del fundo Barbadillo, se ha crecido. Se describe como un mártir «humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado» al tiempo que se sigue considerando presidente, «fiel al mandato popular» dentro de sus «altas y sagradas» funciones. Y tilda de «usurpadora» y de «mocos y babas de la derecha golpista», de repugnante, en una palabra, a Boluarte, su sustituta constitucional y su compañera de fórmula electoral.

De Cajamarca a Arequipa pasando por Lima o Cuzco se han registrado todo tipo de algaradas, aunque sin que parezcan ser un alzamiento organizado ni obedecer a un liderazgo común. Todos repiten consignas y prédicas de las distintas izquierdas peruanas: libertad para Castillo, cese para Boluarte, cierre del Congreso, anticipo electoral y una asamblea constituyente.

Ha habido enfrentamientos con la policía, barricadas, bloqueos de carreteras y aeropuertos, quema de vehículos, desmanes, saqueos, pillaje, vandalismo, destrucción de instalaciones fabriles, suspensiones del transporte de pasajeros, cercos a universidades, suspensiones de clases en seis regiones, quemas de vehículos y ataques a medios de comunicación. Ya van siete muertos por armas de fuego y 200 heridas, incluidos 30 policías.

Desde el gobierno han tenido que dar garantías de que Boluarte no renuncia, ni tampoco sus ministros.  ✅

franciscorfigueroa@gmail.com

PE: El gobierno chileno de Gabriel Boric reconoció expresamente, el día 15, a la presidenta Boluarte, desmarcándose así de la posición común a favor del golpismo de Argentina, México, Colombia y Bolivia. Trataron de que Boric se sumara pero, a la vista del tono, rechazó hacerlo.

Hugo Chávez se va quedando sin amigos

Francisco R. Figueroa / 25 septiembre 2010

La muerte en un bombardeo del jefe militar de las FARC, el «Mono Jojoy» (Víctor Julio Suárez), de 57 años, restó otro amigo al «duce» venezolano, Hugo Chávez, cuya relación activa y solícita con las guerrillas colombianas parece demostrada, aunque ahora mira hacia otro lado en su papel electorero de hombre de paz.

En su momento, si el Estado colombiano lo permite, se verá qué hay en las tripas de las computadoras halladas en la guarida del «Mono Jojoy» y si hay información que apunta a Chávez como hace dos años las computadoras de «Raúl Reyes» (Luis Edgar Devia) mostraron sus relaciones peligrosas con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una organización que el mundo democrático considera terrorista y el mandatario venezolano luchadores por la libertad y contra el imperialismo.

En vísperas electorales en Venezuela por los comicios legislativos de este domingo, Chávez se ha limitado a lamentar cautelosamente la muerte de un ser humano, al tiempo que hacía votos por la paz en Colombia, en contraste con sus alharacas por las muertes, en marzo de 2008, primero de «Raúl Reyes», el «número dos» de las FARC abatido en otro bombardeo fulminante de las Fuerzas Armadas colombianas, y luego de su máximo cabecilla, «Tirofijo» (Pedro Antonio Marín), de un ataque al corazón o de cáncer.

La «Operación Sodoma», de tan significativo nombre, ha causado la muerte al «Mono Jojoy» en su madriguera en La Macarena, un bunker en medio de la selva en el departamento del Meta, junto a una veintena de guerrilleros, incluida posiblemente la holandesa Tanja Nijmeijer. Ha sido una perfecta operación de inteligencia militar, un ataque fulminante y el más contundente golpe asestado por el Estado colombiano a las FARC, en pleno corazón, en sus más de 45 años de existencia. Para Colombia, según ha dicho su presidente, Juan Manuel Santos, la muerte del «Mono Jojoy» equivale a que el mundo se hubiera librado de Osama Bin Laden.

A estas alturas hay pocas dudas sobre la intensidad de las relaciones de Chávez con las FARC. Campamentos, campos de entrenamiento o descanso y otros santuarios tolerados en Venezuela; facilidades para el tránsito de armas y drogas, entrega de armamento y dinero; apoyo político como el reconocimiento de legítima «fuerza beligerante» e «insurgente» y un «verdadero Ejército»; declaraciones de respeto «al proyecto bolivariano» de los terroristas y otros elogios, apoyos explícitos y manifestaciones de deseo en el éxito su lucha; auxilio alegadamente «humanitario» y hospitalizaciones de heridos; reabastecimiento, terroristas que adquieren la nacionalidad venezolana, monumentos a los caído como «Tirofijo» en una plaza de Caracas, etc. El «Mono Jojoy» le correspondía en el afecto a Chávez, alias «Ángel» para las FARC, y le «entusiasmaba la revolución chavista».

Algunos analistas han interpretado que tras la reanudación, el mes pasado, de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogota con salida del poder de Álvaro Uribe, Chávez ha comenzando a distanciarse de las FARC, con la petición que les hizo de abandonar la lucha armada y liberar a todos sus rehenes. Sin embargo, hay quienes consideran que se trata de una posición táctica del gobernante venezolano, de una estrategia coyuntural, una conveniencia supeditada a los fuertes vaivenes internos.

Las computadoras encontradas en el campamento en la frontera con Ecuador donde murió «Raúl Reyes» mostraron información sobre armas, dinero y otras complicidades entre el grupo terrorista y el Gobierno de Chávez. En la guarida del «Mono Jojoy« han aparecido 15 ordenadores, 14 discos duros externos y 94 «pen driver»(memorias USB) que contienen infinitamente más información valiosa sobre las actividades de las FARC y sus amigos y cómplices. Colombia filtró información contenida en las computadoras de «Raúl Reyes» relacionada con Hugo Chávez, para dejar en evidencia al gobernante venezolano, con quien había un serio enfrentamiento. Chávez se había metido hasta los corvejones en los asuntos colombianos. También trascendió en aquella ocasión información de las relaciones de las FARC con el Ecuador de Rafael Correa, sin duda para justificar, entre otras cosas, también la necesidad del ataque en territorio ecuatoriano al campamento guerrillero. Sin embargo, apenas se filtró información sobre las relaciones con las FARC de miembro del brasileño Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de gente importantísima de su gobierno. ¿Qué ocurrirá con lo hallado en los computadores del «Mono Jojoy»? Se sospecha que hay diez veces información más valiosa que en las de «Raúl Reyes». Si se encuentra datos relacionada con Venezuela (apuesto que los hay), va a depender de la actitud que tenga en los próximos meses Hugo Chávez. Desde luego, el presidente Juan Manuel Santos no va a buscar el enfrentamiento gratuito.

La actitud de Chávez en los próximos meses estará relacionada con el resultado de las elecciones legislativas de mañana y la campaña en la que prácticamente ya está metido en busca de la reelección en 2012. En los comicios de mañana busca una mayoría absoluta de parlamentarios que le permita legalizar sus acciones de gobierno, incluidos desmanes y proyectos delirantes, y también seguir gobernando mayormente por decreto con facultades legislativas delegadas por la Asamblea Nacional, como ha hecho mayormente durante la pasada legislatura. La oposición trata de evitar que Chávez no logre esa mayoría suficiente que le permitiría profundizar su «revolución» o, a juicio de sus rivales, el fenomenal desastre económico, social y político que es hoy Venezuela.

franciscorfigueroa@hotmail.com
www.apuntesiberoamericanos.com

Chávez a Santos: ¡Hasta la próxima, chico!

Francisco R. Figueroa / 11 agosto 2010

El armisticio acordado este martes por los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez será inestable ya que está sometida a las conveniencias políticas internas del disparatado duce venezolano.

En estos momentos a Chávez le ha convenido apagar el fuego y remendar deprisa las relaciones con Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en la zona. El mandatario venezolano camufla así su apoyo a las narcoguerrillas colombianas, restablece el vital suministro de alimentos cuando su país sufre desabastecimiento severo y responde a las peticiones de moderación que le han hecho países vecinos como Brasil y Argentina por su campaña furiosa de invectivas y su verborrea belicista. Aísla el asunto al convertirlo en una cuestión personal entre él y Álvaro Uribe, aunque Santos sea heredero natural e hijo putativo de su antecesor en la presidencia de Colombia. Confía Chávez en que todo eso se traduzcan en votos para las elecciones legislativas deL 26 septiembre, en las que peligra le hegemonía de su causa política.

Contribuye a la distensión que Santos, de manera pragmática, quiera marcar la diferencia desde el inicio de su gestión y que el nuevo mandatario neogranadino desista aparentemente de exigir a Chávez la verificación de las denuncias sobre la existencia de santuarios en Venezuela para las FARC y el ELN hechas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional. Consigue Santos que el César caraqueño deje nominalmente de favorecer a las guerrillas y aminore sus desgastadora cantinelas agresivas contra las bases militares que usa Estados Unidos. Por lo pronto, sobre el asunto de las bases, Chávez ha reconocido la soberanía de Colombia para suscribir todo tipo de tratados, lo que supone un importante paso adelante. Colombia queda en condiciones de exportar a Venezuela a los niveles de 2007 ―de 7.000 millones de dólares, desde donde cayeron a 1.000 millones por las restricciones impuestas por Chávez―, para que se normalice la tan perjudicada vida en la frontera, que con el empobrecimiento tendía a ser más convulsa aún. Con el armisticio, la Unión de Nacional Suramericanas (Unasur) adquiere más viabilidad ―a falta de que reaten sus relaciones Colombia y Ecuador―, algo que es de máximo interés para Brasil y Argentina, sobre todo, y Estados Unidos ve aminoradas la furia de la campaña “antiyanqui” del bullanguero caudillo venezolano.

Antes de acudir a la reunión en Santa Marta para remendar sin pérdida de tiempo los maltrechos vínculos bilaterales, precarios desde comienzos del 2008 y en situación extrema tras la ruptura de relaciones decretada por Chávez el pasado 22 de julio como reacción airada a las denuncias colombianas sobre su apoyo al narcoterrorismo, que fueron reforzadas luego por los portavoces oficiales estadounidenses, Chávez se tragó los improperios que había pronunciado contra el nuevo presidente colombiano desde que era ministro de Defensa, durante la crisis con Ecuador por el ataque el campamento allí de las FARC, a cuenta de las bases norteamericanas y, sobre todo, cuando jugó fuerte y sucio en su contra durante la reciente campaña electoral. También ha dejado de lado a los aprestos bélicos y las movilizaciones de tropas que dijo estaba haciendo la semana pasada en previsión de un ataque colombiano que, según los hechos, solo tenía sentido en su bulliciosa cabeza.

De cara a las elecciones legislativas venezolanas, con el país convertido en una olla a presión por la carestía (su inflación es de las más altas del mundo), la recesión económica (que contrasta con el progreso de todos sus vecinos), un endeudamiento externo brutal (100.000 millones de dólares), la imparable violencia social (15.000 homicidios por año), el desabastecimiento, la rampante ineficiencia estatal, una corrupción abrumadora y la caída acelerada de su popularidad, Chávez ha percibido que no le conviene aparecer también a nivel mundial como protector de narcoterroristas. Las denuncias colombianas en ese sentido y la ratificación que implícitamente hizo Estados Unidos le colocaron en una posición muy embarazosa frente a sus pares suramericanos. Su rapidez en responder conciliadoramente a la invitación al dialogo hecha por Santos el mismo sábado de su toma de posesión, contrasta con la posición más reposada de Ecuador, que recibió una invitación semejante para restaurar las relaciones rotas a raíz del ataque aéreo al campamento de las FARC hace ahora dos años. Aunque Chávez manifieste siempre que se le presenta ocasión su menosprecio a Estados Unidos, el preocupa lo que diga Washington, como que le haya expuesto de nuevo internacionalmente por su escaso apoyo a la lucha antiterrorista y contra el tráfico de drogas, por no decir ninguno, y por sus relaciones peligrosas con Irán. Chávez no ha perdido tiempo en Santa Marta en desmarcarse del terrorismo: «Ni apoyo, ni permito ni permitiré la presencia de las guerrillas ni terrorismo ni narcotráfico en territorio venezolano». Poco antes había pedido a las narcoguerrillas colombianas que liberen a todos sus rehenes, dejen la lucha armada y ajusten cuentas con el nuevo gobierno de Santos porque «no hay futuro por la vía de las armas» lo que suponme un importante cambio de actitud respecto a la posición anterior de reconocer como «fuerza beligerante» a las FARC en el conflicto civil colombiano.

Brasil debe respitar tranquilo con la distensión entre Caracas y Bogotá porque en el fragor de su propia campaña electoral para las presidenciales de octubre ha salido a relucir las relaciones sólidas y antiguas del Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva y altos funcionarios de su gobierno con las FARC, un asunto que Uribe manejó con suma discreción, a diferencia de lo que hizo con las pruebas sobre las supuestas implicaciones de Venezuela y Ecuador con las guerrillas, y que Santos sin duda no sacará a relucir. © DEL AUTOR

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Colombia-Venezuela: Y después de la ruptura, ¿qué?

Francisco R. Figueroa / 23 julio 2010

La ruptura de relaciones de Venezuela con Colombia a causa de las FARC es el epílogo de larguísimo y extremadamente duro enfrentamiento personal de casi ocho años entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe, a quince días de que éste último entregue el cargo al presidente electo, Juan Manuel Santos.

Chávez respondió pronta e impulsivamente con la ruptura de las relaciones a la presentación por parte de Colombia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, de una galería de pruebas, contundentes en apariencia, sobre el cobijo por Venezuela a cientos de elementos de la narcoguerrilla de la FARC en 87 campamentos estables cercanos a la frontera, algunos de ellos convertidos en auténticos universidades del terrorismo por donde pasan gente de pelaje ideológico afín, entre ellos de ETA y los «internacionalistas» bolivarianos. Por cierto que Chávez no ha respondido aún al requerimiento judicial español sobre las actividades de etarras en Venezuela en colaboración con las FARC y con apoyo de oficiales venezolanos.

El mundo sabe que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) están en Venezuela no ya con la vista gorda del régimen de Caracas, sino con el consentimiento expreso de Chávez, que las reconoce y anima. Ahora, tras el fracaso del diálogo bilateral, harta de las salidas de tono de Chávez, Colombia ha presentado las pruebas que apuntan directamente al «duce» venezolano.

Chávez, que reconoce a las FARC como fuera beligerante en el conflicto colombiano, no ha hecho una negación formal de la presencia en su país de terroristas colombianos porque evidentemente no puede. Se ha limitado a desacreditar nuevamente a Uribe con expresiones grandilocuentes y altisonantes, y a romper las relaciones, ladeado por ese otro hombre de «prodigios» que es el argentino Diego Armando Maradona, el seleccionador nacional de fútbol que no pudo desnudarse.

Los portavoces de Chávez si se han pronunciado, pero con escasa convicción. De todos modos la comprobación de lo dicho por las autoridades colombianas es fácil: bastaría con que una misión internacional de verificación, de preferencia de la OEA, visite sin pérdida de mucho tiempo los lugares localizados por Colombia o, cuanto menos, los cuatro más importantes señalados con fotos e imágenes: los campamentos «Ernesto», «Berta», «Bolivariano» y «Jesús Santrich».

Sin esa verificación, las reuniones de urgencia de cancilleres o gobernantes suramericanos que se piden pueden convertirse en la ocasión para un nuevo intercambio de fuertes acusaciones mutuas, con brotes machistas como el escenificado por Chávez y Uribe en febrero pasado el la Cumbre del Grupo de Río en Playa del Carmen (México). Peor aún ahora que Uribe nada tiene que perder, a pocos días del traspaso del poder a Santos, previsto para el próximo 7 de agosto.

En lo que respecta a Venezuela, Uribe le deja todo el «trabajo sucio» hecho a su sucesor. Ya no se trata solo de palabras. Las pruebas han sido echadas bruscamente sobre la mesa para que sean juzgadas por todos los estados latinoamericanos. América Latina y el mundo deben tomarse en muy en serio las acusaciones colombianas, como afirma Estados Unidos, y Chávez tiene la obligación de dar explicaciones, más allá de los exabruptos.

Un país que podría imponer cordura es Brasil, la potencia regional, sino fuera por los intereses creados y porque el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva anda enredado él mismo a cuenta de las FARC por las acusaciones surgidas en el fragor de la campaña electoral en curso sobre los lazos de su Partido de los Trabajadores con la narcoguerrilla colombiana.

Se trata de un asunto que Uribe ha llevado como suma cautela después de haber obtenido pruebas en los computadores de «Raúl Reyes» aprehendidos tras el ataque, hace dos años, al campamento guerrillero en Ecuador, junto a la frontera con Colombia. Los e-mail de Reyes, muerto en aquella acción militar colombiana, mostraban los vínculos de las FARC con altos funcionarios brasileños, entre ellos ministros y el asesor de Lula más poderoso.

Uribe manejó discretamente el asunto, directamente con Lula, a diferencia de lo que hizo con las supuestas pruebas halladas en los mismos computadores que apuntaban a la Venezuela de Chávez y al Ecuador de Rafael Correa.
Lula tiene prevista una visita a Caracas el 6 agosto antes de acudir a Bogotá un día después para asistir al relevo presidencial. Brasilia confía en que las relaciones rotas por Chávez se recompongan tras la toma de posesión de Juan Manuel Santos.

Se desconoce en qué basa su confianza Brasil, cuyo gobierno ha permanecido aparentemente impasible mientras Uribe y Chávez se echaban más y más leña en la hoguera colombo-venezolana a la espera de ser el principal beneficiario de la caída del comercio entre sus dos vecinos del norte, una tajada de más de 6.000 millones de dólares anuales.

Rompiendo las relaciones Chávez piensa que no tendrá que dar explicaciones a la comunidad internacional: a grandes males, grandes remedio. Se equivoca. Este asunto de su apoyo a las FARC le pasará factura, como tantos otros desaguisados que tiene entre manos.

Chávez no debe dar la cara puesto que nunca la ha dado en los momentos difíciles. Tampoco debe presentar pelea. Sus ordenes de reforzar la frontera son una bravuconada más. Cuando en julio de 2009, Colombia denunció el hallazgo en manos de las FARC de armas suecas compradas por Venezuela, Chávez congeló las relaciones pretextando el acuerdo militar colombo-estadounidense para el uso de bases militares.

Poco más de tres meses después hizo aprestos bélicos. Chávez considera que el uso de las bases colombianas por parte de EEUU es una amenaza de guerra. Como si Venezuela tuviera la capacidad militar para neutralizar a Colombia y mucho menos si afectara a intereses estadounidenses.

Bravata tras bravata, mientras un comercio bilateral que hasta poco fue floreciente se ha hundido con los consiguientes perjuicios económicos y sociales, extremo este por el que Brasil se frota las manos, y también el entorno chavista que obtiene pingües beneficios importando de otras latitudes los alimentos que antes llegaban de Colombia con divisas altamente subvencionas. Hay en Venezuela un escándalo de grandes dimensiones por la corrupta importancia de alimentos y medicinas caducados o a punto de caducar por parte del Estado que guía desde hace once años Hugo Chávez. © EL AUTOR

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Chávez dispara; Zapatero sujeta el fusil

Hugo Chávez, ayudado quizás inconscientemente por José Luis Rodríguez Zapatero, ha perpetrado un atentado en tres tiempos (por ahora) contra el Poder Judicial español. Los disparos fueron tan certeros que la reacción no se hizo esperar. Además, Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, entraron enseguida a rematar con saña. Descalificaron al magistrado español que investiga de manera seria una posible conexión de su gobierno con la ETA, a quien asoció al Partido Popular y la emprendieron contra actual y anterior líderes de dicha formación, Mariano Rajoy y José María Aznar, tachándoles de «mafia», «ultraderecha» e «hijos directos de la dictadura franquista».

Venezuela y España emitieron el pasado sábado un comunicado conjunto con la idea de zanjar la crisis desatada por la publicación de un auto del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco que puso de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la colaboración entre la ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para, entre otras tropelías, colaborar en atentados terroristas en España. Pero sirvió de poco, según lo que Chávez y Maduro dijeron el domingo.

Ese comunicado conjunto convenía a España desde el punto en que Venezuela se unía a la condena al terrorismo, es decir, implícitamente a la ETA, al tiempo que reiteraba un compromiso de cooperación en la lucha antiterrorista. Sin embargo, su segundo párrafo parece contraproducente para España ya al «refutar y desmentir» lo publicado sobre el asunto por los medios de comunicación lo hace también al juez Velasco, pues lo que la prensa difundió no fueron conjeturas periodísticas sino, como recordó Rajoy, un auto judicial basado en una investigación policial. Aunque esa parte del documento la asume expresamente Venezuela, la endosa España ya que se trata de un comunicado conjunto.

La nota oficial hispano-venezolano no mencionó a las Farc. Tampoco podía porque Venezuela, por boca de Chávez y por acto de su parlamento, considera a esa antigua organización armada una «fuerza beligerante» y, por tanto, una de las partes en la «guerra» interna colombiana, aunque el resto del mundo la tilde de entidad narcoterrorista. Tampoco habla el comunicado de la alegada relación entre la ETA y las Farc, sobre lo que se han conocido nuevos detalles publicados por la prensa basados en las mismas investigaciones policiales en las que el juez Velasco fundamento su auto. En ellos aparecen miembros de los servicios de seguridad venezolanos cómplices de ambas organizaciones, campamentos de las Farc en Venezuela donde los etarras imparten cursos de terrorismo, miembros de la Farc paseando por España con pasaportes venezolanos, grupos de propaganda, adoctrinamiento y apoyo político, y gente moviéndose a sus anchas sin control. Venezuela es un país bajo sospecha ante la comunidad internacional por distintos motivos.

El chavismo acudió a las trincheras nacionalistas a disparar contra España consignas soberanas e improperios por el pasado colonial. La oposición aprovechó para machacar al chavismo por sus relaciones peligrosas con grupos o países forajidos, por las sospechas de cooperación con el narcotráfico, por el aliento y apoyo a grupos terroristas y por su injerencia en naciones latinoamericanos como Perú, Colombia y Honduras. Fue tachada de «traidora» en la Asamblea Nacional. La mayoría, de obediencia chavista, organizó una algarabía y habló de infamias y calumnias en el auto del juez Velasco, sobre cuya manera de proceder hay pocas dudas en España, así como sobre sus presunciones, aunque el volcánico líder venezolana arguya que actúa guiado por «el imperio yanqui».

Chávez repudia con saña a Velasco por su antigua militancia en el PP, pero está probado que en Venezuela el Poder Judicial está vinculada a él y es un apéndice del régimen. El estrambótico caudillo ve la mota en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. El órgano de gobierno de los jueces españoles, en un infrecuente comunicado institucional, ha llegado a pedir el máximo respeto a su labor y la independencia con que trabaja. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró inaceptables las críticas a Aznar y al juez, mientras desde el ministerio de Exteriores de Miguel Ángel Moratinos se procuraba quitar hierro al asunto en medios de las ásperas críticas de la oposición conservadora y el silencio de la demás.

Venezuela dice que repudia el terrorismo, pero es evidente que protege a etarras. Gente como el aparente jefe de los etarras afincados allí, Arturo Cubillas Fontán, que llegó al país, en 1989 tras el fracaso de las llamadas Conversaciones de Argel, como «huésped vigilado» – esa era la formula, que no exilio o refugio –, se casó al poco con una descendiente de vascos y por boda y arraigo se naturalizó venezolano. Ahora tiene un importante cargo público – jefe de seguridad – en el mismo ministerio que expropia las tierras, entre otros a emigrantes españoles, al tiempo como actúan como etarra mayor residente. Su esposa, Goizeder Odriozola, periodista y conocida activista proetarra, es la mano derecha del vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano. Además de las dos docenas de etarras llegados de Argel, París o Panamá por acuerdos bilaterales, otros se establecieron en Venezuela por sus propios medios. Varios se insertaron pacíficamente en el país que les acogió, pero los hay que de retorno a Europa ha sido detenidos con la pistola en la mano o vistos por testigos en campamentos de las Farc como instructores de terrorismo. Zapatero confía en que Chávez ayude, pero el tiempo seguramente dirá otra cosa.

¿Cuáles son los motivos de la pasiva actitud española? Pueden ser diversos: los cerca de doscientos mil españoles radicados en Venezuela y sus negocios; la defensa de los grandes intereses de empresas españolas como Telefónica, Repsol o el BBVA; el pedido de guardacostas que construye la estatal naval militar Navantia; la posibilidad de que Chávez, Cuba y sus satélites patean el tablero iberoamericano vacíen aún más las desvalorizadas cumbres anuales de gobernantes; evitar una hostilidad constante antiespañola con motivo de las múltiples celebraciones por venir del 200º aniversario de las independencias de las repúblicas hispanoamericanas; cautela ante la diplomacia vociferante de Chávez; que Venezuela se convierta efectivamente en un santuario de la ETA y la banda terrorista se robustezca con la cooperación de un Estado gamberro que limita por el oeste con territorios colombianos controlados por los narcoterroristas de las Farc. Todo eso quizás aderezado con una pizca de ideología, no ya de afinidad propiamente dicha sino del deseo de llevarse bien con un gobierno latinoamericano de izquierdas, sin descartar la creencia de que la alternativa a Chávez es bien de derechas ni el «Síndrome Aznar», es decir, el apoyo comprobado del anterior presidente del Gobierno a los golpistas que desalojaron a Chávez del poder durante 48 horas en el 2002.

Francisco R. Figueroa
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Guerra de nervios, por ahora

¿Cuánta gasolina más puede ser echada al viejo y recalentado conflicto colombo-venezolano hasta que explote? Los presidentes Hugo Chávez, sobre todo, y Álvaro Uribe llevan años atizando la discordia. Hasta ahora el rédito político interno que han tenido es indudable. Como los dos caudillos parecen decididos a eternizarse en el poder, ¿tendrán que llegar a las manos cuando el diccionario se les quede chico?

Hoy parece bastante difícil, aunque no impensable, que ocurra otra de esas reconciliaciones presidenciales suyas tan recurrentes. De hacer caso a Chávez, la ruptura de relaciones con Colombia –sobre la que instruyó en directo por televisión a su Canciller, Nicolás Maduro– sería inminente debido a las bases militares que Estados Unidos usará en el vecino país, con lo que la gresca de vecinos se convertiría en un rompimiento con daños incalculables y daría al traste por anticipado la cumbre extraordinaria que tienen previsto celebrar los mandatarios de América del Sur este viernes en Bariloche. Chávez habla tanto y tan seguido de una situación de bélica con Colombia que un día de estos va a acabar declarando la guerra por televisión en una de sus frecuentes peroratas.

Una guerra entre Colombia y Venezuela forma parte del primer escenario que manejan los estados mayores de ambos países, tema prioritario de estudio en las academias miliares posiblemente desde que la inaguantable rivalidad entre unos y otros acabó con la secesión de la Gran Colombia bolivariana en 1830. Es notoria en el nacionalismo venezolano su sólida base anticolombiana, su animadversión por el vecino, la sensación de superioridad que respira. Venezuela no tiene a la vista otro enemigo que Colombia pues del conflicto territorial con Guayana por el Esequibo nadie parece acordarse, aunque siga ahí como un apéndice fantasmagórico en los mapas oficiales. Las Fuerzas Armadas que dirige Chávez no tienen por ningún lado más objetivo que Colombia. Esa es, pues, su razón de existencia y el único posible enemigo del que hay que defender el solar patrio pues no hay asomo de litigios en el selvático flanco sur con Brasil. Colombia y Venezuela tienen viejos pleitos territoriales que no han salido a relucir –de razones posiblemente calculadas– en la actual escalada verbal que las enfrenta. Si asomara la reivindicación colombiana sobre el Golfo de Venezuela –un reservorio enorme de petróleo y gas–, o la pretensión venezolana sobre la Guajira y los Llanos Orientales colombianos, que la Constitución de Venezuela reconoce como parte del territorio nacional, entonces se estaría más cerca de una guerra. Esas reclamaciones territoriales están aparcadas desde que en 1987 los dos países estuvieron cerca de una guerra que ambos se apresuraron en evitar.

Chávez es un fanfarrón, pero no parece tonto para iniciar un conflicto armado que podría constarle el puesto, salvo que fuera a la desesperada –como hicieron los militares argentinos de la dictadura cuando desencadenaron la Guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña– o se volviera loco de remate. Él es un militronche y conoce al dedillo la situación castrense de los dos países. Tampoco se le reconocen dotes de gran estratega ni de valiente soldado. La única vez en su vida que entró en combate real fue con ocasión de la cruenta intentona golpista de 1992 que capitaneó. Acabó refugiándose en un museo de Caracas sin poder conquistar un palacio presidencia malamente guarnecido y con el jefe de Estado huido. Se rindió mientras los demás jefes de aquella asonada conquistaban sus objetivos en distintas zonas del país. Con ocasión de su breve derrocamiento en 2002 tampoco, según sus biógrafos, su comportamiento pidiendo perdón y confesión estuvo a la altura de un gran soldado. De modo que las Fuerzas Armadas venezolanas parecen carecer de un líder para la guerra. Si faltara Chávez Venezuela quedaría bastante tiempo entumecida, pero si desapareciera Uribe la institucionalizada Colombia seguiría andando. Las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la menor experiencia de combate, a diferencia de las colombianas que llevan medio siglo curtidas en una interminable guerra interna contra las guerrillas, el narcotráfico y los parapoliciales. Colombia dispone de un Ejército curtido y bien entrenado, con el triple de efectivos que el venezolano. Cuenta con apoyo de Estados Unido. Mientras Venezuela tiene un Ejército fuertemente politizado y polarizado, como la propia sociedad nacional, en Colombia se observa unidad. En caso de guerra entre los dos países Venezuela podría disponer del apoyo de las narcoguerrillas colombianas, a las que ha reconocido formalmente como «fuerzas beligerantes», y de Ecuador, que tiene un modesto Ejército y está reñido con Colombia por el ataque en su territorio a un campamento de las Farc supuestamente consentido por el Gobierno de Quito. Es cierto que alentado por los elevados precios del petróleo Chávez se ha lanzado en los últimos años a una carretera armamentista (cazabombarderos, helicópteros y fusile rusos y ahora submarinos) y que su capacidad ofensiva podría ser superior a la de Colombia, que sobre el papel no podría utilizar en un conflicto exterior el armamento que recibe de Estados Unidos.

Una guerra imposibilitaría el comercio bilateral, tan vital para Venezuela sobre todo en el suministro de alimentos. Ese comercio importantísimo asciende unos 7.000 millones de dólares al año. Venezuela tardaría bastante en encontrar suministradores alternativos en Argentina o Brasil, país éste con el que mantiene serios problemas por retrasos de pagos de importaciones de más de ocho meses. Una guerra sería capaz de paralizar la industria petrolera venezolana, que con sus más de 2.500.000 barriles diarios de producción, de los que el 60% va a Estados Unidos, es el gran sostén de la Nación y, por tanto, del régimen de Chávez. El mercado no apuesta en una guerra entre Venezuela y Colombia, ni el del petróleo ni el de los bonos pues estos días sigue habiendo apetito por los papales venezolanos, que han dado unas ganancias de casi el 60% en lo que va de año. El mercado parece está acostumbrado a que Chávez cuando no está nacionalizando a algo se está enfrentando verbalmente a Colombia o a Estados Unidos o ambas naciones al mismo tiempo. Los sensibles sensores de Wall Street no escuchan tambores de guerra.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Bases para una guerra

El líder venezolano, Hugo Chávez, asegura con vehemencia que el posible uso por Estados Unidos de siete bases militares en Colombia es un acto de guerra. «Podrían ser el principio de una guerra. Se trata de los yanquis, la nación más agresora de la historia de la humanidad», ha dicho. «Colombia se ha convertido en el Israel de América» y en «una plataforma para invadir cualquier país latinoamericano y de primero a Venezuela», brama Chávez, quien amenaza con responder cualquier agresión y con la táctica de la tierra quemada si Estados Unidos va a por sus yacimiento de petróleo. Caracas alega que el motivo oculto de Washington es caer desde Colombia sobre las inmensas reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Chávez ha recordado la invasión de Irak y a Saddam Hussein colgado por el cuello proyectando sobre él la sombra del ahorcado. «Nos tienen otra vez en la mira porque quieren la Faja del Orinoco», aduce Chávez.

América del Sur está dividida también por este asunto, según ha quedado de manifiesto al término de la gira de urgencia que acaba de hacer el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por siete países en busca de comprensión. Perú dio un apoyo incondicional. Chile y Paraguay respetan la instalación de las bases por ser «una decisión soberana» de Colombia de acuerdo al interés nacional. Brasil recela y pide «garantías formales» de que las tropas estadounidenses –unos 1.200 efectivos entre civiles y militares– no serán usadas fuera de Colombia. Uruguay se muestra «equidistante» y Argentina pone repararos al considerar las bases «inconvenientes». El bloque bolivariano se opone en pleno. El lunes se plasmará el disenso en Quito, en la reunión del Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a la que no asistirá Colombia.

Una mayor presencia militar estadounidense en Colombia, donde Washington mantiene tropas desde hace veinte años, se siente como una fuerte amenaza para la expansión del mini-imperio de Chávez tras el derrocamiento en Honduras de Manuel Zelaya, a quien algunos consideran un títere suyo. La situación brinda al caudillo bolivariano un pretexto para armarse aun más en su arriesgada carrera para convertir a Venezuela en una potencia militar hemisférica, que discurre bajo los eufemismos de «renovación» y «modernización» de armamentos. Chávez ya ha comprado en Rusia aviones de combate, fusiles, radares y helicópteros. Ahora anuncia a bombo y platillo la próxima adquisición de «al menos tres batallones de tanques» rusos con la intención de convertir a Venezuela «en una fortaleza inexpugnable, como Cuba». Desde La Habana, en sus «reflexiones», Fidel Castro calienta los ánimos. Trata aparentemente de comprar voluntades y moldear opiniones de cara a la próxima reunión de Unasur.

Antes de la gira de Uribe, Colombia soltó dos cargas de profundidad. La primera contra Chávez: el hallazgo en poder de la guerrilla colombiana de las FARC de lanzacohetes suecos vendidos a Venezuela. Ésta acabó detonando en Bogotá porque parece probado que las armas fueron parte del botín de las FARC con ocasión del asalto a una base militar fronteriza de Venezuela, en 1995. Chávez acusa a Uribe de «chantajista», de jugar de manera «sucia y traicionera», y dice sentirse «apuñalado». De momento, debido a la congelación de relaciones económicas adoptada por Chávez contra Colombia están en juego dos millones de empleos, casi 7.000 millones de dólares de comercio bilateral y la continuidad de 1.800 empresas. Según la prensa colombiana, hay abundantes pruebas del envolvimiento del chavismo con el narcotráfico y las guerrillas a través de, entre otros, Ramón Rodríguez Chacín, alto oficial de la marina, hombre del submundo del espionaje, compañero de Chávez en el sangriento levantamiento militar de 1992 y en la cárcel, y su ministro de Interior y Justicia en dos ocasiones y su interlocutor junto a las FARC; así como del jefe del servicio secreto militar, general Hugo Armando Carvajal, que Estados Unidos tiene en su lista negra, y de Henry de Jesús Rangel Silva, ex director de la policía secreta venezolana. La segunda andanada que soltó Colombia fue contra los aliados de Chávez, con la práctica confirmación de la financiación con 400.000 dólares por la narcoguerrilla colombiana a la campaña electoral de Rafael Correa, quien lo ha admitido tácitamente.

Al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no la agradan esas bases yanquis, pero no será él quien le diga a Uribe, al menos públicamente, lo que tiene que hacer en su país. Estados Unidos ha asegurado a parlamentarios brasileño que las tropas ayudarán en el combate al narcotráfico. Pero ese combate trasciende fronteras, sobre todo después de que Washington haya acusado a Venezuela de haberse convertido en un enorme santuario del narcotráfico con apoyos oficiales. A Estados Unidos le preocupa que en territorio venezolano actúe la guerrilla colombiana con la «tolerancia» de Chávez. Esto lo acaba de decir en Brasil el general retirado Jim Jones, asesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. Colombia está muy molesta con la política de Venezuela hacia las narcoguerilla, pero no tiene la intención de provocar un cambio de gobierno en Venezuela sino que trata de defender su propio territorio. «Estados Unidos no quiere la paz en Colombia. Ellos viven de la guerra y ahora montan un escenario contra Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua», replica Chávez. Desde Quito se habla de las intenciones de Colombia de «aplicar la teoría de la extraterritorialidad» atacando cualquier país en nombre del combate el terrorismo, como hizo en marzo del 2008 cuando destruyó el campamento del cabecilla Raúl Reyes, muerto en aquella acción, que las FARC mantenían en territorio ecuatoriano. «No es aceptable que los vecinos de Colombia dejen que sus fronteras sean utilizadas como bases para el ataque a otra nación soberana», aduce el general Jones, con cuya visita a Brasil, la primera potencia de América del Sur, ha tratado de evitar que Lula sea enredado por Chávez o Fidel Castro.

Hay quienes temen que en el actual conflicto colombo-venezolano acaben tomando cuerpo los viejos conflictos por las diferencias limítrofes entre ambos países. Los militares de Venezuela siempre han necesitado a su enemigo histórico, que es Colombia, a lo que deben su razón de ser. «El imperio yanqui tiene dentro de sus planes provocar una guerra entre Venezuela y Colombia», advierte Chávez.

El Gobierno de Lula asegura que no ha recibido de Uribe ninguna garantía sobre la limitación del uso de las tropas al territorio colombiano y que el asunto le falta transparencia. Brasil tiene dudas sobre una eventual injerencia militar estadounidense en la región y demanda la creación de un clima de confianza en la próxima reunión de los doce países de Unasur en Quito.

Francisco R. Figueroa
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El uribismo y los urubues

El uribismo trata de medrar en la putrefacta política colombiana como buitres. Jotes, zamuros, zopilotes, gallinazos, urubues… distintos nombres para definir el mismo animal o a sus hermanos y primos rapaces. Todos viven en la carroña.

Ganador de las elecciones del 2002, Álvaro Uribe logró la reelección en 2006 para otro mandato de cuatro años merced a una reforma constitucional comprobadamente tramposa como demuestra el escándalo conocido como la «yidispolítica», por la diputada Yidis Medina –condenada por la Corte Suprema de Justicia por cohecho propio – cuyo voto supuestamente comprado con prebendas decidió la modificación de la Carta Magna a favor del jefe del Estado. Hubo más congresistas comprados.

Uribe ganó aquellas elecciones sacando a relucir sus éxitos contra las guerrillas y el aumento de la seguridad en el país. Obtuvo dos tercios de los votos en unos comicios en los que un 55% no participó. Eso significó el apoyo a Uribe en las urnas de sólo un 25% de los colombianos con derecho a voto. Pero ha logrado ser el presidente colombiano más popular en el último medio siglo, según dicen en su país.

Ahora, el uribismo preconiza una nueva reforma constitucional sin piedad que permita la tercera candidatura de Uribe en 2010. De hecho, la mayoría uribista, en ausencia de la oposición, con nueve colaboradores muy cercanos a Uribe controlando la situación desde dentro el hemiciclo y ejerciendo la conminación, ha aprobado por las bravas un vergonzoso proyecto de reforma para permitir un referéndum sobre la reelección presidencial en el 2014. Hubo un error pues la fecha debía haber sido el 2010. Ahora se tratará de cambiar el año con nuevas triquiñuelas con la intención de aferrarse al sillón presidencial.

Eso ha ocurrido en un congreso convocado entre gallos y medianoche, vaciado por la oposición, infestado por los escándalos con los parapoliciales de extrema derecha que han dejado tras de si un reguero de muertos y 50 diputados y senadores involucrados.

Veteranos políticos como el ex presidente César Gaviria han puesto el grito en el cielo y alertado del peligro para la democracia. La prensa también ha reaccionado contra la indecencia hablando del cinismo y la desvergüenza por la reforma constitucional en beneficio propio de Uribe. Colombia está iniciando el camino que conduce a la dictadura.

Involucrado en otros escándalos por alegadas relaciones con el narcotráfico y narcotraficantes como los Ochoa o los Escobar, y los paramilitares, Uribe ansía quedarse todo el tiempo que pueda en el poder, al que tiene un apego extraordinario. Su popularidad está en declive tras el reciente escándalo por los asesinatos de civiles inocentes por parte de los militares para ponerse galones y medallas y cobrar recompensas haciéndoles pasar por terroristas, o las pirámides financieras que se han desmoronado enlodando al gobierno, al presidente y familiares suyos.

Queda aún margen para la esperanza. Siendo Colombia un país con apego a la institucionalizada y sin tradición caudillesca, debe naufragar el proyecto de Uribe de perpetuarse en el poder, como hace su vecino Hugo Chávez. A su paso por la cámara alta, los senadores tienen la posibilidad de frenar el dislate. Quedaría aún la Corte Constitucional y finalmente el veredicto del pueblo. Pero la política colombiana está muy corrompida, estragada y arruinada. El hecho de que el presidente Hugo Chávez esté haciendo exactamente lo mismo que pretende Uribe ilustra aun más lo inconveniente de este fenómeno, ha dicho la prensa colombiana.

Políticos como Uribe o Chávez no deben olvidar nunca el caso del peruano Alberto Fujimori, que movió todos los diablos y agitó tanto el caldero como aprendiz de brujo hasta que le acabó reventando en la cara.

Creyó que era el gobernante providencial que le daría al Perú veinte años de estabilidad política, económica e institucional. Jugó a salvador de la patria, a vencedor del terrorismo y estabilizador de la economía tras la desastrosa primera gestión de Ala García.

Defecó sobre la democracia y el Estado de derecho. Buscó la reelección con reformas constitucionales, trapacerías y leguleyadas; maleó la política y sus reglas; desvirtuó la vida pública y fue un embustero contumaz. Siendo japonés hizo añicos el código del honor y la decencia.

Se convirtió en un político marrullero y tramposo. Cultivó amistades peligrosas e hizo alianzas non sanctas hasta que tuvo que poner pies en polvorosa, al extranjero, para refugiarse en el Japón de sus ancestros desde donde renunció a la presidencia por fax. Hoy está en la cárcel, en Lima, juzgado por siete cargos de crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Sería ceguera por parte de Uribe arrojar por la borda lo que la revista «Semana» considera unas de las trayectorias políticas más exitosas que se han visto en la historia de Colombia.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Después de Tirofijo, ¿qué?

Hacia finales del siglo pasado un amigo colombiano me decía en Bogotá, en medio de las negociaciones del presidente Andrés Pastrana con las Farc, que no imaginaba un «Tirofijo» apaciguado, jubilado de la guerra, saliendo de compras del shopping El Dorado con su nieto de la mano. Mi amigo tenía razón: aquellas esperanzadoras negociaciones fracasaron porque «Tirofijo» las dinamitó. El caudillo guerrillero nunca volvió a la vida civil y ahora ha muerto de viejo, con las botas puestas, en el monte al que se echó hace 60 años.

La muerte del legendario Pedro Antonio Marín, de nombre de guerra «Manuel Marulanda Vélez» y el «Tirofijo», que él tanto detestaba, por mote, cuando iba a cumplir 80 años -otros dicen que los 78-, ocurrió el 26 de marzo pasado, a consecuencia de un infarto, en la selva del Meta. Se asegura que murió en brazos de su compañera Sandra y rodeado de su guardia pretoriana. Un ministro con afanes presidencialistas del Gobierno de Álvaro Uribe dio el viernes la noticia como por casualidad a un semanario diciendo que «Tirofijo» se había ido «al infierno de los criminales». Le chafó así a Uribe un anuncio rimbombante. Finalmente, este último domingo, el fallecimiento de «Tirofijo» fue confirmado con pompa y circunstancia por el comandante «Timochenko» (Rodrigo Londoño) que leyó la necrológica por una de las televisoras del venezolano Hugo Chávez. Esto sucedía precisamente en vísperas del 44 aniversario de la fundación por «Tirofijo» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

«Tirofijo» arrojó la toalla muy pocos días después de saber que su lugarteniente «Raúl Reyes» (Luis Edgar Devia) había caído muerto en su campamento del norte de Ecuador, en un certero bombardeo de la aviación colombiana; que a otro de sus segundones, «Iván Ríos» (Manuel de Jesús Muñoz), un guardaespaldas comprado por el Gobierno le había volado la cabeza, junto a su amante, y que el brutal «Mono Jojoy» (Jorge Suárez Briceño, el jefe militar de las Farc) se había librado de una celada parecida fusilando a tres de sus gorilas traicioneros. El de marzo fue un mes muy negro para las Farc. Meses antes habían sido abatidos a tiros los comandantes Milton Sierra Gómez «J.J.», el «Negro Acacio» (Tomás Medina Caracas), hombre de las drogas, y Martín Caballero, y capturado el carcelero «Martín Sombra» (Hely Mejía Mendoza), casi tan veterano en el monte como el propio «Tirofijo». Distintos frentes de combate fueron hechos trizas, otros desaparecieron y las deserciones son harto frecuentes: 10.000 en los últimos cinco años y 1.300 desde enero. Posiblemente en vista de la muerte del legendario líder y fundador se entregó recientemente la terrible «Karina» (Nelly Ávila), una guerrillera con una reputación de cruel y feroz ganada a pulso. Por otro lado, las computadoras de Raúl Reyes exponen cada día las tripas podridas de las Farc, sus negocios y alianzas inconfesables.

Uribe sueña con una casi imposible victoria. Es poco probable que los herederos de «Tirofijo» -el intelectual «Alfonso Cano» (Guillermo León Sáenz Vargas), de 59 años, como líder formal y el «Mono Jojoy» como jefe militar- se avengan con el Gobierno. De otro lado, nunca nadie manejará las Farc como lo hizo «Tirofijo» hasta su última hora, de una forma personalista, verticalmente, con la autoridad que le daba ser el fundador de la guerrilla y mito, con mano de hierro, sin que nadie dudara de su liderazgo, teniendo obediencia incondicional, con una sagacidad, una astucia y una malicia primitiva de campesino indio, un hombre terco e indoblegable, hijo de la Colombia profunda, que llegó a comandar un ejército guerrillero de 20.000 combatientes actualmente muy menguado y probablemente desmoralizado. Las Farc llevan demasiado tiempo en el monte sin haber logrado nada y lo que no pudo «Tirofijo» no es posible que lo logre Alfonso Cano, el «filosofo del terrorismo de la barba tupida», como lo llama con sorna Uribe, ni el «Mono Jojoy», respaldado por un historial de brutalidades. Sin la ideología ni los objetivos políticos fundacionales ni más norte que la codicia y convertida en una mafia, ¿terminarán las Farc languideciendo como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)? Por mucho que las Farc estuvieran preparadas desde años para la muerte de su líder, los analistas esperan que haya desconcierto, traumas y tensiones entre los herederos y que la organización comience a resquebrajarse.

Francisco R. Figueroa
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Sanciones de Bush a Chávez pasan por A. Latina

El dictamen de la Interpol de autenticidad de las computadoras de «Raúl Reyes» y su contenido, con los nexos entre el presidente Hugo Chávez y los terroristas de las Farc colombiana, proporciona a Estados Unidos una herramienta para actuar contra el líder venezolano. Desde el Capitolio de Washington se desaconseja a George Bush aplicar sanciones sin el respaldo de América Latina.

Washington dio de inmediato por valido el dictamen pericial que el secretario general de la Interpol, Ronald Kenneth Noble, divulgó en Bogotá, el jueves último, sobre los equipos informáticos portátiles, cargados de información extraordinariamente valiosa, que fueron hallados en el campamento de Reyes en Ecuador, en la incursión militar colombiana que le causó la muerte el día 1º de marzo pasado.

«El panorama es sumamente inquietante. Hay acusaciones graves de que Venezuela está suministrando armas y apoyo a una organización terrorista», manifestó el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack. Explicó que Estados Unidos ha tenido acceso a información relevante de las computadoras del fallecido cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y está realizando sus propios análisis.

Las tres computadoras de Reyes y las cinco unidades externas de memoria aprehendidas por los militares colombianos deben aportar información más abundante y valiosa de la poca que hasta ahora ha trascendido. Esos documentos muestran el envolvimiento de Chávez y otros altos funcionarios de su gobierno, civiles y militares, con las Farc, con apoyo político, dinero, armas y refugio. Las Farc están catalogadas como terroristas por Estados Unidos, así como por Canadá y la Unión Europea.

El «zar» antidrogas de Estados Unidos, John Walters, en declaraciones que publicó este último domingo el diario bogotano «El Tiempo», calificó de «muy profundas» las relaciones entre las Farc y el régimen de Venezuela, a la luz de la información contenida en las computadoras de Reyes. Según la revista colombiana «Semana», las computadoras de Reyes demuestran «de manera detallada el escandaloso grado de colaboración del Gobierno de Hugo Chávez con las Farc en los temas militar, político, económico y logístico» durante los dos últimos años. Numerosos correos electrónicos prueban que Chávez ayuda a las Farc a conseguir armas en el mercado internacional.

Chávez -agregó Walters- «tiene mucho que explicar». Se trata de un asunto «muy serio» que requiere «algo más que simplemente negar» como hacen Chávez y su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, también vinculado a las Farc, aunque en menor medida que el venezolano, en la documentación del difunto Raúl Reyes. «Es una vergüenza para los implicados» que han sido «cogidos con las manos en la masa», expresó Walters en esa entrevista.

Pero lo más llamativo de las declaraciones de Walters -quien además recuerda la «crecientes facilidades» de la Venezuela chavista al tráfico internacional de drogas-, es su llamamiento, ahora que se conocen los vínculos de Chávez con las Farc, para que América Latina «asimile» y «reaccione».

Un reciente informe titulado «Jugando con fuego» de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos considera que tras una certificación por Interpol de la información contenida en las computadoras de Reyes sería probable que una presión del Congreso para que el Departamento de Estado cambie su política hacia Venezuela e, incluso, para designar a este país como un estado patrocinador del terrorismo, lo que implicaría legalmente la aplicación de sanciones contra el Gobierno de Chávez.

Pero, por ejemplo, unas sanciones económicas perjudicarían a Colombia porque Venezuela es su segundo cliente tras Estados Unidos con una importancia creciente. Los negocios con Venezuela dan empleo a unos cien mil colombianos y envuelven exportaciones superiores a los cinco mil millones de dólares.

El informe de la comisión senatorial refiere la posibilidad de que la aplicación de sanciones a la ligera lleve a Chávez a movilizar a su favor la opinión pública latinoamericana, donde mayormente no se cataloga a las Farc como grupo terrorista, sino como guerrilla o insurgencia, o afecten el comercio bilateral, entre ellos los importantes suministros petroleros venezolanos a Estados Unidos que Chávez ha amenazado reiteradamente con cortar.


En consecuencia, recomienda diseminar ampliamente la información obtenida de las computadoras de Reyes sobre la complicidad de Chávez con Farc para desacreditarlo por su apoyo ostensible y significativo a una organización terrorista y que el líder venezolano comience a ser visto como un peligro para la región, alguien capaz de desestabilizar o sabotear a cualquier nación que no comparta sus ideas.

Sólo después de un proceso transparente de análisis sería el momento de pensar en acciones, pero dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«En otras palabras, si se descubre que Venezuela es cómplice (de las Farc), Estados Unidos debería ser lo suficientemente juicioso para dejar que la dinámica regional agarre su curso. Si Estados Unidos reacciona muy fuertemente, la atención se desplazará de las transgresiones de Venezuela a otro ejemplo de “intervención americana” y tácticas de mano dura», señala el informe.

Francisco R. Figueroa
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La Interpol acorrala a Chávez y Correa

La Interpol ha puesto contra las cuerdas a los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa al certificar la autenticidad de las computadoras de la Farc y que sus contenidos no están manipulados. Hay archivos que vinculan inquietantemente a ambos presidentes, al venezolano sobre todo, con esa organización terrorista y narcotraficante colombiana.

El secretario general de la Interpol, el estadounidense Ronald Kenneth Noble, de 46 años, presentó este jueves en Bogotá las conclusiones de la investigación sobre tres computadoras y cinco unidades externas de memoria halladas en el campamento guerrillero en Ecuador donde, el 1º de marzo pasado, murió por un bombardeo aéreo colombiano el «número dos» de las Farc, «Raúl Reyes» (Luis Edgardo Devia Silva).

La Interpol es la tercera organización más grande del mundo, detrás de la ONU y la FIFA, con 186 países miembros. Al cabo de un largo, laborioso y exhaustivo análisis de esos equipos informáticos, a pedido de Bogotá, ha certificado que pertenecían a Reyes y que no fueron manipulados por el gobierno colombiano. La Interpol no ha entrado en los contenidos; sólo en la parte técnica.

Lo más destacado del contenido de esos equipos informáticos es que Chávez parece que aportó dinero, armas y contactos a las Farc y ésta fondos para la campaña electoral de Correa. Hay aún muchísima información desconocida que puede enlodar más aún a ambos presidente, dada la intensidad del relacionamiento.

Las conclusiones de la Interpol fueron presentadas en Bogotá mientras Correa acababa en París una gira europea, con escalas en Madrid y Bruselas, tratando de ahormar voluntades. Ha dicho en todos los tonos posibles y cuantos han querido escucharle que nada tiene que ver con las Farc. Ha llegado a decir que el gobierno de Álvaro Uribe, con el que se peleó por la incursión que mató a Reyes, «sembró» los equipos informativos en el campamento que había atacado. Un dislate que merca su menguada credibilidad. Su gira ha podido servir de poco.

Es posible que Correa sea sincero en lo concerniente a su persona. Pero nadie garantiza a algunos de sus allegados. Su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, y un coronel «bolivariano» llamado Jorge Brito están en entredicho. ¿Dónde fueron a parar los 100.000 dólares que entregó Reyes a Brito para la campaña electoral de Correa si éste nada sabe de ese dinero? En el entorno de Correa actúa gente tratando de orientar los cambios institucionales en curso hacia Caracas y el chavismo. ¿Es tan ingenuo Correa como demostró recientemente cuando se percató de que la cúpula militar y los servicios secretos ecuatorianos le engañaban con la CIA? ¿Por qué la gente de las Farc andaba por Ecuador como Pedro por su casa y con la vista gorda de las autoridades locales tenía levantados cerca de una decena de campamentos en el norte del país donde recibían hasta visitas de simpatizantes extranjeros?

En cuando a Chávez, sus relaciones con las Farc son antiguas, por lo menos desde 1992. Son notorias, estrechas e intensas. De él y de colaboradores suyos, como el ministro del Interior, el ex capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Chávez se ha reunido repetidamente con los jefes de las Farc, comenzando por el propio Reyes; ha defendido a los terroristas, les ha dado santuarios y todo tipo de facilidades en Venezuela y le ha otorgado a la guerrilla la condición de fuerza beligerante. Según las computadoras de Reyes, Chávez donó dinero y armas a la Farc y les iba a poner en contacto con traficantes internacionales de armamento. Las Farc iban a entrenar a elementos chavista en tácticas guerrilleras. O lo han hecho.

Chávez y sus allegados han hecho esfuerzos denodados para desprestigiar a la Interpol. Han repudiado el dictamen y han desacreditado a la Interpol, han despellejado a Noble hasta convertirlo en una piltrafa y han amenazado a Colombia con represalias. Ello prueba la profunda preocupación que hay en Caracas en estos tiempos en que Chávez aparece alicaído, desde que perdió el referéndum constitucional, a raíz del los documentos que lo imputan como aliado de las Farc, en medio de una severa crisis económica interna que el chavismo no sabe como abordar y con la división de la base oficialista.

Por informes contenidos en los computadores de Reyes fue detenido en Tailanda un traficante de armas, se encontró el uranio empobrecido cerca de Bogotá o se halló casi medio millón de dólares en San José de Costa Rica. Citando información contenida en los tres computadores, las autoridades colombianas han señalado que las Farc tienen contactos con centenares de organizaciones en diferentes países, especialmente en México, Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela.

Las conclusiones de la Interpol abren diferentes interrogantes sobre cómo quedaran las maltrechas relaciones de Colombia con Ecuador y Venezuela, qué harán otras naciones latinoamericanas que han mantenido una prudente distancia y, más que nada, cómo reaccionará Estados Unidos tras la confirmación de los vínculos de Chávez y Correa con una organización terrorista.

Francisco R. Figueroa
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