Bases para una guerra

El líder venezolano, Hugo Chávez, asegura con vehemencia que el posible uso por Estados Unidos de siete bases militares en Colombia es un acto de guerra. «Podrían ser el principio de una guerra. Se trata de los yanquis, la nación más agresora de la historia de la humanidad», ha dicho. «Colombia se ha convertido en el Israel de América» y en «una plataforma para invadir cualquier país latinoamericano y de primero a Venezuela», brama Chávez, quien amenaza con responder cualquier agresión y con la táctica de la tierra quemada si Estados Unidos va a por sus yacimiento de petróleo. Caracas alega que el motivo oculto de Washington es caer desde Colombia sobre las inmensas reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Chávez ha recordado la invasión de Irak y a Saddam Hussein colgado por el cuello proyectando sobre él la sombra del ahorcado. «Nos tienen otra vez en la mira porque quieren la Faja del Orinoco», aduce Chávez.

América del Sur está dividida también por este asunto, según ha quedado de manifiesto al término de la gira de urgencia que acaba de hacer el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por siete países en busca de comprensión. Perú dio un apoyo incondicional. Chile y Paraguay respetan la instalación de las bases por ser «una decisión soberana» de Colombia de acuerdo al interés nacional. Brasil recela y pide «garantías formales» de que las tropas estadounidenses –unos 1.200 efectivos entre civiles y militares– no serán usadas fuera de Colombia. Uruguay se muestra «equidistante» y Argentina pone repararos al considerar las bases «inconvenientes». El bloque bolivariano se opone en pleno. El lunes se plasmará el disenso en Quito, en la reunión del Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) a la que no asistirá Colombia.

Una mayor presencia militar estadounidense en Colombia, donde Washington mantiene tropas desde hace veinte años, se siente como una fuerte amenaza para la expansión del mini-imperio de Chávez tras el derrocamiento en Honduras de Manuel Zelaya, a quien algunos consideran un títere suyo. La situación brinda al caudillo bolivariano un pretexto para armarse aun más en su arriesgada carrera para convertir a Venezuela en una potencia militar hemisférica, que discurre bajo los eufemismos de «renovación» y «modernización» de armamentos. Chávez ya ha comprado en Rusia aviones de combate, fusiles, radares y helicópteros. Ahora anuncia a bombo y platillo la próxima adquisición de «al menos tres batallones de tanques» rusos con la intención de convertir a Venezuela «en una fortaleza inexpugnable, como Cuba». Desde La Habana, en sus «reflexiones», Fidel Castro calienta los ánimos. Trata aparentemente de comprar voluntades y moldear opiniones de cara a la próxima reunión de Unasur.

Antes de la gira de Uribe, Colombia soltó dos cargas de profundidad. La primera contra Chávez: el hallazgo en poder de la guerrilla colombiana de las FARC de lanzacohetes suecos vendidos a Venezuela. Ésta acabó detonando en Bogotá porque parece probado que las armas fueron parte del botín de las FARC con ocasión del asalto a una base militar fronteriza de Venezuela, en 1995. Chávez acusa a Uribe de «chantajista», de jugar de manera «sucia y traicionera», y dice sentirse «apuñalado». De momento, debido a la congelación de relaciones económicas adoptada por Chávez contra Colombia están en juego dos millones de empleos, casi 7.000 millones de dólares de comercio bilateral y la continuidad de 1.800 empresas. Según la prensa colombiana, hay abundantes pruebas del envolvimiento del chavismo con el narcotráfico y las guerrillas a través de, entre otros, Ramón Rodríguez Chacín, alto oficial de la marina, hombre del submundo del espionaje, compañero de Chávez en el sangriento levantamiento militar de 1992 y en la cárcel, y su ministro de Interior y Justicia en dos ocasiones y su interlocutor junto a las FARC; así como del jefe del servicio secreto militar, general Hugo Armando Carvajal, que Estados Unidos tiene en su lista negra, y de Henry de Jesús Rangel Silva, ex director de la policía secreta venezolana. La segunda andanada que soltó Colombia fue contra los aliados de Chávez, con la práctica confirmación de la financiación con 400.000 dólares por la narcoguerrilla colombiana a la campaña electoral de Rafael Correa, quien lo ha admitido tácitamente.

Al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no la agradan esas bases yanquis, pero no será él quien le diga a Uribe, al menos públicamente, lo que tiene que hacer en su país. Estados Unidos ha asegurado a parlamentarios brasileño que las tropas ayudarán en el combate al narcotráfico. Pero ese combate trasciende fronteras, sobre todo después de que Washington haya acusado a Venezuela de haberse convertido en un enorme santuario del narcotráfico con apoyos oficiales. A Estados Unidos le preocupa que en territorio venezolano actúe la guerrilla colombiana con la «tolerancia» de Chávez. Esto lo acaba de decir en Brasil el general retirado Jim Jones, asesor de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama. Colombia está muy molesta con la política de Venezuela hacia las narcoguerilla, pero no tiene la intención de provocar un cambio de gobierno en Venezuela sino que trata de defender su propio territorio. «Estados Unidos no quiere la paz en Colombia. Ellos viven de la guerra y ahora montan un escenario contra Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua», replica Chávez. Desde Quito se habla de las intenciones de Colombia de «aplicar la teoría de la extraterritorialidad» atacando cualquier país en nombre del combate el terrorismo, como hizo en marzo del 2008 cuando destruyó el campamento del cabecilla Raúl Reyes, muerto en aquella acción, que las FARC mantenían en territorio ecuatoriano. «No es aceptable que los vecinos de Colombia dejen que sus fronteras sean utilizadas como bases para el ataque a otra nación soberana», aduce el general Jones, con cuya visita a Brasil, la primera potencia de América del Sur, ha tratado de evitar que Lula sea enredado por Chávez o Fidel Castro.

Hay quienes temen que en el actual conflicto colombo-venezolano acaben tomando cuerpo los viejos conflictos por las diferencias limítrofes entre ambos países. Los militares de Venezuela siempre han necesitado a su enemigo histórico, que es Colombia, a lo que deben su razón de ser. «El imperio yanqui tiene dentro de sus planes provocar una guerra entre Venezuela y Colombia», advierte Chávez.

El Gobierno de Lula asegura que no ha recibido de Uribe ninguna garantía sobre la limitación del uso de las tropas al territorio colombiano y que el asunto le falta transparencia. Brasil tiene dudas sobre una eventual injerencia militar estadounidense en la región y demanda la creación de un clima de confianza en la próxima reunión de los doce países de Unasur en Quito.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Réquiem por «Mel» Zelaya

Todo apunta hoy a que Manuel «Mel» Zelaya no recuperará nunca la presidencia de Honduras, ni por el imperio de la ley —que él violó—, ni por las bravatas de Hugo Chávez, las monsergas de Daniel Ortega o los cantos catastrofistas de Fidel Castro. Tampoco por la ineficaz OEA. En Honduras no hay fuerzas significativas que lo respalden ni una opinión popular mayoritaria a su favor. Simplemente, «Mel» Zelaya se puso la soga al cuello, se lanzó al vacío y quedó ahorcado. Jugó con fuego, degradó la democracia, se extralimitó olvidando que sus poderes no era omnímodos y permitió una burda injerencia en su país de Venezuela, Cuba y Nicaragua tendente a cambiar el modelo de convivencia democrática pactado en 1982 para llevar a Honduras al labrantío «chavista».

Pasado el sobresalto inicial causado por la acción de los soldados hondureños echando en pijama a un mandatario elegido por votación popular, que hizo creer a los menos informados en un golpe de Estado latinoamericano a la antigua usanza de los militares gorilas, ahora se está valorando que en Honduras, tras esa suerte de golpe blanco (o blando), la Constitución haya funcionado y la democracia, aunque débil, continúe a pleno pulmón, pese al aislamiento internacional.

En las primeras horas triunfó la idea de que a América Latina habían vuelto los golpes de los militares felones de los años sesentas y setentas como los de Augusto Pinochet o Rafael Videla y sus acólitos. En aquel continente no ha dejado de haber golpes en todo este tiempo. Se cambió el estilo, pero golpes de Estado consumados –aparte intentonas– ha habido en Perú (1992), Venezuela (1993) y Ecuador (1997, 2000 y 2005) en los que unos poderes del Estado destituyeron a los presidentes sin tener potestad para ello. Se clausuró el Legislativo y fue disuelto el Judicial como hizo el peruano Alberto Fujimori; el Parlamento declaró vacante la presidencia con el silenció cómplice de la Justicia para echar del poder al venezolano Carlos Andrés Pérez y al ecuatoriano Lucio Gutiérrez; lo expusieron como un loco sin que mediara un examen médico como fue el caso del ecuatoriano Abdalá Bucaram; se lazaron contra él hordas indígenas delante de los uniformados como le ocurrió a su compatriota Jamil Mahuad. En todos esos casos la Organización de Estados Americanos (OEA) contemporizó. En Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay se produjeron en estos últimos 20 años tumultuosas caídas presidenciales como resultados de grave crisis, en algunos casos con el pueblo alzado.

¿De qué tipo de golpe de Estado estamos hablando en Honduras? No debe costar entender que dos poderes del Estado se vieron obligados actuar contra el Ejecutivo, en defensa de la Constitución, porque el presidente Zelaya la había violentado con la intención de eternizarse en el poder. Se extralimitó en sus competencias convocando una consulta popular, originó un grave conflicto con el Legislativo y el Judicial, frente a los que se mostró en rebeldía, se olvidó de que sus facultades tenían un límite preciso y desencadenó una crisis militar. Hasta a la Iglesia Católica se puso por montera el presidente Zeleya. El error estuvo en enviar al Ejército a echarle del país. Debía habar sido la Policía la que prendiera a Zelaya para llevarlo ante los jueces a enfrentar las acusaciones, con el debido proceso legal, que contra él tendría formuladas la Fiscalía. La Carta Magna hondureña estipula taxativamente, sin ambigüedades ni margen a la interpretación, que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá volver a ser Presidente o Vicepresidente de la República. Quien quebrante esa disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, dice la Suprema Ley de aquel país centroamericano. En consecuencia, como afirma el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, indiscutible autoridad moral de Honduras, no hubo un golpe de Estado y cuando los militares fueron a detener a Zelaya éste, de acuerdo a la Constitución, estaba inhabilitado, es decir, había cesado automáticamente como jefe del Estado.

En el intento de solucionar la crisis hondureñas ha fracasado la OEA, una institución cada vez más inoperante, así como su desafortunado secretario general, el chileno José Miguel Insulza, que actuó para congraciarse con tirios y troyanos en busca de su propia supervivencia en el cargo pensando en el caudal de votos –incluidos los siete del pequeño imperio «chavista»– que le garantizaba la reelección en el cargo. Tampoco han intimidado a las nuevas autoridades hondureñas las extravagancias de Hugo Chávez ni sus amenazas hasta con el desembarque de tropas ni sus disparates. El mandatario venezolano nunca fue un demócrata. Golpista él mismo, sigue practicando la asonada contra la democracia como –sin ir más atrás– demuestra su acción hostil contra alcaldes y gobernadores de oposición elegidos democráticamente en los últimos comicios regionales y municipales a los que no deja gobernar, tema sobre el que la fútil OEA continúa sin pronunciarse.

Chávez no es una voz ética de América, como tampoco lo es un personaje tan controvertido como el nicaragüense Daniel Ortega ni mucho menos los hermanos Castro, dictadores perpetuos de un régimen fosilizado. Todos ellos clamaron en defensa de Zelaya junto a otros dirigentes también de países que no resistirían un examen para demócratas párvulos. Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, entre otros, y por supuesto Cuba son naciones a las que les viene muy grande la Carta Democrática de la OEA que se ha aplicado tan a rajatabla a Honduras. El propio Insulza ha reconocido en privado que sus gobiernos no pasarían el corte si se aplicara la dichosa Carta Democrática.

América Latina un día aprueba el retorno de la dictadura cubana a la OEA –con el beneplácito general desde Río Grande a Tierra del Fuego— y al otro se expulsa a Honduras de ese organismo hemisférico alegando que ha faltado a la dichosa Carta Democrática cuando se trató de ponerlo coto a las ansías de poder de Zelaya. Se trata de una paradoja pues la OEA tampoco ha investigado, sin ir más lejos, el último fraude electoral en Nicaragua en los comicios municipales de noviembre pasado o los dislates en Bolivia y Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correo, se inició a la política como parte de un Gobierno surgido de un golpe de Estado. ¿Por qué nadie pone coto al intervencionismo contumaz de Chávez? ¿Por qué la OEA y la comunidad internacional no actuaron preventivamente en Honduras cuando Zelaya violentaba la democracia? Esta crisis ha desnudado a la OEA.

Con el compás de espera en que han entrado las cancillerías, la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, bendecida por denostado «imperio», se debe conducir la crisis hondureña a una salida electoral cuanto antes. A favor de Zelaya –aparte el «chavismo» y un puñado de hondureños– no queda nadie. Todos los poderes reales de aquel país centroamericanos, incluidos los partidos políticos, los empresarios, la iglesia Católica y las fuerzas armadas, están contra el retorno del Zelaya. Están funcionando con normalidad a pleno sus instituciones democráticas. Se hace necesaria ya una convocatoria a elecciones generales con una adecuada supervisión internacional para zanjar la cuestión. Roberto Micheletti, el presidente en funciones, ha dado reiteradas muestras de estar en una posición constructiva, incluso de beneficiar a Zelaya con una amnistía que el destituido mandatario nunca aceptará porque significará admitir que traicionó a su país.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Chávez sobreactúa de nuevo

Hugo Chávez siempre actúa de forma exagerada y extravagante, lo mismo para tratar de seguir en el poder virtualmente de por vida, como está empeñado, que cuando la emprenden con alguien, como ahora contra Israel.

Aunque Chávez pueda tener razones para condenar rabiosamente la masacre de civiles que está cometiendo Israel estos días en la Franja de Gaza, sus decisiones acaban por colocarlo al lado de los más indeseables.

El mundo repudian mayormente esa barbarie que está sucediendo en Gaza, pero con equilibrios semánticos porque las dos partes tienen razón. Y ambos tienen conductas condenables. Israel tiene derecho a su seguridad como Estado y los palestinos a un Estado totalmente independiente. Y todos a vivir en paz.

Pero Israel no puede masacrar indiscriminadamente con sus bombardeos incesantes a gente inocente, ni poca ni mucha, con el pretexto de batir a su enemigo: Hamás. El mundo tiene que ponerle coto a eso.

Tampoco es de recibo que Hamás, que es la autoridad en la Franja de Gaza, sirva muchas víctimas en banda escudándose en su población civil, disparando cohetes contra el pueblo israelí, buscando permanentemente la provocación y el martirologio, haciendo de las mezquitas –centros que debieran ser sagrados– arsenales y ubicano sus cuarteles generales y oficinas en edificios de familias para que a todos los alcancen los proyectiles del Tzahal.

Hamás no tiene empacho que en la guerra caigan civiles palestinos inocentes sin con ello lleva agua a su molino, como quedó demostrado, entre otros muchos episodios, en la muerte en el campo de Yabalia del clérigo y líder de Hamás, Nizar Rayan, con sus cuatro mujeres y sus ocho hijos. Todos estaban avisados de que Israel iba a bombardear al cabo de poco tiempo. Aunque de ninguna forma esta conducta le salve, Israel suele dar ese tipo de avisos para que la población civil se ponga a salvo. Pero Hamás ha demostrado preferir que las bombas israelíes maten a su gente.

A Chávez se le ha llenado la boca llamando asesino al Gobierno israelí. Ha pedido cosas sin sentido como que se someta al presidente Shimon Peres a la Corte Penal Internacional, junto al presidente de los Estados Unidos, o que el pueblo israelíes se rebele contra sus autoridades legítimas.

Chávez ha irrumpido en esta crisis más que como un elefante, con un auténtico dinosaurio en una cacharrería. Ha roto virtualmente con Israel al ordenar la expulsión de su embajador en Caracas y otros diplomáticos. Nadie en el mundo ha tenido una reacción tan furibunda.

Con ese decisión Chávez logra que se le coloque del lado de un movimiento como Hamás que, aunque ganara las elecciones en Gaza, muchísimos gobiernos consideran una organización terrorista. Por sus prácticas los conoceréis. Se pone también del lado de Siria e Irán, los valedores de Hamás.

Mientras, a los aliados naturales de Venezuela en Latinoamérica les repugna una alianza así, salvo quizás a las «provincias» ideológicas del chavismo. No habría que descartar que Nicaragua, Ecuador o Bolivia hagan algo parecido. Pero, por ejemplo, Brasil, México o Chile, por poner tres casos de gobiernos latinoamericanos sensatos, no se van a embarcar en eso con Chávez.

Claro está, América Latina repudia esa salvajada. México, que ahora está en el Consejo de Seguridad de la ONU, y Argentina ha condenado la utilización excesiva y desproporcionada de la fuerza. Midiendo también las palabras, Brasil ha llamado a una tregua.

El presidente venezolano vuelve a orinar fuera del tiesto, como le ocurrió, sin ir más lejos el año pasado, en el episodio de los rehenes colombianos de las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cuando el mundo clamaba a favor de Ingrid Betancourt y sus compañeros de tan penoso cautiverio, el presidente venezolano, haciendo alardes humanitarios que acabaron por dejarle con el trasero al aire, quedo expuesto como amigo, protector, financista y valedor ideológico de los terroristas colombianos, incluso a la vista de los archivos informáticos de la guerrilla que en aquellos días cayeron en poder de las autoridades.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Uribe tiene la iniciativa

El presidente Álvaro Uribe ha retomado la iniciativa, fortalecido en su gira en curso por Europa donde ha cosechado apoyos importantes a la causa de la paz y la democracia en Colombia, en contra de los grupos terroristas.

Su explicación de que en Colombia hay una democracia —y no una dictadura como tantas hubo en América latina— traspasa los oídos reacios de muchos europeos para quienes las guerrillas son sinónimo de fuerzas alzadas por unos ideales políticos de libertad y justicia. Ante los ojos de Europa Uribe desnuda los horrores de las FARC.

De otro lado, desarma de argucias a las FARC al reiterar su disposición al inicio de conversaciones de paz y a disponer una zona segura para negociar, con garantías internacionales para las partes y una fuerza multinacional de ser requerida, con la sola condición de que los 750 rehenes sean soltados.

Por añadidura, al meter de nuevo en el proceso a Francia, España y Suiza —junto a la Iglesia católica— recupera la mediación internacional que neutraliza la desautorizada, pero persistente, mediación del venezolano Hugo Chávez.

Nadie —salvo un país insignificante como la Nicaragua de Daniel Ortega— ha secundado la iniciativa de Chávez, de dar reconocimiento político a los grupos guerrilleros colombianos. Ni el ecuatoriano Rafael Correa ni el boliviano Evo Morales se han animado a secundarlo. Cuba ni menciona el asunto. Para Fidel Castro las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nunca fueron confiables. El castrismo siempre prefirieron como aliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que fue metido tangencialmente por Chávez en el tema del reconocimiento político internacional. Casi nadie habla de ello, pero los «elenos» a la chita callando están liberando rehenes.

Ahora un Chávez, fracasado y fuera de sí, predica en el desierto a favor de las FARC, y persista a la desesperada en sus obstinados ataques a Uribe, tan desmesurados como insolentes. Este domingo, sin ir más atrás, lo llamó «mafioso», «cobarde», «mentiroso», «cizañero», «indigno» y «triste peón del imperio».

Hay motivos sobrados para que Bogotá rompa todas las relaciones con Caracas, pero con inteligencia Uribe evita dar un paso que supondría más munición a Chávez para explotar los muchos sentimientos anticolombianos que hay en Venezuela y convertirían en la contraparte diplomática en Colombia a las FARC, que serían sujeto de derecho internacional una vez que la Asamblea Nacional venezolana las reconoció políticamente.

Chávez seguramente tomará represalias comerciales contra Colombia y los venezolanos, absolutamente dependientes de las importaciones, saldrán perdiendo por la alta necesidad de alimentos y piezas que tienen del vecino país. En Colombia se teme un apoyo económico y militar a la FARC del régimen chavista. Hay quienes rezan en ambos países para que Chávez no se atreva a tanto porque podría dejarlos al borde de una guerra. Seguramente el comandante bolivariano siga apretando las tuercas pensando en los réditos internos para sus planes personales de reelección indefinida.

La Francia de Nicolas Sarkozy ha entendido las razones de peso de Uribe, que ha visitado en primer lugar Paris en su gira europea. Después fue a Bruselas y a Madrid. Ha quedado claro que Francia no pagará con un reconocimiento a las FARC la libertad, tan ardorosamente perseguida por Sarkozy, de la franco-colombiana y rehén más conocida, Ingrid Betancourt, que languidece en su penoso cautiverio de la selva. La postura anunciada por Francia constituye otro revés para Chávez, que poco antes se había paseado por París alardeando de su ascendencia sobre las FARC, que acabaron engañándole. ¿Por qué las FARC mantuvieron a Chávez en la ignorancia sobre que no tenían al niño Emmanuel y le hicieron pasar aquel amargo trago cuando Uribe reveló la situación? ¿Por qué Chávez no muestra públicamente las cartas que dice haber recibido de «Manuel Marulanda Tirofijo», el cabecilla de las FARC? Ha quedado claro que Chávez no tiene el hilo directo, del que tanto presume, con el estado mayor de las FARC. Los relojes de Chávez y las FARC andan desajustados, pero los relojes de Francia y Colombia, como se ha dicho en París, están sincronizados.

También lo están con la Unión Europea. El Alto Representante de Política Exterior del Consejo de la UE, el español Javier Solana, ha respondido claramente delante de Uribe, en una rueda de prensa en Bruselas, que las FARC no dejarán de ser consideradas como una organización terrorista. La UE, pues, respalda la política de seguridad democrática de Uribe y su propuesta de conversaciones de paz a cambio de la liberación sin condiciones de los 750 rehenes que se pudren en las selvas, para los que el mandatario colombiano está buscando atención médica internacional urgente con el auspicio de la Cruz Roja, dado el precario estado de salud de muchos de ellos, según ha quedado de manifiesto en la correspondencia remitida con las dos mujeres recienemente puestas en libertad.

Uribe se ha apuntado nuevos tantos al aceptar incluso el despliegue de una fuerza multinacional en lo que denomina una «zona de encuentro» desmilitarizada, con observadores internacionales, para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla. El presidente colombiano puede lograr que el mundo entero ejerza presión sobre las FARC por la penosa situación de los secuestrados y porque sus argumentos son de peso.

Chávez ha logrado que en Colombia haya casi unanimidad en torno a Uribe hasta de sus más aguerridos rivales políticos internos —incluso los considerados chavistas—, que han condenado la intolerable injerencia en los asuntos colombianos del mandatario venezolano, en quien ven a un portavoz de las FARC. Esta situación está dejando a Uribe sobre raíles para buscar un tercer mandato.

Francisco R. Figueroa
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