Francisco R. Figueroa
✍️16/12/2022
Un Pedro Castillo envalentonado por Argentina, Bolivia, Colombia y México ha metido a Estados Unidos en la intrincada ecuación peruana para agitar más las calles regadas de violencia y muerte.
El expresidente, destituido por golpista y acusado de rebelión y conspiración, acaba de ser puesto en prisión preventiva por dieciocho meses, cuando se confirma la muerte de veintiuna personas y cerca de trescientos heridos en la escalada de violencia desatada por las izquierda tras el cese fulminantes de Castillo por el Congreso a causa del autogolpe del miércoles 7 de diciembre.
En una nueva carta manuscrita desde la cárcel, Castillo recurre al manido antinorteamericanismo. Acusa a Washington de haber «ordenado» a la nueva presidente, Dina Boluarte, sacar las tropas a las calles para «masacrar» peruanos, a los que el antiguo maestro rural –que en otra anomalía en la historia de su país llegó a jefe de Estado– llama «mi pueblo indefenso».
Las algaradas se suceden desde hace siete días. Las más dramáticas han ocurrido en Ayacucho. Todo Perú está bajo el estado de emergencia y una buena parte además con toque de queda.
Sostiene Castillo con simpleza que el objetivo de Estados Unidos es «dejar el camino libre» a las explotaciones mineras. Le ha faltado en su carta expresiones como «imperialismo» o «neocolonialismo» o, incluso, un «gringo go home» para llegar al fondo del alma de las izquierdas que se han sublevado y siembran el caos en pos de elecciones anticipadas, el cierre del congreso, la libertad para Castillo y de una asamblea constituyente.
El exmandatario se creció después de que Argentina, Bolivia, Colombia y México –a los que más tarde se sumó Honduras– se pusieran de su parte sin considerar su felonía contra la Constitución peruana y poner como argumento que era un presidente surgido del voto popular. Por cierto, ganó en 2021 con los mismos votos que Boluarte, su compañera de fórmula electoral como candidata a la vicepresidencia. Chile, con gobierno también de izquierda, evitó sumarse responsablemente tras haber sido requerido pars ello y, en cambio, apoyó la decisión del Congreso peruano dentro del marco constitucional, posición a la que también se unió Brasil sin que el electo mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, pusiera objeción.
A Castillo se le nota influido por el demagogo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, en su cháchara de este viernes, acaba de calificar de «acto de prepotencia» la visita a la nueva presidente de la embajadora de EEUU, Lisa Kenna, un encuentro que sirvió, según Castillo, para dar la orden de desplegar las tropas.
Oficialmente se informó que la visita de Kenna fue para transmitir «el pleno respaldo» de la administración de Joe Biden «a la institucionalidad democrática» en Perú y a «las acciones del gobierno peruano para estabilizar la situación social». La embajada calificó de «desinformación» lo dicho por Castillo en su misiva. Embajadores de otras naciones fueron, asimismo, al palacio de gobierno a reunirse con Boluarte, seguramente en un intento de dar fuerza a tan fragilísima mandataria.
La posibilidad de que López Obrador hubiera animado a Castillo a aplicar las medidas que supusieron una tentativa de golpe de Estado institucional parece cada vez más evidente. Y puede que no fuera el único.
López Obrador no se cansa de defender la condición de Castillo de «presidente elegido por el pueblo», por encima del debido respeto a la Constitución y el orden democrático, que el destituido mandatario violó al disponer, sin tener poderes para ello, la disolución del Congreso o la convocatoria de una asamblea constituyente al tiempo que pretendía asumir facultades de gobierno propias de un dictador.
Los jueces han comenzado a señalar que Castillo pudo tener la complicidad del ex primer ministro, consejero y paisano, Aníbal Torres (79), y la nueva premier, Betssy Chávez (33), que dimitió, tras solo cinco días en el cargo, cuando comprendió la magnitud del atropello a la Constitución.
Al Congreso peruano le falta diligencia para aprobar una reforma que haga posible el adelanto electoral, solicitado por Boluarte, a la que ya se le están cayendo ministros. El parlamento ha fracasado en la tentativa de aprobar reformas para celebrar elecciones dentro de un año. Cualquier anticipo electoral significa su harakiri porque los congresistas peruanos no tienen posibilidad de reelección.
¿Será una salida a la crisis el adelanto electoral? Es impredecible en un país que en los cuatro últimos años ha tenido seis presidentes y tres parlamentos distintos. Si volvieran a ganar las izquierdas, las derechas las desligitimarían y acosarían desde el primer minuto. Si triunfan las derechas, las calles arderían. Quizás Perú precise una reforma integral de su sistema de convivencia y ello requiera los buenos oficios de amigos extranjeros.
La gente alzada exige la convocatoria de una asamblea constituyente para que elabore una nueva carta magna que sustituya a la derechista de 1993 adoptada tras el autogolpe exitoso de Alberto Fujimori, una demanda en consonancia con el revisionismo adanista de las izquierdas latinoamericanas. Pero las derechas desean mantener la vigencia de la ley fundamental fujimorista que, según ellas, es la causa de tantos años seguidos de progreso económico. ✅
