Los desafíos de Bachelet frente al menosprecio del electorado

Francisco R. Figueroa | 18 Diciembre 2013

Las recientes elecciones presidenciales chilenas hicieron bueno el pronóstico de victoria de la socialista Michelle Bachelet y pusieron de manifiesto un formidable desprecio a la clase política veintitrés años después de la restauración de la democracia.

Bachelet derrotó en segunda votación a la derechista Evelyn Matthei con un abrumador 62% de los sufragios. Pero fue un triunfo raquítico a la vista de la dramática abstención registrada.

El hecho de que casi el 60% del electorado no acudiera a las urnas redujo el respaldo popular a Bachelet al entorno del 25%, lo que significa que tres de cada cuatro chilenos no avala a presidenta que asumirá el cargo el próximo día 11 de marzo.

La comparición se torna más espeluznante si se tiene en cuenta que Bachelet disponía del 84% de aprobación ciudadana cuando dejó el poder en marzo de 2011 tras concluir su primera presidencia.

Tantísima deserción de votantes, además de deslustrar el retorno de Bachelet a la Casa de la Moneda, el palacio presidencial, puso de manifiesto ese notable rechazo de los chilenos hacia la clase política nacional, especialmente entre los jóvenes. Fueron esas las primeras elecciones presidenciales en las que votar no era obligatorio.

El menosprecio no es gratuito. Tiene que ver con que Chile sigue siendo un país terriblemente desigual e injusto sometido aún por el modelo que impuso en los años ochentas del siglo pasado la dictadura del difunto general Augusto Pinochet y mantuvieron los gobiernos democráticos habidos a partir de 1990.

Esos gobiernos consiguieron la ovación de los mercados, la palmadita en el hombro de los inversores y el enaltecimiento de los burócratas de los organismos internacionales. Pero el precio ha sido el rechazo de las grandes mayorías que se ha evidenciado durante el proceso electoral y que ya presagiaban las protestas ciudadanas que se registran desde mayo de 2011.

El «ejemplo chileno» es alabado hasta la saciedad. Pero el magnífico aumento sostenido de la riqueza nacional no llevó aparejado una reparto más equitativo de la misma, algo que ya se veía a la caída de la dictadura como una necesidad imperiosa y el gran desafío para los nuevos dueños del poder.

La bonanza económica se había logrado con Pinochet en ausencia de libertades, sin oposición ni sindicatos ni posibilidad de huelga, a un costo social elevado y dejando al margen del progreso a la otrora poderosa clase media y, por supuesto, a los sectores populares.

Pero ninguno de los gobernantes democráticos –los democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, el socialdemócrata Ricardo Lagos, la socialista Bachelet y el derechista Sebastián Piñera– emprendieron las reformas que la sociedad chilena reclamaba.

De modo que tras casi un cuarto de siglo en democracia Chile tiene la más desigual distribución de ingresos entre las 34 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de los países más ricos del mundo. Y también entre los de América Latina, coun un coeficiente similar al de Honduras, Nicaragua o Guatemala.

Por ejemplo, el 1% más opulento de su población chilena controla un tercio de la riqueza y tiene una renta cuarenta veces mayor que el 80%. Un 0,1% se reparte el 20% de los ingresos totales. Son cifras de la Universidad de Chile.

Esas diferencias son significativas cuando se hace una comparación con una nación prototipo de economía capitalista como es Estados Unidos y resulta alarmante en el caso de que la medición se haga con relación a Alemania de la conservadora Angela Merkel.

Bachelet tiene la obligación de sentar bases para comenzar a cambiar el cuadro, para satisfacer la demanda de la población. El desencanto es evidente, el hartazgo patente y las protestas están en las calles.

La presidenta electa propuso un programa de gobierno ambicioso, sin duda con la idea de desmontar el andamiaje que aún queda en pie de la dictadura. Es consciente de que el país necesita una nueva Constitución. La cuestión es si podrá.

La Constitución chilena exige determinadas mayorías cualificadas para la modificación de ciertas normas legales y para la reforma de la propia Carta Magna. Esos baremos constituyen los sietes cerrojos que la propia dictadura le puso al régimen político y económico pinochetista.

Bachelet ha propuesto una nueva ley fundamental, aunque no ha explicado cómo pretende abordarla, si mediante la reforma de la actual de 1980 de la dictadura, que ha sufrido en este tiempo quince enmiendas aunque ninguna sustantiva, o impulsando una constituyente, como le reclaman por la izquierda.

La presidenta electa podría abordar cambios que requieren de mayoría absoluta como la reforma tributaria, la creación de un sistema público de pensiones, la apertura de nuevas universidades estatales, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto (con permiso de los democristianos).

El panorama parece favorable para lograr alianzas que permitan instaurar un sistema educativo al alcance de las grandes mayorías, en sustitución del modelo costoso para el alumnado, injusto y poco eficiente que dejó la dictadura,  o llevar a cabo una reforma laboral.

Pero los cambios constitucionales exigen mayorías que no reúnen los partidos aliados con Bachelet, un conglomerado que va desde la democracia cristiana a los comunistas. Meterle mano al tinglado constitucional pinochenista parece misión imposible.

Bachelet requeriría el apoyo de toda su bancada, la de los pocos parlamentarios independientes que hay y, sobre todo, convencer a algunos legisladores de la derecha, que sale de una de sus peores derrotas en las urnas pues perdió en el 95% de los distritos electorales y no supo aprovechar de cara a los comicios la ventaja de tener en la presidencia a uno de los suyos, el saliente mandatario Sebastián Piñera.

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La exhumación del Cóndor

Homenaje a Goulart en Brasilia (14-11-2013)

Tras los casos de Pablo Neruda y Yasir Arafat llega la hora de saber si  João Goulart murió envenenado por sicarios de la dictadura brasilera.



Por primera vez han exhumado a un presidente de Brasil. Ha sido bajo sospecha de asesinato en el ámbito de las tramas siniestras de la Operación Cóndor, orquestada, con posible implicación de la CIA estadounidense, para liquidar a los adversarios de las dictaduras militares suramericanas.

Fuera de Brasil la memoria alcanza a pocos para recordar a «Jango». Así era conocido popular y familiarmente el político socialista que gobernó Brasil de septiembre de 1961 a abril de 1964. Se llamó João Belchior Marques Goulart. 

Era un populista moderado de izquierda que coqueteaba con los enemigos comunistas de Estados Unidos. Practicaba una política externa independiente, contraria a la alineación automática con Estados Unidos. Reató relaciones con la URSS y mantuvo una posición crítica con Cuba pero contraria al entrometimiento de Washington.

Su empeño en sacar adelante políticas nacionalistas y populares le costaron ser derrocado por un golpe militar en el que los intereses de Estados Unidos se aliaron con el conservadurismo más rancio civil y militar brasileño. Fue el primer golpe de la serie orquestada en América Latina por Estados Unidos durante la Guerra Fría para evitar  alegadamente la proliferación del comunismo en el continente.

Goulart con John Kennedy (1962)

Jango apoyaba al movimiento obrero, quería repartir tierras baldías, reformar la educación y la salud, alfabetizar a la gente, revisar las concesiones de explotaciones mineras, subir los impuestos y retener el 10% del beneficio de las multinacionales. Buscaba mejorar las condiciones de vida en Brasil, un país terriblemente injusto.

Pero Estados Unidos vio aquello como el inicio de revolución comunista. Y actuó en consecuencia, incluso con desmesura, según quedó comprobado por numerosos documentos secretos desclasificados. Finalmente no fue necesaria la intervención que estaba preparada. La dictadura militar que siguió duró 21 años.

Goulart murió en el exilio, en Argentina, en diciembre de 1976. Supuestamente por un ataque cardíaco. No hubo autopsia. Apenas el dictamen del galeno local argentino que certificó el óbito y el testimonio de la viuda, Maria Teresa Fontella Goulart, que vio como el infarto lo fulminaba.

Pero hay indicios de que ese ataque fuera consecuencia de la ingestión involuntaria de sustancias químicas letales camufladas en los remedios que el difunto Jango tomaba habitualmente. El Ministerio Público Federal de Brasil investiga esta posibilidad desde 2007. De ahí la exhumación.

Cuenta el testimonio de un uruguayo llamado Mario Neira Barreiro, actualmente preso, que en 2006 confesó haber participado, con otros mercenarios al servicio de Brasil, de un complot para asesinar a Goulart mezclando una dosis letal de un producto —cuyo nombre no recordaba exactamente— con las píldoras que habitualmente tomaba el exgobernante por un problema del corazón.

Pero hay quien considera a ese antiguo sicario uruguayo un megalomaníaco con nula credibilidad y esgrimen su condición de delincuente común con múltiples antecedentes policiales.

Se dieron varias circunstancias. El régimen militar brasilero veía a Goulart como un enemigo capaz de aglutinar las fuerzas democráticas. Por eso lo mantenía vigilando permanentemente tanto en Argentina como en su exilio anterior en Uruguay. La CIA colaboraba en ese monitoreo.

Está comprobado, asimismo, que agentes de la dictadura brasileña entraron en su residencia y robaron documentos. También pudieron colocar el veneno.

Además, en el lapso de nueve meses otros dos líderes demócratas de Brasil murieron en circunstancias extrañas. Uno de ellos también había sido presidente de Brasil. Se llamaba Juscelino Kubitschek y Jango había sido su vicepresidente.

Fidel Castro con Goulart y Kubitschek

Una de las sustancia que pudieron suministrarle a Jango fue escopolamina, conocida también como burundanga. Es una droga capaz de anular la voluntad de las personas. Pero en dosis altas puede provocar complicaciones cardíacas severas, un colapso e, incluso, la muerte.

El cadáver de Jango fue exhumado este miércoles en el cementerio de su localidad natal, São Borja, la cuna de dos presidentes brasileros ubicada en el estado de Río Grande del Sur. Luego los restos mortales fueron trasladados a Brasilia para obtener las muestras, que serán analizadas por dos laboratorios internacionales, y recibir los homenajes que la nación le debía desde hace cuatro décadas. «Mi marido ha sido rescatado de la historia», exclamó la viuda.

El 6 de diciembre, en el 38º aniversario de su muerte, João Goulart volverá a bajar a la sepultura, esta vez con honores de jefe de Estado. Para entonces, probablemente, se habrá apagado el eco de la polémica por el alegado uso político que han hecho de los restos mortales de Jango la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su Partido de los Trabajadores (PT). En los casi treinta años anteriores con democracia, Jango permaneció extraviado en la historia nacional.

Existen dudas fundadas de que al cabo de casi cuarenta años de su muerte los forenses puedan llegar a  verificar el posible envenenamiento.

En estos días se ha sabido el resultado de los análisis a los restos mortales de dos personalidades sospechosas de haber sido asesinadas.

En el caso del difunto líder palestino Yasir Arafat hay hartas posibilidades de una intoxicación en 2004 con polonio, según los forenses.

Pero en el del poeta chileno y Premio Nobel Pablo Neruda ha quedado descartado el envenenamiento por parte de agentes de la dictadura pinochetista al confirmarse que falleció de cáncer en septiembre de 1973.

En cambio, ya se sabía que el expresidente democristiano chileno Eduardo Frei Montalva, que murió en enero de 1982 de septicemia, fue envenenado con talio y mostaza sulfúrica por la dictadura pinochetista, mientras se recuperaba de una sencilla intervención quirúrgica por hernia de hiato en un hospital de Santiago, según se comprobó tras su exhumación en 2006.

«Estudiamos mucho este caso porque las dictaduras de Chile y de Brasil emplearon métodos semejantes y sus aparatos represivos estaban en contacto para coordinar tareas. Los envenenamientos han sido una técnica utilizada por el terrorismo de Estado para eliminar a sus enemigos sin dejar  rastro», recordó en declaraciones a periodistas la ministra Maria do Rosário Nunes, responsable de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil.

Uno de los expertos internacionales que intervienen es el cubano Jorge González Pérez, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, que trabajó en Bolivia en el descubrimiento y reconocimiento de los restos de Ernesto «Che» Guevara.

Hay cálculos que atribuyen a la Operación Cóndor haber torturado a unas cuatrocientas mil personas y causado la muerte de cerca de cien mil. Colaboraron los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Estados Unidos alega que no hay prueba de su participación activa. Pero que estaba al tanto, lo estaba. |||

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Nicaragua: Somoza reencarnado

Francisco R. Figueroa / 8 noviembre 2011

 

Los integrantes del comando que en septiembre 1980 liquidó a Anastasio Somoza en una calle de Asunción no podían imaginar que años después su víctima, último miembro del clan que mantuvo subyugada a Nicaragua durante 43 años, se reencarnaría en uno de sus más acérrimos enemigos y entre los posibles urdidores de aquel atentado.

 

Cada vez son más los que ven como un remedo de Somoza y como un «dictador sin principios» al viejo comandante sandinista Daniel Ortega, de 65 años, quien el domingo pasado fue reelegido presidente de Nicaragua por un pueblo dominado por la pobreza y la superstición al que se ganó repartiendo títulos de propiedad, víveres y hasta cerdas preñadas, una generosidad costeada con los abultados donaciones del caudillo venezolano, Hugo Chávez, y el tesoro público nacional nicaragüense, que usa a discreción.

 

Las elecciones presidenciales en Nicaragua han dado a Ortega dos tercios de todos los votos y el doble de diputados que sus opositores. Esos comicios han representado, además, un plebiscito encubierto sobre Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo, y el referendo de todas las artimañas legales de los jueces felones que prevaricaron para driblar el doble impedimento constitucional que incapacitaba al gobernante para aspirar a la reelección. Su candidatura ha sido tachada por sus adversarios de «ilegítima, ilegal e inconstitucional», sin resultados por la subordinación total de las instituciones nicaragüenses al matrimonio presidencial.

El proceso electoral nicaragüense estuvo plegado de denuncias de irregularidades y, según Transparencia Internacional, no ha sido «ni justo ni honesto ni creíble». Por el contrario, presenta «indicios de fraude», según cita de la BBC. Los resultados, agrega, fueron manipulados para permitirle a Ortega gobernar sin oposición y poder reformar la Constitución a su antojo para eternizarse el poder.
 

Dentro del esquema de corrupción y clientelismo montado por Ortega, el Consejo Supremo Electoral está evidentemente en sus manos. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) aseguran que sus observadoras tuvieron problemas para hacer su labor durante la jornada electoral y que detectaron «trabas y mañas». Otros organismos denunciaron que en la cuarta parte de los colegios electorales no hubo fiscales de la oposición.

La frágil democracia nicaragüense ha quedado herida de muerte en el país más pobre de América junto con Haití. Los resultados de las elecciones no han sido aceptados por el principal candidato de oposición, Fabio Gadea, porque, según alega, ese cómputo no refleja la voluntad del pueblo sino la de Ortega.

Enterrados en el tiempo quedaron los ideales que animaron la revolución sandinista y la guerra civil que acabó en 1979 con la dictadura somocista. El antiguo guerrillero continúa exhibiendo la bandera de la revolución. Pero están totalmente desteñidas y hechas jirones. Su discurso es confuso, con una fuerte tono religioso. Ataca retóricamente a Estados Unidos y el imperialismo, y deja hacer a los empresarios con la condición de que no se metan en política. De los viejos tiempos a su lado apenas quedan oportunistas. Sus antiguos aliados hace tiempo que le abandonaron. Hoy su principal soporte es Rosario Murillo, su ambiciosa esposa y maquinista del aparato mediático.

Como señala el escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua en tándem con Ortega de 1984 a 1990, el reelegido jefe del Estado no cree en la democracia representativa y ve las elecciones como un mal necesario. Tiene un proyecto de poder a largo plazo, para lo que trata de poseer cada vez mayor poder económico, un control más efectivo sobre las fuerzas de seguridad y más medios de comunicación. Lo que viene en Nicaragua es menos tolerancia con la oposición y menos democracia.
 

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Nuevo golpe a la democracia en Nicaragua

Francisco R. Figueroa / 13 agosto 2010

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus secuaces han perpetrado un nuevo asalto al poder, esta vez al Judicial, dentro de una estrategia desmañada pero exitosa para someter a todos las instituciones del Estado con la finalidad de perpetuarse en el mando, aunque la ley lo impida. A Nicaragua regresa el despotismo, una nueva dictadura que ilumina y financia el «duce» venezolano, Hugo Chávez.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo ― ambos comparten de facto el gobierno de un país paupérrimo convertido en satrapía matrimonial ―, han copado la Corte Suprema sustituyendo arteramente a siete magistrados adversos al llamado «orteguismo» por otros, sus suplentes, que les son adeptos.

Han despreciado un arsenal de pronunciamientos sobre la ilegalidad del procedimiento, con el pretexto de volver a poner a funcionar el Supremo, que llevaba diez meses paralizado luego que Ortega prorrogó las funciones de varios magistrados por un decreto – el llamado «decretazo» – a todas luces inconstitucional.

Los magistrado destituidos mediante el último golpe de mano se oponían al patoso procedimiento mediante el que, desde el año pasado, se pretende suspender el artículo 147 de la Constitución que impide la reelección de un presidente y de Ortega por partida doble ya que ha ocupado la presidencia en dos ocasiones: 1985-1990 y el actual mandato para el período 2007-2012.

La oposición de esos magistrados, identificados con el liberalismo rival, era uno de los últimos obstáculos que tenía Ortega para su proyecto absolutista, después de haber obtenido en la Asamblea Nacional la fidelidad perruna de un grupo de diputados de oposición felones. Por tanto, el camino de la reforma constitucional por el poder legislativo, que debe ser tramitado entre este año y el próximo, parece despejado para santificar la reelección presidencial en provecho de Ortega.

Nicaragua es una nación sufrida. Aparte los desastres naturales como terremotos y huracanes que periódicamente le flagelan, la peor plaga es la perfidia y la corrupción de los gobernantes, que lo mantienen como uno de los países más pobres del planeta. Es la nación más grande y también la más atrasado de Centroamérica. De sus seis millones de habitantes, el 80% son pobres y dos de cada tres personas sobrevive con menos de un dólar por día, sin tener a su alcance el trabajo formal, la sanidad adecuada y educación digna, y ni siquiera el agua potable o el alcantarillado. La cuarta parte de la población ha emigrado y si no fuera por que remesan una cifra equivalente al 20% del PIB la nación habría sucumbido. Luego está «la ayuda» de Hugo Chávez, que equivale al 30% del presupuesto nacional.

Nicaragua fue tierra de dictadores vesánicos como los Somoza. En 1979 los muchachos sandinistas mataron la culebra en la última guerra «romántica» que ha conocido el mundo. Pero al poco se configuró una dictadura de los comandantes de la revolución. La mayoría de los líderes sandinistas se pudrieron y hubo una orgía de inmoralidades conocida por «la piñata». Cada día se habla menos de la monstruosidad de Daniel Ortega al abusar de la menor Zoila América Narváez, hija de su esposa, Rosario Murillo, y, por tanto, su hijastra, y que la esposa, obnubilada por la vuelta al poder, hizo como los monos ciego, sordo y mundo de la leyenda oriental. Con artimañas Ortega pudo volver a la presidencia y desde entonces perpetra asaltos sin freno para adueñarse totalmente del poder, por la fuerza, por el chantaje o comprando voluntades con el dinero que Chávez le entrega como supuesta ayuda al desarrollo y que él y su esposa manejan a discreción.

«Con Somoza perdimos la costumbre de sufrir con los dientes apretados, así que no importa cuánta riqueza mal habida pueda meter la pareja (presidencial) bajo el sombrero de Sandino, tarde o temprano también recibirán de nuevo su merecido histórico, sólo que esta vez debemos asegurarnos de que no tengan impunidad», se podía leer estos días en el diario «La Prensa».

Ortega golpea sistemáticamente a los otros poderes del Estado, pero, a diferencia de lo ocurrido en la vecina Honduras, ninguna cancillería se queja. Nadie condena la ruptura del orden constitucional en Nicaragua. Ni José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni Miguel Ángel Moratinos, el ministro español de Asunto Exteriores. A estas alturas muchos tienen claro que el antiguo comandante revolucionario sandinista Daniel Ortega se ha convertido en una remedo del dictador Anastasio Somoza. © DEL AUTOR

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Meterse en Honduras

La situación en Honduras, con el naufragio hasta hoy de todas las gestiones, parece empantanada. Pero dentro de ese pequeño país centroamericano la situación fluye y desde el lunes pasado evoluciona rumbo a las elecciones del 29 de noviembre próximo cuando 4,5 millones de votantes escogerán nuevo presidente de la República así como diputados, alcaldes y regidores municipales.

Esos comicios quedaron convocados el pasado 29 de mayo, preceptivamente con seis meses de antelación a su realización y un mes antes de la turbulenta destitución del presidente Manuel Zelaya. Es este un punto significativo frente a quienes tratan de deslegitimar las elecciones con la argucia de que el llamado a las urnas fue hecho por «el gobierno de facto» de Roberto Micheletti.

Importaría menos quien convocó a elecciones, incluso en el caso de que hubiera sido el propio Micheletti, que está desacreditado internacionalmente como un gobernante producto de un golpe de Estado y, por tanto, ilegítimo. «Goriletti», le zahieren sus adversarios, sobre todo el venezolano Hugo Chávez, quien se llena la boca condenando el golpismo cuando su irrupción en política fue como cabecilla de un cruento golpe de Estado, en 1992, al frente de un grupo de militares felones.

Es conveniente recordar que Micheletti fue colocado en la Presidencia de la República siguiendo las previsiones constitucionales, por un Congreso Nacional legítimo que estaba conforme con la destitución de Zelaya, como también lo estuvo la Corte Suprema, asimismo legal, que, previamente a los hechos y a pedido del Ministerio Público había aprobado por unanimidad una acusación contra el entonces jefe del Estado por «traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones», y emitido una «orden de captura y allanamiento» contra él.

Eso porque Zelaya, gobernando alegadamente al dictado de Hugo Chávez, había convocando, sin tener poderes para hacerlo, una consulta popular sobre la posibilidad de reunir una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo, entre otros, sería la reelección presidencial indefinida para perpetuarse en el poder y dotar al país de una Carta Magna acorde al ideario chavista. La actual Constitución hondureña impide de manera taxativa la posibilidad de reelección con una llamada «cláusula pétrea» y limita su reforma exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo.

Aceptando que Micheletti sea un gobernante espurio — y Honduras la cruel dictadura que Zelaya y Chávez retratan—, también lo fueron los gobiernos militares en América Latina que convocaron y llevaron a cabo las elecciones que hicieron posible el tránsito a las actuales democracias. Todos esos comicios fueron efectuados con menos vigilancia y garantías de respeto a la voluntad popular que tendrán los hondureños de noviembre. Así sucedió en Brasil, Argentina, Chile, Perú (por partida doble), Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, la propia Honduras y otras repúblicas centroamericanas y caribeñas, en Europa y en otras partes del Mundo. Por ejemplo, las elecciones que posibilitaron la tan admirada transición española también fueron convocadas por unas autoridades sin legitimidad democrática, emanadas del franquismo. Para celebrar esas elecciones a nadie se le ocurrió exigir la reinstalación de los regímenes políticos anteriores a las respectivas interrupciones de la democracia. Lo importante era que se retomaba la senda de la libertad.

La historia de América Latina registra dos casos peculiares de restitución en el poder de dos presidentes golpeados: la del boliviano Hernán Siles Zuazo, en 1982, por un Congreso Nacional que reconoció la validez de las elecciones de 1980 atropelladas por el enésimo golpe militar en aquel vapuleado país, y la del peruano Fernando Belaúnde Terry, quien en 1968 fue sacado en pijama, como Zelaya, del palacio presidencial, rumbo a Buenos Aires, por militares izquierdistas y en 1980 logró la reposición en la jefatura del Estado por la fuerza de la votación popular que llevó de nuevo la democracia a Perú.

Las naciones que claman por el retorno de Zelaya al poder y se manifiestan contra las elecciones o por su boicoteo se enfrentan a una alternativa diabólica: si no aceptan los comicios hondureñas emborronarían sus propias transiciones a la democracia y sentarían un serio precedente; si las revalidan estarían haciendo válido implícitamente lo que consideraron un golpe de Estado.

Por otro lado, es inconcebible que se exija a Honduras tal pulcritud democrática con la restitución de un presidente como Zelaya que había ensuciado la democracia y no se haga el menor reclamo por la ausencia de democracia en Cuba o a Chávez por la conculcación de la democracia en Venezuela.

El Gobierno de Honduras, su Parlamento, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y la jerarquía de la Iglesia Católica se muestran unidos entorno a la celebración de las elecciones de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra la posibilidad de retorno a la presidencia de Zelaya. Hasta la izquierda tiene ya sus candidatos, aunque hay quienes amenazan de retirarse si Zelaya no es restituido en el poder, algo en lo que cada vez cree menos hasta su principal valedor, Chávez, considerado el causante de la situación hondureña.

El gobierno de Tegucigalpa opina que se está produciendo un cambio de posición de la comunidad internacional que ahora le acorrala y que ya hay países que ha pasado a tener posiciones más comedidas respecto a lo sucedido el 28 de junio, cuando los militares sacaron del poder a Zelaya. Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) con su risible secretario general, el chileno José Miguel Insulza, a la cabeza, siga diciendo que no reconocerá los comicios de noviembre.

Gobiernos como Estados Unidos —hasta el punto de que Zelaya le exige «más firmeza»—, México o Brasil han dejado de insistir en la condición sine qua non de reposición en el poder de Zelaya, en la que machaca, por ejemplo, el gobierno español. Washington aún no se ha pronunciado legalmente sobre si lo ocurrido en Honduras fue un golpe de Estado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de conceder a Honduras asistencia financiera por casi 150 millones de dólares, mientras que la Unión Europea aseguraba que «no dejará aislado al país» en materia comercial, en contra de la propuesta española de dejar a Honduras fuera de las negociaciones con Centroamérica de un acuerdo de asociación que se desarrollan desde hace cerca de dos años. Un nuevo revés en la política iberoamericana del ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos.

Con la mirada en el futuro, la comunidad internacional debe apoyar las elecciones hondureñas de noviembre, si se quiere bajo la fórmula de «transición a la democracia» para que algunos salven sus muebles, con observadores de la OEA, la Unión Europea, las naciones vecinas, el Centro Carter y cuantas instituciones de reconocido prestigio se consideren necesarias, de modo que la nación centroamericana salga cuanto antes del atolladero al que le ha conducido un personaje como Hugo Chávez, hacían quien esos celosos guardianes de la ortodoxia democrática hacen la vista gorda, mientras aumentan las denuncias sobre que en Venezuela se levantan —lento, pero seguro— los muros de un nuevo Estado totalitario.

Francisco R. Figueroa
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Cuba: la historia los triturará

Desde la «revolución perdida» retratada en un artículo en El País por el escritor e historiador español Antonio Elorza, a aquella conversación telefónica con un familiar de un veterano combatiente de Sierra Maestra que se quejaba la pasada Navidad con la metáfora de que «Cuba está muerta, pero nadie acaba de enterrarla», según el relato del poeta exiliado Raúl Rivero en El Mundo; a las estadísticas recogidas en The Miami Herald por el periodista argentino Andrés Oppenhaimar para sostener que a los cincuenta años de la entrada de los barbudos en La Habana el régimen castrista «no tiene mucho que mostrar».

Son cincuenta años de oprobiosa dictadura comunista, medio siglo de un régimen opresivo que ha ido de «victoria en victoria» hasta el desastre final. Cincuenta años de tiranía y comunismo, con «los horizontes emborronados y el pueblo en la miseria», como dijo Luis María Ansón en sus cartas domingueras (dirigió una a Raúl Castro) en El Mundo. Un aniversario sin gloria, una revolución en ruinas, la más larga dictadura que ha conocido un pueblo latinoamericano, un país sometido a los arbitrios de un personaje delirante, desatinado, como Fidel Castro y otro opaco como es su hermano y heredero Raúl.

«La dictadura cubana ha mejorado algunos indicadores sociales, pero otros países latinoamericanos han hecho lo mismo sin sacrificar libertades básicas y a un costo muchísimo menor en sufrimiento humano», afirmó Oppenheimer. Elorza habló del fracaso de aquella «hermosa revolución» que deslumbró a medio mundo, su rápido viraje a la dictadura, a las ejecuciones, a la cárcel incluso para revolucionarios disconformes como Huber Matos; la tela de araña policial que envolvió desde temprana hora al pueblo cubano, la supresión de la prensa libre, la ineficacia en economía del régimen, el cesarismo populista de Fidel asentado sobre la represión permanente. «Medio siglo después de la entrada de los barbudos en La Habana, ahí seguimos», afirma.

Casi las dos terceras partes de las tierras de cultivo de la isla se mantienen baldías, mientras la gente pasa necesidades. El 85% de los alimentos se importan, la mayor parte de Estados Unidos, pese al embargo, que es una medida caduca, desafortunada y desacertada. El salario medio mensual es de 15 euros y las pensiones de 8. Hay cartilla de racionamiento, que no alcanza para cubrir ni la mitad de las necesidades básicas. De las 33 naciones de América Latina y el Caribe, Cuba se ubica en el vigésimo tercer lugar en nivel de desarrollo humano, según cifras de la ONU. De sus once millones de habitantes solo 17.000 tienen acceso a Internet, 12.000 al teléfono móvil y un 9% al teléfono fijo. Tienen también menos computadores, autos o televisores que sus vecinos latinoamericanos. Por supuesto que los cubanos no tienen acceso a emisoras libres de radio y televisión ni a los canales por cable o satélite. Sus niveles de alfabetización o mortalidad infantil son similares a los de Trinidad y Tobago o Chile. Cuba carece de reservas de divisas, está económicamente atenazado y sus ciudadanos llevan una vida sombría.

Puede afirmarse que el proyecto de transformación social iniciado hace cincuenta años por Fidel Castro ha sido un fiasco. Lejos de aportar prosperidad y bienestar al pueblo, lo único que han traído estos años ha sido miseria, fragmentación de la familia cubana, exilio, atraso y aislamiento internacional, concluía un análisis en el diario madrileño ABC. «Después de cincuenta años de penurias, hambre, golpizas y candados, la sociedad cubana está enferma, crispada y muy dividida», sostuvo Raúl Rivero, ex prisionero de los Castro, en artículo «Socialismo o muerte, valga la redundancia». Tras medio siglo de dictadura castrista, Rivero dice que el cuadro en cuba es «el de una sociedad enferma, crispada, pobre y dividida. Una nación sin pan, sin sueños, sin libertad y como un barco al pairo (…) Cuba no ha muerto (…) Está paralizada. Asiste al velorio del Frankestein del socialismo tropical, espantoso en su media rueda».

Francisco R. Figueroa
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Cuba: esperanza, espera y decepción

El presidente Raúl Castro ha hecho una serie de anuncios que significan la postergación de sus tímidas, pero esperanzadoras, reformas en Cuba, debido a los efectos de la crisis global. El trance en que se ve el mundo es consecuencia de los excesos del libre mercado cuando la situación cubana hunde sus raíces en la conmoción causada por la crisis del comunismo y el desmoronamiento del bloque soviético así como tiene que ver con la contumaz impericia de los dirigentes de La Habana, su irresponsabilidad perseverante y el envanecimiento y el fundamentalismo de Fidel Castro. Es el peso muerto de ese régimen anquilosado, esclerótico y exánime, que ahora cumple cincuenta años, lo que mantiene postrada a Cuba. El régimen castrista es el origen de la cuestión y la crisis capitalista le sirve de nueva coartada.

Las reformas –Raúl dice– no han sido engavetadas y se irán aplicando «sin apresuramiento ni exceso de idealismo». Le faltó decir que «y con la venia de Fidel» o «después de que mi hermano se muera». La reestructuración general del Gobierno quedó también aplazada. La contrarreforma de Raúl tendrá, pues, que esperar más en medio de la decepción del pueblo, que siguió a la espera tras los primeros anuncios a raíz de tu toma de posesión en febrero pasado. Porque la verdad es que hasta ahora las principales iniciativas de Raúl y otras que, según se afirmaba, tenía en mente –entre ellas la libertad de entrada y salida del país para todos los cubanos– han sido frenadas una tras otra por el líder providencial de la isla desde su ignoto retiro de enfermo, desde donde mantiene maniatado a su hermano menor. El general Raúl Castro es, en efecto, el Presidente de la República. Pero Fidel Castro continúa siendo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista. Y no se pude olvidar que en Cuba el Partido Comunista está legalmente por encima de todas las demás instituciones. Además, Fidel continúa siendo venerado como Comandante en Jefe. De manera que a Raúl le queda la decoración, el protocolo y poco más, con casi ningún margen de maniobra.

Se trata ahora, dice Raúl, de «ajustar los sueños a las verdaderas posibilidades», que realmente vienen determinadas por la voluntad de su hermano Fidel. Antes de cualquier reforma sustancial, mucho más allá del simbólico permiso para pernoctar en hoteles o la autorización de compra de ciertos enseres electrodomésticos para gente que mayormente carece de posibles, habrá que celebrar el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá que pronunciarse sobre cualquier cambio. Se dice que ese congreso tendrá lugar el mes de octubre, pero hasta la fecha no lo han convocado. Tampoco han comenzado los preparativos ni las reuniones provinciales, de las bases y de las organizaciones políticas y de masas. De modo que los observadores tienen sus dudas. Si para cuando se celebre ese congreso siguiera vivo Fidel seguramente pondrá todo su enorme peso ideológico para que nadie cambie sustancialmente. No parece probable que al final de su vida el obstinado Fidel vaya a dar su brazo a torcer ni nadie se atreva a contradecirle.

En su discurso de fin de año en la Asamblea Nacional, Raúl dijo de alguna manera que Cuba no puede quedar a merced de Venezuela en temas económicos. El régimen de Hugo Chávez, según fuentes en Cuba, proporciona a La Habana una ayuda que anualmente asciende a 6.000 millones de dólares una cantidad muy importante comparada con los 5.000 millones de dólares en los buenos tiempos le proporcionaba a Castro la Unión Soviética. No se sabe cuanto peso habrá tenido en esa afirmación los sentimientos de Raúl hacia Chávez. Es de sobra conocido que al hijo putativo de Fidel, el tío putativo Raúl no lo quiere, lo le cae bien.

En ese discurso Raúl propuso recetas que obligarán a los cubanos y sus dirigentes a ajustarse el cinturón, a quienes les quede cinturón y cintura para aguantar.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

Males de la chaveta

Hugo Chávez juega al superhéroe de Latinoamérica, como el Chapulín Colorado. «No contaban con mi astucia», dice también el presidente venezolano mientras impone de nuevo la enmienda para su reelección indefinida. Política marrullera, prestidigitación ideológica, mitomanía revolucionaria y heroísmo de hojalata. Con arengas patrioteras y soflamas revolucionarias se disfraza una ambición obsesiva de poder. ¡Tiemblen, tiemblen pitiyanquis, vendepatrias, oligarcas que ahí tienen otro caudillo mandón como tantos que ha conocido Latinoamérica!

Hace unos días se cumplió otro aniversario de la muerte de viejo, en 1935, del mayo tirano que ha tenido Venezuela: Juan Vicente Gómez, tras 27 años de ignominia . Curiosamente nació y murió en los mismos días que Simón Bolívar. Según Chávez, Bolívar pudo ser asesinado vilmente. Los historiadores dicen que hablar de ese asesinato es de locos. ¡El Libertador murió tísico! Pero Chávez está dispuesto a descubrir a los asesinos, que identifica con los enemigos de la patria, con Estados Unidos, sus adversarios colombianos y la oligarquía venezolana. «Curiosamente los enemigos que Chávez atribuye a Bolívar son sus propios enemigos», apunta la prensa. «Rompan los mármoles de la patria, abran el sacrosanto sepulcro del Panteón Nacional y veamos, porque tengo dudas». Si el comandante duda… Exégetas del Libertador y alabanceros de Chávez afirman que Bolívar fue asesinado porque pretendía implantar una revolución. Ni más ni menos. Hay una manipulación grosera de la historia por parte del chavismo. Chávez adultera la historia.

¿Podrá Chávez demostrar algo? ¡Pero si sus policías son incapaces de solucionar los cuantiosos crímenes que hay en el país!, aseguran sus adversarios. Esa violencia social convierte cada semana a Caracas en un valle de sangre. Crece y crece. Una chacina. Los proyectos sociales de Chávez, diez años después, no logran nada contra la violencia que campea. Los barrios adentro se pueblan de deudos. Los periódicos contaron durante el fin de semana de las últimas elecciones regionales 44 homicidios en Caracas, con todos los policías y militares de la república en pie de guerra. ¿Cuántos ocurren durante los demás fines de semana cuando la seguridad es bien menor? ¿Sesenta? ¿Setenta?

Ahora, cuando Chávez festeja sus diez primeros años en el poder, se cumple el centenario del inicio de la satrapía de Gómez, que coincidentemente era otro militronche personalista, astuto, listo y ladrón. Algunos militares, dicen historiadores, ven en Chávez la reencarnación de Gómez, el que instituyó las Fuerzas Armadas. Gómez trató también de mantener una fachada constitucional y democrática, enmendó la Carta Magna según sus intereses y era el benefactor de la patria, el Benemérito. Puestos en cargos públicos – ¡oh coincidencias! – sus familiares se aprovecharon del botín de la patria. Igual dicen que pasa en la llamada República de Barinas. En sus primeros años Gómez promovió la concordia nacional, mientras Chávez atiza desde siempre la discordia.

El pueblo venezolano rechazó en 2007 una reforma constitucional que posibilitaba la reelección presidencial indefinida, es decir la temida implantación de un régimen autoritario duradero, quizás un vitaliciado. Chávez vuelve ahora a imponerla con un desprecio supino por la voluntad popular expresada en aquel referéndum y pide a la gente que lo secunde. Dicen que cuatro millones y medio han firmado dándole su apoyo. La Asamblea Nacional es mayoritariamente obsequiosa y dispuesta a la aclamación. Los que tienen un puesto público y los que viven de las prebendas han debido firmar. ¡Qué remedio! Los hay que siguen al líder a pie juntillas, con obediencia ciega. «¡Síganme los buenos!», gritaría el Chapulín. Sin darle tregua al país ni para las ayacas y las gaitas de Navidad, una Venezuela al borde de la extenuación política tienes otra consulta electoral en puertas, para febrero, sobre la continuidad de Chávez. «Ya le dijimos que no. ¿Es que quiere ser rey?», claman sus adversarios. Quizás un soberano de Barataria.

Una multitud ciega grita al «Uh, ah, Chávez no se va» y cosas tan pintorescas como «estamos logrando la plena felicidad». «Todos mis movimientos están fríamente calculados», diría el Chapulín. Cómo para salir corriendo. ¿Qué se puede pensar de un gobernante que dice que está dispuesto a quedarse en el cargo hasta el 2019, el 2021 o «cuando Dios y el pueblo manden»? «El poder y el delirio», responde el pensador Enrique Krauze en un libro muy atractivo. Aquello parece un país con gobernante y gobernados envilecidos, con el Estado totalmente echado a perder y al servicio discrecional del proyecto chavista. ¿Cuánto duraría Chávez sin petróleo o con este derrumbe del precio del barril?

Los dos lustros que lleva Chávez mandando no ha sido una década prodigiosa. Más bien lo contrario. Su revolución mesiánica parece una cáscara vacía y a la deriva. En el país ha habido el cambio de la clase corrupta de la «conchupancia» de la Cuarta República por otra, la «boliburguesía» de la revolución chavista mucho más degradada. El escocés etiqueta azul y los coches Hummer son sus señas de identidad. Corrupción a raudales, la peor de Iberoamérica, en la Quinta República, esa que nació bajo el signo de la honestidad. Chávez dilapida la riqueza nacional que proporciona el petróleo en su aventura de poder personal, fuera y dentro del país.

Bolívar advertía contra los gobernantes que se eternizaban en el poder. Gómez fue uno de ellos. Chávez lo pretende. ¿A cual de ellos se parece más a Chávez? Quizás a Robert Mugabe, su admirado «guerrero de la libertad», quien en su demencia senil se aferra al poder de un país hechos añicos gritando «Zimbabue es mío». Como afirmaba Octavio Paz, «la Revolución comienza como promesa, se disipa en agitaciones frenéticas y se congela en dictaduras sangrientas…».

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com

¿Quién para a Hugo Chávez?

El comandante Hugo Rafael Chávez Frías está cumpliendo diez años en el poder en Venezuela como caballo desbocado, sin freno ni medida, con la obstinación de un Robert Mugabe que ha sumido a Zimbabue en el caos, la desesperación y la plaga.

¿Quién lo para? ¿Quién puede contener a este gobernante que ha convertido la presidencia en asunto personal, en un monumental desatino, en una obsesión desproporcionada, en piedra de toque de una revolución fútil que luce en pañales dos lustros después de haber sido parida, a este autócrata cuartelero revestido de capa pluvial verde oliva y roja de sumo sacerdote de una democracia en la que fehacientemente no cree?

La oposición política ha ocasionado algunos tropiezos a Chávez, pero hasta el momento nada que el antiguo comandante de paracaidistas no haya sabido sortear brincando con la insensatez de un canguro grillado.

Fuera de Venezuela no se ve nadie –en América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea ni en parte alguna– dispuesto a hacer algo para contener a un gobernante que vilipendia la democracia, la ha convertido en una farsa, atropella y subvierte la voluntad popular y la usa como a él mejor le viene, que no tiene empacho en falsificar el legado del venerado prócer Simón Bolívar y tomar su nombre en vano.

Entre gritos y bravatas como «yo ya no soy yo. Yo soy el pueblo» o «este soldado se prepara mentalmente, físicamente, desde todo punto de vista, para trascender el 2012» [año en que habrá nuevas elecciones presidenciales] o «¡Prepárense oligarcas!» o «yo estaré aquí [en la presidencia] hasta que Dios quiera y mande el pueblo» o «el que no está con Chávez está contra Chávez» o «Uh, Ah Chávez no se va» o «¡Vamos a demostrar quién manda en Venezuela!», el gobernante ha dado otra vuelta a la tuerca que le atornilla al poder con la idea de perpetuarse legalmente en el cargo.

Hace un año los ciudadanos se pronunciaron contra la posibilidad de reelección presidencial indefinida porque no deseaban tantísimo poder concentrado en un gobernante que podía ser eterno y porque conocen de sobra la enorme capacidad que tiene el jefe del Estado para compra voluntades, corromper y mantener su clientela política. También conscientes de que, como sentenció Bolívar, en el acto constitucional de Venezuela la continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos y nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder porque el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo.

Chávez prometió entonces no insistir sobre el tema y afirmó que el resultado del referéndum había sido «una señal» para él.

Desde el punto de vista democrático aquel triunfo de la oposición, que Chávez tildó de «victoria de mierda» cuando se vio forzado a reconocerlo públicamente, debió haber zanjado la cuestión de la reelección presidencial indefinida, con lo que el mandatario tendría que abandonar el cargo el 10 de enero del 2013, fecha en la que concluirá su actual sexenio.

Pero, como tantas veces hizo en estos diez años, Chávez ha cambiado otra vez de opinión.

Arguye ahora que ese mudanza se ha debido a que ha visto más clara «la gran amenaza fascista que se cierne sobre el pueblo venezolano», en referencia a sus opositores y su muy significativo avance en las recientes elecciones regionales y municipales, cuando vencieron a Chávez en distritos que representan no menos de la mitad del país en población y riqueza.

«Inmorales, sinvergüenzas…!» grita Chávez contra sus oponentes porque argumentan que el asunto de la reelección indefinida ya fue votado y rechazado por el pueblo en aquel referéndum del 2 de diciembre del 2007, cuyos resultados oficiales aún no han sido divulgados por unas autoridades electorales tan sumisas a Chávez como prevaricadoras.

Chávez ha hallado en la propia Constitución el camino para driblar la voluntad popular contraria a sus pretensiones continuistas pues la Carta Magna establece la posibilidad de su propia a iniciativa ciudadanía (con el respaldo de cuanto menos 2,6 millones de firmas) y de la Asamblea Nacional, que en su inmensa mayoría es chavista hasta el tuétano. Como hay tres posibilidades de iniciar una reforma Chávez no tiene empacho en colocar el mismo asunto a votación una y otra vez.

En realidad no ha habido ahora una iniciativa ciudadana pues ha sido el propio Chávez quien, tras el resultado desfavorable de las elecciones regionales y municipales celebradas el último 23 de noviembre, puso en marcha con celeridad el mecanismo de reforma constitucional para la reelección indefinida e impartió ordenes a sus huestes de «movilización para el combate» en lo que él con su grandilocuencia considera «una guerra».

Pretende que el nuevo referéndum se celebre en febrero próximo. Con esta nueva votación Chávez trata también de aniquilar de antemano la posibilidad de que la oposición impulse una consulta popular con la intención de revocar su mandato, cosa posible en el ordenamiento legal venezolano contra cualquier cargo a la mitad del período de un mandato. Eso es de aquí a poco más de un año en el caso de Chávez.

El presidente venezolano también distrae con ello la atención sobre el fracaso estrepitoso de estos diez años de revolución hueca y se anticipa a la aguda situación crítica que amenaza al país debido al abrupto desplome del precio del petróleo, la casi exclusiva fuente de riqueza nacional. Antes Chávez había amedrentado a la oposición vaciando los despachos, las arcas y las intendencias o quitado competencias administrativas a las gobernaciones y municipios donde sus rivales han triunfado, en un nuevo y arbitrario alarde de autoritarismo.

Chávez opina que la democracia consiste en el voto popular y la alternancia en el poder en que en las elecciones haya más de un candidato. Sostiene que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista democrático entre lo que él quiere y lo que ocurre en democracias consolidadas como la británica o la española, en las que –dice- nadie elige a los jefes de Estado [en ambos casos son reyes sin la potestad de gobierno] y los primeros ministros pueden buscar la reelección sin límite. Ignora qué es una democracia parlamentaria.

¿Qué harían los británicos si escucharan a Gordon Brown diciendo como Chávez que quiere «trascender» más allá de determinada fecha, o los españoles si José Luis Rodríguez Zapatero proclamara que «el pueblo soy yo» o cualquiera que tildara de «victoria de mierda» un triunfo electoral de sus opositores?

La democracia tiene que ver fundamentalmente con la votación popular y la alternancia en el poder, pero también mucho con algo que en la Venezuela de Chávez se suele patear como es el respeto a la voluntad ciudadana y a las minorías, el uso responsable de los recursos nacionales, la libertad y la igual ante la ley, el derecho a la crítica, el ejercicio de la oposición, la liberad de opinión, que el gobernante tenga en cuanta lo que el pueblo quiere, etc.

¿Quién contiene a Chávez en sus afanes desmedidos, en su iniquidad, en su forma tan arbitraria de gobernar?

Internamente la oposición ha mejorado sus resultados y debe haber aprendido tras al referéndum del año pasado y los comicios recientes que sólo unidos pueden hacer frente al enjambre chavista, una sociedad de cómplices donde las fidelidades y las lealtades valen su precio en petrodólares o bolívares fuertes. Pero aún no parecen tener fuerza para desbancar a Chávez del poder y menos teniendo el presidente un poder electoral reverente.

Internacionalmente no se avizora nadie dispuesto a, como diría un venezolano, «echarle un parao a Chávez». Cualquiera que levante la voz será identificado inmediatamente como el enemigo. Chávez no anda ahora sobrado de enemigos. Uno le daría fortaleza interna. Con Barack Obama como presidente de Estados Unidos se le acaba el discurso contra George Bush. Seguramente, como los hermanos Castro, seguirá zahiriendo al imperialismo. Reamistado con los presidentes Álvaro Uribe, de Colombia, y Alan García, de Perú, y hechas las paces con el rey de España, no le quedan enemigos externo de peso. Y los viejos camaradas [Lula da Silva, Cristina Fernández…] tampoco están dispuestos a abrir la boca, el brasileño porque los amigos de Chávez de Ecuador, Bolivia o Paraguay se han alborotado para no pagarle deudas que considera ilegítimas, y todos escudados en el principio de la no intervención en los asuntos internos de otro país, cuando Venezuela clama por una ingerencia en toda regla, como pedía a gritos Zimbabue desde hace años y solo ahora que ha sobrevenido la terrible crisis humanitaria, económica y política por la obstinación y los caprichos del sátrapa Mugabe, es que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea le exigen que deje el poder.

Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com