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Finaliza la «primavera facha»


Francisco R. Figueroa

✍️4/11/22

La «primavera facha» de Brasil ha durado cuatro días, lo que han tardado en desinflarse las algaradas golpistas contra la impecable victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

Un movimiento reaccionario de repulsa al veredicto de las urnas de partidarios del presidente Jair Bolsonaro, cuya derrota en su ofuscación no esperaban, si bien la mayoría de los pronósticos apuntaban en ese sentido. 

El motín también ha sido una exteriorización de la repugnancia del bolsonarismo hacia el «comunista» y «expresidiario» Lula, cuya gestión de cuatro años seguramente tratarán de contrariar.

El bolsonarismo ha acabado mostrando en esta delicada coyuntura poselectoral sus entrañas antidemocráticas y fascistas, que el autoritario presidente ha tratado de disimular a duras penas. 

Los bloqueos de carreteras, que en el momento más crítico del alzamiento popular afectaron a casi un millar de puntos, han sido prácticamente deshechos. Y han concluido los tumultos callejeros y frente a instalaciones militares en procura de un golpe de Estado.

Bolsonaro ha fracasado también en el intento de sacar a los militares de los cuarteles para mostrarlos mezclados con sus partidarios, en una demostración de fuerza personal y liderazgo tras la derrota en las urnas. 

El ala militar del movimiento ultraderechista del excapitán Bolsonaro se ha achantado. 

El objetivo era que las tropas salieran a restablecer el orden por el desbordamiento de la policía y de ahí la resistencia a ordenar la intervención de las fuerzas de choque por parte de los jefes de los cuerpos de seguridad, que son paniguados de Bolsonaro. 

Fueron necesarias órdenes terminantes del Tribunal Supremo para que las policías actuasen contra los insurrectos. 

Puede concluirse que los magistrados del Supremo han sido los garantes del orden democrático que las hordas bolsonaristas trataron de liquidar. 

Bolsonaro ha mantenido un enfrentamiento permanente, sin cuartel, con el Tribunal Supremo como si fuera una suerte de partido de oposición o el enemigo a batir, y ha azuzado constantemente a sus partidarios contra los magistrados. Una guerra con tintes barriobajeros y matonescos que finalmente ha perdido.

El control de los altos tribunales fue lo que le faltó al derrotado gobernante para tener el control total del poder. El legislativo estuvo mayoritariamente de su parte. Pero los líderes de los partidos están tendiendo rápidamente puentes hacia Lula con la mirada puesta sin duda en el presupuesto nacional.

Lula obtuvo durante sus dos anteriores presidencias la colaboración –costosa, por cierto– de la legión de partidos que se proclaman centristas. Y volverá a ocurrir otro tanto, también porque esos partidos se alquilan tradicionalmente a quién esté en el poder. 

Una visita de Bolsonaro al Supremo después de haber aceptado, el martes, que tenía que desalojar los palacios presidenciales, tuvo el valor de un armisticio en el filo de la navaja. 

Incluso han hecho gestos visibles hacia Lula los poderosos líderes de las dos mayores congregaciones de evangélicos que tantísimos votos aportaron al mandatario ultraderechista. 

Bolsonaro parece preocupado ante la posibilidad de que la Justicia actúe contra él y su procelosa familia después del traspaso de la presidencia. 

La caracterización por el Supremo como «criminales» a los alzados bolsonaristas, por afrontar un resultado electoral legitimado por las todas las instituciones, ha sido clave. 

A quince días del Catar 2022 los brasileños deben dejar de lado la política y poner todos sus sentidos en el fútbol anhelando que su selección logre el título por sexta vez, capitaneados por Neymar, un connotado bolsonarista. 

Pronto lucirán todos con orgullo la camiseta nacional de la que también se había apoderado Bolsonaro como distintivo de su movimiento ultramontano que ha diseminado el odio e infectado el alma de la mitad del animoso y hasta ahora pacífico pueblo brasileño. ✅



El bolsonarismo sigue alzado


Francisco R. Figueroa

✍️3/11/22

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha apelado a sus hordas para que desobstruyan totalmente las carreteras, un alzamiento antidemocrático y golpista que deflagró el mismo domingo de la elección de Luiz Inácio Lula da Silva.

Pero a renglón seguido Bolsonaro ha animado a sus enardecidos partidarios a proseguir «espontáneamente» en otros lados con sus algaradas, que calificó de «legítimas». 

Los bloqueos comenzaron la misma noche electoral estimulados por las redes sociales. Hubo cerca de un millar de cortes en la red brasileña de carreteras, de 1,8 millones de kilómetros de extensión, aunque afectaron severamente a las vías federales (77.000 kilómetros) y a los principales núcleos de población.

Los cortes prosiguen este jueves en unos 150 puntos de once de los veintiséis estados de Brasil y van en disminución. 

Los cuerpos policiales han actuado con renuencia tras ser apremiados desde el poder judicial por la negligencia de sus jefes naturales, de extrema derecha y, por tanto, alineados con Bolsonaro. 

En su segundo pronunciamiento tras la derrota, el gobernante se confesó «desilusionado» y tampoco esta vez reconoció explícitamente el resultado electoral adverso ni mucho menos citó al odiado Lula, cuya legitimidad solo impugna el bolsonarismo montaraz mientras que figuras del conservadurismo  moderado han contemporizado.

«Estoy con vosotros», dijo también Bolsonaro en un mensaje de video, como si quisiera apostar por una especie de caos con orden. 

Mostraba un semblante sombrío, en contraste con las sonrisas forzadas de su primera aparición, el martes, que sirvió como una admisión implícita del resultado electoral por defecto, al no haberlo cuestionado.

Los bolsonaristas han protagonizado también una veintena de concentraciones ante cuarteles militares para incitar al golpe de Estado, un pronunciamiento armado que, asimismo, reivindicaban miles de manifestantes en actos celebrados en veinticinco estados. Algunas personas, también ofuscadas por la derrota, se declararon «listas para la guerra». 

La cúpula castrense, controlada por fieles al excapitán Bolsonaro, guarda silencio. De ese sector se ha manifestado únicamente el vicepresidente Hamilton Mourão, que es un general de la reserva y actualmente no está en buena sintonía con Bolsonaro. 

Mourão ha advertido de que un golpe de Estado colocaría a Brasil en una «situación difícil» en el mundo, donde hubo un reconocimiento inmediato y general de la victoria de Lula, precisamente para neutralizar una posible reacción antidemocrática de Bolsonaro tras su derrota. 

Sin embargo, los militares brasileños no tienen actualmente un proyecto de país como sí lo tenían en 1964, cuando se apoderaron del poder con pretextos anticomunistas propios de la Guerra Fría y lo mantuvieron por 21 años.  

En otra parte del país fue filmada una multitud de bolsonaristas envueltos en banderas nacionales mientras hacían el saludo nazi y cantaban el himno patrio, algo que los portavoces de la comunidad judía han calificado de «repugnante» e «intolerable.

En algunas ciudades hay gente acampada y avituallada, sin previsión de deponer su actitud. Algunos los llaman «campamentos de la libertad». 

Pero la transición del poder comienza formalmente este jueves con la primera reunión de los coordinadores designados por Bolsonaro, su jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, y por Lula, el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin. 

Mientras, Jair Bolsonaro, de 67 años, calcula como sacar el máximo provecho de la derrota y se prueba en la intimidad el uniforme de caudillo del nacional-populismo para luchar por el sillón presidencial en 2026. ✅

Chile: la mala educación

Francisco R. Figueroa / 15 octubre 2011

Un año después del prodigioso rescate de aquellos mineros chilenos, quien está en el fondo del pozo es el presidente Sebastián Piñera.

El gobernante chileno ha sido apeado con celeridad de la cresta de la ola sobre la que surfeó tras el salvamento de los 33 mineros que estuvieron enterrados dos meses a 700 metros de profundidad cerca de Copiapó.

Con los centros de enseñanza media y universitaria alzados desde hace cinco meses, en los más graves episodios de violencia desde la lucha de 1988 y 1989 contra dictadura pinochetista, se suceden en Chile huelgas, manifestaciones, enfrentamientos, disturbios, represión y detenciones.

Una legión de estudiantes indignados, hastiados del negocio de la educación, capitaneada por una carismática universitaria con cara de ángel afeada apenas por una anilla en la nariz, mantiene en jaque a este magnate transformado en gobernante.

Piñera, con 61 años de edad y 19 meses en el poder, tiene la desaprobación de dos de cada tres compatriotas.

La indignación seguirá mientras la educación en Chile sea esencialmente un negocio, como es la Coca-Cola, tal como fue alumbrada por el terrible régimen militar del general Augusto Pinochet, que en 1981 suprimió la enseñanza universitaria gratuita.

Una nueva generación de jóvenes que no conocieron la dictadura, pero paga las consecuencias, ha puesto patas arriba un sistema educativo muy clasista que no se atrevió a modificar la Concertación durante sus 20 años en el poder.

Tampoco los cuatro gobiernos sucesivos de dicha coalición hicieron políticas sociales y de igualdad de oportunidades, quizás a la espera de que el derrame de la riqueza de un país en acelerada expansión económica solventara las injusticias.
La Concertación logró sacar del poder a Pinochet al ganarle el plebiscito de 1988 y las presidenciales de 1989, pero vivió amedrentada por el fantasma del dictador, maniatada por él, sintiendo en el cuello la frialdad del filo de acero del espadón del general.

Durante estos dos decenios en democracia la renta per cápita chilena aumentó de 2.500 a 16.000 dólares, con la expectativa de tocar los 20.000 dólares antes de 2020. Una remontada sin duda extraordinaria, con pocos parangones en el mundo.

Pero el modelo económico heredado de la dictadura produjo una mayor concentración de la riqueza y un agrandamiento de la brecha entre los más ricos y los más pobres, según los expertos. Una de las diferencias más brutales en el mundo. según se desprende de las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Sigue así en pie el sistema de poder económico que dejó atado y bien atado la dictadura, por el miedo de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei (ambos de la vieja democracia cristiana consentidora del advenimiento de la dictadura en 1973), Ricardo Lagos y Michelle Bachelet (estos dos últimos socialistas también con temor ser comparados con Salvador Allende).

Choca sin duda que hasta hoy no se hayan pedido en Chile unas reformas profundas que debieran haber sido emprendidas el primer día del gobierno de la Concertación. Eso fue el 11 de marzo de 1990. De modo que el vaso se ha desbordado con tanta espera.

El negocio bancario de la educación es tremendo en Chile. «Es un mercadeo injusto, insostenible y perverso, una estafa», aducen los estudiantes. Las universidades privadas chilenas son el doble de caras que las estadounidenses, cinco veces más que las españolas o veinte veces más que las danesas.

El nivel educativo puede resultar razonable para padrones latinoamericanos, pero está muy por debajo del promedio de la OCDE, el selecto club de las 34 economías más ricas del mundo en el que Chile fue admitido en 2010.

Chile destina a educación apenas el 4,6 % de su PIB (menos de la mitad a la enseñanza superior), una cifra por debajo de la media del 6 % en los países de la OCDE o la mitad que Suiza.

Para que sus hijos estudien el 70 % de las familias chilenas debe recurrir al endeudamiento. Quedan así hipotecados diez años en promedio, según la Unesco. Los nuevos profesionales graduados en las universidades tienen que destinar a la amortización de la deuda el total del salario, con lo que ingresan a la vida laboral sin un proyecto de vida, atados de pies y manos. Para mayor irritación, seis de cada diez egresados de las universidades no encuentran trabajos relacionados con sus estudios.

Los estudiantes demandan educación gratuita, impuestos a los ricos para financiarla y mayor inversión pública en la enseñanza. Se ha llegado a un momento en que esos jóvenes no soportan más que la sociedad chilena sea ignorada por sus gobernantes.

Piñera seguirá en la picota mientras continúe respaldando ese modelo educativo que viene de la dictadura militar. «Nada es gratis en esta vida. Alguien tiene que pagar», arguye.

Ya son cinco meses (desde abril) en las calles, pero los estudiantes no parecen cansados. Hubo diálogo con el Gobierno, pero se rompió. Piñera y su segundo ministro de Educación, Felipe Bulnes, ofrecían migajas, aunque las presentaron como el mayor aumento del presupuesto nacional en educación de la historia chilena.

A Piñera y su gobierno se les nota agotados. Su intento de desacreditar al movimiento estudiantil por radical e instrumentalizado por las izquierdas no ha dado frutos. Al contrario, los estudiantes cuentan con el apoyo del 89 % de los chilenos.

Ahora el Gobierno parece apostar por apretar las tuercas al movimiento mediante la represión, por la descalificación de sus dirigentes o estar a la espera de que el temor de muchos a perder el curso desinfle la protesta o que en las venideras elecciones estudiantiles la actual dirigencia sea derrotada.