Francisco R. Figueroa
✍️16/3/2024
A estas alturas de las investigaciones policiales ha quedado claro, más allá de la duda razonable, que Jair Bolsonaro, ídolo brasileño de la creciente y ensoberbecida ultraderecha mundial y amigo de Donald Trump, Javier Milei o Santiago Abascal, es un golpista contumaz.
Según los testimonios recogidos en sus meticulosas indagaciones por la Policía Federal brasileña, Bolsonaro no ejecutó, a fines de 2022, un plan felón para mantenerse en el poder, tras haber perdido la reelección, e impedir con ello la asunción del ganador de las últimas presidenciales, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, por la negativa a secundar tal desatino de los entonces comandantes del Ejército, general Marco Antônio Freire Gomes, y la Aviación militar, brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, el primero de los cuales incluso amenazó con detenerlo.
Bolsonaro, dos generales en puestos ministeriales, diversos oficiales militares más y una serie de colaboradores civiles, idearon un plan golpista revestido de apariencia constitucional. Las Fuerzas Armadas, según ese proyecto, saldrían a la calle para tomar el control ciudadano, accionadas por un decreto presidencial imponiendo un estado de excepción —reservado por la Constitución nacional para circunstancias extraordinarias—, bajo el pretexto de que en Brasil se registraba «una grave perturbación del orden público», cuando en realidad eran miles de bolsonaristas acampados frentes a cuarteles militares en una clara provocación planificada por los estrategas del movimiento ultraderechista. Además, unos interventores creados ad hoc dispondrían la clausura del Tribunal Supremo Electoral e invalidarían las presidenciales de octubre de 2022 ganadas por Lula, cuya apretada victoria sobre Bolsonaro había sido reconocida interna e internacionalmente y también ratificada prontamente por las autoridades judiciales correspondientes.
El general Gomes Freire y el brigadier Baptista Júnior han prestado declaración recientemente en la Policía Federal y confirmado en ella que Bolsonaro les presentó, a través de su asesor principal Filipe Martins (actualmente preso) y en presencia del ministro de Defensa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sus planes golpistas y que trató de convencerlos para que se unieran a la asonada, según se ha sabido tras el levantamiento del secreto del sumario por el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, instructor del caso.
Freire Gomes fue el más claro y contundente al atestiguar sobre las reuniones —hubo cinco o seis— que los mandos militares de la época mantuvieron con Bolsonaro, en su residencia oficial del Palacio Alvorada, después del balotaje de las presidenciales, que Lula ganó por una diferencia del 1,8% o poco más de 2,1 millones de votos. El plan golpista consistía en la activación del mecanismo constitucional que entrega el orden público a las fuerzas armadas —la llamada en Brasil GLO (Garantía de la ley y el orden)— o decretar un estado de defensa o, alternativamente, imponer el estado de sitio, junto con la creación de una invención denominada Comisión de Regulación Electoral —ajena al ordenamiento legal brasileño—, con la tarea de anular simple y llanamente las elecciones ganadas por Lula pretextando irregularidades. Las elecciones fueron reconocidamente limpias y transparentes, y, paradójicamente, en los planes golpistas no se cuestiona el resultado de las legislativas, que se celebraron simultáneamente, ni el primer turno de las presidenciales, en el que Bolsonasro y Lula se clasificaron para el balotaje.
El general adujo que esas medidas suponían un atentado contra el estado democrático de derecho y que si se ejecutaba el plan él mismo iba a ordenar el arresto inmediato de Bolsonaro.
El brigadier Baptista Júnior confirmó que fue testigo de esa negativa en la cara de Bolsonaro. «En el caso de que el general Gomes Freire hubiera concordado, el golpe de Estado se habría consumado», declaró el antiguo jefe de la aviación militar brasileña. Se sabe que el entonces jefe de la tercera fuerza militar, la Marina, almirante Almir Garnier Santos, estaba de acuerdo con dar un golpe y parece que Bolsonaro trató de sumar de todas formas al Ejército puenteando al general Gomes Freire.
El coronel Mauro Cid, un ayudante presidencial de órdenes al que el matrimonio Bolsonaro usó incluso como un muchacho de los recados, reveló en la declaración que prestó en la Policía Federal que estaba planificada la detención del presidente del Supremo Tribunal Electoral y miembro del Tribunal Supremo, el magistrado Alexandre de Moraes, al que en la trama denominaban «la profesora», y cuyos movimientos estuvieron siendo espiados. Cid tiene un acuerdo de colaboración con la justicia y por su proximidad diaria a Bolsonaro cuando ejerció la presidencia resulta un testigo clave incluso en las investigaciones sobre la apropiación de valiosos regalos hechos por el gobierno de Arabia Saudí.
Los dos comandantes militares opuestos al golpe sufrieron una campaña de descrédito como «traidores a la patria» en la que participó el general Walter Braga Netto, mano derecha (o izquierda) de Bolsonaro en su condición de ministro de la Casa Civil (un suerte de jefatura de gabinete) y anteriormente como ministro de Defensa, y uno de los más comprometidos en el plan golpista junto al general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con quien el brigadier Baptista Júnior mandó a Bolsonaro el mensaje de que la Aeronáutica no se sumaba al golpe. El brigadier fue conminado por aliados civiles del entonces presidente a «no abandonar» a Bolsonaro, como hizo la combativa diputada ultraderechista Carla Zambelli, lo que confirmaría que la conspiración golpista iba mucho más allá de los muros del palacio presidencial y se extendía a las huestes bolsonaristas a través de los grupos en las redes sociales.
Las declaraciones de los dos antiguos jefes del Ejército y la Aeronáutica colocan a Bolsonaro contra las cuerdas. Hasta ahora, el excapitán, que fue separado del Ejército por su conducta incorrecta poco antes de meterse en la política a fines de los años ochentas, se había escudado en subterfugios como que él siempre combatía «dentro del cuadrilátero constitucional» o que los golpes de Estado se dan con tanques y soldados en la calle y no con papelitos, en referencia a la conocida como «minuta del golpe», un documento con los planes de la asonada que la Policía Federal halló en sendas requisas a un despacho del exmandatario en la sede del Partido Liberal y a la residencia de uno de sus principales colaboradores civiles, el que fue su ministro de Justicia, Anderson Torres. Bolsonaro es un nostálgico de régimen militar que controló Brasil de 1964 a 1985 y siempre se declaró rendido admirador de los generales que se sucedieron en la presidencia de la República durante aquellos años y un entusiasta de las prácticas represivas contra los adversarios de izquierda que, según él, debieron ser mucho más cruentas.
Bolsonaro alega que ningún plan fue ejecutado ni convocadas las instancias consultivas de la nación que intervienen para la convocatoria de un estado de excepción. Por tanto, aduce, no hay delito. «No es crimen hablar o debatir sobre lo que está escrito en la Constitución» y «Yo no soy Hugo Chávez ni Maduro», respondió tras ser consultado por un periodista sobre los testimonios a la Policía Federal del general Gomes Freire y el brigadier Baptista Júnior.
Pero cuando a su turno Bolsonaro fue convocado a declarar por la Policía Federal se mantuvo siempre en silencio. De momento, el exmandatario está inhabilitado por ocho años, por sus campañas de descrédito al proceso electoral y a las instituciones democráticas. Tiene prohibido participar en actos militares, entrar en contacto con otros investigados por golpismo y abandonar Brasil. En la causa de la intentona golpista Bolsonaro figura aún como investigado.
El plan golpista no fue ejecutado. Bolsonaro, seguramente por temor a ser detenido, abandonó Brasil, rumbo a Estados Unidos, aún como jefe de Estado, en vísperas de que el primero de enero del año pasado Lula asumiera por tercera vez la presidencia. Una semana después de esa investidura presidencial, las huestes bolsonaristas estallaron una insurrección civil que llevó a la ocupación y destrucción en Brasilia de las sedes de los tres poderes del Estado (Presidencia, Congreso y Tribunal Supremo), en busca de un alzamiento militar para derrocar al gobierno constitucional de Lula, un dramático episodio por el que casi ciento cincuenta personas ya han sido condenados por la Justicia.
En su última aparición pública, Lula ha advertido contundentemente sobre el peligro de la amenaza ultraderechista en Brasil y fuera, debido a la expansión «del fascismo, el nazismo, de esa extrema derecha rabiosa ignorante y bruta, que ofende a las personas, no cree en ellas y las engaña con su maquinaria mentirosa» a través de las redes sociales.
El presidente argentino, Javier Milei, o Jair Bolsonasron son, según Lula, exponentes de esa «política de odio» que también existe en España, en referencia implícita al partido Vox de Santiago Abascal, y Portugal, por el Chega!, la formación de André Ventura que tan meteórico renacimiento en las recientes elecciones. Lula conminó a pelear contra el «pensamiento perverso y malvado» de la ultraderecha que descalifica a la clase política, las instituciones, los tribunales y los sindicatos.
Este sábado, en un acto político en Río de Janeiro, Bolsonaro afirmó que no teme ser procesado siempre que tenga jueces imparciales, en clara alusión a algunos magistrados del Tribunal Supremo que él detesta, y se definió como «una piedra en el zapato de la izquierda». ✅
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