Menos del 1%. El precio pagado por Cuba a España por su diligencia ha sido la excarcelación de un preso político y medio, pues el segundo estaba en cárcel domiciliaria. A este paso serán necesarios doscientos viajes del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a La Habana para que las cárceles de la dictadura cubana queden vacías de presos políticos. Claro, puedo haber sido peor, como en la anterior visita del ministro.
Moratinos cree que con buenas palabras, palmadas en la espalda, paños tibios y vagas promesas reformistas de Raúl Castro se logre el imposible de que cambie una dictadura pétrea como la cubana. El ministro pretende elevar a la categoría de normal lo que es una aberración. La oposición democrática cubana considera que lo que afirma Moratinos «falsifica la verdad» y le ofende. Un gobierno democrático de un país cuya transición fue paradigmática para una América Latina en busca de su propia democracia debería ser consecuente y no condescender con dictaduras porque por encima de cualquier interés económico o de cualquier otra índole están las personas.
En la visita que acaba de hacer a La Habana Moratinos no ha recibido ninguna garantía relacionada con la democracia o las libertades individuales, aparte la excarcelación de Nelson Aguiar (64), con severos problemas de salud, y los permisos de salida del país a Lázaro Angulo (48), un reo político con permiso extrapenal por enfermedad desde el 2005, y a Elsa Morejón, de las Damas de Blanco, cuyo marido es otro prisionero emblemático de los hermanos Castro.
Únicamente con la palabra de Raúl Castro a Moratinos sobre que «continuará el proceso de reformas» [lo mismo dijo hace tres años], el Gobierno socialista español habla de relaciones normales y de que se esforzará para embarcar a la Unión Europea a favor de la dictadura cubana durante la presidencia española, en el primer semestre del 2010. Pero son falsas señales de cambio. En Cuba las reformas son económicas y mínimas, no en pos de la libertad del mercado sino de la mera subsistencia. La ideología comunista ni la dictadura están en cuestión.
Pretende prioritariamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poner fin a la llamada Posición Común que desde 1996 vincula las relaciones de la Unión Europea con Cuba a la situación de los maltrechos derechos humanos en la isla caribeña y a la implantación de una democracia pluripartidista. Las sanciones impuestas a Cuba por la detención en 2003 de 75 opositores en la llamada «Primavera Negra» fueron levantadas unilateralmente con los buenos oficios de España.
Cuba exige que esa Posición Común quede sin efecto y España, complaciente, también, quizás incluso porque tras la misma estuvo la mano de José María Aznar. Lo dijo La Habana aprovechando la presencia de Moratinos: en las relaciones con la Unión Europea únicamente se podrá avanzar si es eliminada la «injerencista y unilateral» Posición Común.
La garantía para los demócratas cubanos, a quienes el régimen castrista trata de «mercenarios», es que naciones como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Suecia o la República Checa rechazan levantar esa política si no hay avances democráticos, que no lo has habido ni se esperan, o al menos se liberen a los más de 200 presos políticos que mantienen los Castro. El levantamiento exige la unanimidad de los 27 integrantes de la Unión Europea, de manera que parece una quimera. A la diplomacia española le va a costar mucho lograr un consenso sobre su estrategia para Cuba.
También se oponen a esos cambios el Partido Popular español y la oposición cubana, con cuyos representantes Moratinos no ha querido reunirse en La Habana, esta vez tampoco. Por ello ha recibido una lluvia de críticas de unos grupos democráticos que están absolutamente en contra de esa política de presos por reconocimiento y aislamiento de la oposición. El PP afirma que hablar de normalidad en las relaciones con Cuba, como ha hecho insistentemente Moratinos desde La Habana, pone los pelos como escarpias. Los demócratas cubanos han hablado de la «crueldad extrema» las excarcelaciones con cuentagotas que el régimen cubano viene concediendo a petición del Gobierno español. «Son excarcelaciones mezquinas, concesiones mínimas», alegan. Los disidentes que Moratinos no ha querido nuevamente ver se sienten aislados, marginados por España. Afirman que Moratinos con su presencia en La Habana ha subestimado las demandas de democratización y libertad que hace el pueblo cubano.
España debía servir de modelo en la defensa de la democracia y si lo hace en Honduras, donde no hay establecida formalmente una dictadura, con toda razón debiera hacerlo también en Cuba donde se lleva medio siglo de tiranía. España no puede prestar coartadas a ninguna dictadura y mucho menos si su gobierno es de un partido que como el Socialista ha luchado denodadamente por la democracia y tiene una hoja de servicios al pueblo en ese sentido inmaculada.
En Nicaragua, el Poder Judicial acaba de dar un golpe a la Constitución al declarar inaplicable el artículo que prescribe la reelección, para que Daniel Ortega pueda eternizarse en el poder, por la senda trazada desde Caracas por Hugo Chávez. Ese golpe recibe el rechazo de diferentes entidades latinoamericanas y estadounidenses, pero Madrid guarda silencio.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
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