Francisco R. Figueroa / 15 septiembre 2011
Guatemala, un país que se desangra en el olvido, se ha decantado en las elecciones presidenciales del último domingo por un controvertido militar derechista formado en Estados Unidos, que quiere meter de lleno al Ejército en la lucha contra el crimen, y un abogado conservador partidario de restablecer la pena de muerte.
Dos tercios del electorado de una nación extenuada por más de medio siglo de violencia y a merced del crimen, optó por los dos candidatos aparentemente más duros para disputar, el 6 de noviembre próximo, la segunda vuelta electoral que definirá entre ambos al sucesor en la presidencia del socialdemócrata Álvaro Colom.
Fueron desechados otros ocho aspirantes presidenciales, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que fracasó por segunda vez consecutiva con apenas el 3 % de los votos.
Tras décadas de violencia política, por lo menos desde 1954, a raíz de la invasión estadounidense, y especialmente en los años ochenta del siglo pasado, que produjo un cuarto de millón de muertos, 50.000 desaparecidos y millón y medio de desplazados, Guatemala está ahora en las garras del hampa.
Los ejércitos irregulares, los pandilleros, los narcotraficantes, los parapoliciales de la seguridad privada, los policías y funcionarios corruptos han transformado a Guatemala en una sucursal del infierno con índices asombrosos de criminalidad.
En Guatemala, un país pequeño del tamaño de Islandia o Portugal, hay 52 homicidios por cada cien mil habitantes, el 85 % por armas de fuego, de las que hay centenas de miles sin control. Ocurren proporcionalmente cuatro veces más asesinados que en México y diez que en Estados Unidos. En el último decenio la tasa de homicidios se duplicó con creces. Hoy día las estadísticas muestran un río de sangre con de 15 a 18 asesinatos por día, es decir, más de seis mil por año. Y las cifras tienden a crecer incesantemente.
Si no fuera por un asesinato ocasional de algún personaje, el mundo repararía poco en ese tremendo estado de cosas. La última vez que Guatemala ocupó titulares fue en julio con motivo del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral por unos pistoleros que pretendía ajustar cuentas con el hombre que le llevaba en su coche al aeropuerto. Se trata de un antiguo afinador de pianos nicaragüense con negocios en toda Centroamérica y Miami y posibles relaciones con el narcotráfico.
El grado de descomposición de Guatemala es tremendo. Baste recordar que en una misma cárcel han llegado a coincidir un antiguo presidente de la República y quien fuera su jefe de seguridad; un exministro de Defensa y otro de Finanzas; dos exdirectores de la policía nacional y un exjefe de la agencia tributaria, y un sacerdote supuesto encubridor del asesinato a golpes del obispo católico Juan José Gerardi, entre otros personajes.
Ítem más: durante los cuatro años de gestión del presidente saliente, cinco ministros se han turnado en la cartera de Gobernación (Interior). Dos de ellos enfrentan cargos por corrupción y lavado de dinero. Al menos el 10 % de los policías está implicado en crímenes de sangre.
El caso del asesinato del obispo Juan Gerardi continúa abierto al cabo de 13 años. La impunidad es casi total. El 98 % de los crímenes queda sin castigo en un país que está considerado un paraíso para los delincuentes, que ya controlan enteramente al menos siete de sus 22 departamentos, sobre todo el selvático y poco poblado norte fronterizo con México.
Tanta impunidad y el miedo a las represalias desembocan en que no se presenten muchas denuncias, con lo que una significativa parte del crimen escapa a las estadísticas.
Por ejemplo, familiares de un ministro fueron asaltados por policías, entre ellos una chica a la que los agentes violaron. Creyéndose inmunes por su parentesco, denunciaron los hechos. Los uniformados los buscaron y mataron a todos. Tampoco estos crímenes han tenido castigo. En Guatemala no funciona la policía ni el ministerio fiscal ni la judicatura, que es extremadamente vulnerable al hampa.
El 70 % de los guatemaltecos teme que le pase lo peor, nueve de cada diez dice que la situación es muy violenta y empeorará. La mitad de sus casi 15 millones de habitantes se consume en la pobreza. Hay dos millones de desnutridos y un 30 % de analfabetos adultos, medidos con parámetros laxos.
Con todo eso y algo más tendrán que lidiar quien llegue a la presidencia: el general retirado Otto Pérez Molina, de 61 años, del Partido Patriota (PP), que obtuvo en la primera vuelta el 36 % de los votos, o el abogado Manuel Baldizón, de 41 años, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), con el 24 %.
El primero usa el puño como símbolo, la «mano dura» como lema. Quiere contratar 12.500 efectivos policiales y militares y meter de lleno a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. El segundo, que se define como «humanista», pretende restablecer la pena de muerte para castigar los siete delitos más graves y crear una guardia nacional. Para sustituir a una policía nacional podrida e infiltrada por la delincuencia.
Guatemala afronta unas condiciones de violencia, injusticia y desigualdades sociales como en pocas otras partes de América Latina. Con Álvaro Colom, el presidente saliente, empeoró el estado de cosas pese a sus buenos propósitos. Hoy día no existen razones objetivas para pensar que mejoraran con su sucesor. Las propuestas de Pérez Molina, el favorito para ganar, y Baldizón , así como sus promesas de campaña terminan chocando con la realidad, que es dura y tozuda. Depurar los cuerpos de seguridad, crear una administración honesta, formar una nueva judicatura profesional y proba no es tarea menor. De otro lado, hay que esperar para ver qué penetración ha tenido en las candidaturas el narcotráfico con su extraordinario poder corruptor.
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