Hugo Chávez, ayudado quizás inconscientemente por José Luis Rodríguez Zapatero, ha perpetrado un atentado en tres tiempos (por ahora) contra el Poder Judicial español. Los disparos fueron tan certeros que la reacción no se hizo esperar. Además, Chávez y su canciller, Nicolás Maduro, entraron enseguida a rematar con saña. Descalificaron al magistrado español que investiga de manera seria una posible conexión de su gobierno con la ETA, a quien asoció al Partido Popular y la emprendieron contra actual y anterior líderes de dicha formación, Mariano Rajoy y José María Aznar, tachándoles de «mafia», «ultraderecha» e «hijos directos de la dictadura franquista».Venezuela y España emitieron el pasado sábado un comunicado conjunto con la idea de zanjar la crisis desatada por la publicación de un auto del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco que puso de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la colaboración entre la ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para, entre otras tropelías, colaborar en atentados terroristas en España. Pero sirvió de poco, según lo que Chávez y Maduro dijeron el domingo.
Ese comunicado conjunto convenía a España desde el punto en que Venezuela se unía a la condena al terrorismo, es decir, implícitamente a la ETA, al tiempo que reiteraba un compromiso de cooperación en la lucha antiterrorista. Sin embargo, su segundo párrafo parece contraproducente para España ya al «refutar y desmentir» lo publicado sobre el asunto por los medios de comunicación lo hace también al juez Velasco, pues lo que la prensa difundió no fueron conjeturas periodísticas sino, como recordó Rajoy, un auto judicial basado en una investigación policial. Aunque esa parte del documento la asume expresamente Venezuela, la endosa España ya que se trata de un comunicado conjunto.
La nota oficial hispano-venezolano no mencionó a las Farc. Tampoco podía porque Venezuela, por boca de Chávez y por acto de su parlamento, considera a esa antigua organización armada una «fuerza beligerante» y, por tanto, una de las partes en la «guerra» interna colombiana, aunque el resto del mundo la tilde de entidad narcoterrorista. Tampoco habla el comunicado de la alegada relación entre la ETA y las Farc, sobre lo que se han conocido nuevos detalles publicados por la prensa basados en las mismas investigaciones policiales en las que el juez Velasco fundamento su auto. En ellos aparecen miembros de los servicios de seguridad venezolanos cómplices de ambas organizaciones, campamentos de las Farc en Venezuela donde los etarras imparten cursos de terrorismo, miembros de la Farc paseando por España con pasaportes venezolanos, grupos de propaganda, adoctrinamiento y apoyo político, y gente moviéndose a sus anchas sin control. Venezuela es un país bajo sospecha ante la comunidad internacional por distintos motivos.
El chavismo acudió a las trincheras nacionalistas a disparar contra España consignas soberanas e improperios por el pasado colonial. La oposición aprovechó para machacar al chavismo por sus relaciones peligrosas con grupos o países forajidos, por las sospechas de cooperación con el narcotráfico, por el aliento y apoyo a grupos terroristas y por su injerencia en naciones latinoamericanos como Perú, Colombia y Honduras. Fue tachada de «traidora» en la Asamblea Nacional. La mayoría, de obediencia chavista, organizó una algarabía y habló de infamias y calumnias en el auto del juez Velasco, sobre cuya manera de proceder hay pocas dudas en España, así como sobre sus presunciones, aunque el volcánico líder venezolana arguya que actúa guiado por «el imperio yanqui».
Chávez repudia con saña a Velasco por su antigua militancia en el PP, pero está probado que en Venezuela el Poder Judicial está vinculada a él y es un apéndice del régimen. El estrambótico caudillo ve la mota en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo. El órgano de gobierno de los jueces españoles, en un infrecuente comunicado institucional, ha llegado a pedir el máximo respeto a su labor y la independencia con que trabaja. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró inaceptables las críticas a Aznar y al juez, mientras desde el ministerio de Exteriores de Miguel Ángel Moratinos se procuraba quitar hierro al asunto en medios de las ásperas críticas de la oposición conservadora y el silencio de la demás.
Venezuela dice que repudia el terrorismo, pero es evidente que protege a etarras. Gente como el aparente jefe de los etarras afincados allí, Arturo Cubillas Fontán, que llegó al país, en 1989 tras el fracaso de las llamadas Conversaciones de Argel, como «huésped vigilado» – esa era la formula, que no exilio o refugio –, se casó al poco con una descendiente de vascos y por boda y arraigo se naturalizó venezolano. Ahora tiene un importante cargo público – jefe de seguridad – en el mismo ministerio que expropia las tierras, entre otros a emigrantes españoles, al tiempo como actúan como etarra mayor residente. Su esposa, Goizeder Odriozola, periodista y conocida activista proetarra, es la mano derecha del vicepresidente de la República, Elías Jaua Milano. Además de las dos docenas de etarras llegados de Argel, París o Panamá por acuerdos bilaterales, otros se establecieron en Venezuela por sus propios medios. Varios se insertaron pacíficamente en el país que les acogió, pero los hay que de retorno a Europa ha sido detenidos con la pistola en la mano o vistos por testigos en campamentos de las Farc como instructores de terrorismo. Zapatero confía en que Chávez ayude, pero el tiempo seguramente dirá otra cosa.
¿Cuáles son los motivos de la pasiva actitud española? Pueden ser diversos: los cerca de doscientos mil españoles radicados en Venezuela y sus negocios; la defensa de los grandes intereses de empresas españolas como Telefónica, Repsol o el BBVA; el pedido de guardacostas que construye la estatal naval militar Navantia; la posibilidad de que Chávez, Cuba y sus satélites patean el tablero iberoamericano vacíen aún más las desvalorizadas cumbres anuales de gobernantes; evitar una hostilidad constante antiespañola con motivo de las múltiples celebraciones por venir del 200º aniversario de las independencias de las repúblicas hispanoamericanas; cautela ante la diplomacia vociferante de Chávez; que Venezuela se convierta efectivamente en un santuario de la ETA y la banda terrorista se robustezca con la cooperación de un Estado gamberro que limita por el oeste con territorios colombianos controlados por los narcoterroristas de las Farc. Todo eso quizás aderezado con una pizca de ideología, no ya de afinidad propiamente dicha sino del deseo de llevarse bien con un gobierno latinoamericano de izquierdas, sin descartar la creencia de que la alternativa a Chávez es bien de derechas ni el «Síndrome Aznar», es decir, el apoyo comprobado del anterior presidente del Gobierno a los golpistas que desalojaron a Chávez del poder durante 48 horas en el 2002.
Francisco R. Figueroa
franciscorfigueroa@hotmail.com
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